por Alberto López Girondo | Dic 8, 2017 | Sin categoría
El anuncio de Trump de trasladar la embajada de EEUU a Jerusalén provocó enfrentamientos que dejaron un saldo de dos muertos y unos 200 heridos. El líder de Hamás llama a una nueva revuelta como la que en 1987 dejó un saldo de 1258 palestinos y 150 israelíes muertos.
El líder de Hamás, Ismael Hanniya, llamó a una tercera Intifada luego de la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y de trasladar la embajada de Estados Unidos a esa ciudad sagrada para tres religiones monoteístas. Los primeros escarceos no se hicieron esperar y ya hubo dos muertos y más de 200 heridos en Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza, según reveló el vocero de la Media Luna Roja, la versión árabe de la Cruz Roja.
Los enfrentamientos se produjeron contó Erab Fuqaba a Sputnik, luego de la oración del viernes y coincide con la víspera de la celebración de los 30 años de la primera Intifada, el 9 de diciembre de 1987.
Aquella vez, el “incendio” comenzó cuando un camión conducido por un israelí chocó a dos vehículos llenos de trabajadores palestinos en inmediaciones del campo de refugiados de Jabaliya, en Gaza y provocó la muerte de cuatro personas y una decena de heridos.
Al otro día el clima de repudio fue creciendo y el ejército israelí reprimió a la población palestina provocando la muerte de ocho manifestantes. Intifada, en árabe, es levantamiento o revuelta y en este caso el armamento utilizado por la población fueron piedras. Por eso esa primera Intifada fue conocida como la “guerra de las piedras”. La imagen icónica fue “piedras contra balas”: multitudes que utilizaban piedras y palos contra el muy bien pertrechado ejército israelí.
Solo para los negadores de la situación de extrema opresión que vivía la población palestina el levantemiento podía resultar sorpresivo. Un año antes, el ministro de Exteriores de Israel, Abba Eban, ya había advertido a su gobierno sobre el marco de castigos y represión violenta en que se vivía en las comunidades locales.
Se había cumplido hacía poco los 20 años de la Guerra de los Seis días, que se desarrolló entre el 5 y el 10 de junio de 1967 entre Israel y la coalición árabe formada por Egipto, Jordania, Irak y Siria y que culminó con la ocupación israelí de territorios que de acuerdo a la ONU debían ser para la formación del estado palestino, como Cisjordania, Jerusalén del Este y la Franja de Gaza.
Para muchos historiadores, aquella Intifada de 1987 fue realmente la primera guerra real entre el pueblo palestino e Israel. Terminó recién en 1993 cuando la Organización para la Liberación Palestina (OLP), dirigida entonces por Yaser Arafat, firmó en Oslo los acuerdos para la autonomía de su patria con el primer ministro israelí Yitzhak Rabin. En ese lapso, 1258 palestinos habían muerto a manos de tropas israelíes. La cuarta parte de las víctimas tenía menos de 16 años. En la revuelta también perdieron la vida 150 israelíes.
Arafat y Rabin, junto con Shimon Peres, recibieron por ese proceso de negociaciones el Premio Nobel de la Paz en 1994.
Pero el acuerdo dejó un tendal de descontentos y en noviembre de 1995, Rabin sería asesinado por un ultraderechista israelí, Yigal Amir. Poco antes había hablado en un acto por la paz y había reconocido que durante la Primera Intifada más de 100.000 palestinos habían pasado por las cárceles israelíes.
La Segunda Intifada se desató en setiembre del 2000, cuando el jefe de la derecha israelí, Ariel Sharon, visitó la explanada de las Mezquitas en Jerusalén del Este, en una acción considerara desafiante por la comunidad palestina. El Ejército de Israel volvió entonces a ocupar las principales ciudades palestinas. Se retiraría recién en 2005.
Existe desde hace décadas una política constante de los distintos gobiernos israelíes de autorizar la ocupación de territorios para la construcción de viviendas en zonas que corresponden al estado de Palestina y en contra de varias resoluciones de la ONU y de la Convención de Ginebra.
A raíz de estas aprobaciones sobre zonas ocupadas militarmente, hay más de 200 asentamientos con una población de unas 600.000 personas.
En los últimos días, la televisión israelí informó que el gobierno de Benjamin Netanyahu autorizó la construcción de otras 14.000 viviendas en Jerusalén, al mitad de las cuales estarán en Atarot y Pisgat, al norte de la ciudad sagrada, en una zona ocupada desde 1967.
La suma de una decisión estadounidense que, en la práctica no podría ponerse en marcha en menos de dos años, y esta constante ocupación israelí, hace prever que el llamamiento del líder de hamás encontrará eco en la población palestina, con el costo en vidas que se puede prever.
Tiempo Argentino Viernes 8 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 5, 2017 | Sin categoría
El presidente bolivariano anunció la creación del Petro, una criptomoneda con respaldo en el petróleo, gas, oro y diamantes que atesora el suelo venezolano. Servirá para saltar el cerco financiero al que lo somete el gobierno estadounidense.
Hugo Chávez solía repetir una frase del maestro de Bolívar, Simón Rodríguez: “O inventamos o erramos”. Y con esa premisa, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una moneda encriptada, el Petro, con la que espera saltar el bloqueo financiero al que el gobierno de Estados Unidos somete a Venezuela y que le impide comerciar libremente con el resto del mundo.
“Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda, el Petro se va a llamar, esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país”, indicó Maduro en su programa dominical de televisión. La moneda virtual, una suerte de bitcoin chavista, tendrá -a diferencia del invento atribuido al tal Satoshi Nakamoto- respaldo en las reservas de petróleo, gas, oro y diamantes que atesora el rico suelo venezolano.
Su valor dependerá, según comenta a Tiempo el economista Guillermo Oglietti, de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), un think tank de estudios regionales, del precio de los commodities en que basa su fortaleza en una proporción aún no definida. Pero conviene tener en cuenta que Venezuela tiene las reservas más grandes del planeta de crudo.
Esa riqueza pone al Petro en condiciones de competir en un plazo no demasiado largo con el dólar, que desde el fin de la convertibilidad con el oro, en 1971, se respalda en que es la moneda de cambio para las transacciones petroleras. Este ocurre desde 1974 cuando el rey Faisal bin Abdulaziz firmó un acuerdo con el entonces presidente Richard Nixon por el cual el billete estadounidense pasó a ser el único efectivo aceptado para sus exportaciones.
Venezuela viene sufriendo el acoso de Washington, primero con Barack Obama, que catalogó al país como un enemigo de Estados Unidos y le impuso sanciones económicas. Donald Trump agravó el problema sumándole un bloqueo financiero que impide la realización de transacciones en dólares, con lo cual se dificulta la venta de su principal insumo, que es el petróleo, y la compra de productos alimenticios y medicinas, que son los primeros productos cuya falta repercute en la sociedad.
Esta situación agravó una crisis económica que viene de lejos y se nació con el ataque especulativo del establishment venezolano a los gobiernos chavistas, pero continuó con la baja del precio internacional del petróleo en los últimos años. La inflación está en niveles galopantes y según el Banco Central de Venezuela, el año pasado rondó el 274% y este año será superior. Pero el gran condicionante de la economía es la escasez de dólares, lo que llevó al gobierno chavista ya desde 2013 a reforzar los controles de cambios que generaron un mercado paralelo de consecuencias devastadoras sobre la economía real.
En las últimas semanas hubo presiones mediáticas relacionadas con las dificultades o demoras para el pago de algunos vencimientos de bonos del gobierno y de la petrolera estatal PDVSA, que llevaron a que agencias evaluadoras comenzaran a hablar de default. De hecho, Rusia renegoció deudas para facilitar el pago y se informó que Caracas estaba en conversaciones para refinanciar otros documentos soberanos.
La solución de una moneda encriptada le habría sido acercada a Maduro a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una creación del propio Chávez que data de su primer gabinete, en 1999. La base es la serie de criptomonedas que circulan en el espectro de internet, la más famosa de las cuales es bitcoin.
Se trata de medios de pago electrónicos que circulan por la red de redes pero que a diferencia de las monedas de metal o papel, no tienen existencia tangible y tampoco dependen de un centro de control, como puede ser un gobierno o un banco emisor. La ventaja para quienes la usan es que los pagos se hacen en forma anónima (la encriptación es altamente confiable) y no pueden ser bloqueados por ninguna institución formal. Y también que en cualquier momento se pueden convertir en moneda real, de acuerdo a la cotización del día. Hay “casas de cambio” de encriptadas en casi todos los centros financieros internacionales.
“El mundo tradicional de las finanzas atraviesa fuertes transformaciones por la expansión de las nuevas tecnologías. Desde la aparición de internet, las innovaciones en el sector financiero han sido importantes. El uso de algoritmos de trading, es decir, operaciones automatizadas de compra y venta de activos financieros sin intervención humana, ya representan el 70% de los movimientos bursátiles”, advierte Oglietti en un trabajo realizado junto con Federico Jucher.
Para garantizar las operaciones con el Petro, Maduro anunció ese mismo día la creación de un observatorio de la cadena de bloques (blockchain) con que se emite la moneda, que será “la base institucional, política y jurídica para la criptomoneda venezolana”. La blockchain es un registro de todos los bloques de transacciones que se realizan (pagos y cobros), “localizado en miles de computadoras de todo el mundo, lo que representa la garantía del sistema, porque para validarse una transacción, muchas computadoras tienen que aceptarla en sus registros”, agrega Oglietti.
En el caso del Petro, sería un derivado financiero que se irá a valuar por el precio del activo que representa. Y el petróleo viene en aumento desde que hace casi un año el propio Maduro realizó una gira por todos los países productores, nucleados en la OPEP o no, para convencerlos de reducir la producción y así incrementar el precio.
La posición de Arabia Saudita en este negocio es central para cualquier cotización, y también para el respaldo tan frágil que tiene el dólar. Lo que explica la extraña relación de los sucesivos gobiernos estadounidenses con el régimen saudita. Una relación que puede complicarse si es que China logra que finalmente la monarquía acepte venderle petróleo en yuanes. Mucho más si es que el Petro, a pesar de algunos pronósticos agoreros, finalmente se impone y abre nuevos cauces por donde circule el comercio internacional. Además de que alivie el cerco financiero con que Trump pretende voltear al chavismo.
Tiempo Argentino Martes 5 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 2, 2017 | Sin categoría
La reforma laboral en Brasil resulta un avance brutal contra las conquistas obreras. El gigante sudamericano marcó la ruta para forzar similares retrocesos en toda la región.
Brasil fue el último país en el mundo en abolir oficialmente la esclavitud, en 1888. Y luego de la reforma laboral de Michel Temer, que con sutiles reformas entró en vigor a mediados de noviembre, es el primero en restaurarla. Así lo interpreta la Central Única de Trabajadores (CUT) pero también la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que emitió una nota de queja contra la normativa que elimina controles y licúa las regulaciones para combatir el trabajo esclavo.
La avanzada brutal contra conquistas obreras que forman parte del imaginario social brasileño de los ’40, durante uno de los gobiernos de Getulio Vargas, comenzó mucho antes de la destitución de Dilma Rousseff, sucesora de Lula da Silva, el líder metalúrgico que llegó al gobierno en enero de 2003.
El Partido de los Trabajadores (PT), creado por Lula, solo pudo ganar la presidencial en alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y aceptando que, entre los integrantes de esa agrupación y del resto de los partidos menores del espectro político, llegaran al Congreso, terratenientes de todo el país. El parlamento que se unió para echar a Dilma está integrado por un 40% de agroindustriales.
Son magnates acostumbrados a enriquecerse mediante el “olvido” de las leyes. Pero el combate al esclavismo es previo al triunfo de Lula, quien por cierto continuó y perfeccionó el sistema de controles para evitar esas prácticas. Entre 1995 y 2016 fueron liberadas cerca de 50 mil personas sometidas a esclavitud. En 2003 al control existente se le sumó la “lista sucia” de empresarios denunciados por este tipo de explotación humana.
La Corte Suprema, sin embargo, ordenó suspender la publicación de esa lista en 2014. El toque final se lo daría Temer en octubre pasado, cuando mediante un decreto no solo limitó la divulgación de la “lista sucia”, sino que además modifica la definición de “trabajo esclavo” y burocratiza las denuncias.
Hay que tomar en cuenta que las plantaciones donde se efectúa el trabajo están alejadas de los centros urbanos, obligar ahora al trabajador a hacer ese largo camino hasta una sede policial y no ante un auditor, torna virtualmente imposible la presentación. Porque la policía es normalmente cómplice del terrateniente. Los datos son contundentes: en un cuarto de siglo fueron asesinados más de 1500 líderes campesinos.
En julio, el gobierno de Temer ya había presentado ante el Congreso un proyecto que retrotrae las condiciones para desarrollar trabajo registrado a la época previa a Vargas. El paquete incluye una reforma a la ley previsional que atenta contra los ingresos de los pasivos y quita beneficios a los que esperan jubilarse. Le costó un poco porque aún para representantes patronales como los que habitan ese espacio era mucho para digerir de un trago ante la opinión pública.
De todas maneras la ley fue aprobada. Pero las presiones fuera del palacio legislativo fueron tantas entre sindicalistas, organizaciones internacionales y opinólogos, que el 15 de noviembre Temer publicó otro decreto que reforma la ley que él mismo había promulgado y que entró en vigencia cinco días antes. Se titula Medida Provisoria y deberá ser aprobado en 120 días por el Congreso o en su defecto entrará en vigencia automáticamente. Entre las reformas a la reforma, ahora las mujeres embarazadas podrán trabajar en lugares insalubres pero solo si presentan un certificado médico que las autorice. Y los trabajadores que acepten trabajar 12 horas seguidas por 36 de descanso tendrán que hacerlo luego de una negociación colectiva y no a partir de un acuerdo directo con la empresa.
La ofensiva flexibilizadora había comenzado en abril con una ley que ampliaba la tercerización a todas las actividades de una compañía, incluso la principal. El objetivo no es otro que el de reducir el poder de los sindicatos, acorralar a los trabajadores a negociar en condiciones frágiles con las patronales, y además eliminar la responsabilidad de los grandes grupos económicos en todo lo que suceda puertas adentro de una factoría.
Y teniendo en cuenta la influencia de lo que ocurre en el gigante sudamericano en el resto del continente, forzar reformas similares en toda Latinoamérica. En Argentina el gobierno se mira en ese espejo, aunque no lo quiera reconocer. Aunque es justo reconocer que las leyes más avanzadas a favor de los trabajadores eran las de ambas naciones. «
Tiempo Argentino Sábado 2 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 2, 2017 | Sin categoría
El sorpresivo cambio de tendencia en el accidentado escrutinio de las elecciones convirtió al país en un polvorín que ya provocó 9 muertos.
En las calles ya se habla de al menos nueve muertos por la represión de las protestas en Honduras ante lo que califican como un burdo fraude contra la voluntad popular. «Dicen que hay muertos, pero no pueden ser reconocidos con autoridad pública porque cuando llegan no los dejan; entonces nosotros tenemos cero registro», dijo sin embargo el vocero policial, Jair Meza. El presidente y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, decretó a última hora del viernes el Estado de excepción, que suspende las garantías constitucionales, lo que augura más muertes, según reconoció a Tiempo el portavoz de la Alianza de Oposición, Ricardo Salgado. De este modo, la ola de golpes blandos contra gobiernos populares iniciada en junio de 2009 termina envuelta en un baño de sangre, y en esas mismas calles se juega el futuro del proceso constitucional hondureño y, quién sabe, del resto del continente.
Hernández, conocido en los medios hondureños como JOH, se presentó para la reelección luego de forzar una autorización de la corte de su país que echa por tierra con los argumentos que sirvieron para destituir a Manuel Mel Zelaya que, sin ser de izquierda, había impulsado algunas reformas sociales. Su peor pecado, sin embargo, fue el acercamiento a los gobiernos populares de la época, como los de Hugo Chávez, Cristina Fernández y Lula da Silva.
Recién comenzaba la administración Obama con la promesa de cambiar la relación con Latinoamérica. Al frente de la secretaría de Estado, Hillary Clinton puso en marcha una maquinaria que, asociada con los factores económicos hondureños llevó al enfrentamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con Zelaya, que intentaba una consulta para reformar la Constitución. En abril de 2015, sin tanto prurito, ambas instancias aceptaron reformar el artículo 239 de la Constitución de 1982 para permitir la reelección.
JOH, en el gobierno desde enero de 2014 y con fecha de vencimiento en enero próximo, no dejó pasar la ocasión de presentarse para un nuevo período. Tampoco es que la derecha conservadora y la oligarquía tengan muchas figuras de reemplazo.
Por el lado de la oposición, Zelaya mantiene buena llegada a la población pero sabía que solo o con el partido que fundó tras su destitución, Libre, no podría derrotar al aparato estatal, mediático y judicial que apoya a Hernández. De modo que promovió una coalición entre sectores opositores. En mayo pasado se anunció que para las presidenciales se presentaría una Alianza de la Oposición integrada por el partido Libre, el sector principal del Partido Anticorrupción (PAC) y el Partido Innovación y Unidad (PINU).
El candidato sería el fundador de PAC, Salvador Nasralla, un ingeniero en construcción recibido en la Universidad Católica de Chile pero conocido en todo Honduras como presentador televisivo. Es un personaje a tener en cuenta por estas pantallas. Se lo llamaba hasta no hace mucho «El señor de la TV» y entre sus logros profesionales está la conducción del Bailando por un sueño de Honduras. Luego de la crisis de 2009 decidió incursionar en la política y desde allí construyó una imagen de luchador contra la corrupción. Materia prima tiene a rabiar en ese país, sobre todo desde el golpe de 2009. Su candidata a vicepresidenta es la esposa del derrocado mandatario, Xiomara Castro, quien se define como socialista. En la plataforma de la Alianza se establece que la coalición rescatará el Estado de derecho, implementará servicios de salud universal y gratuita, promoverá la enseñanza gratuita en los niveles básico y medio, y el acceso inmediato a la universidad para los graduados del sistema de educación secundaria.
El domingo pasado se desarrollaron los comicios, en un clima de aparente normalidad. Veedores de todo el mundo se hicieron presentes en el acto, entre ellos de la OEA y de la Unión Europea. Aunque los integrantes de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) denunciaron un «ambiente de abierta hostilidad gubernamental».
Entre el lunes y el martes el TSE fue mostrando los primeros resultados de la elección. Cuando se llevaba escrutado el 68% de las urnas la diferencia era de 5 puntos en favor de Nasralla. Para la Alianza la tendencia era irreversible. «En un país de 8,5 millones de habitantes con un padrón de 6 millones de ciudadanos con un promedio de afluencia de entre el 50 y el 60% del electorado, se entiende que el resultado no cambiará. Pero el TSE no dijo nada», se quejó ante este medio el vocero de la coalición opositora.
El miércoles las autoridades informaron que «se cayó el sistema» y se suspendía el informe de avance en el escrutinio. La excusa no conformó a nadie: se había llenado el disco rígido donde estaban los datos.
La cuestión es que el jueves volvieron a dar informes pero sorpresivamente Hernández se iba acercando a Nasralla de un modo poco confiable para la experiencia electoral de Honduras. El viernes las calles se llenaron de manifestantes enfurecidos por lo que avizoran como otro despojo a la democracia. A esa altura, y con el 95% escrutado, el actual presidente tenía, según el TSE, el 42,92% de los votos contra el 42,42% de Nasralla. Pero habría, de acuerdo a la Justicia electoral, 1031 urnas con inconsistencias que deben revisarse. La Alianza quiere que se entregue el listado completo de las actas que van a observarse y especialmente de más de 5000 que no se trasmitieron por Internet sino en forma sospechosamente manual. O que primero figuraban a favor y luego en contra del presentador televisivo.
El gobierno de Donald Trump cuestionó las elecciones municipales de Cuba del domingo pasado, pero aún no se había pronunciado sobre Honduras. La OEA, que cuestiona con vehemencia el proceso electoral venezolano, se limitó a reclamar «transparencia». Mientras tanto el gobierno dictó el estado de excepción y el toque de queda desde las 18 a las 6 de la mañana siguiente por el término de diez días.
Ricardo Salgado le dijo a Tiempo que la oposición se plantea la desobediencia civil y que para hoy habrá marchas. Y señaló que la policía denunció saqueos, que asegura que no se registraron, como argumento para la represión del viernes. «Tememos una escalada de violencia, estamos convencidos de que van a asesinar a más gente», destacó. «
Tiempo Argentino Sábado 2 de Diciembre de 2017
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