por Alberto López Girondo | Jun 2, 2018 | Sin categoría
Pedro Sánchez protagonizó un sorpasso sin antecedentes en la historia del proceso democrático iniciado con la Constitución española de 1978. Renació desde la muerte política luego de haberse ido por la puerta trasera del PSOE en 2016, logró formar una coalición para expulsar mediante una moción de censura al conservador Mariano Rajoy, y prometió respetar esa Carta Magna y los atributos de la monarquía ante el rey Felipe VI sin biblia ni crucifijos, una tradición en estas cuatro décadas
Los medios españoles parecían ayer más sorprendidos por esta sustancial modificación a los oropeles religiosos que conllevaba el cargo de presidente del Gobierno de España que por la profundidad de la crisis política que detonó estos días, pero que se arrastra desde hace años.
Sánchez es un emergente del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Una burbuja que había crecido desde los tempranos años ’90 al calor de las promesas de riquezas sin fin del neoliberalismo.
La solución del entonces jefe de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también del PSOE, fue seguir los consejos/imposiciones de la troika (FMI-Banco Central Europeo-Comisión Europea): ajustar presupuestos y recortar beneficios en salud y educación.
En ese contexto nacieron los movimientos de Indignados que el 15 de Mayo de 2011 se hicieron sentir en un lugar de Madrid que se había hecho centro exclusivo para los turistas, la Plaza del Sol. Esa movida fue el puntapié inicial para el nacimiento de Podemos por izquierda, y Ciudadanos por derecha, y el inicio de una lenta agonía de los partidos del régimen del ’78.
Pero el descontento social se manifestó, sin embargo, con un apoyo al Partido Popular, que regresó a La Moncloa en diciembre de ese año de la mano ¨y las tijeras¨ de Rajoy.
Desde entonces se fue disgregando la tenue unidad española sustentada, principalmente, en que aquella España de los ’90 lideraba los procesos neoliberales y de privatizaciones de América Latina, lo que fue un muy buen negocio para cada una de las regiones del reino.
La crisis desató los viejos fantasmas independentistas en 2014. Mientras tanto, iba avanzando en la Justicia la investigación por la financiación ilegal del PP, una causa conocida irónicamente como Gürtel, por lo que significa en alemán el apellido del empresario implicado en sobornos para hacer negocios, Francisco Correa. El caso llegó a la fiscalía del Estado en 2007 a raíz de una denuncia de un concejal del PP.
El clima de descrédito sobre toda la dirigencia creció con los nuevos hechos de corrupción que fueron asomando y hasta el rey Juan Carlos tuvo que abdicar para evitar males mayores a la corona.
Los mayores escándalos golpearon en el PP, algunos de manera casi cómica. Como ocurrió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cuando el portal eldiario.es reveló en abril pasado que había truchado las firmas de un master que presentó en su currículum para asumir el cargo en 2015. Días más tarde un sitio de derecha como el Ok Diario mostró un video de 2011 donde se la ve llevándose sin pagar una crema anti-age de un supermercado.
Ese video estuvo cajoneado siete años hasta ver la oportunidad de golpear en una de las delfinas de Rajoy. Sánchez «olió sangre» al percibir que el establishment ya no sustentaba al PP y él podía convertirse en el «mal menor».
El 24 de mayo pasado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió condenas de hasta 51 años a los implicados en el caso Gürtel, entre ellos el empresario y dirigentes y el tesorero del partido. Fue el guiño definitivo para el líder del Partido Socialista Obrero Español, que ni siquiera era diputado porque tras perder la interna de 2016 renunció.
Con 84 escaños sobre 350 curules tras su peor elección en la historia, el PSOE necesitaba sí o sí apoyo de otros sectores. Acudir a Pablo Iglesias, de Podemos, era de manual. La coalición Unidos-Podemos (UP) se había quedado con las ganas contra Cifuentes, que prefirió renunciar «antes de que la izquierda gane en la Comunidad de Madrid».
Pero con eso no alcanzaba y Sánchez convenció al Partido Nacionalista Vasco de que no iba a tocar el presupuesto aprobado una semana antes. Con los catalanes se comprometió a una mesa de diálogo y levantar la intervención que el PSOE había aprobado en octubre pasado.
La coalición que lo llevó al poder es débil. Por derecha apuestan a elecciones anticipadas, ya que hoy día Ciudadanos estaría en condiciones de sumar a descontentos del PP y lograr mayoría. Ambos partidos suman actualmente 164 votos en la cámara, cruciales para gobernar y también para impedirlo si quieren devolver la estocada a Sánchez.
La endeble sociedad de este viernes llega a 165 entre Unidos Podemos, nacionalistas vascos y catalanes, con intereses ciertamente diversos. Contra Rajoy sumaron aparte al Grupo Mixto, pero habrá que ver el día a día. Los medios hegemónicos ya azuzan grietas entre esos sectores y a la vez destacan la falta de biblia y crucifijos en la jura. Por algo será.
Tiempo Argentino, 2 de Junio de 2018
por Alberto López Girondo | Jun 2, 2018 | Sin categoría
Los vientos parecen soplar nuevamente a favor de los independentistas catalanes. Es cierto que la corrupción fue determinante para llevar a la caída de Mariano Rajoy. Pero la persistencia del conflicto con Cataluña y el empecinamiento de los dirigentes independentistas fue clave para minar el poder del exmandatario conservador. Sobre todo porque Rajoy nunca quiso sentarse a dialogar con el por ahora exiliado Carles Puigdemont ni con ninguno de los dirigentes del bloque separatista.
Ayer, al tiempo que Pedro Sánchez le prometía al rey que iba a respetar la Constitución de 1978, en Barcelona el flamante president de la Generalitat, Quim Torrá, tomaba juramento a los consellers, los ministros del gobierno catalán, con lo cual terminaba concretamente con la vigencia del artículo 155 de intervención del Poder Ejecutivo, dictado el 27 de octubre pasado con apoyo del PSOE, ahora en el poder en Madrid.
«Presidente Pedro Sánchez, hablemos, tratemos esta cuestión, tomemos riesgos, ustedes y nosotros», planteó Torra en un tramo de la ceremonia. «Tenemos que sentarnos en la misma mesa y negociar de gobierno a gobierno», abundó Torra. «Esta situación que vivimos ya no puede alargarse ni un día más».
El tono sonó firme pero tiene algo de conciliador, luego de que Sánchez pudiera hacerse del gobierno con apoyo de los catalanes en el congreso nacional. Torra, el plan B de los independentistas (ya que con mayoría parlamentaria no pudieron ungir a Puigdemont porque está procesado por la Justicia española y se refugió primero en Bruselas y ahora en un limbo jurídico en Alemania) asumió el cargo el 17 de mayo. En ese momento, este editor de 55 años desafió a Madrid nombrando a cuatro exministros de su predecesor que causaron especial irritación en la capital española, dos de ellos presos por el intento de secesión y otros dos escapados a Bruselas.
Sánchez, quiéralo o no, está obligado a buscar el diálogo con los catalanes para buscar vías de acuerdo sobre el entuerto histórico con la región más rica de España. Y Tora se lo ofreció en bandeja el viernes en el mismo acto con que puso punto final a la intervención.
Por eso entre sus primeras declaraciones, Sánchez ofreció «restablecer puentes» y «normalizar las relaciones». Pero planteó un punto que genera discordia y para Barcelona resulta contradictorio: «Este gobierno quiere que Cataluña esté en España, y escuchará a Cataluña».
En relación con el País Vasco, el otro territorio con ansias separatistas, para Sánchez el panorama viene más despejado. En abril pasado, Rajoy había consensuado con el PNV un presupuesto a medida de sus apetencias, con un 32% más de inversión que el año pasado, 509,05 millones de euros frente a los 385,67 millones de 2017. En ese momento los cinco votos del PNV eran indispensables para que el PP pudiera permanecer en La Moncloa. Ahora fue la moneda de cambio para la llegada de Sánchez y lo será para su permanencia, habida cuenta de la debilidad con que nace su gestión.
Tiempo Argentino, 2 de Junio de 2018
por Alberto López Girondo | Jun 2, 2018 | Sin categoría
Somos dos gobiernos en plena sintonía sobre política económica y exterior», dijo Mauricio Macri a Mariano Rajoy. «Es un ejemplo de liderazgo, honestidad y empuje», agregó, pletórico de entusiasmo, ese 10 de abril.
Parece mentira pero aún no pasaron dos meses de la gira del ahora exmandatario español, llamado con el fin de respaldar a su admirador en momentos cruciales para la gestión Cambiemos.
Rajoy venía a «animar a los empresarios españoles a invertir tras recuperar el país la normalidad y la seguridad jurídica», según editorializó el diario El País, que destacó entonces que el mandatario argentino «ha hecho un magnífico trabajo en lo económico y esto abre oportunidades».
También hablaron de Venezuela, el enemigo favorito cuando arreciaban las turbulencias en Madrid. A semanas para la reelección de Nicolás Maduro, y previendo el resultado, Macri adelantó: «No lo vamos a reconocer como presidente democrático ya que hace rato que no hay democracia» en ese país, y añadió que «estas elecciones no tienen ningún valor».
Por eso de que la venganza es un plato que se come frío, ahora desde Caracas pueden jactarse de que todos los que se meten con el chavismo terminan mal.
La última cumbre presidencial de las Américas, en Lima, comenzaba el 13 de abril. Maduro tenía la entrada prohibida por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski con el raído argumento de «la grave situación» en Venezuela. El 23 de marzo, Kuczynski tuvo que renunciar por el escándalo Odebrecht. y fue él quien se quedó fuera de la Cumbre.
Algo similar le pasó al expresidente panameño Ricardo Martinelli, otro feroz antichavista, detenido el 12 de junio de 2017 en Estados Unidos.
Ahora tiemblaRajoy por la causa Gürtel. En su lugar asumió Pedro Sánchez, del PSOE. Es previsible que la relación de España con Venezuela cambie. El exjefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fue uno de los veedores que certificó la transparencia de los comicios en que Maduro fue reelecto.
El exlíder del PSOE había coordinado una mesa de diálogo en Santo Domingo entre el oficialismo y al oposición venezolana para la pacificación del país. Todo iba bien para firmar un acuerdo hasta que el 8 de febrero, sin embargo, la MUD se negó a firmar. «De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos», declaró Rodríguez Zapatero.
Tiempo Argentino, 2 de Junio de 2018
por Alberto López Girondo | Jun 1, 2018 | Sin categoría
La tensión cambiaria de mayo sirvió para que el gobierno acelerara la implementación del plan neoliberal, en el marco de cambios en el Gabinete, turbulencias en la alianza política y búsqueda de acuerdos con algunos sectores de la oposición a efectos de intentar mitigar los costos políticos que genera la nueva etapa de ajuste de la economía. Algunos definen como «un tembladeral» lo que ocurrió puertas adentro de la Casa Rosada. Una señal concreta del efecto interno de la corrida es que la mesa chica se agrandó de pronto, con el retorno del titular de la Cámara Baja, Emilio Monzó; del ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y del radical Ernesto Sanz. Uno, porque debe lidiar con los diputados, dijo que se quiere ir y lo tentaron del peronismo para que vuelva al redil. El otro, porque debe entenderse con los gobernadores, que marcan la cancha a sus diputados, pero sobre todo a los senadores. El tercero, porque fue gestor de la alianza que permitió el triunfo de Cambiemos en 2015.
Otra señal de la tormenta es que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció la intención de impulsar un Gran Acuerdo Nacional (GAN), en principio, para aprobar el Presupuesto de 2019. Es la prueba de fuego para el oficialismo, ya que en ese presupuesto se deberían plasmar los recortes que el nuevo hombre fuerte del Gabinete, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, está acordando con el FMI. Esta propuesta despertó desconfianzas dentro del PJ. La reminiscencia del GAN que en 1971 pretendía lograr el general Alejandro Agustín Lanusse es obvia y no casual. Lanusse buscaba sumar a todos los sectores políticos en una salida que le salvara los papeles a la dictadura iniciada con Juan Carlos Onganía, con los peronistas, pero sin Perón, exiliado entonces en Madrid.
Por su parte, el GAN de Macri pretende incluir a todos los sectores, menos al que lidera Cristina Fernández. La expresidenta mantuvo silencio público ante la profundización de un modelo diametralmente opuesto al de sus ocho años de gestión y los cuatro de su marido. Ese silencio cotiza dentro del PJ, porque hacia afuera mantiene la expectativa como la dirigente con más intención de voto.
Pero esta iniciativa también despertó recelos dentro de la propia tropa. Los radicales venían dando señales de descontento porque se sienten convidados de piedra a las decisiones gubernamentales. Lo venía advirtiendo Ricardo Alfonsín desde hace meses, pero la ola fue creciendo y el presidente del partido y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue uno de los primeros en protestar por el aumento desmedido de las tarifas. En tanto, el vicepresidente de la UCR, Federico Storani, fue más explícito: «El gobierno toma de manera muy centralizada las decisiones y muchas veces sin consultar», lo que genera «descontento, sobre todo en la militancia». Como si fuera un opositor, Storani dijo que el gobierno tiene el deber de escuchar y no encerrarse como hasta ahora. Otra aliada, algo más incómoda, Elisa Carrió, se quejó de que siempre tiene que ir a apagar incendios. Storani, Sanz y Carrió tienen en la mira a Peña, artífice de la estrategia de que el Pro se corte solo.
Diciembre como antecedente
El debate por la reforma previsional fue un primer toque de atención para el oficialismo. El voto de octubre había sido interpretado por sectores macristas erróneamente, a la luz de los hechos, como una suerte de cheque en blanco en favor de Mauricio Macri. En ese marco, los legisladores de Cambiemos impulsaron y lograron aprobar el cambio en la fórmula de cálculo de los haberes jubilatorios. El descontento se mostró en dos jornadas recordadas por la represión feroz. Hacia adentro de la alianza gubernamental no faltaron reproches. Los radicales rumiaban bronca por los rincones porque no habían sido consultados para la modificación previsional, pero tenían que aguantar el embate de una oposición que aprovechó la situación para disimular diferencias y plantar bandera con la defensa de los afectados por esa ley. Desde Balcarce 50 el discurso era que la reforma había sido consensuada con los gobernadores. Y eso era parcialmente cierto, pero no había sido consensuada en el Congreso, y mucho menos en la sociedad, que mostró su rechazo tanto en masivas manifestaciones como en sondeos de opinión.
Así, 2018 comenzó con una encerrona del macrismo puro: una mesa chica de la que formaban parte Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. El plan, luego del triunfo en la elección de medio término, era llegar a 2019 con un nivel aceptable de actividad económica, alimentado con deuda externa y entonces sí, avanzar hacia el objetivo de cristalizar un movimiento político que terminara con el peronismo. La alianza con los radicales, en este proyecto, era apenas un escalón hasta consolidar caudal propio.
Pasado el verano, comenzaron los problemas políticos para el macrismo.
Emilio Monzó, un hábil negociador y con mucha experiencia en los artilugios de la Cámara Baja, proveniente del peronismo, anunció que a fines de 2019 se iba a alejar de ese cargo. Lo habían maltratado demasiadas veces y venia avisando que al proyecto le faltaba política.
Los sucesivos aumentos dispuestos en las tarifas de los servicios públicos generaron reacción social y despertaron del letargo a la oposición. El gobierno comprendió, entonces, la necesidad de reformular ciertas estrategias para enfrentar con chances a la mayoría opositora en el Legislativo. Que los mandatarios provinciales del PJ iban a protestar por las tarifas era algo previsible, pero no que el propio gobernador mendocino Cornejo fuera uno de los primeros en poner el grito en el cielo. El rechazo al tarifazo creó las condiciones para que lo impensado, la unidad opositora, ocurriera, al menos para la votación del proyecto que modera los incrementos. Así ocurrió en Diputados y, en caso de concretarse lo mismo en Senadores, el Ejecutivo deberá recurrir a la amarga fórmula del veto presidencial.
El costo político de esa medida se sumaría al que ya carga el macrismo por la rápida corrida hacia los brazos del Fondo Monetario Internacional. El exministro Alfonso Prat Gay describió la situación con una metáfora familiar: «Pedirle al FMI es como pedirle a un suegro con el que nos llevamos mal», dijo.
Mientras funcionarios oficiales y comunicadores afines intentan imponer el relato de un «nuevo FMI», desde el organismo internacional ya plantean las condiciones que el país deberá cumplir para acceder al financiamiento solicitado. Por lo pronto, la designación de Nicolás Dujovne como coordinador de los ministerios del área significa un intento de fortalecer a quien debe negociar con el suegro mentado por su antecesor en la cartera de Hacienda.
Revista Acción, primera quincena de Junio de 2018
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