por Alberto López Girondo | Jul 22, 2018 | Sin categoría
Para los tiempos que corren, la novedad es que en Perú hay un escándalo de corrupción de proyección incalculable, pero Odebrecht no aparece involucrada. El caso fue creciendo en las últimas semanas tras la difusión de audios de miembros del Poder Judicial negociando sentencias a cambio de dinero. Y ya se llevó puestos al presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, al titular del Consejo de la Magistratura, Orlando Velásquez, y al ministro de Justicia, Salvador Heresi. Pero pone en la mira al nuevo fiscal general, Gonzalo Chávarry, quien juró este viernes pero también estaría implicado en una colosal maniobra para lucrar con causas judiciales o para administrar puestos a «los amigos». También fueron detenidos un magistrado de la Corte de Apelaciones de El Callao, Walter Ríos, y otro miembro de la Corte, César Hinostroza, está suspendido y no se descarta que termine entre rejas.
En todo este mar de fondo, el presidente Martín Vizcarra resulta beneficiado políticamente porque como se recordará, asumió el cargo tras la obligada renuncia de Pedro Pablo Kuczyinski el 21 de marzo pasado implicado, él sí, en acusaciones de sobornos de la constructora brasileña. El escándalo puede darle el aire que su precaria situación no le brinda para poder gobernar.
Más aun porque el caso salpica a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y en el contexto de la crisis política que envuelve al país desde principios de año, se convirtió en una suerte de árbitro de las grandes decisiones del país. Por esa razón ahora aparece como la principal sostén de un proyecto de reforma del sistema judicial que propone el presidente para calmar las aguas.
Desde que se conocieron los audios –grabados por la policía en el marco de una investigación de la fiscalía y publicados por el portal IDL-Reporteros y el programa de tevé Panorama– la sociedad peruana salió a las calles a protestar por el nivel de corrupción que se revelaba en las conversaciones. El horror alcanzó límites imprevisibles cuando la población escuchó una charla entre el supremo Hinostroza con alguien que le pedía por un acusado de violación a una menor.
«Once añitos, fue desflorada… voy a pedir el expediente para verlo. ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o lo declaren inocente?», pregunta el magistrado. Como antecedentes de Hinostroza, los medios señalaron que tiene al menos tres absoluciones de violadores de niñas, fue abogado de un narcotraficante y como frutilla del postre, cuando se postuló para un cargo en el máximo tribunal de justicia de Perú, se encontró que había plagiado su tesis y un libro que pretendió atribuirse en su currículum.
Gonzalo Chávarry había sido designado para el cargo de fiscal general hace un mes. Horas antes de «ponerse la toga», este viernes se conoció un audio en el que le dice precisamente al cuestionado Hinostroza que está dispuesto a cambiar un funcionario de esa dependencia que no era del agrado o no servía a los intereses del supremo.
Los audios incómodos son casi una tradición en la política peruana. Sin ir más lejos, Kuzcyinski renunció cuando Keiko, la hija del exdictador Alberto Fujimori, presentó cintas con una conversación de su hermano Kenji negociando votos parlamentarios para sostener al debilitado mandatario ante una embestida para que dejara el cargo por su «sociedad» con Odebrecht. PPK, como se lo conoce al expresidente, acordó liberar al patriarca de los Fujimori –preso por violaciones a los Derechos Humanos durante su gestión en los ’90– para salvar el pellejo. Pero con «el Chino» en su casa, se tuvo que ir igual. Kenji, enfrentado con su hermana, fue suspendido.
Hace diez años otro escandalete durante el gobierno de Alan García salió a la luz cuando se difundieron conversaciones del lobbista de una petrolera noruega para quedarse con áreas de explotación a cambio de millonarias coimas dentro del gabinete del expresidente. Tuvieron que dejar el cargo el entonces primer ministro, Jorge del Castillo, y cinco ministros.
Tiempo Argentino, 22 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 22, 2018 | Sin categoría
El Valle de los Caídos, la monumental construcción que ordenó el dictador Francisco Franco en 1940 y donde están enterrados sus restos y los del fundador de la Falange Española, Primo de Rivera, reaviva el viejo debate sobre el pasado de esa nación, a 82 años de la sublevación militar contra la República que dio inicio a la Guerra Civil.
Desde que Pedro Sánchez llegó al poder, hace un par de meses, se propuso recuperar esa parte de la ciudadanía ideológica y sentimentalmente cercana a la República, viejos valores ciudadanos que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dejó en el camino desde la Constitución de 1978 en aras del proceso democrático que se inició a la muerte de Franco.
Ese sector del ala izquierda del PSOE, a raíz de la crisis de 2008 y las políticas de ajuste que comenzó el entonces jefe de gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, se sumó a la masa crítica tras la movilización del 15 de Mayo de 2011 que construyó Podemos.
Ese partido fue clave para que Sánchez diera el zarpazo de la semana previa al 1 de junio. Ahora es la cantera que Sánchez busca tentar para fortalecerse y sostener su gestión, que llega luego de la peor elección en la historia actual del PSOE y por lo tanto, está a tiro de ser desplazado ante el primer tropiezo.
La propuesta de exhumar los cuerpos de los líderes fascistas es un viejo anhelo de la democracia. El monumento, inaugurado en 1959, aloja los cuerpos de ex combatientes franquistas y republicanos y fue presentado originalmente como un símbolo de la reconciliación. Pero no sólo es la tumba del dictador y su mentor ideológico sino que ostenta una cruz de 150 metros de altura que lo convierte en un memorial católico, cuando precisamente entre el bando que cayó en la contienda era mayoritariamente si no ateo, al menos anticlerical. Y por si esto fuera poco, fue construida por presos políticos como parte de su condena.
«Ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura, la nuestra tampoco. Por eso quiero anunciarles que la decisión política de este gobierno es firme», dijo Sánchez hace unos días.
La réplica de la derecha ultramontana, que se puso de punta a medida que el proceso independentista catalán fue escalando, fue una marcha organizada por la Fundación Francisco Franco (FFF) el 18 de julio, cuando se cumplía el aniversario de la sublevación militar que terminaría encabezando el general fascista desde el norte de África. Y por cierto, cantaron «De cara al sol» con el brazo derecho extendido.
«Hoy comienza un nuevo alzamiento. El alzamiento de los españoles unidos frente a los españoles que quieren dividir, el alzamiento de los hombres de palabra frente a los poderes de las palabrerías. Hoy comienza la lucha de la verdad frente a la mentira, la lucha y encuentro de la felicidad frente a los que quieren implantar el sufrimiento, la lucha del amor entre españoles frente al odio de los intereses. Alzaros y triunfaréis. España, al final, siempre triunfará», dice una proclama del general Juan Chicharro Ortega, presidente de la FFF. Allí insiste en que «España se juega en estos momentos, una vez más, su existencia como nación cristiana».
Desde el propio PSOE, sin embargo, también hubo críticas al plan revisionista de Sánchez, aunque bastante más alambicadas. Y se entiende: por el gobierno español pasaron dos socialistas, Felipe González (1982-1996) y Rodríguez Zapatero (2004-2011), y nunca hubo un proyecto para exhumar a Franco.
El que salió en representación de ese «olvido» histórico fue Alfonso Guerra, ex vice jefe de Gobierno de González, licenciado en Filosofía y líder partidario de predicamento. «Aquí hay una serie de gente, por cierto jóvenes, que están todo el día boxeando con el fantasma de Franco. A mí Franco no me interesa; se murió hace tantos años… no tengo ningún interés», dijo, alzando protestas de familiares de al menos 140 mil víctimas de la dictadura que todavía buscan los cuerpos de los desaparecidos del franquismo.
Según las encuestas más recientes, el 56% de los españoles está a favor del traslado de la tumba del dictador, mientras que un 33,8 está en contra. La mayoría, además, está de acuerdo en ilegalizar a la FFF porque la percibe un riesgo contra la democracia.
Tiempo Argentino, 22 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 18, 2018 | Sin categoría
Crece la escalada política entre la UE, Estados Unidos, Israel e Irán a medida que se acerca la fecha en que la administración Donald Trump aplicará nuevas sanciones a Teherán tras romper el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre las cinco potencias atómicas más Alemania y el gobierno de Hasan Rohani.
Los detalles de esta máxima tensión son reveladores: mientras el ministro de Relaciones Exteriores persa, Mohamad Javad Zarif, explicaba los objetivos de la demanda que su país presentó en la Corte Internacional de Justicia contra Washington, su par europea Federica Mogherini resaltó el rechazo de la UE al bloqueo económico y desde Tel Aviv la Mossad se jactaba de haber concretado un impresionante operativo de espionaje para robar media tonelada de documentos de un edificio de máxima seguridad en el corazón de la capital iraní que darían cuenta del plan del régimen chiita para desarrollar una bomba atómica.
Desde que Trump llegó al gobierno, se propuso cambiar las reglas de juego internacionales construidas a lo largo de varias décadas por sus antecesores y los líderes occidentales. Entre sus primeras mutaciones siempre tuvo en la mira -y lo dijo desde su campaña electoral- romper con el tratado para limitar y controlar el proyecto nuclear iraní.
Tras arduas negociaciones del gobierno de Barack Obama con los mandatarios del Reino Unido, Francia, Rusia, China -los países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU- y Alemania, la única nación sin armamento nuclear de ese grupo pero potencia económica indiscutible, el documento se firmó en 2015.
El acuerdo fue presentado, por eso mismo, como de los 5+1 y para los firmantes garantizaba el uso iraní de la energía atómica con fines pacíficos y no, como teme Israel, para desarrollar armamento. No es que la región esté alejada de ese tipo de artilugios letales, porque precisamente Israel cuenta con un arsenal nuclear, solo que no las tiene declaradas oficialmente.
El caso es que según todos los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), encargado de verificar el cumplimiento del acuerdo, el gobierno de Irán viene respetando cada uno de los puntos del 5+1. Por lo tanto correspondería levantar cada una de las sanciones impuestas en estos años.
Israel siempre se opuso a este arreglo y aún se recuerda el discurso del premier israelí Benjamin Netanyahu en el Congreso de EEUU para explicarle a los congresistas estadounidenses lo que para él era un error de Obama y de Occidente. Llegó a usar el atentado a la AMIA en Buenos Aires y a la muerte del fiscal Alberto Nisman como prueba de lo que para él son capaces de hacer los iraníes.
Ahora, un informe que el servicio de inteligencia israelí entregó a los diarios The Washington Post, The Wall Street Journal y The New York Times mostraría los esfuerzos de Irán por desarrollar armamento nuclear. La historia tiene componentes propios de un film de espionaje o de robos tipo comando para atrapar a público de todas las edades.
Según la información filtrada a los medios más influyentes de Estados Unidos, un equipo de agentes de la Mossad fue encargado de armar un operativo para ingresar a un edificio fuertemente amurallado en el centro de Teherán donde sabían que el gobierno había reunido toda la documentación sobre el proyecto nuclear, al que se le había puesto fin oficialmente en 2003.
El plan implicaba introducirse en el edificio, romper gruesos muros y cortar cajas de seguridad con sopletes especiales que levantan una temperatura de hasta 3000 grados Celsius y llevarse el material antes de que una nueva ronda de la vigilancia pasara por el lugar. O sea, exactamente 6 horas y 29 minutos. Los «boqueteros» de la Mossad rompieron dos puertas, vulneraron 32 cajas fuertes, cargaron unos 500 kilos de papeles en una camioneta y huyeron antes de que se detectara el robo.
Esto habría sido el 31 de enero y de inmediato se pusieron a investigar en los documentos. La información pasó al despacho de Trump que de inmediato anunció la ruptura unilateral del acuerdo con Irán y la aplicación de sanciones no solo en forma directa -bloqueo de cuentas bancarias y prohibición de comerciar a empresas estadounidenses- sino que se hace extensivo el castigo a todos aquel que pretenda hacer negocios con Teherán, siguiendo el principio de extraterritorialidad del derecho estadounidense.
Esta medida despertó urgentes quejas de la UE y de los otros firmantes del convenio nuclear. No solo porque echa por tierra años de conversaciones para encontrar una solución pacífica al conflicto sino porque además en la práctica permite sanciones a empresas de los países firmantes y puede dificultar el comercio de combustible.
El lunes, Mogherini dijo que el 6 de agosto – cuando entren en vigor las medidas de Trump- la UE aplicará una ley establecida en 1996 para saltar el embargo a Cuba y proteger a empresas europeas. «Aprobamos la actualización del estatuto de bloqueo y tomamos todas las medidas necesarias para facilitar que Irán se beneficie de los efectos económicos del levantamiento de las sanciones», dijo la canciller de la Unión Europea.
«La UE y los otros firmantes del acuerdo logrado con Irán en 2015, China y Rusia, buscan un mecanismo financiero que garantice a Irán la capacidad de exportar su petróleo», se sumó el francés Jean-Yves le Drian, titular de Relaciones Exteriores del gobierno de Emmanuel Macron. La petrolera francesa Total había pedido cobertura para no padecer als consecuencias de sus negocios en el país persa.
El mismo día, Irán presentó una demanda contra EEUU en la Corte de La Haya ante «la decisión tomada en mayo por Estados Unidos ‘de restablecer de lleno y de hacer aplicar’ un conjunto de sanciones y de medidas restrictivas», señaló la CIJ en un comunicado.
El canciller iraní aclaró en un tuit que Washington «rinda cuentas por la reimposición ilegal de sanciones unilaterales (y por) el desprecio de Estados Unidos hacia la diplomacia y sus obligaciones legales «, escribió Zarif. En la presentación, Irán se basa en el tratado de amistad entre ambas naciones firmado en 1955 y al que acusan haber sido violado en reiteradas ocasiones por la Casa Blanca.
El argumento de Trump para romper el 5+1 (ahora debiera llamárselo 4+1) es que Irán no había cumplido con los compromisos y seguía desarrollando su proyecto militar. La AIEA lo desmiente y en realidad los documentos que la Mossad entregó a los diarios estadounidenses tampoco indican que se mantenga la iniciativa bélica.
Tiempo Argentino, 18 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 17, 2018 | Sin categoría
Hubo mucha expectativa en octubre pasado cuando el presidente Donald Trump liberó 35000 documentos secretos de la CIA que había permanecido en la oscuridad por más medio siglo sobre el asesinato de John F. Kennedy. Hubo entonces una gran decepción, porque no había mucho más de lo que ya se había especulado acerca del magnicidio que conmovió a Estados Unidos y el mundo el 23 de noviembre de 1963. Quizás eso influyó para que en abril pasado no muchos investigadores se tomaran en trabajo de hurgar en otra tanda de 18000 papeles que el gobierno desclasificó, a regañadientes de la CIA, que venía pidiendo más tiempo para sacarlos a la consideración pública. Un experto en ese momento de la historia contemporánea, Jerry Kroth, encontró datos que pueden torcer definitivamente la versión oficial y abonaría muchas de las hipótesis que circularon desde entonces. Y demostraría que detrás del crimen estaba no solo la agencia de inteligencia estadounidense y el FBI, sino que los ejecutores fueron sicarios de la mafia corsa y específicamente un asesino a sueldo que estuvo detenido en Buenos Aires por el robo a un banco y salió en libertad para terminar eliminado en México en 1972.
Kroth es profesor emérito en la Universidad de Santa Clara, en California, y acaba de mandar a imprenta el libro El asesinato de Kennedy: lo que realmente ocurrió. Allí se sorprende de que en esos nuevos documentos aparezca la historia de dos soldados que, de haber sido tenidos en cuenta por quienes tenían la responsabilidad de proteger al presidente, hubiera servido para evitar el desenlace registrado en esa trágica visita a Dallas.
Uno de ellos es Eugene Dinkin, un operador de código criptográfico del Ejército de EEUU destacado en Metz, Francia, que a principios de noviembre de 1963 detectó en alguna de las comunicaciones que llegaron a su despacho detalles de un plan para asesinar al mandatario demócrata. Los implicados, según registró Dinkin, serían Jean Souètre, un miembro de la mafia de Córcega, Guy Banister, un agente del FBI sobre el que lanzó sus sospechas el fiscal Jim Garrison, y William Harvey, del staff de la CIA.
Similar información, según los papeles de la CIA ahora conocidos, tenía Davis Christensen, un sargento de la Fuerza Aérea apostado en una base de comunicaciones de Kirknewton, Escocia. Un destino parecido tuvieron ambos luego de haber compartido esta informacion con sus superiores: tanto Dinkin como Christensen terminaron confinados en instituciones mentales,diagnosticados con algún tipo de alteración psicológica. No se sabe mucho qué ocurrió después con ellos, ya que no pasó ni un mes de sus advertencias cuando Kennedy cayó baleado en su recorrida por la ciudad texana.
Según Kroth, la documentación muestra que tanto el vicepresidente Lyndon Johnson como el titular del FBI, Edgard Hoover, y su par de la CIA, Richard Helms, tenían las manos manchadas con el magnicidio.
La punta de Souètre, en cambio, lleva a la OAS (Organización Armada Secreta), la banda paramilitar francesa que tras la derrota de las tropas galas en Vietnam en 1954 se propusieron impedir la liberación de Argelia apelando a la violencia más extrema. Luego muchos de ellos entrenaron a los militares argentinos que protagonizaron el golpe genocida de 1976. Decididos criminales y anticomunistas por sobre todas las cosas, estuvieron implicados también en el homicidio del líder congoleño Moise Tshombe, en 1966.
Tres años antes, habría estado relacionado con el grupo que llevó adelante el operativo para eliminar a Kennedy, según una investigación del periodista Stephen RIvele publicada en 1988 y que ahora vuelve a tener su peso porque se demuestra que lo suyo no era una especulación en base a testimonios de personajes del submundo del comercio internacional de drogas ilegales.
En efecto, Rivele cuenta en Kennedy, la conspiración de la mafia, que un tal Jean Souètre habría conectado a sicarios de la mafia de Córcega para hacer un trabajito en Dallas. Entre ellos estaban Lucien Sarti, Saubeur Pironti y Roger Bocognoni.
Sarti, junto con Joseph Ricord y Francois Chiappe, fueron detenidos en 1968 en Buenos Aires, donde se supone que intentaban -o habían logrado-armar un centro para el tráfico de estupefacientes en el marco de la Conexión Francesa. Los tres compartían sus ideas ultraderechistas y su cercanía con la OAS. Fueron acusados por el robo a la sucursal de Boedo del Banco de la Nación, de donde se llevaron un total de 68 millones de dólares.
Todo indica que los tres salieron algunos meses más tarde por «falta de mérito». Ricord fue arrestado en 1972 en Paraguay y extraditado a EEUU. Volvió a Asunción en 1983 y murió en 1985. Chiappe estaba preso en Devoto en 1973 cuando el gobierno de Héctor Cámpora dictó una ley de amnistía de la que se coló para cruzar las rejas. Murió en Córdoba, en un hogar de ancianos de Santa María de Punilla, en 2009.
Sarti -hombre de exquisita puntería con el fusil, cuentan quienes lo conocieron- es el que se supone que disparó el proyectil que en la película de Oliver Stone se ve que llega de frente y arroja la cabeza de Kennedy hacia atrás volándole la tapa de los sesos. Esa filmación casera de un testigo que quería registrar la gira del presidente, Abraham Zapruder, demuestra que Lee Harvey Oswald no podía ser el único en tirar, e incluso prueba la tesis de que el presidente quedó en medio de una triangulación. Sarti cayó en una refriega con la policía mexicana en 1972.
Habrá que ver si en los documentos desclasificados de la CIA se ven más detalles sobre un caso que sigue atrapando, a casi 55 años de producido.
Tiempo Argentino, 17 de Julio de 2018
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