Entre las bilaterales que tenía previstas Donald Trump en su paso por Buenos Aires, había una que despertaba particular atención por sus implicancias para una distensión entre dos potencias nucleares. Pero finalmente este jueves se anunció que el encuentro entre el mandatario estadounidense y su par ruso, Vladimir Putin, se suspendía. Y todo porque en los últimos días se volvió a enrarecer -muy oportunamente para quienes no quieren un acercamiento- la relación de Kiev con Moscú.
«Basándome en el hecho de que los barcos y los marineros no han sido devueltos a Ucrania desde Rusia, he decidido que sería mejor para todas las partes involucradas cancelar mi reunión previamente programada en Argentina con el presidente Vladimir Putin», escribió Trump en Twitter, agregando que confía tener «una cumbre significativa» con el líder ruso «tan pronto esta situación se resuelva».
El domingo pasado tres barcos ucranianos –dos lanchas artilladas y un remolcador– cruzaron desde el mar Negro hacia el estrecho de Kerch en lo que para las autoridades rusas fue una violación de la frontera porque entraron en sus aguas provisionalmente cerradas,
Según denunció Moscú, además realizaron maniobras peligrosas y desoyeron la exigencia de parar, por lo que recibieron orden de detección y fueron capturados con sus 24 tripulantes. De «terrorismo marítimo» , calificó el incidente, al tiempo que endureció los controles en la zona rusa del mar de Azov, que se conecta con el Negro a través del estrecho de Kerch.
Para Putin, se trató de una provocación y como prueba dijo que entre los tripulantes de los buques había dos efectivos del Servicio de Seguridad de Ucrania dirigiendo esa operación.
(Foto: AFP)
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que con ese incidente el presidente Petró Poroshenko está pensando más en la campaña presidencial, prevista para el 31 de marzo de 2019, que en una salida pacífica a la crisis en esa región, que ya lleva cuatro años.
A fines de 2013 comenzaron el Kiev movilizaciones contra el gobierno de Víktor Yanukovich, pro-ruso, exigiendo se cumpliera un tratado de dos años antes para la incorporación de Ucrania a la Unión Europea y que el mandatario estaba cajoneando.
Entre el 17 y el 18 de febrero de 2014 hubo levantamientos en todo el país y Yanukovih escapó de Ucrania, quedando en el poder un grupo anti-ruso y pro-occidental. Las aguas se calmaron algo en Kiev, la capital, pero no así en Crimea y el este ucraniano, de población mayoritariamente rusa. Todo se aceleró desde entonces.
Los rusos tienen una base militar en Sebastopol desde la era soviética. La península es un punto estratégico por el que se controla directamente la salida del mar Negro, en el estrecho de Bósforo, Turquía. Estaba bajo control zarista desde 1860 y solo pasó a manos ucranianas durante la era de Nikita Khruschev como jefe de gobierno de la URSS, y como una cuestión casi administrativa ya que todo quedaba entre distintas administraciones de una misma unidad política.
A la caída de la Unión Soviética, en 1991, Ucrania fue una de las primeras naciones que buscó recuperar su independencia de Moscú. La base, sin embargo, quedó arrendada a la Federación Rusa, la sucesora política del país comunista.
Kiev mantuvo una relación ambigua con Moscú desde entonces. Con un fuerte componente anti-ruso en su población, resabio de la era soviética -muchos de ellos apoyaron la invasión nazi- puede decirse que tienen que compartir una vecindad incómoda. La nación rusa, históricamente, nació en Kiev y luego trasladó, hace más de 700 años, su capital a Moscú tras sucesivas invasiones mongolas.
(Foto: AFP)
Así las cosas, no había pasado un mes del golpe contra Yanukovich cuando la población rusa de Crimea se hizo del poder regional, organizó un referéndum y decidió incorporarse a la Federación Rusa.Las quejas diplomáticas no se hicieron esperar y el hecho fue calificado como «invasión», aunque quedó institucionalizado como anexión.
Sin embargo, el otro gran hito en la creación de la nacionalidad rusa fue la Guerra de Crimea de 1854. De allí aquella frase del canciller Lavrov por aquellos meses de tensión extrema: «para Rusia, Crimea es tan importante como Malvinas para los argentinos»
El experimentado ministro ruso se permitió incluso tildar de «aficionados» a los diplomáticos europeos y estadounidense que manejaron esa crisis y promovieron el golpe de febrero. «Quieren incorporar a Ucrania a la UE sin fijarse la composición del pueblo ucraniano», fue en mensaje. Lo que no dijo es que Moscú busca alejar las fronteras conla UE y la OTAN y vieron en esa avanzada una jugada opara cercar a su país.
Como sea, pronto también comenzaron levantamientos contra Kíev en el este, ligado económicamente a Rusia y con población rusófila. Así nacieron dos repúblicas autónomas que mantienen una guerra civil larvada, Donetsk y Lugansk
En junio del 2014 hubo elecciones en Ucrania y llegó al poder a Poroshenko, un rico empresario que se comprometió a estrechar lazos con Europa y Estados Unidos.
El pasado miércoles, el presidente ucraniano promulgó el decreto para imponer la ley marcial en todo el país por. inicialmente, 30 días.Este jueves pidió a la OTAN, y especialmente a Alemania, que desplieguen buques en el mar de Azov para apoyar a su país en esta escalada con Rusia
«Alemania es uno de nuestros aliados más cercanos, y esperamos que países en el seno de la OTAN estén dispuestos a enviar buques al mar de Azov para ayudar a Ucrania y garantizar la seguridad», declaró al diario alemán Bild.
Rusia es una piedra en el zapato para Trump aún antes de haber ganado la elección. Los demócratas lo acusaron de haber recibido apoyo electoral de Putin mediante el uso de espionaje informático en las cuentas de mail de la candidata, Hillary Clinton.
Trump había prometido un acercamiento con Rusia en una estrategia que parecía destinada a poner una cuña entre Moscú y Beijing para poder mantener la supremacía estadounidense en ese rincón del mundo. Pero el establishment y sobre todo eso que se dio en llamar el «estado profundo», fueron desplegando tanto en Estados Unidos como en Europa una feroz guerra mediática contra Putin, a esta altura poco menos que «el cuco» de Occidente. De hecho el propio Trump es investigado por el FBI y por la fiscalía general por su presunta relación con el gobierno ruso.
Aún así Trump, que ya pateó el tablero varias veces en contra de los dictados de la burocracia estatal estadounidense -ligada al complejo militar industrial- había anunciado que en Buenos Aires se verían la cara con Putin para estudiar la forma de arreglar sus cuitas.
Pero ahora, este nuevo incidente en Ucrania lo deja sin mucho margen para desafiar a su frente interno.
Más aún cuando salió a respaldar al príncipe Mohamed bin Salman, sindicado como el autor intelectual del horrendo asesinato del periodista Jamal Khassoggi en el consulado saudita en Estambul.
Claro, tampoco lo verá a MbS, aunque por ahora sí se cruzará con Recep Tayyip Ergodan el mandatario turco y principal acusador del monarca.
Entre el humo de los gases lacrimógenos y la amenaza de más incidentes y represión, el presidente Emmanuel Macron llega a Buenos Aires para la cumbre del G-20 acosado por el rechazo generalizado al aumento en el impuesto a los combustibles. Donald Trump viene con un clima similar pero en las fronteras, donde miles de inmigrantes esperan encontrar el hueco para poder cruzar hacia Estados Unidos. También fueron recibidos por gases y balas de goma.
Las protestas en Francia fueron creciendo desde mediados de mes, cuando residentes en el interior del país, en su mayoría campesinos pobres y pobladores de las capas sociales más bajas salieron a manifestarse contra el incremento en un impuesto que en los papeles era una medida progresista y en favor del medio ambiente. En efecto, desde el 1 de enero, el gobierno se propone una vuelta más de tuerca fiscal sobre los combustibles fósiles, que este año subieron 7,6 céntimos en el diesel y 3,9 en las naftas. y desde ese día subirían 6,5 y 2,9 céntimos por litro respectivamente.
Parece poco para los valores que se manejan por estas costas, pero como dijo uno de los manifestantes entrevistados por el diario británico The Guardian, «fue la paja que rompió la espalda del camello». Es que la chispa fue estallando a través de las redes sociales en esos sitios del país galo donde dejaron de circular transportes públicos y la única forma de trasladarse es con sus propios vehículos. De ahí que utilicen para distinguirse los chalecos amarillos fosforescentes reglamentarios para el caso de tener que detenerse en el camino por alguna falla mecánica.
«Tenemos salarios bajos o como en mi caso, no tenemos porque estoy desempleado, pagamos demasiados impuestos y esa combinación está creando cada día más pobreza», se explayó Idir Ghanes, de 42 años y técnico en computación.
Aquí es donde entra en juego la otra variable del plan que viene implementando Macron desde que llegó al gobierno, hace 18 meses, en una segunda vuelta en que era la alternativa del «centro razonable», contra la populista de derecha Marine Le Pen. Porque este joven mandatario -está por cumplir 41 años- viene del mundo de las finanzas y aplicó medidas del recetario neoliberal, como bajar impuestos a los más ricos con la excusa de que así crearán empleos, y redujo los servicios ferroviarios para bajar los subsidios que pone el estado.
Un carpintero a punto de jubilarse ilustró estas inequidades con un ejemplo personal. «Mi tía murió hace poco y dejó 40.000 euros. Trabajó toda su vida, pagó sus impuestos y cargas sociales, pero el gobierno tomó el 60% de esa suma. ¿Eso parece justo?». No lo parece si se tiene en cuenta de que los supermillonarios no sufren este tipo de exacciones.
«Nosotros los jilet jaunes (chalecos amarillos) representamos a los pobres de Francia, a los que llaman sans-dents (sin dientes), a los que tienen bajos ingresos y están aplastados por estas políticas», relató una maestra de escuela en ese excelente artículo del The Guardian escrito por Kim Willsher desde las trincheras parisinas donde el sábado pasado hubo desmanes y más de 150 detenidos.
Desde que comenzaron las protestas, el 17 de noviembre, hubo dos muertos, un centenar de heridos y más de 300 detenidos. Algunos, como dos muchachos de 19 y 21 años, fueron sentenciados a cuatro meses de prisión por «violencia contra personas con autoridad pública».
Macron sigue manteniendo su propuesta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que contempla el Acuerdo de Paris, firmado en 2016 y rechazado por Trump ni bien asumió el gobierno. La idea es aumentar las cargas tributarias en combustibles fósiles para forzar el uso de energías alternativas a través del bolsillo, como se sabe, la víscera más sensible. Al mismo tiempo, se propone ir cerrando las plantas nucleares, que hoy producen el 70% de la electricidad del país, aunque aminoró el plan inicial y recién para 2035 clausurarán 14 de las 58 plantas, diez años más tarde de lo postulado previamente.
La cadena de protestas que viene enfrentando Macron redujo el apoyo de la población a su gestión a un 25%. Un índice que puede ser preocupante con tan poco de su camino presidencial cubierto. Pero en realidad es el mismo porcentaje que obtuvo en la primera vuelta. Solo le quedaron los que ya creían que era el mejor candidato del centro conservador. El dato nuevo es que dos de cada tres franceses apoya a los manifestantes.
Luego de un fin de semana teñido por la violencia, Macron prometió el lunes que su gobierno recibiría a los líderes del movimiento de Chalecos Amarillos. El caso es que no los hay ya que se fueron movilizando a través de las redes y muchos de los participantes confiesan que nunca estuvieron en una marcha en su vida.
«Debemos escuchar las protestas de alarma social, pero no debemos hacerlo renunciando a nuestras responsabilidades para hoy y mañana, porque existe también una alarma medioambiental», dijo en un discurso televisado desde el Palacio del Elíseo. Agregó que no quería acentuar las desigualdades entre las regiones del país «en esta transición ecológica» ya que, consideró, se debe enfrentar al mismo tiempo «el fin del mundo y el fin de mes».
Pero solo se permitió ofrecer un diálogo de las autoridades con habitantes de las regiones afectadas y ajustar la subida de impuestos a la oscilación del precio del petróleo. Para este sábado, el último día de la cumbre de los líderes del planeta en Buenos Aires, habrá otra marcha que servirá para mostrar cómo está parado cada uno de los contendientes.
En Tijuana, mientras tanto, unos 500 migrantes centroamericanos se hacinaban con otros 5.000 que ya había cruzado México en su intento por entrar a Estados Unidos. Acá también hubo gases cuando algunos de ellos buscaron recovecos para atravesar alambradas de púas en algunos sectores del terreno. «Vamos a ver cómo hacemos con los alimentos, está bien difícil. Hay bastante gente y de repente hay quien se queda sin comer», dijo a la agencia AFP Carlos Enrique Cárcamo, un hondureño que viajaba con sus primos y una niña de un año.
Es la segunda caravana, que se unió a la que salió de San Pedro Sula, Honduras, el 13 de octubre. El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, pidió la intervención de la ONU y se quejó de que recibe ayuda del gobierno federal. Sucede que este sábado Enrique Peña Nieto entrega el gobierno a Andrés Manuel López Obrador y el clima puede cambiar para este drama que envuelve a Centroamérica desde que Trump llegó a la Casa Blanca con un discurso de odio al inmigrante y la construcción de muros en su frontera.
El canciller designado por AMLO, Marcelo Ebrard, anunció que en la Conferencia Mundial de la Migración que se desarrollará en Marruecos el 10 y 11 de diciembre, pondrán manos a la obra para un plan de contención de migrantes junto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Trump defendió el uso de granadas lacrimógenas contra los centroamericanos, entre los había mujeres y niños. «El gas usado es muy seguro», dijo. Al igual que en Francia, ese no parece ser un gas de efecto invernadero.
Dos científicos argentinos que por su trayectoria y sus aportes al conocimiento humano son miembros de la Academia de Ciencias de Estados Unidos se unieron a investigadores, docentes y alumnos de la Facultad de Medicina de Buenos Aires para manifestar su rechazo a una modificación del estatuto que impide que egresados de otras carreras puedan dictar clases en esa institución. Alberto Kornblihtt y Gabriel Rabinovich participaron de una mesa de debate que se desarrolló en la sala Braun Menéndez de la sede de la calle Paraguay donde explicaron el porqué de su posición contraria a que los nuevos alumnos no puedan recibir una enseñanza multidisciplinaria para una profesión que se ocupa de la salud.
Kornblihtt es biólogo molecular, doctor en Ciencias Químicas y con una destacable tarea de investigación en un área tan específica como la de precursores del Ácido Ribonucleico (ARN) mensajero. Ex candidato al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias del CONICET-UBA y con una aquilatada carrera como docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Kornblihtt catalogó como una medida discriminatoria a la que tildó de una suerte de «canallada» porque maltrata a docentes e investigadores que vienen trabajando en esa institución desde hace años.
Rabinovich contó una experiencia personal que ilustra el trasfondo de este cambio en las reglas de juego. Recibido en la Universidad de Córdoba como doctor en Ciencias Químicas y en Biología, «emigró» a Buenos Aires y dio clases da honorem precisamente en Medicina durante varios años. «Me presenté a concursos y siempre me impugnaban, hasta que un profesor que es médico me dijo que mejor me presentara en Exactas o Bioquímica porque acá no iba a tener suerte».
Los tiempos cambiaron y Rabinovich, que dirige el Laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), desarrolló en estrategias terapéuticas para el tratamiento del cáncer y enfermedades inflamatorias -entre ellas una puntual para el tratamiento del cáncer de pulmón- que lo hacen destacado en todo el mundo.
«Ahora todas las semanas tengo reuniones con médicos, que son mis interlocutores por estas terapias. Lo ideal hubiese sido que yo pudiera dar clases en Medicina, pero no lo pude hacer», se lamentó. Hace un año, el presidente Mauricio Macri le otorgó la distinción “Investigador de la Nación Argentina” en una ceremonia que se llevo a cabo en la Casa Rosada.
Actualmente hay unos 300 afectados por la medida votada el 30 de octubre pasado en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por 23 votos a favor y 6 en contra. Esa disposición obliga a que solo puedan dar clases en esa casa de estudios los egresados de Medicina, y según los docentes afiliados a la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) «representa un ataque contra el Convenio Colectivo de Trabajo», que rige las relaciones laborales en el país.
Para Jorge Geffner, otro de los expositores en esa mesa de Medicina, es tan insólita la normativa que no toma en cuenta la necesidad de los estudios interdisciplinarios al punto que «desde 2010, el 70% de los premios Nobel de Medicina no son médicos sino investigadores en otras áreas de las ciencias, pero que lograron avances aplicables a la salud humana».
Geffner es doctor en Bioquímica, investigador en el Conicet en el área de Inmunología y profesor en la Facultad de Medicina de la UBA, pero además, como integrante del Consejo Superior de la UBA, fue uno de los que se opuso al nuevo reglamento que, detalló, «tiene carácter discriminatorio ya que solo podrán inscribirse en los concursos para cargos auxiliares los egresados de Medicina, aunque sea para dictar una materia básica».
El sindicato AGD-UBA, que forma parte de la Conadu Histórica, está preparando junto con sus abogados una presentación judicial para que la justicia tome cartas en el asunto en defensa de una postura no solo pedagógica sino también en defensa de derechos laborales y en rechazo al trato discriminatorio.
«En Brasil los tiempos son oscuros», dice Guilherme Boulos. Dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) y candidato presidencial por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en las elecciones de octubre, es uno de los líderes más reconocidos por Lula da Silva dentro del campo de la izquierda. Junto con Manuela D´Avila fueron protagonistas del escenario donde el ex dirigente obrero se despidió de sus compañeros metalúrgicos antes de entregarse para cumplir la sentencia del juez Sergio Moro, en abril pasado. De paso por la ciudad para participar en el Foro de Pensamiento Crítico de Clacso, se dio algunos minutos para hablar en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, (SiPreBA) y para mantener una entrevista con Tiempo en la que detalló el panorama que prevé el espacio que integra en Brasil y cómo piensan resistir los embates del gobierno de Jair Bolsonaro.
«Creemos que va a intentar ataques fuertes a las libertades democráticas en el inicio de su gobierno, porque es el momento que tiene más poder para dar respuesta a los más duros de su lado y a los sectores de las Fuerzas Armadas», advierte. En tal sentido, abundó sobre los riesgos que corren los movimientos sociales por la reforma a la ley tendiente a tipificar como acto terrorista a las protestas sociales.
«En la definición de terrorismo que pretende imponer Bolsonaro, ponen que puede ser catalogada como terrorismo toda forma de coacción a los gobiernos. Cualquier protesta en un barrio por el agua o la escuela o por demandas salariales podría ser considerado una coacción al gobierno y por lo tanto un acto de terrorismo», alertó Boulos.
–¿Habrá forma de responder a esos embates?
–Sin dudas que va a haber resistencia. No es que va a hacer lo que quiera y del otro lado va a estar el silencio de los cementerios. Es cierto que en Brasil hay menos historia de movilización callejera, en comparación con Argentina. Pero los sectores organizados ya empezamos a trabajar en la constitución de un Frente Amplio en favor de las libertades democráticas y los derechos sociales. Una alianza que creemos que debe sumar no solamente a la izquierda sino a todos los sectores que estén preocupados por lo que representa el gobierno de Bolsonaro.
–La izquierda en general y la prensa, que tampoco fue amiga del Partido de los Trabajadores, también figuran entre los enemigos de Bolsonaro aún desde antes de asumir su cargo.
–Él ha sido elegido con un discurso claramente autoritario, en defensa de la dictadura y la exaltación de los torturadores y contra los «rojos», la izquierda y los movimientos sociales. Llegó a decir que la oposición a él tenía dos alternativas: la cárcel o el exilio. Lo dijo antes y mantuvo el discurso después. Eso es un programa de gobierno que ya empieza a mostrar sus primeros rasgos con esa ley antiterrorista. En cuanto a la prensa, ha dicho que se van a acabar algunos medios que no le gustan y que son insospechados de ser de izquierda como la Folha de São Paulo, que está más ligada el PSDB (el partido de Fernando Henrique Cardoso). También tuvo enfrentamientos directos con la red O Globo. Hay un temor de ataques a la propia libertad de prensa, y estamos hablando de una prensa que no fue democratizada. Pero incluso a esa prensa amenaza Bolsonaro. Y dijo que iba a cerrar la Tevé pública, la radio pública y la empresa de comunicaciones.
–¿Puede decirse que ahora finalmente O Globo perdió una batalla? Porque todo indica que la preeminencia la tendrá el canal Record, que es de un líder evangélico, Edir Macedo, el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios.
–Bolsonaro tomó a la RecordTV como su prensa oficial y ella se está prestando a un papel indigno: es casi el medio oficial del futuro gobierno. Escribe y muestra lo que Bolsonaro quiere de manera escandalosa. Pero es difícil saber hoy día si es que él va a hacer una política de enfrentamiento o va a buscar un acuerdo. Los medios en Brasil dependen del gobierno, desde la publicidad a las deudas con organismos y bancos oficiales. Tienen poderío económico por las pautas publicitarias oficiales y por una ausencia completa de regulación. No cumplen siquiera la ley que existe, que dice que políticos no pueden ser dueños de medios de comunicación en Brasil. Pero hay varios medios controlados por políticos. Es algo que necesita ser reglamentado.
–¿Se equivocó el PT en no hacer una ley para regular los medios?
–Seguro que sí y fue uno de los equívocos más grandes. En Brasil cuando uno habla de ley de medios enseguida salen a decir «eso es censura». Y no se trata de eso sino de democratizar, de que más voces se expresen para el pueblo. Hoy seis familias tienen el control de más del 70% de los medios de todo el país. Es un oligopolio, todos son privados, no hay una tevé pública con la inversión real que se necesita y la que hay puede desaparecer. No hay apoyo a otra forma de comunicación popular, como radios comunitarias. Por el contrario, hay persecución y son criminalizados por la policía.
–De todas maneras, la estrategia comunicacional de Bolsonaro no pasó por los grandes medios.
–Es así. Él ganó con estrategias de comunicación totalmente nuevas, que no han pasado centralmente por los medios. El tiempo en tevé siempre fue decisivo para aspirar a la presidencia. Es la primera vez que alguien gana sin participar casi en debates ni tuvo una gran exposición. Hizo un trabajo altamente profesional a través de WhatsApp con financiación que no sabemos de dónde vino. Con mensajes segmentados para cada público. A mujeres evangélicas pobres en las ciudades le llegaban mensajes de que el adversario era el Anticristo y cosas por el estilo.
–Creador de este tipo de estrategias es el estadounidense Steve Bannon, uno de los fundadores de Cambridge Analytica, exasesor de Donald Trump y por estos tiempos el nexo entre todos los líderes derechistas del mundo. ¿Brasil se inscribe a partir de ahora dentro de esa internacional ultraconservadora?
–Por cierto que sí. De hecho el hijo de Bolsonaro ha ido a visitar a Bannon dos veces, y Bannon le dio el apoyo antes de la elección. Los métodos de campaña, el tema de las fake news, el uso de las redes, todo eso lo habíamos visto en la campaña de Trump y ahora en Brasil.
–Los movimientos evangélicos pentecostales fueron fundamentales para el triunfo de Bolsonaro ¿Qué tipo de políticas deberían desarrollarse en ese terreno?
–Los evangélicos crecieron mucho en Brasil. Hay varios tipos de iglesias evangélicas. No todas son ligadas a la derecha ni todas propagan una posición antipopular, conservadora. Pero hay algunas muy fuertes que sí lo hacen y que fueron muy decisivas. Sin embargo, tenemos que comprender que buena parte de los evangélicos construyeron esa fuerza porque la izquierda y los movimientos sociales dejaron de hacer un trabajo en las bases. La Teología de la Liberación había desarrollado todo un trabajo con los partidos de izquierda en las favelas, en las periferias. Eso se fue perdiendo por un proceso de institucionalización muy perverso y ese espacio quedó vacío.
–El Papa Juan Pablo II hizo mucho por destruir a la Iglesia de la Liberación.
–La Teología de la Liberación en Brasil estuvo muy ligada a la formación del PT. Juan Pablo ha destrozado a ese movimiento, ha perseguido a líderes y debilitado a ese sector de la Iglesia. A eso se suma la institucionalización político-partidaria con una visión solamente electoral.
–Otra cosa que llama la atención de este momento político en Brasil es que las Fuerzas Armadas, que fueron desarrollistas e industrialistas, ahora están comprometidas con este gobierno que será ultraneoliberal.
–Hay una contradicción ahí. Hay sectores de las FF AA que no miran con buenos ojos lo que representa este proyecto entreguista y antisoberano y esta contradicción se va a expresar en su gobierno, va a estar en la coyuntura brasileña. De un lado (Paulo) Guedes (el designado ministro de Economía), del otro lado un cierto nacionalismo que aún existe en sectores de las FF AA. Pero es importante remarcar que lo que parece, mirando desde afuera, es que estos sectores nacionalistas no tienen la misma fuerza que en el pasado.
–Ni siquiera tienen el apoyo del vicepresidente, que también es militar.
–Es así, él ya ha dado declaraciones en defensa de todo tipo de privatización.
–¿Qué puede ocurrir con el sector industrial? ¿Son los grandes perdedores de esta elección? De hecho, la principal compañía brasileña privada, Odebrecht, terminó envuelta en escándalos de corrupción. Podría pensarse también que esa fue una forma de atacar a los empresarios que apoyaron y se beneficiaron con el PT.
–Los efectos económicos de la operación judicial de Lava Jato fueron destructivos para el país. Es verdad también que hubo procedimientos inaceptables y corruptos por parte de esas empresas con agentes públicos y eso no se puede admitir. Porque perdonar esas actitudes no es algo de izquierda ni tampoco creemos que se pueda dialogar y conectar con el rechazo del pueblo a este tipo de procedimientos. Es necesario separar: una cosa es penalizar a los responsables y a los involucrados en corrupción. Pero eso debe estar hecho respetando las garantías constitucionales, con base en pruebas, y también manteniendo la soberanía económica del país.
–Lula es una de las víctimas de esa falta de garantías, como solés recordar. ¿Nadie en el Poder Judicial se plantea ir en contra de este sistema de lawfare, nadie que sea crítico de este tipo de operaciones?
–Lo hay, claro que los hay, y algunos lo han manifestado públicamente en alguna ocasión, pero hasta el momento la mayoría que se ha formado en la Suprema Corte ha dado respaldo a las medidas de excepción tomadas por el juez Moro. Creemos y esperamos que más sectores del Poder Judicial tomen conciencia y actúen ante la gravedad de la amenaza a la democracia para frenar lo que representa un proyecto profundamente autoritario como el de Bolsonaro.
–Para el movimiento obrero ese proyecto va a ser un golpe letal. Recién hablabas de que va a haber resistencia, pero ¿de qué forma se haría esa resistencia si hubo una reforma laboral y no hubo un rechazo tan fuerte en las calles?
–Es verdad en relación a la reforma laboral, que la consiguieron aprobar. Pero no lograron aprobar la reforma previsional. La mayor huelga general en la historia de Brasil fue en el 2017 contra esa reforma de la jubilación de (Michel) Temer. Creemos que va a haber un proceso de resistencia social pero precisa estar integrado con un frente democrático amplio, no sólo de partidos de izquierda o movimientos sociales, sino con lideranzas políticas democráticas en general, con artistas, intelectuales, juristas, donde estén todos aquellos que estén preocupados por los destinos del país. No podemos volver a cometer el error de subestimar a Bolsonaro. Hubo un error del conjunto de la izquierda y de centro, que han dicho que era mejor Bolsonaro en segunda vuelta porque era más fácil de ganarle y no lo enfrentaron cuando era necesario. Un nuevo error sería pensar ahora «dice eso, pero no lo va a hacer».
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