Siguiendo un libreto que el gobierno de Estados Unidos diseñó hace décadas y aplicó en Irak, Libia y Siria, entre otros países, la escalada golpista contra Venezuela sumó ahora el bloqueo total de las cuentas de la petrolera estatal PDVSA al determinar que los ingresos de la subsidiaria Citgo, que opera unas 6000 estaciones de servicios y tres refinerías en territorio estadounidense, queden incautados para que no pasen a manos del gobierno de Nicolás Maduro.
La medida, dictada por el Departamento del Tesoro, a cargo del banquero y productor de cine Steven Mnuchin, implica apropiarse de los principales ingresos de Venezuela en un momento en que la crisis económica es determinante para el futuro de la nación y la asfixia no hace sino acelerar el drama cotidiano de millones de ciudadanos.
«Ya he dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, dueño de Citgo, para iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo, para defender la propiedad y la riqueza de Citgo», replicó MAduro en un mensaje televisado.
Mnuchin intensificó el estrangulamiento económico aduciendo que EEUU «continuará usando el conjunto completo de sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar la democracia».
A renglón seguido señaló que de ese modo «se evitará que Maduro desvíe activos de Venezuela y se conserven para el pueblo de Venezuela». Finalmente, para que no queden dudas, el productor de entre otros éxitos de Hollywood como Mad Max, Escuadrón Suicida, Lego Batman y otra de superhéroes pero con actores, Batman v Superman: El origen de la justicia, que dirigió Zick Snyder, dijo que todo volverá a la normalidad si se tranfiere elg obierno a Guaidó «o a un gobierno posterior, elegido democráticamente».
Como corolario de esta decisión, todos los bienes de PDVSA en EEUU están bloqueados y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones comerciales con ellos.
El autodesignado presidente interino, titular del congreso unicameral de Venezuela, aplaudió el bloqueo. «Esta medida es para evitar que continúe el saqueo y se podrán utilizar esos fondos una vez cese la usurpación, logremos el gobierno de transición», dijo Guaidó a la cadena norteamericana CNN.
«Los impactos inmediatos son inconmensurables (…) La estrategia que ha adoptado Estados Unidos es provocar un colapso en el sistema económico de Venezuela para obligar la salida» de Maduro, consideró el economista Luis Vicente Leóna la agencia de noticias AFP.
Mientras tanto, la oposición -que toca timbre en los cuarteles desde hace tiempo buscando el golpe militar que los acompañe en el cambio de régimen institucional que buscan desde que en 1999 Hugo Chávez se consagró presidente- llamó a movilizarse en las calles del país este miércoles.
Los grupos antichavistas no son los únicos que llaman a los cuarteles. Desde Washington, el consejero en Seguridad Nacional, John Bolton, pidió «al ejército venezolano y a las fuerzas de seguridad que acepten la transición pacífica, democrática y constitucional del poder». Con una amenaza solapada: la de una intervención militar. «El presidente (Donald Trump) ha dejado claro en este asunto que todas las opciones están sobre la mesa», dijo Bolton, un hombre no precisamente amigo de las salidas negociadas. (Ver acá)
Esta vaharada de amenazas y presiones extremas llegan incluso a la posibilidad de sumir al país sudamericana en horrores similares a los que generó la invasión a Irak, Libia y la fallida incursión en Siria. Es lo que teme el presidente constitucional de la República Bolivariana.»Hago responsable a Donald Trump. Él tendrá las manos llenas de sangre si llevan a una violencia parcial o generalizada en Venezuela», dijo Maduro.
La incautación de bienes de PDVSA y de Citgo mete también a las autoridades rusas en el centro de la escena. El gobierno de Vladimir Putin, junto con China y Turquía, son hoy por hoy los principales sostenes de Maduro a nivel internacional, mientras que México y Uruguay buscan denodadamente evitar lo peor dentro de las naciones latinoamericanas.
Sucede que la petrolera estatal venezolana está en default por la crisis derivada de anteriores sanciones económicas desde la era de Barack Obama, el que abrió el escenario para el golpe contra el chavismo al declarar a Venezuela como un peligro para EE.UU. en 2015.
La solución para evitar la quiebra que ensayó Maduro fue la venta de parte del paquete accionario a la rusa Rosneft, lo que generó airadas voces de protesta dentro de Estados Unidos, (ver acá) donde Trump enfrenta una investigación por la presunta injerencia rusa en las elecciones que lo llevaron al poder, en 2016.
Es que Venezuela no solo es petróleo, oro y otros 17 minerales estratégicos o un punto estratégico clave para el control de la región. También es una formidable excusa para cambiar de tema cuando las papas queman en política interna.
El secretario de Estado Mike Pompeo puso en funciones a Elliott Abrams como coordinador de las operaciones para la destitución del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Halcón entre los halcones de la diplomacia de Estados Unidos, Abrams es un experto en golpes de Estado, invasiones y operaciones encubiertas, una característica que ya lo llevó a una condena por su participación en el escándalo Irán-Contras de la que luego fue indultado por George Bush padre.
Bush hijo lo designó en 2001 «ayudante especial del Presidente y Director para Democracia, Derechos humanos, y Operaciones Internacionales» del Consejo de Seguridad Nacional. Dos años más tarde se lució en la mesa chica para coordinar la invasión de Irak.
Con una mirada fría y penetrante que recuerda a Gargamel, el villano de Los Pitufos, Abrams ingresó a la política en el partido demócrata, pero pronto adhirió a Ronald Reagan, básicamente porque es un anticomunista furioso que alguna vez colgó en el despacho que ocupaba en la Casa Blanca una página enmarcada del diario cubano Granma con el título «Abrams es una bestia».
Desde entonces tuvo intervenciones claves en el apoyo a gobiernos derechistas en Honduras, Guatemala y El Salvador, y en la financiación de los grupos armados que combatían el gobierno sandinista en Nicaragua. Para burlar el control del Congreso, los fondos para esas operaciones salieron de la venta de armas a Irán –que ya estaba gobernado por los ayatolás– en su guerra contra el Irak de Saddam Hussein. El dinero obtenido fue utilizado para sustentar las actividades de los Contras. Todo esto mediante empresas truchas ligadas a los servicios de inteligencia.
Cuando estalló el escándalo, en 1986, hubo un terremoto político en Washington. Una de las esquirlas le pegó a Abrams, aunque dentro de todo la sacó barata ya que solo lo condenaron por ocultar información al Congreso. Así y todo, había tenido tiempo de organizar la invasión a Panamá, en 1989, para derrocar al presidente Manuel Noriega, a un costo más de 3000 muertos, en una operación bautizada «Causa Justa».
Cientos de miles habían sido masacrados en Centroamérica en los ’80 bajo esa mirada glacial. En esos años, militares argentinos tuvieron activa colaboración con los regímenes criminales. En ese contexto, Abrams testificó en 2012 por videoconferencia en el juicio de lesa humanidad que el gobierno de Reagan sabía que la junta militar había robado bebés de los militantes secuestrados y asesinados y los había entregado a familias cercanas a la dictadura.
Incluso su declaración confirmó que no habían sido casos aislados de apropiación de menores. «Sabíamos que no eran sólo uno o dos niños, sino que existía un patrón, un plan, porque había mucha gente que estaba siendo asesinada o encarcelada.»
En un mundillo en el que todos juegan sucio como ese en el que se maneja Abrams, no extraña que a pesar de su pasado sea figura reiterada en las gestiones republicanas. Incluso que tenga prestigio como especialista en Latinoamérica. Entre quienes en los despachos oficiales no lo quieren mucho está el almirante William Crowe, jefe del Pentágono en 1989 que se oponía a la incursión armada contra Noriega. «Esta serpiente es difícil de matar», dijo de Abrams.
Donald Trump está decidido a terminar con el gobierno bolivariano lo antes posible y aceleró las presiones en todo el mundo para conseguir apoyo internacional que le dé cobertura a sus deseos. Pero Nicolás Maduro resiste el embate y todo se encamina a un choque de trenes: por un lado, gran parte de los países latinoamericanos y de la Unión Europea encolumnados con EE UU; del otro Rusia y China, que ya mostraron los dientes en la ONU en torno a este embate. En el medio, un puñado de naciones, entre ellas México y Uruguay, que piden evitar un derramamiento de sangre, mientras que el Papa Francisco, que también mantiene una postura dialoguista a pesar de que la Conferencia Episcopal venezolana ya tomó partido contra el chavismo, dijo en Panamá, donde habló en la Jornada Mundial de la Juventud, que los pueblos de América Latina «no son el patio trasero de nadie». Una frase poco destacada en el marco de todo lo que está en juego en la región a partir de la embestida contra el gobierno bolivariano.
Maduro, a pesar del ímpetu mediático en darlo por muerto, conserva el poder formal del Estado y mantiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y las instituciones burocráticas del país. A tal punto esto es así que tras anunciar la ruptura de relaciones con Washington y ordenar el retiro de todos los funcionarios, hubo una primera declaración del secretario de Estado Mike Pompeo de rechazar la disposición. Pero desde el Palacio de Miraflores difundieron las imágenes de la evacuación de personal de la sede diplomática. La Casa Blanca dijo entonces que quedó una presencia mínima para apoyar al presidente de la Asamblea Nacional, al que consideran mandatario interino del país, Juan Guaidó.
Al mismo tiempo, la tendencia en la Unión Europea fue de aceptar las presiones estadounidenses. Así, el jefe de Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, dio un ultimátum a Maduro para que convoque a elecciones en ocho días, caso contrario, anunció, reconocerá a Guaidó. La misma línea de la Unión Europea.
Venezuela volvió a ser en la península la mejor excusa para no hablar de los propios problemas del país, como en la época del gobierno del conservador Mariano Rajoy. Pero en el caso del PSOE cargan con la cruz de que uno de sus líderes, el expremier José Luis Rodríguez Zapatero, coordinó una mesa de diálogo en República Dominicana entre el oficialismo y la oposición para arreglar las condiciones para la elección de 2018.
«Yo he ido 33 veces, conozco la sociedad venezolana. Conozco los actores, lo que pasa. (…) En la hipótesis de que todas las críticas que le hacen a Maduro algunos gobiernos o algunos periodistas fueran ciertas, la respuesta no es, ni tampoco es lo que corresponde, aplicar sanciones, aislarlo, presionarlo y llevarlo a un bloqueo financiero más intenso que el que tuvo Cuba», declaró hace un año el exjefe de Gobierno español, cuando todo estaba listo para la firma de un documento final con lo acordado para el llamado a comicios. «De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición», declaró sorpresivamente Zapatero cuando, horas antes de la ceremonia, los antichavistas le dieron un portazo.
Las sanciones y el bloqueo financiero explican en gran medida la fenomenal crisis económica que sufre Venezuela desde hace años. El país, montado en la mayor reserva petrolera del mundo, está en algunos aspectos colapsado, lo que genera irritación en sectores tradicionalmente afines al chavismo. La táctica del cerrojo, a su vez, es la principal arma con que cuentan los estrategas del Departamento de Estado para generar condiciones para una intervención. Lo hicieron en Libia, Siria, Irak y, más allá en el tiempo, en el Chile de Salvador Allende.
Precisamente un experto en esta guerra entre bambalinas contra gobiernos populares, Elliott Abrams (ver aparte) fue designado por Pompeo como coordinador de un equipo encargado de «restaurar la democracia» en Venezuela. La designación de este viejo anticomunista declarado que fue indultado por George Bush padre tras haber sido condenado por el escándalo Irán-Contras durante el gobierno de Ronald Reagan, indica el nivel en que se desarrollará la ofensiva.
Pero el contexto no es el mismo que en la Guerra Fría, aunque ciertos personajes de Washington lo pongan en términos similares. Ayer, EE UU urgió a «unirse a las fuerzas de la libertad» en una sesión especial del Consejo de Seguridad para tratar el caso venezolano. «Ahora es el momento para que cada nación elija de qué lado está. No más atrasos, no más juegos. O se está con las fuerzas de la libertad o en la liga de Maduro y su caos», dijo Pompeo.
«Venezuela no supone una amenaza para la paz y la seguridad. En alguna medida, lo que representa una amenaza para la paz es el intento de Washington de orquestar un golpe de Estado en ese país», respondió el embajador permanente de Rusia, Vassily Nebenzia, tras denunciar «una injerencia flagrante» en el país sudamericano y votar en contra de Washington. También China se solidarizó con Caracas y rechazó el planteo estadounidense, con lo que no hubo resolución. Tampoco en la OEA la administración Trump logró el apoyo necesario para tomar medidas contra Caracas, aunque Argentina y Brasil intentaron forzar una condena. El nuevo gobierno mexicano se mantuvo en sus trece y, luego de haber invitado a Maduro a la asunción de Andrés Manuel López Obrador, ahora pidió sostener canales de diálogo para evitar un holocausto latinoamericano.
A su turno, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, se mostró sorprendido por las declaraciones de los países europeos, que siguieron un consenso entre España, Reino Unido, Francia y Alemania: «¿ Europa a la cola de Estados Unidos? No tanto de los Estados Unidos, ¿del gobierno de Donald Trump? ¿Europa, dándonos ocho días de qué? ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para darle plazos o ultimátums a un pueblo soberano?»
Sin necesidad de guardar las formas de la diplomacia, el número dos del chavismo y presidente de laAsamblea Constituyente, Diosdado Cabello, fue más lejos: «Por allá en la Unión Europea nos dan ocho días. ¡Váyanse bien largo al carajo, que a los venezolanos nadie nos da órdenes!».
Como parte de las medidas de asfixia económica, Washington presionó al Banco de Inglaterra para que bloqueara la entrega de 1200 millones de dólares en oro de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela. Pompeo pidió claramente que la comunidad internacional «desconecte los sistemas financieros del régimen de Maduro» de manera que los activos del país comiencen a fluir hacia las arcas del gobierno que considera legítimo, esto es, de Guaidó.
El viernes, John Bolton, el ultraderechista asesor en política internacional de Trump, confirmó que la Casa Blanca se está «enfocando en desconectar el ‘régimen ilegítimo’ de Maduro de las fuentes de sus ingresos» para dárselos a Guaidó. Lo que no queda claro de qué manera lo haría si el titular de la AN no cuenta con ninguna dependencia para funcionar, ni siquiera designó un Gabinete y hasta se ignora dónde se oculta. Tampoco se sabe bajo qué modalidad le entregarían los 20 millones de dólares que Pompeo anunció como ayuda a su gestión.
En todo este entuerto, el principal activo venezolano en EE UU, Citgo, con una cadena de estaciones de servicio en todo el país y unidades de refinación en Luisiana, Texas e Illinois, pertenece a PDVSA, la petrolera estatal. Desde 2017 y a partir del ahogamiento externo, Maduro logró un acuerdo para salir del atolladero con la rusa Rosneft, que se quedó con el 49% de las acciones.
La imagen de los mandatarios de Colombia, España, Costa Rica y Ecuador en el Foro de Davos hablando de la situación en Venezuela refleja el trasfondo del escenario en que se juega el futuro de la nación caribeña.
Al encuentro de los más ricos y poderosos del mundo en esa localidad suiza acudió un puñado de jefes de estado pero faltaron líderes de la talla del francés Emmanuel Macron o el estadounidense Donald Trump, dos de los más feroces antichavistas y cada uno envuelto en sus propias marañas.
El presidente galo, acosado por la protesta de los «chalecos amarillos»; el empresario neoyorquino por su controversia con los legisladores demócratas, que no le quieren aprobar el presupuesto para construir un muro en la frontera con México, y al mismo tiempo peleando como gato entre la leña por el avance judicial en torno a la presunta intromisión rusa en la campaña que lo llevó a la presidencia, en 2016.
En cualquier caso, Venezuela es una excusa fenomenal para cambiar de tema cuando esos mandatarios se ven acosados. Pero esta nueva intentona contra el chavismo tiene fecha de inicio y no es con Trump: el reloj golpista lo puso en marcha Barack Obama cuando en marzo de 2015 emitió una orden ejecutiva (DNU en términos argentinos) declarando «una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela».
El trasfondo de la ofensiva es por supuesto que el petróleo, en el país con las mayores reservas probadas del planeta, y no la libertad y la democracia, como lo señala irónicamente el premio Nobel de Economía Paul Krugman en un tuit en el que dice: «Acabo de escuchar que Trump ha retirado el reconocimiento a un brutal régimen que controla un petroestado. ¿O sea que finalmente comprendió que los sauditas son chicos malos?».
La alusión es oportuna porque hace apenas tres meses el periodista Yamal Khashoggi fue asesinado brutalmente y su cuerpo diluido en ácido en el consulado saudita en Estambul, con pruebas contundentes que fue por orden del príncipe heredero Mohammad bin Salman, y no solo no hubo pedido de intervención en Riad sino que el joven monarca estuvo en Buenos Aires sin que a nadie le moviera el espanto por semejante proceder de un régimen feudal como ese.
Se entiende que el acuerdo por la venta de armas a Arabia Saudita para la intervención en Yemen era un argumento oportuno para que Washington hiciera la vista gorda. Pero también es necesario entender si el dólar conserva valor como cambio y reserva internacional es porque la nación árabe, fuertemente exportadora, mantiene el compromiso de no vender en otra moneda su petróleo desde hace más de 40 años.
No es lo mismo que buscó hacer Muhamad Khadafi con el petróleo libio, al que había decidido comerciar en euros poco antes de que en 2011 se abrieran las puertas a una ofensiva que ahora se inició contra Venezuela. De la mano esa vez de la candidata que perdió la presidencia contra Trump, Hillary Clinton, a la sazón secretaria de Estado.
Se sabe cuál fue el fin de Khadafi y la actual situación Libia, un país partido y con dos gobiernos paralelos que se disputan las regalías de los pozos de crudo. Y se sabe que también sobrevuela como trasfondo de esta crisis la decisión de Maduro de vender el petróleo venezolano con una moneda virtual, el Petro, por las sanciones que sufre el país para comerciar en dólares.
Esos no son los únicos contrasentidos que hacen ruido de fondo en esta intentona destituyente que, como se ve, no es de Trump sino que se trata de una política de estado entre demócratas y republicanos que el polémico empresario no solo intenta mantener sino que incluso se decidió a profundizar.
Otros gobiernos se sumaron prestamente al deseo estadounidense y en el plano local dirigentes que no se definen como oficialistas se apuraron a reconocer al titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaudó. Es el caso de Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. No hubo declaración formal de la UCR, aliada de Mauricio Macri, pero algunos dirigentes nacidos y criados en ese partido recordaron la posición de Raúl Alfonsín en 1985 rechazando la invasión que pretendía Ronald Reagan a la Nicaragua sandinista.
Antecedentes
En abril de 2002 se produjo el primer golpe contra el chavismo, en la primera presidencia de Hugo Chávez. Por un par de días el líder bolivariano estuvo retenido en un cuartel hasta que la gente pobló las calles para reclamar su liberación. Esa vez el gobierno conservador del español José María Aznar y el de George Bush se apuraron a reconocer al autodeclarado presidente Pedro Carmona, que luego prefirió exiliarse para no ser procesado.
Ahora, el gobierno de España está en manos de Pedro Sánchez, del PSOE. Llegó al poder en junio tras un acuerdo con Podemos y otros partidos de izquierda para destronar al PP. El ex presidente del gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapateros había coordinado una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolanas a fines de 2017. Hubo acercamientos importantes y en ese marco Maduro aceptó adelantar las elecciones, que debían realizarse en diciembre de 2018. Pero a último momento los antichavistas no firmaron el acuerdo que ya se había logrado de palabra. En mayo, finalmente, ganó Maduro, con un ausentismo de 46%. Pero obtuvo 6.248.864 votos, el 67,84%.
Ahora, Sánchez muestra su ambigüedad. No reconoció a Guaidó, como hicieron las derechas latinoamericanas al compás de Washington, pero sí «la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana». Su canciller, Josep Borrell, sin embargo, fue enfático en ignorar a Maduro porque, dijo, «su legitimidad procede de unas elecciones que no reconocemos». Contradiciendo a su correligionario Rodríguez Zapatero.
Desconocer a Maduro, que reasumió el cargo el 10 de enero pasado, va a tener sus costos. Porque sería también ignorar a esa parte de la población que a pesar de todos los vientos en contra -y la crisis económica golpea en cada puerta- sigue fiel a los postulados bolivarianos.
La pregunta del millón, entonces, es qué puede ocurrir ahora en Venezuela. Se está a un paso de un baño de sangre y es obvio que cada muerto se lo van a cargar al chavismo, aunque el gobierno no tenga ninguna responsabilidad. Así están las cosas. Hay quienes perciben en la posición de la OEA que dirige el uruguayo Luis Almagro un copy-paste de la expulsión de Cuba en 1962. En tal sentido, la isla resistió con la ayuda de la Unión Soviética. Hoy día Rusia y China son respaldo de Maduro, habrá que ver si alcanza para sostener al gobierno
La clave, con todo, está en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El martes hubo un intento de copamiento en un cuartel. Una prueba de músculo y una invitación a grupos disidentes entre los uniformados, que se mantienen leales a la Constitución que juraron. Una constitución progresista de la que Chávez se sentía orgulloso y regalaba a sus visitantes en una versión en forma de un librito de tapas azules que cabe en una mano.
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