Como ocurrió en los 90, Aerolíneas Argentinas (AA) es un caso testigo de la política de un gobierno respecto a los bienes públicos. En aquella época había un comunicador que logró imponer el latiguillo de que «doña Rosa» no tenía por qué pagar el déficit de los ferrocarriles. Quienes recordaron a aquel difusor mediático fueron el presidente Mauricio Macri y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en el marco de un nuevo paro de los trabajadores por el cumplimiento de la paritaria que habían firmado los directivos de la compañía estatal y contra la suspensión de 376 aeronáuticos por haber participado de una asamblea. Todo se inició cuando los empleados de AA y de Austral reclamaron la aplicación de la cláusula gatillo pactada y homologada por si la inflación se desbocaba. En los primeros días de noviembre, el presidente de AA, Luis Malvido, les anunció que no iban a acatar lo que habían firmado a principios de año. Los gremialistas aseguran que incluso los desafió a que tomaran las medidas que quisieran. Como en los 90, los medios hegemónicos tildaron a la primera medida de fuerza de «paro salvaje» y detallaron la cantidad de pasajeros que no habían podido volar. También destacaron declaraciones del primer mandatario y del titular de Transporte. «Todas las líneas aéreas que funcionan acá y en la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país pongamos plata todos los meses», dijo Macri, que desde que llegó al gobierno siempre viajó al exterior en aerolíneas extranjeras. «Es inaceptable que Aerolíneas siga recibiendo plata de los argentinos ya que necesitamos trabajar juntos en mayor productividad», repitió Dietrich. En los 90, Aerolíneas era rentable y sirvió para mostrar la voluntad privatista de Carlos Menem, pero fue un caso escandaloso, porque tras su paso a la estatal española Iberia terminó en manos de un empresario de esa nacionalidad luego procesado y detenido en la península por fraude, Gerardo Díaz Ferrán. Reestatizada por Cristina Fernández, la estrategia de Cambiemos fue abrir la competencia a empresas de low cost, entre ellas la colombiana Avianca, que compró MacAir a la familia Macri. La más famosa por los continuos incidentes, sin embargo, es Flybondi, cuyos propietarios tienen cercanía con el ex número 2 de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana. La política oficial parece apuntar no tanto a privatizar nuevamente AA como ir vaciándola para que se desvanezca lentamente, como lo indicaría el cierre de la ruta Buenos Aires-Barcelona y de las oficinas comerciales en Punta del Este. Los dirigentes sindicales Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas (APLA); Edgardo Llano, del Personal Aeronáutico (APA); Ricardo Cirielli, de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA); Cristian Erhardt, de la Unión de Pilotos de Líneas Aéreas (UALA); y Rubén Fernández, de Unión Personal Superior Aeronáutico (UPSA), se preparan para una larga resistencia. El senador Pino Solanas detalló que AA y Austral cubren servicios en siete provincias donde no van las privadas. Pero abundó en lo que implica una inversión estatal. «Según un estudio de la Universidad de Oxford, por cada puesto de trabajo en Aerolíneas Argentinas se crean 2,7 puestos de trabajo indirectos, así como por cada peso de valor agregado generado por Aerolíneas se producen 2,94 pesos como resultado del impacto de la cadena de valor y de los gastos de sus empleados a nivel local», describió en una columna para Infobae.
Vender terrenos La perspectiva desde donde Cambiemos mira la gestión del Estado también es clara en la Ciudad de Buenos Aires. Desde que Macri fue elegido jefe de Gobierno, en 2007, se habló de su plan para vender los terrenos del Tiro Federal Argentino (TFA) y el Cenard. El 20 de noviembre se subastaron los terrenos del TFA de Libertador y Udaondo. Una firma de las familias Werthein y Sielecki, de buena llegada al oficialismo y socios controlantes de Transportadora de Gas del Sur se quedaron, por 152 millones de dólares, con el predio donde se podrán construir 150.000 metros cuadrados en torres de hasta 100 metros de altura. Según Reporte Inmobiliario, el costo de la construcción ronda los 825 dólares el metro cuadrado y el de venta de un inmueble terminado los 3.000 dólares, con lo que la ganancia privada en este caso puntual supera el 100%. En esa misma semana, la Legislatura porteña fue vallada en medio de un impresionante operativo de seguridad. Así, el oficialismo impuso su número para aprobar la creación de la Universidad Docente de la Ciudad (UniCABA), una decisión rechazada por la comunidad educativa de los 29 establecimientos de la ciudad. Además de estar en contra de una reforma a la enseñanza superior no consultada con los afectados y por el que temen perder presupuestos, la autonomía y la libertad de cátedra, también denuncian que el proyecto contempla un gran negocio inmobiliario, con la posibilidad de vender edificios históricos, como el Mariano Acosta o el Romero Brest. Estas políticas no podrían implementarse si no es con represión, como se advirtió desde el momento en que Cambiemos llegó al gobierno, y con un sistema judicial alineado. El embate judicial-mediático contra el juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, muestra la suerte que corren magistrados díscolos con las necesidades del gobierno. Carzoglio investiga una presunta asociación ilícita de Pablo Moyano con la barra brava de Independiente. Moyano, vicepresidente del club, es el líder del sindicato de Camioneros y junto con su padre se enfrentan a Macri dentro de la CGT y están articulando con los gremios de las dos CTA y bancarios un frente sindical para oponerse a las políticas macristas. El fiscal de esa causa, Sebastián Scalera, había pedido la detención de Moyano. El juez estimó que no había elementos suficientes, pero afirmó que desde La Plata recibió presiones del Procurador Julio Conte Grand y que personas de la Agencia Federal de Inteligencia le habían sugerido que el presidente de la Nación estaba interesado en ver a Moyano entre rejas. También denunció «carpetazos» a través de los medios sobre actuaciones suyas en otras causas. El 22 de noviembre se le abrió juicio político en el Senado provincial. El jurado de enjuiciamiento bonaerense había destituido en agosto a Luis Arias, el juez platense que había dictado resoluciones a favor de los trabajadores docentes y rechazado aumentos de tarifas de servicios públicos. Lo acusaron de prevaricato y abuso de autoridad. A Carzoglio lo imputan de mal desempeño por haber dictado una orden de allanamiento de 18 propiedades sin fecha, lo que derivó en la nulidad de los procedimientos y prisiones preventivas, y por haber resuelto beneficios a presos de expedientes de otros juzgados. El 25 de noviembre ordenó desalojar la planta de Siam, donde los trabajadores hacían un acampe en contra del despido de 20 compañeros. La Policía Bonaerense volvió a desplegar su violencia.
Revista Acción, primera quincena de Diciembre de 2018
La versión de la vocera de Donald Trump sobre el encuentro que el presidente estadounidense mantuvo con el mandatario argentino provocó inquietud en el gobierno nacional por el agregado de una simple frase comprometedora en el comunicado de Sarah Huckabee Sanders. «Los dos líderes reiteraron su compromiso compartido de enfrentar los desafíos regionales como Venezuela y la actividad económica depredadora china», señala el texto, contradiciendo el informe oficial que daba cuenta de un intercambio a puertas cerradas en torno de Vaca Muerta, narcotráfico y seguridad (ver acá)
De inmediato el canciller Jorge Faurie salió a desmentir a Huckabee Sanders, una consultora política de 36 años, hija del ex gobernador republicano de Arkansas Mike Huckabee: «No creo que haya habido una referencia en esos términos. El adjetivo ‘depredador’ corre por cuenta de su comunicado», replicó, aunque si reconoció que en ese encuentro «extremadamente cordial» de no más 45 minutos compartieron sus preocupaciones por la «delicadeza que tiene el hecho de que Venezuela no es hoy un país democrático».
En medio de la guerra comercial que Trump declaró a China, y a horas de una bilateral que promete dejar mucha tela para cortar con el presidente Xi Jinping, las palabras de la joven, que ocupa el cargo de Secretaria de Prensa de la Casa Blanca desde julio del año pasado, causaron escozor en la Casa Rosada.
Es que el mensaje de la vocera, que algo mas lavado luego subió a su cuenta de tuiter sugiere que Trump intenta de alguna manera poner a Macri y la Argentina como aliado o por lo menos como mediador para alcanzar un posible acuerdo con el gigante asiático. «Gran discusión sobre comercio,China, crecimiento económico y Venezuela, dice Sarah Sanders
Para Macri, esa necesidad de Washington choca con la realidad de que China es el mercado más importante para las exportaciones agropecuarias. Además, como escribió en una columna para el diario La Nación el embajador argentino en Beijing, Diego Guelar:»El único Banco Central del mundo que nos ha respaldado es el chino con más de US$10.000 millones de «swaps» , y otros 8500 millones que están decidiéndose en este momento, y que podemos aplicar como reservas, o utilizarlos para el comercio bilateral o, eventualmente y previa autorización de la autoridad monetaria china, aplicarlas para cancelar otras obligaciones». Personalmente, además, las empresas de la familia Macri mantienen negocios en ese país desde hace años y esta escalada complica sus propias perspectivas.
En cuanto a Huckabee Sanders y el gobierno de Trump, el área de prensa fue una de las más difíciles desde que el polémico empresario llegó al salón Oval. La primera persona en ocupar el cargo de director de Comunicaciones, Mike Dubke, renunció a los pocos meses sin dar demasiadas explicaciones, pero acosado por el Rusiagate. Lo sucedió Anthony Scaramucci, quien en un par de semanas tuvo que irse, luego de «prender el ventilador» contra otros miembros del gabinete, en lo que significó una «interna a puertas abiertas» en el gobierno.
La vocera Hope Kicks, una ex modelo de 29 años y amiga de la hija de Trump, tuvo que irse tras haber reconocido ante la Cámara alta que había mentido sobre la presunta interferencia de agentes rusos en la campaña electoral de 2016. Por entonces, compartía funciones con un secretario de Prensa, Sean Spicer, quien también resultó eyectado luego de pasar el ridículo ante las cámaras intentando convencer a la audiencia de que la ceremonia de asunción de Trump había sido la de mayor asistencia en la historia de Estados Unidos.
Hukcabee Sanders había ocupado segundos puestos desde el principio de la gestión Trump y fue adquiriendo experiencia como para ser la que más duró hasta ahora. Difícil creer que lo que dijo fue un error de interpretación. Más bien, podría haber sido una mentirilla como la de su antecesora Hicks ante el Senado o una argucia del presidente estadounidense, que de eso sabe bastante.
Entre las bilaterales que tenía previstas Donald Trump en su paso por Buenos Aires, había una que despertaba particular atención por sus implicancias para una distensión entre dos potencias nucleares. Pero finalmente este jueves se anunció que el encuentro entre el mandatario estadounidense y su par ruso, Vladimir Putin, se suspendía. Y todo porque en los últimos días se volvió a enrarecer -muy oportunamente para quienes no quieren un acercamiento- la relación de Kiev con Moscú.
«Basándome en el hecho de que los barcos y los marineros no han sido devueltos a Ucrania desde Rusia, he decidido que sería mejor para todas las partes involucradas cancelar mi reunión previamente programada en Argentina con el presidente Vladimir Putin», escribió Trump en Twitter, agregando que confía tener «una cumbre significativa» con el líder ruso «tan pronto esta situación se resuelva».
El domingo pasado tres barcos ucranianos –dos lanchas artilladas y un remolcador– cruzaron desde el mar Negro hacia el estrecho de Kerch en lo que para las autoridades rusas fue una violación de la frontera porque entraron en sus aguas provisionalmente cerradas,
Según denunció Moscú, además realizaron maniobras peligrosas y desoyeron la exigencia de parar, por lo que recibieron orden de detección y fueron capturados con sus 24 tripulantes. De «terrorismo marítimo» , calificó el incidente, al tiempo que endureció los controles en la zona rusa del mar de Azov, que se conecta con el Negro a través del estrecho de Kerch.
Para Putin, se trató de una provocación y como prueba dijo que entre los tripulantes de los buques había dos efectivos del Servicio de Seguridad de Ucrania dirigiendo esa operación.
(Foto: AFP)
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que con ese incidente el presidente Petró Poroshenko está pensando más en la campaña presidencial, prevista para el 31 de marzo de 2019, que en una salida pacífica a la crisis en esa región, que ya lleva cuatro años.
A fines de 2013 comenzaron el Kiev movilizaciones contra el gobierno de Víktor Yanukovich, pro-ruso, exigiendo se cumpliera un tratado de dos años antes para la incorporación de Ucrania a la Unión Europea y que el mandatario estaba cajoneando.
Entre el 17 y el 18 de febrero de 2014 hubo levantamientos en todo el país y Yanukovih escapó de Ucrania, quedando en el poder un grupo anti-ruso y pro-occidental. Las aguas se calmaron algo en Kiev, la capital, pero no así en Crimea y el este ucraniano, de población mayoritariamente rusa. Todo se aceleró desde entonces.
Los rusos tienen una base militar en Sebastopol desde la era soviética. La península es un punto estratégico por el que se controla directamente la salida del mar Negro, en el estrecho de Bósforo, Turquía. Estaba bajo control zarista desde 1860 y solo pasó a manos ucranianas durante la era de Nikita Khruschev como jefe de gobierno de la URSS, y como una cuestión casi administrativa ya que todo quedaba entre distintas administraciones de una misma unidad política.
A la caída de la Unión Soviética, en 1991, Ucrania fue una de las primeras naciones que buscó recuperar su independencia de Moscú. La base, sin embargo, quedó arrendada a la Federación Rusa, la sucesora política del país comunista.
Kiev mantuvo una relación ambigua con Moscú desde entonces. Con un fuerte componente anti-ruso en su población, resabio de la era soviética -muchos de ellos apoyaron la invasión nazi- puede decirse que tienen que compartir una vecindad incómoda. La nación rusa, históricamente, nació en Kiev y luego trasladó, hace más de 700 años, su capital a Moscú tras sucesivas invasiones mongolas.
(Foto: AFP)
Así las cosas, no había pasado un mes del golpe contra Yanukovich cuando la población rusa de Crimea se hizo del poder regional, organizó un referéndum y decidió incorporarse a la Federación Rusa.Las quejas diplomáticas no se hicieron esperar y el hecho fue calificado como «invasión», aunque quedó institucionalizado como anexión.
Sin embargo, el otro gran hito en la creación de la nacionalidad rusa fue la Guerra de Crimea de 1854. De allí aquella frase del canciller Lavrov por aquellos meses de tensión extrema: «para Rusia, Crimea es tan importante como Malvinas para los argentinos»
El experimentado ministro ruso se permitió incluso tildar de «aficionados» a los diplomáticos europeos y estadounidense que manejaron esa crisis y promovieron el golpe de febrero. «Quieren incorporar a Ucrania a la UE sin fijarse la composición del pueblo ucraniano», fue en mensaje. Lo que no dijo es que Moscú busca alejar las fronteras conla UE y la OTAN y vieron en esa avanzada una jugada opara cercar a su país.
Como sea, pronto también comenzaron levantamientos contra Kíev en el este, ligado económicamente a Rusia y con población rusófila. Así nacieron dos repúblicas autónomas que mantienen una guerra civil larvada, Donetsk y Lugansk
En junio del 2014 hubo elecciones en Ucrania y llegó al poder a Poroshenko, un rico empresario que se comprometió a estrechar lazos con Europa y Estados Unidos.
El pasado miércoles, el presidente ucraniano promulgó el decreto para imponer la ley marcial en todo el país por. inicialmente, 30 días.Este jueves pidió a la OTAN, y especialmente a Alemania, que desplieguen buques en el mar de Azov para apoyar a su país en esta escalada con Rusia
«Alemania es uno de nuestros aliados más cercanos, y esperamos que países en el seno de la OTAN estén dispuestos a enviar buques al mar de Azov para ayudar a Ucrania y garantizar la seguridad», declaró al diario alemán Bild.
Rusia es una piedra en el zapato para Trump aún antes de haber ganado la elección. Los demócratas lo acusaron de haber recibido apoyo electoral de Putin mediante el uso de espionaje informático en las cuentas de mail de la candidata, Hillary Clinton.
Trump había prometido un acercamiento con Rusia en una estrategia que parecía destinada a poner una cuña entre Moscú y Beijing para poder mantener la supremacía estadounidense en ese rincón del mundo. Pero el establishment y sobre todo eso que se dio en llamar el «estado profundo», fueron desplegando tanto en Estados Unidos como en Europa una feroz guerra mediática contra Putin, a esta altura poco menos que «el cuco» de Occidente. De hecho el propio Trump es investigado por el FBI y por la fiscalía general por su presunta relación con el gobierno ruso.
Aún así Trump, que ya pateó el tablero varias veces en contra de los dictados de la burocracia estatal estadounidense -ligada al complejo militar industrial- había anunciado que en Buenos Aires se verían la cara con Putin para estudiar la forma de arreglar sus cuitas.
Pero ahora, este nuevo incidente en Ucrania lo deja sin mucho margen para desafiar a su frente interno.
Más aún cuando salió a respaldar al príncipe Mohamed bin Salman, sindicado como el autor intelectual del horrendo asesinato del periodista Jamal Khassoggi en el consulado saudita en Estambul.
Claro, tampoco lo verá a MbS, aunque por ahora sí se cruzará con Recep Tayyip Ergodan el mandatario turco y principal acusador del monarca.
Entre el humo de los gases lacrimógenos y la amenaza de más incidentes y represión, el presidente Emmanuel Macron llega a Buenos Aires para la cumbre del G-20 acosado por el rechazo generalizado al aumento en el impuesto a los combustibles. Donald Trump viene con un clima similar pero en las fronteras, donde miles de inmigrantes esperan encontrar el hueco para poder cruzar hacia Estados Unidos. También fueron recibidos por gases y balas de goma.
Las protestas en Francia fueron creciendo desde mediados de mes, cuando residentes en el interior del país, en su mayoría campesinos pobres y pobladores de las capas sociales más bajas salieron a manifestarse contra el incremento en un impuesto que en los papeles era una medida progresista y en favor del medio ambiente. En efecto, desde el 1 de enero, el gobierno se propone una vuelta más de tuerca fiscal sobre los combustibles fósiles, que este año subieron 7,6 céntimos en el diesel y 3,9 en las naftas. y desde ese día subirían 6,5 y 2,9 céntimos por litro respectivamente.
Parece poco para los valores que se manejan por estas costas, pero como dijo uno de los manifestantes entrevistados por el diario británico The Guardian, «fue la paja que rompió la espalda del camello». Es que la chispa fue estallando a través de las redes sociales en esos sitios del país galo donde dejaron de circular transportes públicos y la única forma de trasladarse es con sus propios vehículos. De ahí que utilicen para distinguirse los chalecos amarillos fosforescentes reglamentarios para el caso de tener que detenerse en el camino por alguna falla mecánica.
«Tenemos salarios bajos o como en mi caso, no tenemos porque estoy desempleado, pagamos demasiados impuestos y esa combinación está creando cada día más pobreza», se explayó Idir Ghanes, de 42 años y técnico en computación.
Aquí es donde entra en juego la otra variable del plan que viene implementando Macron desde que llegó al gobierno, hace 18 meses, en una segunda vuelta en que era la alternativa del «centro razonable», contra la populista de derecha Marine Le Pen. Porque este joven mandatario -está por cumplir 41 años- viene del mundo de las finanzas y aplicó medidas del recetario neoliberal, como bajar impuestos a los más ricos con la excusa de que así crearán empleos, y redujo los servicios ferroviarios para bajar los subsidios que pone el estado.
Un carpintero a punto de jubilarse ilustró estas inequidades con un ejemplo personal. «Mi tía murió hace poco y dejó 40.000 euros. Trabajó toda su vida, pagó sus impuestos y cargas sociales, pero el gobierno tomó el 60% de esa suma. ¿Eso parece justo?». No lo parece si se tiene en cuenta de que los supermillonarios no sufren este tipo de exacciones.
«Nosotros los jilet jaunes (chalecos amarillos) representamos a los pobres de Francia, a los que llaman sans-dents (sin dientes), a los que tienen bajos ingresos y están aplastados por estas políticas», relató una maestra de escuela en ese excelente artículo del The Guardian escrito por Kim Willsher desde las trincheras parisinas donde el sábado pasado hubo desmanes y más de 150 detenidos.
Desde que comenzaron las protestas, el 17 de noviembre, hubo dos muertos, un centenar de heridos y más de 300 detenidos. Algunos, como dos muchachos de 19 y 21 años, fueron sentenciados a cuatro meses de prisión por «violencia contra personas con autoridad pública».
Macron sigue manteniendo su propuesta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que contempla el Acuerdo de Paris, firmado en 2016 y rechazado por Trump ni bien asumió el gobierno. La idea es aumentar las cargas tributarias en combustibles fósiles para forzar el uso de energías alternativas a través del bolsillo, como se sabe, la víscera más sensible. Al mismo tiempo, se propone ir cerrando las plantas nucleares, que hoy producen el 70% de la electricidad del país, aunque aminoró el plan inicial y recién para 2035 clausurarán 14 de las 58 plantas, diez años más tarde de lo postulado previamente.
La cadena de protestas que viene enfrentando Macron redujo el apoyo de la población a su gestión a un 25%. Un índice que puede ser preocupante con tan poco de su camino presidencial cubierto. Pero en realidad es el mismo porcentaje que obtuvo en la primera vuelta. Solo le quedaron los que ya creían que era el mejor candidato del centro conservador. El dato nuevo es que dos de cada tres franceses apoya a los manifestantes.
Luego de un fin de semana teñido por la violencia, Macron prometió el lunes que su gobierno recibiría a los líderes del movimiento de Chalecos Amarillos. El caso es que no los hay ya que se fueron movilizando a través de las redes y muchos de los participantes confiesan que nunca estuvieron en una marcha en su vida.
«Debemos escuchar las protestas de alarma social, pero no debemos hacerlo renunciando a nuestras responsabilidades para hoy y mañana, porque existe también una alarma medioambiental», dijo en un discurso televisado desde el Palacio del Elíseo. Agregó que no quería acentuar las desigualdades entre las regiones del país «en esta transición ecológica» ya que, consideró, se debe enfrentar al mismo tiempo «el fin del mundo y el fin de mes».
Pero solo se permitió ofrecer un diálogo de las autoridades con habitantes de las regiones afectadas y ajustar la subida de impuestos a la oscilación del precio del petróleo. Para este sábado, el último día de la cumbre de los líderes del planeta en Buenos Aires, habrá otra marcha que servirá para mostrar cómo está parado cada uno de los contendientes.
En Tijuana, mientras tanto, unos 500 migrantes centroamericanos se hacinaban con otros 5.000 que ya había cruzado México en su intento por entrar a Estados Unidos. Acá también hubo gases cuando algunos de ellos buscaron recovecos para atravesar alambradas de púas en algunos sectores del terreno. «Vamos a ver cómo hacemos con los alimentos, está bien difícil. Hay bastante gente y de repente hay quien se queda sin comer», dijo a la agencia AFP Carlos Enrique Cárcamo, un hondureño que viajaba con sus primos y una niña de un año.
Es la segunda caravana, que se unió a la que salió de San Pedro Sula, Honduras, el 13 de octubre. El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, pidió la intervención de la ONU y se quejó de que recibe ayuda del gobierno federal. Sucede que este sábado Enrique Peña Nieto entrega el gobierno a Andrés Manuel López Obrador y el clima puede cambiar para este drama que envuelve a Centroamérica desde que Trump llegó a la Casa Blanca con un discurso de odio al inmigrante y la construcción de muros en su frontera.
El canciller designado por AMLO, Marcelo Ebrard, anunció que en la Conferencia Mundial de la Migración que se desarrollará en Marruecos el 10 y 11 de diciembre, pondrán manos a la obra para un plan de contención de migrantes junto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Trump defendió el uso de granadas lacrimógenas contra los centroamericanos, entre los había mujeres y niños. «El gas usado es muy seguro», dijo. Al igual que en Francia, ese no parece ser un gas de efecto invernadero.
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