España entra en zona crítica estos días. Por un lado, se inició el juicio contra una docena de líderes independentistas por la declaración republicana de hace un poco más de un año. Atado a este juicio en términos políticos, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, necesita aprobar el presupuesto para 2019 y de no contar con el apoyo de la izquierda y los partidos nacionalistas, tendrá que llamar a elecciones anticipadas. Mientras tanto, los catalanes están indignandos porque aprovechando este clima de tensiones cruzadas un tribunal absolvió a 40 funcionarios de la Caixa Catalunya acusados de que en medio de la crisis de la entidad bancaria que la llevó a ser estatizada en 2011, se aumentaron los sueldos de un modo escandaloso.
El tema más visible será sin dudas el del juicio que se desarrolla en la Sala de Audiencias de Madrid a 12 dirigentes catalanes. Se supone que el proceso judicial, a televisión abierta, podrá durar unos tres meses. El principal protagonista de aquel intento de secesión -y efímera declaración de Republica- es Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat y permanece exiliado en Bélgica para no terminar preso. Siu vicepresidente, Oriol Junqueras, podría terminar preso por un cuarto de siglo. El resto de los imputados tienen pedidos de cárcel por entre 7 y 17 años.
Entre los que se sientan en el banquillo de los acusados figuran la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, algunos ministros regionales de aquel gobierno que luego fue intervenido por Mariano Rajoy, y los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Las carátulas de sus causas son rebelión y malversación de fondos públicos. Todo por haber convocado a un referéndum considerado ilegal por Madrid y reprimido ferozmente, el 1 de octubre de 2017. Y por pretendido poner en vigencia lo que había sido aprobado, 26 días más tarde.
Las imágenes de policías apaleando ciudadanos que querían votar recorrieron el mundo esa vez y son un baldón para el sistema político hispano, que alardea de ser una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo, según un informe de la revista neoliberal británica The Economist muy publicitado en la televisión estatal de España (TVE) por estos días. Este martes otra vez hubo represion en las calles de BArcelona cuando comenzaron a transmitir escenas del juicio.
Una treintena de eurodiputados que se nuclean en la Plataforma de Diálogo UE-Cataluña denunció que lo que se inició en Madrid fue en realidad un «juicio político» del que debiera tomar en cuenta el continente. «Este proceso es una vergüenza no sólo para el Estado español, sino también para la UE», dijo en Estrasburgo (la sede del Parlamento Europeo, en el este de Francia) la eurodiputada italiana Eleonora Forenza.
Para esa organización, formada a fines de 2017, «los catalanes tiene el derecho legítimo de decidir democráticamente su propio futuro político» y reclaman «diálogo y la negociación» para solucionar el entuerto, que se fue potenciando en los últimos seis años ante la intransigencia del gobierno conservador de Rajoy y de la corona de los Borbones, que saben que detrás de la declaratoria de independencia, como lo muestra la historia de esa nación, siempre viene la de constituir una república de iguales y abandonar la monarquía.
Otro que salió a reclamar diálogo pero mostró su respaldo al independentismo fue el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien calificó de «injusto» el juicio que se inició en el Tribunal Supremo en Madrid. «Este juicio (…) se desarrolla en un marco procesal que no es el que el Barça había pedido, un marco político».
Este proceso se desarrolla siguiendo una práctica muy particular del sistema judicial español, como destaca la agencia francesa AFP. Porque en el proceso intervienen tres acusadores diferentes:
–La fiscalía, compuesta de magistrados propuestos por el gobierno y que aparecen como independientes del poder político.
–Los abogados del Estado.
–La acusación popular, una figura bajo la que cualquier ciudadano u organización puede intervenir en el juicio. En este caso esa representación la tiene el partido ultraderechista Vox. seguramente el más acérrimo enemigo de la independencia catalana y que el domingo organizó una marcha en Madrid junto con los otros partidos de la derecha, como el PP y Ciudadanos, para pedir elecciones anticipadas.
Es que los conservadores no digirieron aún la arremetida de mayo pasado entre el PSOE y la alianza de izquierda de Podemos con nacionalistas vascos y catalanes para forzar un voto de confianza que terminó por dar como resultado la salida del poder de Rajoy. Fue en ese contexto que Sánchez llegó a La Moncloa el 2 de junio, como quien dice, «por la ventana», ya que ni siquiera era diputado.
Ahora, en coincidencia con el inicio de las audiencias contra los independentistas, el gobierno del PSOE salió a defender en el Congreso su proyecto de presupuesto para el año 2019. Más allá del contenido de la normativa, lo que está en juego es con cuánto apoyo cuenta el oficialismo para conseguir la aprobación y mantenerse en el Ejecutivo.
Para llegar al gobierno necesitó de la izquierda y de vascos y catalanes. Quizás la premura en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela tenga que ver con que necesita amigarse con los sectores más conservadores del espectro político español, que no son pocos. De todas maneras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que asegurar que «el gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie». Sánchez no descartó llamar a comicios en abril.
El poder real, en tanto, se manifestó en la audiencia de Barcelona donde el ex presidente de la Caixa Catalunya, Narcís Serra, el exdirector general de ese banco, Adolf Todó, y otros 38 directivos de esa entidad fueron absueltos de culpa y cargo.
Habían sido denunciados en 2010 por haber, «en un contexto de notable reducción de los beneficios -destaca la acusación- incrementado el salario de varios de los principales responsables». El caso más llamativo fue el de Todó, que entró a la Caixa con un salario fijo de 600 mil euros y un 35% más en función de resultados obtenidos y logró subir en 1,5% el fijo y hasta 50% el premio. Los quebrantos de la institución fueron en ese período de unos 720 millones de euros. La Caixa fue intervenida el 30 de septiembre de 2011 por el Estado a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) y terminó absorbida por el BBVA.
Los jueces que absolvieron a los directivos reconocen que la institución estaba en crisis y que aumentarse el sueldo en esas condiciones hace un poco de ruido, pero el dictamen dice que «el Tribunal no aprecia comportamiento delictivo ni en la decisión misma ni el proceso que lleva a la misma” y jura que no hay «elementos que permitan tipificar los acuerdos perseguidos como delito».
La amenaza de un nuevo cierre de gobierno este viernes sobrevuela al congreso de Estados Unidos. Este fin de semana la puja por los fondos para la construcción del muro fronterizo en el sur del país envolvió nuevamente a republicanos y demócratas. El presidente Donald Trump intenta forzar el debate y participará en un encuentro en El Paso, en el estado de Texas, justo frente a Ciudad Juárez. A pocos kilómetros de allí, en Nuevo México, la gobernadora Michelle Lujan Grisham desafía a Trump y su sueño de un paredón más grande que la muralla china y se posiciona como una de las voces más contundentes contra ese proyecto entre faraónico y xenófobo. No solo eso, el mismo día que el inquilino de la Casa Blanca daba su demorado discurso del Estado de la Unión, logró viralizar un video con un plan de gobierno absolutamente contrario al de Trump. Y luego ordenó retirar las tropas de la Guardia Nacional que vigilaban los cruces limítrofes.
“Nuevo México no participará en la farsa del presidente de alarmismo fronterizo para utilizar indebidamente a nuestras diligentes tropas de la Guardia Nacional”, dijo la gobernadora en un comunicado. Y dio orden a soldados de otros estados a que dejen el territorio. En represalia, desde Washington reforzaron las tropas para ese tramo del límite internacional.
Lujan Grisham tiene 59 años, es abogada, milita en el Partido Demócrata desde su primera juventud y se convirtió en la 32ª mandataria estadual luego de aplastar por 57,1% a 42,8% al republicano Steve Pearce, en noviembre pasado. El eje de su campaña pasó por promover la educación y la salud pública en un contexto tan inclinado al conservadurismo más feroz que casi podría ser encuadrada como socialdemócrata, por no ligarla a algún tipo de populismo a la latinoamericana.
Tan es así que el en discurso de inauguración (del Estado del Estado, sería el nombre) anunció inversiones por 500 millones de dólares más para aumentos de sueldos de docentes, suministros e infraestructura.
«Necesitamos que nuestros educadores, que son realmente los mejores de la nación, sepan que este estado los apoyará y los tratará con el respeto que merecen y que siempre han merecido», prometió. «Esta es la sesión, este es el año , este es el momento en el que colocamos a Nuevo México en el camino hacia el preescolar universal para cada niño”, abundó.
También declaró que brindará condiciones para incentivar el cine y al televisión, profundizará el control de armas y aumentará el salario mínimo: de 10 dólares la hora pasará a 12, que además estarán atados al índice de inflación.
El martes pasado, cuando Trump hacía su presentación en el congreso, ella subía a su cuenta de twitter un video en el que insistía con su visión del mundo, que se contrapone a la del mandatario nacional.
En medio minuto, se dedica literalmente a romper muros que, según afirma, son los que necesitan la sociedad nuevomexicana. Recuerda que Nuevo México es el estado 49 en empleo -o sea el anteúltimo del país- y el 50 en escuelas. Luego de esa primera pared, atraviesa otra asegurando que va a crear «asociaciones públicas y privadas para reconstruir la infraestructura», porque, señala tras otra nueva pared, «necesitamos más aprendizaje y capacitación en habilidades». Para terminar destacando que su gobierno cuenta con miles de millones de un fondo permanente que será destinado a invertir en escuelas y pequeñas empresas». El cierre es espectacular. Sobre una última pared que tiene pegado un poster del presidente, declara: «Y esto es lo que pienso del muro te Trump». O sea, lo atraviesa limpiamente.
En su mensaje ante el Congreso del marte pasado, Trump volvió a repetir su latiguillo de que “las paredes funcionan y salvan vidas”. Por eso de que impiden que delincuentes y narcotraficantes crucen la frontera, su visión del mundo con la que hizo campaña en 2016, llegó a la Casa Blanca y espera mantenerse otro período.
Nuevo México, efectivamente, cuenta con índices económicos y de desarrollo entre los más bajos de Estados Unidos. Con más de 300.000 kilómetros cuadrados de superficie, es el sexto menos poblado, fue uno de los últimos en convertirse en estado federal, en 1912. Es uno de los territorios tomados a México en 1848, pero nunca abandonó esa impronta que une a su población con el sur. De hecho, es en el extremo este de la frontera que el Río Bravo comienza a ser el límite entre EEUU y México, allí en el límite con Texas.
Gran parte de su extensión es desértica y allí se hicieron las pruebas para las primeras bombas atómicas, en Los Álamos, y está la ciudad de Roswell, donde la imaginería popular dice que descendieron extraterrestres en 1947. También hay un enorme reservorio de desechos nucleares cerca de Carlsbad.
Lujan Grisham, en este clima especial, prosigue con su iniciativa de una refundación de Nuevo México basada en educación y trabajos para todos. Este mismo fin de semana designó a a cinco nuevos Regentes de la Universidad de Nuevo México: Kimberly Sánchez Rael, Sandra Begay, Robert Schwartz, Douglas Brown y la estudiante Melissa Henry para la junta.
«Espero firmar un proyecto de ley que prohibirá que los condenados por asalto compren o posean un arma, espero que se refuercen los controles de antecedentes, y espero que haya restricciones más estrictas en la custodia para garantizar que los niños no tengan acceso a armas en el hogar», dijo también.
Igualmente, mientras Trump retiró al país del Acuerdo de Paris, ella envió un proyecto que establece normas para el uso de energía renovable y da facilidades para el cambio hacia nuevos paradigmas. Así, la Ley de Transición de Energía plantea un estándar de energía renovable a nivel estatal de 50 % en 2030 para las empresas de servicios públicos privados y de cooperativas eléctricas rurales en ese estado, con una meta de 80 por ciento para 2040.
El 11 de febrero de 1979, comenzó una nueva etapa en Irán. Ese día se terminó de desmoronar el último vestigio de la dinastía Pahlevi y comenzó la Revolución Islámica, un cambio político que los países occidentales nunca toleraron. De hecho, hace 40 años que la nación persa es el enemigo público de Estados Unidos y las multinacionales petroleras, al punto que Donald Trump rompió unilateralmente el acuerdo nuclear alcanzado por China, Rusia, Francia, Reino Unido, Alemania y la administración Obama porque lo consideró demasiado permisivo para Teherán.
La Revolución Islámica fue la culminación de un proceso que había comenzado en 1953 cuando un golpe orquestado por la CIA y el MI6 británico sacó del poder a Mohamed Mossadeg, un primer ministro elegido democráticamente que se había convertido en personaje molesto porque había nacionalizado la petrolera Anglo Iranian ni bien asumió su cargo, en marzo de 1951. El boicot económico a Irán no fue suficiente para voltear al gobierno y entró en acción la CIA en su debut como agencia destituyente.
Washington y Londres se pusieron de acuerdo en dejar a Mohamed Reza Pahlevi como monarca absoluto con la condición de que sirviera sin chistar a los intereses occidentales. Hijo de Reza Shah, quien había tenido que abdicar en 1941 obligado por el Reino Unido y la Unión Soviética a raíz de su apoyo a los nazis, el vástago sabía cómo eran las reglas del juego.
Una combinación de organismos especializados en la vigilancia y represión como la temible Savak en un ambiente de lujuria tanto en la familia real como en la aristocracia, generaron el odio silencioso de las grandes mayorías populares, que además padecían las consecuencias del despojo cotidiano de sus ingresos y al falta de expectativas de progreso. Algo de este clima reflejó el periodista polaco Ryszard Kapuscinski en su libro El sha o la desmesura del poder.
Como contrapartida, fue creciendo en la consideración popular el clérigo chiíta Ruholah Jomeini, exiliado en el exterior luego de haber sido perseguido y encarcelado por el régimen autocrático del Sha desde 1963. «Jomeini vive como un asceta, se alimenta de arroz, de yogur y de fruta, metido en una sola habitación sin un mueble. Sólo una litera en el suelo y un montón de libros», lo describe Kapuscinski.
Sentada sobre fusiles, la monarquía subsistió mucho más de lo que se podía prever, pero hacia fines de la década de los ’70 del siglo pasado el espacio para sostenerse se fue achicando. La población fue saliendo a las calles cada vez con más frecuencia en reclamo por mayores libertades y agobiada por la situación económica en un momento de auge de los precios del petróleo a nivel internacional.
Las protestas crecían a medida que se iban refinando los métodos de tortura más brutales. Hubo asesinatos en masa en sendas manifestaciones durante el año 1977. Justo ese año había asumido como presidente de EE UU James Carter, con una agenda de Derechos Humanos que chocaba al menos en lo discursivo con la defensa de un régimen feroz como el de los Pahlevi.
Pero los servicios de inteligencia estadounidenses no tenían en la mira al movimiento que se estaba gestando en las mezquitas y que crecía en las calles al calor de la protestas.
Hacia fines de 1978 era evidente que la monarquía iba a caer. Pero las multinacionales y Washington no encontraron una figura de recambio. En septiembre de ese año, el ejército baleó a una multitud y provocó miles de muertos en la plaza Yaleh.
El 16 de enero de 1979, el Sha y la familia real abandonan Irán. Dejan un gobierno regente que no puede durar mucho. Jomeini vuelve de su exilio en París el 1 de febrero y el 11 (22 de Bahman en el calendario árabe) es expulsado del poder el primer ministro Shapur Bachtiar.
Todavía eran momentos de confusión, pero el hombre fuerte, el ayatollah Jomeini, logró que en abril se aprobara mediante referéndum la creación de la República Islámica de Irán, con una constitución inspirada en la sharia, la ley del Islam.
Desde entonces EE UU busca un cambio de régimen para recuperar el control del petróleo. El asesor de Seguridad Nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski, propuso directamente invadir, pero luego trenzó los hilos para que se desatara la guerra entre Irán e Irak.
Puesto como parte fundamental del Eje del Mal por George W. Bush, Barack Obama intentó una vía diplomática para controlar del programa nuclear iraní –que fue iniciado, curiosamente, bajo asesoramiento argentino cuando aún estaba el Sha– y en vista de que las sanciones económicas no daban el resultado esperado, en 2015 aceptó el acuerdo 5+1. Trump desandó ese camino en mayo de 2018. La CIA sigue con la sangre en el ojo por Irán.
Las expectativas eran muchas y parecía una forma de salir del atolladero en que se encuentra Venezuela. Por un lado, los países latinoamericanos reacios a ir como furgón de cola de Donald Trump pedían una salida democrática y pacífica y por el otro la vicepresidente europea y un grupo de naciones de la UE hablaban de generar las condiciones para evitar una intervención militar, como amenazan los halcones del gobierno estadounidense y el propio inquilino de la Casa Blanca.
Finalmente, hubo un documento de mayoría, si, pero contrario al deseo de uno de los convocantes del encuentro de Montevideo, México, que además no firmó otro invitado, Bolivia. Y que, contra la voluntad de ambos, expresada en un documento de 24 horas antes, llama a elecciones y pone plazos para aceptar condiciones al gobierno de Nicolás Maduro.
En, concreto, tras varias horas de debate en la sede de la presidencia de Uruguay, el Grupo Internacional de Contacto (GIC) llamó a «restaurar el Estado de derecho en Venezuela, establecer garantías para celebrar elecciones y reconocer a la Asamblea Nacional (AN)». Los encargados de leer el texto fueron el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini.
«Es crucial restaurar la democracia en todas sus dimensiones, respetar el Estado de derecho, establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible y reconocer a la democráticamente electa Asamblea Nacional», recalcaron Mongherini y Nin Novoa.
La declaración, de 10 párrafos, fue firmada por Uruguay, la Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Mongherini aclaró que Bolivia había aceptado continuar formando parte de ese grupo, pero no firmó el documento, mientras que México participó del encuentro pero no forma parte del Grupo de Contacto.
Esta cumbre en la capital oriental había sido convocada por la nación anfitriona junto con el nuevo gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador, dos de los pocos países latinoamericanos que se distanciaron del dictado de Washington y no reconocieron al diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Luego se sumaron representantes de países de la UE que si tomaron partido por el presidente de la AN, y que asistieron en una delegación que presidió Mongherini.
A esta altura se percibió una dualidad, ya que horas antes del inicio de la ronda de debates, que se hizo en la Torre Ejecutiva de Montevideo, Nin Novoa y el canciller mexicano Marcelo Ebrard, presentaron el Mecanismo de Montevideo, un documento con algunos lineamientos sobre los ejes en que plantean interceder en una situación tan dramática como la que viven los venezolanos en este momento.
«La posición histórica de nuestros países ha sido y siempre será la de privilegiar la diplomacia sobre las demás alternativas, ya que solo así se podrá alcanzar la paz y estabilidad de manera sostenible, legítima y efectiva», dijo el jefe de Relaciones Exteriores uruguayo en la previa al encuentro.
«Los suscriptores de esta declaración coincidimos en que el grado de complejidad de las circunstancias no es razón para desestimar las vías políticas de solución de controversias», dice el texto conjunto que elaboraron las dos cancillerías junto con representantes de la Comunidad del Caribe (Caricom).
El «Mecanismo» propone cuatro instancias: un diálogo inmediato entre las partes, una negociación, llegar a compromisos concretos en plazos establecidos y la implementación de esos acuerdos. Pero sin plazos u objetivos finales, salvo el mantenimiento de la paz. Más bien, señalaba la necesidad de no poner condiciones antes de abrir un posible diálogo.
Este grupo proponía un equipo de coordinadores para garantizar esa mesa de diálogo integrado por Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; Enrique Iglesias, excanciller uruguayo y extitular del BID; el extitular de Relaciones Exteriores mexicano Bernardo Sepúlveda, y «un alto representante de Caricom».
Desde el otro lado del océano trajeron la propuesta de dar un plazo de 90 días para llegar a elecciones presidenciales. Además, se jactaron de que desde octubre trabajan en esta iniciativa que pensaban presentar a mediados de este mes. Sólo que el reconocimiento a Guaidó por parte de Trump se adelantó a sus planes. Por Europa integran este grupo cancilleres de España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Suecia. Por América Latina figuran jefes diplomáticos de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay.
Contradicciones
Pero Venezuela es un tema complejo incluso puertas adentro de la UE y de los países latinoamericanos que no reconocieron a Guaidó. Madrid mandó enviados a Montevideo, pero el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, en línea con Washington, al igual que Francia, el Reino Unido y Alemania, ya tomó partido por Guaidó. La italiana Mongherini, en tanto, navega entre dos aguas ya que su gobierno reconoce a Nicolás Maduro.
En Uruguay también hay mar de fondo, ya que el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex canciller del Frente Amplio, Luis Almagro, es un enemigo declarado de Maduro y fue uno de los que lanzó la propuesta de una incursión armada para sacarlo del Palacio de Miraflores. Es más, este mismo miércoles ninguneó el encuentro en su «paisito» al decir que se trata de un “falso diálogo que sólo oxigena a la dictadura”, como califica al chavismo.
La derecha uruguaya también está contra el gobierno bolivariano y sus medios afines juegan para boicotear el encuentro. Tan es así que este mismo jueves el diario El País publicó en tapa un reportaje al diputado Guaidó en el que afirma que de ninguna manera participará en un diálogo con Maduro y se mostró disgustado con la posición del gobierno de Vázquez. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ya había dicho que «no es hora de negocia sino de actuar».
Con ese mismo libreto, Guaidó dijo en el matutino uruguayo, y vale copiarlo en forma textual: «Hemos participado en esfuerzos de diálogo, negociación y acuerdo en varias oportunidades con el régimen de Nicolás Maduro. Lo hemos hecho dentro y fuera de Venezuela, de manera privada, y también públicamente. Solos y con acompañamiento internacional. En la última ocasión entre los meses de diciembre 2017 y enero 2018 en la República Dominicana con el apoyo del presidente de ese país, Danilo Medina, quien se comprometió mucho en ese intento, y con la presencia de los cancilleres de México y Chile. Ellos son testigos de excepción de lo ocurrido. La consecuencia invariablemente en todos esos procesos ha sido la misma: el incremento de autoritarismo del régimen y de la represión».
El titular de la ANV no menciona al ex premier español José Luis Rodríguez Zapatero, que coordinó aquella mesa de diálogo y fue quien denunció que a último momento la oposición se negó a firmar el acuerdo que habían alcanzado en Santo Domingo por pedido del entonces mandatario colombiano Juan Manuel Santos y el ex jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson.
«Debemos intentar llegar en el día de hoy a un entendimiento común sobre los aspectos claves para un proceso de transición política que desemboque en elecciones», dijo Mogherini en la apertura de la cumbre de este jueves, poniendo énfasis en el tema que sin dudas más difícil de tragar para los convocantes latinoamericanos.
«Tengámoslo muy claro, la mayor disyuntiva que tiene Venezuela hoy es entre la paz o la guerra, por eso en nuestro insistente llamado a la serenidad a las partes involucradas y a la prudencia a la comunidad internacional», replicó a continuación el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.
Analistas políticos habían adelantado que era difícil la aceptación de los europeos al plan sudamericano porque el «Mecanismo» no habla de plazos ni se propone elecciones de un modo explícito. Con las sutilezas que le exige el cargo, Nin Novoa lo explicó el miércoles.
«Creo que cuantas más condiciones se pongan para el diálogo más difícil es conseguir un resultado favorable. Si nosotros decimos que tiene que haber elecciones en tal momento, que tiene que cambiarse la Corte Electoral, que tiene que haber liberación de los presos políticos, estamos imponiendo condiciones que dificultan el diálogo”, señaló en conferencia de prensa previa.
Pero el jueves se desdijo y aceptó la posición euro-estadounidense. Para mal trago de bolivianos -que estuvieron representados por su canciller, Manuel Ventura Robles- y de Ebrard, en enviado de AMLO.
En un intento por explicar lo que estaba sucediendo, Mongherini dijo en una conferencia de prensa posterior que «el Grupo de Contacto y el Mecanismo de Montevideo tienen objetivos diferentes, pero no son incompatibles». Y anunció que tendrán una segunda ronda de debates en marzo, aunque sin precisar lugar del encuentro.
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