por Alberto López Girondo | Mar 12, 2019 | Sin categoría
La detención de dos policías cariocas fue el primer paso concreto en la investigación por el asesinato de la concejal y activista política Marielle Franco y del conductor del vehículo en el que viajaba, Anderson Gomes, cuando faltan dos días para cumplirse un año del crimen.
Familiares y dirigentes políticos reclaman que las autoridades ahora determinen quién o quiénes fueron los autores intelectuales del magnicidio.
Si bien nadie aventura hipótesis, uno de los sospechosos vive en el mismo condominio donde tiene su residencia particular el actual presidente Jair Bolsonaro, el otro posteó en su página de Facebook fotos con el entonces candidato y además, la trama de intereses en torno el caso llegaría hasta el mayor de los hijos del mandatario, Flavio, el mayor, famoso por ser el más brutal en sus opiniones sobre todo lo que huela a solidaridad, feminismo y derechos humanos.
Según revelaron las fiscales Simone Sibilio y Leticia Emile, a cargo de la pesquisa que sustancia el juez Júri Gustavo Kalil, «es indiscutible que Marielle Franco fue sumariamente ejecutada en función de su actuación política en defensa de las causas que defendía» y agregaron: «La barbarie practicada en la noche del 14 de marzo de 2018 fue un golpe al Estado Democrático de Derecho».
Los detenidos son Ronnie Lessa, de 48 años, policía retirado, y Elcio Vieiria de Queiroz, expulsado de la Policía Militar por inconducta, de 46. Lessa es sindicado como el autor de los 13 disparos que terminaron con la vida de Marielle y el chofer del auto en el que volvía de un acto en una favela de Río, de donde era oriunda. Vieira de Queiroz era el que conducía el Cobalt en el que se acercaron para ejecutarlos.
Los presuntos homicidas fueron apresados durante la madrugada de este martes en sus casas. Lessa tiene una lujosa vivienda en una coqueta urbanización de Barra de Tijuca donde también tiene propiedad Bolsonaro. Ahí también vive el concejal ultraderechista Marcello Siciliano, del Partido Humanista Social, quien había sido allanado en enero pasado en el marco de la investigación, como presunto autor intelectual del crimen.
Siciliano está implicado en sospechosas compras de tierras donde se asientan bandas paramilitares. Esa era una de las obsesionres de Marielle: la inseguridad provocada por paramilitares, muchos de ellos surgidos de las filas policiales, ligados a dirigentes políticos.
De momento, las funcionarias judiciales no dieron más precisiones sobre como sigue el caso «hacia arriba», aunque aseguraron que no se quedarán con los brazos cruzados. Lo que sí detallaron cómo fue que llegaron a Lessa y Vieiria de Queiroz.
Según informes del sitio O Plantão Brasil, las «sabuesas» demoraron meses con agentes del área informática de la Delación de Homicidios de Río de Janeiro en investigar los aparatos telefónicos que circularon por la zona donde se produjo el asesinato. Y hurgaron minuciosamente en las cámaras de seguridad de la Calle de los Inválidos ese 14 de marzo, confrontando horarios y movimientos.
Llegaron al celular que usa Lessa y luego encontraron el de Queiroz. Se metieron a buscar metadatos en la nube de sus equipos. Según explicaron, hay mucha más información que están procesando, pero quisieron apurar las detenciones porque se avecinaba el aniversario y no querían aparecer con las manos vacías. Entre los aparatos hallaron uno que estaba dentro del Cobalt estacionado cerca de la Casa de las Negras donde Marielle participaba como mediadora de un debate entre mujeres afrodescentientes, como ella, de ese barrio.
Las investigadoras relataron que el magnicidio había sido orquestado desde hacía tres meses antes. Que habían hecho inteligencia sobre Marielle, quien además publicaba sus actividades en FaceBook, de modo que no eran tan difícil saber que ese día la militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) iba a estar en la favela de la Maré, donde había nacido 38 años antes.
El asesinato conmovió a Brasil y al mundo cuando estaba por comenzar la campaña para las presidenciales de octubre y aún Lula da Silva estaba libre y con posibilidades de regresar al Palacio del Planalto. Y desde entonces hubo y reclamo contundente. ¿Quién mató a Marielle y quién ordenó matarla?
Hay otra línea de investigación que llega hasta Bolsonaro hijo. Es la que implicaba al ex capitán de las BOPE, (Batallón de Operaciones Especiales de la Policía carioca) Adriano Magallhaes da Nóbrega, cuya madre, Raimunda Vera Magalhaes fue funcionaria del gabinete del entonces diputado estadual Flavio Bolsonaro. Por este lado, se llega a uniformados en actividad y retirados que participan en el submundo del juego ilegal. Pero esta trama también jaquea al presidente, porque se relaciona con un desvío de fondos millonario a traves del chofer de su primogénito.
Como todo parece todavía prematuro, los colegas de Marielle y sus familiares ahora reclaman que la causa judicial no se quede en estos dos ejecutores. Incluso se cree que habría una persona mas en el Cobalt utilizado para el operativo. «Es un paso decisivo pero el caso no está resuelto», dijo a la TV Globonews Marcelo Freixo, diputado federal del PSOL, padrino político y amigo de la mujer, quien pidió establecer «quién ordenó matarla. ¿Cuál es la motivación política? ¿Qué interés existía para matar a Marielle?».
En similares términos se refirió Mónica Benicio, quien fuera su pareja. «Lo que ocurrió en la noche del 14 de marzo fue un intento de silenciar todos esos movimientos: de mujeres negras, de la población LGBT, querían que las mujeres negras abandonaran sus luchas, que la población LBGT se retrajera», destaco la agencia AFP. De visita en Buenos Aires, en setiembre pasado, Benicio había reafirmado a Tiempo la necesidad de «soñar y poner el cuerpo».
Y es lo que no dejó de hacer.
Tiempo Argentino, 12 de Marzo de 2019
por Alberto López Girondo | Mar 10, 2019 | Sin categoría
La marea feminista que se extiende en todo el mundo repercute de una manera inesperada en Estados Unidos, donde tres mujeres del Partido Demócrata atraen los focos por sus posturas más a la izquierda de lo que se acostumbra por esos rincones de la tierra. Precisamente esa mirada sobre el país y el mundo generó fuertes acusaciones de antisemitismo y cruces en las redes sobre la influencia de los grupos de presión de la derecha israelí en la política estadounidense en general.
Las abanderadas de esta revolución política son dos mujeres musulmanas, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, y una hispana, Alexandria Ocasio-Cortez. Tratando de poner paños fríos a la controversia aparece la jefa de la bancada demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi. Este jueves, como parte de la ofensiva contra estas damas incómodas para el establishment, los legisladores aprobaron, por 407 votos a favor y 23 en contra, una resolución que condena toda forma de odio, racismo, intolerancia, el racismo, el antisemitismo y la islamofobia.
Omar y Tlaib son las primeras musulmanas en ocupar una banca en el Congreso nacional. Tlaib nació en Detroit, Michigan, en el seno de una familia palestina. Omar nació en Mogadiscio, Somalia, y emigró con su familia cuando tenía 12 años, luego de pasar parte de su infancia en un centro de refugiados en Kenya. Tras ganar su curul por Minnesota, logró que se cambiara una norma de más de 180 años que prohibía llevar la cabeza cubierta en el recinto. Ella luce, orgullosa, su hiyab.
Tlaib apoya y promueve acciones de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) un movimiento nacido en 2005 que pretende aplicar el mismo tipo de medidas que EE UU aplica contra Venezuela, Rusia, Irán y Corea del Norte para forzar a que Israel se retire de los territorios ocupados y se pueda constituir el Estado Palestino. En enero pasado, el ultraderechista Marco Rubio presentó un proyecto de ley que avanza desde el Senado para castigar a las empresas locales que se nieguen a comerciar con Israel alegando su compromiso con el BDS.
Las aguas del Parlamento habían comenzado a removerse hace algunas semanas, luego de que Omar retuiteó un comentario del periodista Glenn Greenwald, que saltó a la fama por haber entrevistado al analista de la agencia NSA Edward Snowden, que reveló el sistema de espionaje electrónico de los organismos estadounidenses.
Greenwald acusó al líder republicano en la cámara, Kevin McCarthy, de usar las redes para desplegar su odio contra ambas mujeres por sus críticas a Israel. Omar refritó una frase de un viejo tema del rapero Puff Daddy: «Todo es por los Banjamines, baby». La referencia de Daddy, que no ignora Omar, es a Benjamín Franklin, presente en los billetes de cien dólares.
Cuando alguien le pidió precisiones, la somalí-estadounidense simplemente puso: «AIPAC», que es la sigla en inglés para Comité de Asuntos Públicos Estadounidense Israelí, un poderoso e influyente lobby afín a la derecha de ambas naciones. El texto fue calificado de antisemita y despertó la ira tanto del presidente Donald Trump como de los republicanos, que llegaron a pedir que la expulsaran, como también de muchos demócratas del ala más conservadora del partido.
El caso creció hasta que Pelosi, que no es tonta, le pidió a Omar que se rectificara, cosa que la mujer, de 37 años, hizo de inmediato. Alegó que había cometido un error en utilizar un lenguaje que podría ser malinterpretado, pero también reclamó el mismo derecho a que respeten su vestimenta y su fe religiosa.
Por esos días, protagonizó un encontronazo con Elliot Abrams, convocado a dar explicaciones sobre la política del gobierno de Trump sobre Venezuela. Acusó al viejo diplomático de haber encubierto en los ’80 la masacre de El Mozote, en el Salvador, y lo apuró para que dijera si haría algo similar en el país caribeño.
Ante la presión creciente de los medios y de los líderes bipartidistas, Pelosi optó esta semana por llevar a debate la resolución por la tolerancia, que no menciona ni a Omar ni a Tlaib pero que incluye como acto reprochable la islamofobia y todo tipo de actitudes racistas. «
En defensa de Ilhan y Rashida
Tanto Ilhan Omar como Rashida Tlaib intentaron explicar que lo de ellas no es antisemitismo, sino cuestionamiento a las políticas del gobierno de Israel. En su defensa, Alexandria Ocasio-Cortez escribió: «¿Dónde está la indignación por los 23 miembros del Partido Republicano que votaron NO sobre una resolución que condenaba la intolerancia hoy? ¿No hay ninguno? ¿Se los llamó, se los rastreó, los emboscaron en los pasillos y les preguntaron implacablemente por qué no? ¿No? Bien. Entiendo».
El autoproclamado candidato a la presidencia Bernie Sanders, consideró que las críticas de las dos mujeres «son justas» y apuntan al gobierno derechista de Benjamin Netanyahu.
El rabino ultraortodoxo Yisroel Dovid Weiss, de la organización «Judíos Unidos contra el sionismo», también salió en apoyo de Omar y Tlaib. «No hay absolutamente nada de antisemita en expresar el papel nocivo del AIPAC, que gasta millones cada año para comprar el apoyo político de los Estados Unidos a la agresión y el militarismo israelíes contra el pueblo palestino.»
Tiempo Argentino, 10 de Marzo de 2019
por Alberto López Girondo | Mar 10, 2019 | Sin categoría
Una descendiente de pueblos originarios de Canadá, miembro de la nación We Wai Kai, de la Columbia Británica, desencadenó una crisis política que golpea rotundamente en el liderazgo del primer ministro Justin Trudeau. Y todo por un escándalo relacionado con presuntas coimas de una empresa constructora de Quebec para millonarias obras en la Libia de Khadafi. Algo así como el Lava Jato brasileño o hasta quizás el Gloriagate argentino, pero en versión Commonwealth.
En enero pasado, el premier desplazó a su ministra de Justicia –que en ese país cumple tareas de jefa de los fiscales– al puesto de titular de la cartera de Veteranos. Una suerte de degradación que Jody Wilson-Raybould no toleró ni un mes.
Cronológicamente, cuatro días antes de dejar el escritorio en que se canalizan las demandas de los veteranos de guerra canadienses, el Globe and Mail, uno de los periódicos más prestigios de ese país, publicó que «fuentes del gobierno» habían asegurado que Wilson-Raybould había sufrido presiones para forzar a la Justicia a aceptar un acuerdo en el proceso contra SNC-Lavalin, una corporación de ingeniería y construcciones, por sobornos a funcionarios del gobierno del asesinado líder libio Muammar Khadafi, entre 2001 y 2011.
La «filtración» llevó a la renuncia de Puglass («Nacida de un noble pueblo», en lengua Kwak’wala) el nombre originario de Wilson-Raybould, cuatro días más tarde. A las 72 horas dio un portazo Gerald Butts, secretario privado, amigo desde la universidad de Trudeau y su mano derecha. El lunes pasado siguió el mismo sendero Jane Philpott, presidenta de la Junta del Tesoro, virtual ministra de Hacienda y muy amiga de la exprocuradora.
Luego de su dimisión tras la bomba lanzada por el diario de Toronto, Wilson-Raybould fue llamada a declarar ante el Comité de Justicia de la Cámara Baja del Parlamento federal. «Durante cuatro meses, de septiembre a diciembre de 2018, sufrí una presión consistente y sostenida de muchas personas del gobierno para conseguir que interfiriera políticamente en mi papel de fiscal general de Canadá en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de enjuiciamiento diferido para SNC-Lavalin», dijo Puglass.
Ese acuerdo permitiría que la firma pudiera acogerse a algún tipo de sanciones, como una eventual multa, para evitar un juicio penal que, de resultarle adverso, implicaría que no podrá participar en licitaciones de ninguna especie en Canadá por diez años. La constructora está acusada de haber pagado sobornos por 36 millones de dólares a funcionarios libios para lograr contratos de obras en esa nación norafricana.
Con sede en Quebec, el corazón del Partido Liberal de Trudeau, la compañía es sponsor de esa agrupación política. El argumento del primer ministro para haber apoyado una salida extrajudicial, según tuvo que reconocer estos días, fue que SNC-Lavalin garantizaba 9000 puestos de trabajo en la región francoparlante de Canadá. Un dato no menor cuando en octubre próximo se disputarán las elecciones generales.
«Estoy firmemente convencido de que aquí no sucedió nada más allá de las operaciones normales del gobierno», señaló el exasesor Butts, el ejecutor de las presiones contra la ministra de Justicia y su degradación posterior, en defensa de su amigo jefe de Estado. «Me voy porque no puede ni debe distraerse un momento del trabajo vital que el premier y su oficina están haciendo para todos los canadienses», adujo.
La renuncia de Philpot fue más explícita: «Debo cumplir con mis valores fundamentales, mis responsabilidades éticas, mis obligaciones constitucionales. Puede haber un costo por actuar de acuerdo con los principios que uno sostiene, pero hay un costo mayor por abandonarlos».
El Trudeaugate amenaza las aspiraciones de los liberales de mantener el gobierno federal en octubre. Ya en Quebec, el histórico bastión, perdieron los comicios en 2018 a manos de la Coalition Avenir Québec (Coalición para el Futuro de Quebec, en francés), partido de centro derecha. El líder de la oposición conservadora a nivel nacional, Andrew Scheer, apuró el pedido de renuncia del premier, de quien dijo que ya no tiene la «autoridad moral» para dirigir el país.
Tiempo Argentino, 10 de Marzo de 2019
por Alberto López Girondo | Mar 6, 2019 | Sin categoría
El partido ultraderechista español Vox quedó implicado en un escándalo cuando uno de sus integrantes fue detenido bajo el cargo de abuso sexual contra al menos un interno de un centro de discapacitados de la provincia catalana de Lleida. El hecho causó una pequeña crisis dentro del partido xenófobo y franquista que corre a la derecha del todo el espectro político de la península, ya que José Antonio Ortiz Cambray figuraba como presidente de la agrupación en ese distrito e incluso fue candidato. Vox, sin embargo, en un primer momento optó por desconocerlo.
Ironías del destino: la mejor herramienta para el acelerado crecimiento de la agrupación que lidera Santiago Abascal, las redes sociales, fueron también el instrumento para enterrar el discurso evasivo de la dirigencia «voxista», ya que inmediatamente de copnocido el caso comenzaron a circular videos y registros en que el sospechoso demostraba su relación con el partido que se presenta como un hálito de pureza en un sistema político atravesado por la corrupción generalizada.
Los Mossos d´Esquadra, la policía catalana, acudieron ante una denuncia de las autoridades de la Fundación Aspros, responsable del centro de atención a discapacitados de Lleida (Lérida para los españolistas). Los médicos habían observado comportamientos fuera de lo común en uno de los internos. Los mossos incautaron el celular del muchacho -se ignora la edad aunque se confirmó que es mayor de edad- y comprobaron reiterados mensajes con Ortiz Cambray. Sobre todo, mensajes de contenido sexual explícito.
No se sabe si alguna información le había llegado al acusado y buscó una tangente por la que desviar la atención, pero justo este lunes Ortiz Cambray había presentado una denuncia en la fiscalía local por la aparición de varios muñecos de la altura de un hombre, colgados de un puente de la autopista de ingreso a la ciudad en su cruce con la calle Cos-Gayón.
Los muñecos tenían las siglas de los partidos y los rostros de representantes de Ciudadanos, Podemos, Partido Popular, Partido Socialista Catalán (la versión catalana del PSOE) y Vox. Junto a ellos había pancartas que decían «Todos los Partidos del régimen serán culpables del encarcelamiento» y «Absoluciones Pablo Hasél amnistía total».
Hasel es un rapero de 31 años condenado varias veces a prisión por el contenido de sus letras. En 2014 fue sentenciado a dos años por apología del terrorismo y luego fue arrestado acusado de atacar un desfile del partido de extrema derecha Plataforma per Catalunya (PxC). En septiembre pasado recibió otra condena, a nueve años, por blasfemar contra la monarquía en otra de sus canciones.
Ostentando el cargo de presidente de Vox de Lleida, Ortiz Cambray denunció el caso como «delito de odio». El dirigente conocía bastante bien a Hasel ya que formó parte de PxC y fue candidato a alcalde. Los monigotes habían aparecido el miércoles anterior, pero todo indica que la fiscalía recién abrió una investigación cuando presentó su denuncia.
A esta altura, la suerte del hombre ya estaba echada y este martes un partida de mossos llegó hasta su trabajo, en una concesionaria de autos del barrio de Cappont y se lo llevó detenido.
La acusación es que abusó del discapacitado neurológico al que, presumiblemente, le pagaba por servicios sexuales. Investigan también si es el único interno que habría sufrido abuso o hay algún otro.
Al circular la información, obviamente desde todo el arco político saltaron sobre Vox, que creció al calor del descrédito del PP, envuelto en el escándalo por la financiación ilegal durante el gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, Abascal era miembro del PP y formó una nueva agrupación en 2013, acusando a la dirigencia conservadora -en ese momento en el Palacio de La Moncloa- por los tortuosos manejos económicos de sus integrantes.
A fines del año pasado, Vox dio el batacazo en Andalucía al sumar 12 escaños para el parlamento local. No son determinantes para aspirar al ejecutivo, pero si para ser necesarios en cualquier alianza, fundamentalmente porque por primera vez desde el retorno de la democracia a España, el PSOE perdió la elección en manos de agrupaciones de centro derecha.
Golpeados debajo de la línea de flotación, desde el entorno de Abascal salieron pronto a despegarse de Ortiz Cambray. Luego, cuando las evidencia ya resultaban incontrastables -es difícil evadirse de lo que circula en las redes sociales- intentaron, a través de Twitter, desmarcarse aludiendo a que «el señor Ortiz no ocupa ningún cargo de responsabilidad dentro del partido y es tan sólo un militante de base».
Anunciaron entonces que hasta que la cosa se aclare, habían suspendido al sospechoso. Pero como tampoco podían desmentir que fungía como titular del partido a nivel local, dijeron que -ahora- llevarían «al señor Ortiz al Comité de Garantías (de Vox) por presentarse ante la opinión pública como presidente de la formación en Lérida. Una presentación que ha hecho siempre de forma personal y a través de sus redes sociales».
Finalmente ruegan a los medios de comunicación «que se han hecho eco de esa información falsa a que rectifiquen sus informaciones al respecto y consideren al señor Ortiz como un afiliado de base».
Tiempo Argentino, 6 de Marzo de 2019
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