Un viejo chiste decía que cuando Brasil fuera grande quería ser Estados Unidos. Lo viene probando desde antes de la Segunda Guerra Mundial –fue el único país latinoamericano en mandar tropas a combatir contra el nazismo– y este martes, Jair Bolsonaro va a dar otra señal en un encuentro reservado con Donald Trump en el que delinearán acciones para consolidar la alianza ultraconservadora que ambos lideran. En cuanto a políticas más duraderas para las dos naciones, el brasileño firmará, entre otras cosas, un acuerdo para que la base de Alcántara, en el estado de Maranhao, sea utilizada para el lanzamiento de cohetes estadounidenses. Una base militar que atenta contra la soberanía nacional, según los críticos.
En esa misma línea directriz, el senador Flávio Bolsonaro apuró un proyecto de ley que legaliza la portación de armas en el país, la versión brasileña de la Segunda Enmienda estadounidense. Además, flexibiliza las condiciones para instalar fábricas de armas y municiones en el país y permite la actividad de empresas privadas. Desde 1934 sólo las Fuerzas Armadas pueden producir armamento.
El detalle es que un día antes, Luiz Henrique de Castro, de 25 años, y Guilherme Taucci Monteiro, de 17 años, ingresaron al colegio Raúl Brasil de la localidad de Suzano, en los alrededores de San Pablo, mataron a cinco alumnos, una profesora y un empleado y se suicidaron. Uno de los asesinos solía postear fotos del actual mandatario brasileño. Desde el gobierno, desvincularon el caso del impulso armamentista de Bolsonaro.
Casi en la puerta del avión que lo llevará a Washington, el presidente consideró que sería un paso «muy importante» instalar la base de EE UU en el nordeste, porque «podríamos estar lanzando satélites de todo el mundo». El anuncio había alertado a las FF AA, que ostentan la abrumadora mayoría de despachos en el Gabinete. Ya en enero pasado, un uniformado que pidió mantenerse en el anonimato, había deslizado el malestar del Ejército con la oferta de Bolsonaro. «Es el caso del niño débil que espera que lo salve un amigo fuerte», susurró ante la prensa.
«Desde el gobierno de Lula intentamos ese acuerdo, pero no tuvimos éxito, mucho más por una cuestión ideológica que por una cuestión técnica», agregó el mandatario. El plan venía de la época de Fernando Henrique Cardoso en el Planalto, pero aquel Congreso rechazó la posibilidad de ceder territorio para una base extranjera.
La sintonía que busca el excapitán –expulsado del Ejército hace tres décadas pero con el apoyo de las FF AA para llegar a la presidencia– levanta cuestionamientos en la oposición. Pero también en el ámbito de la diplomacia.
El canciller Ernesto Araújo es el blanco de las mayores censuras. Hasta O Globo, que fue clave para defenestrar a los gobiernos del PT, rechaza el «trumpismo» que ahora impera en la jefatura de Itamaraty.
Rubens Ricupero, exdiplomático y teórico de las relaciones internacionales, observa con preocupación la nueva política que despliega Araújo, confeso admirador de Trump y de EE UU, una potencia que, recuerda Ricupero, «es un amo insaciable e intratable que exige adhesión total y sin reservas». Fue embajador de José Sarney en Washington, sabe de lo que habla. Por eso lamenta que se pierda una tradición de 200 años en la política exterior brasileña que, recuerda, tuvo una línea política inmutable a pesar de los distintos gobiernos.
«¿Qué amenazas sufrimos ahora para una acción que sólo se contempla como preliminar de una guerra o un grave peligro?», se pregunta. «Qué consecuencias traería a la seguridad de nuestra población el eventual uso de la base para atacar a otra nación», advierte.
Si hacía falta algún testimonio para graficar de qué modo el armamentismo se consolida en este momento del Brasil, baste con las palabras del senador Sergio Olimpio Gomes, del oficialista Partido Social Liberal. «Si hubiera habido un ciudadano con un arma regular en la escuela (de Suzano) se podría haber minimizado el tamaño de la tragedia», dijo en una reunión de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara Alta.
El «trumpismo» no lo podría haber dicho mejor.
Avanza la ola privatizadora
El grupo español Aena, el suizo Zurich y el brasileño Aeroeste se repartieron 12 aeropuertos brasileños, en la primera tanda de privatizaciones del gobierno de Jair Bolsonaro con la que espera demostrar que la políticas neoliberales de su ministro Paulo Guedes no eran solo especulaciones de campaña. . Las concesiones tienen plazos de 30 años, las ofertas, que entusiasmaron al presidente, sumaron unos 620 millones de dólares, diez veces más de lo que pronosticaban los analistas. La otra gran apuesta del hombre doctorado en Chicago está en marcha en el Congreso, aunque resulta más trabajosa su aprobación. «La reforma de las jubilaciones es el primer y mayor desafío que debemos enfrentar. Si lo logramos en dos o tres meses, tendremos diez años de crecimiento sostenido por delante», dijo Guedes cuando asumió el cargo. Lula da Silva, desde su celda de Curitiba, envió un mensaje que resume el momento: «La campaña por la liberación debe estar vinculada a dos cuestiones, la reforma previsional y la soberanía.»
Una característica de esta era es que los voceros de Washington no edulcoran sus verdaderos objetivos acerca de América Latina. Esto es evidente en la embestida que se inició el 23 de enero contra el gobierno venezolano tras reconocer al autodesignado presidente interino Juan Guaidó. Pero la historia viene de antes. Barack Obama ganó la elección de 2008 con un mensaje de cambio en la política exterior de su país. Eso le granjeó el Premio Nobel de la Paz de 2009, no por lo que hizo, sino por lo que prometía hacer. Al sur del río Bravo se entendió que vendrían tiempos de respeto mutuo tras el No al ALCA de 2005. Pronto se vio que en la Casa Blanca había otro collar, pero el perro era el mismo. La mano del departamento de Estado –a cargo de Hillary Clinton– en el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras fue inocultable, aunque el mensaje desde el Salón Oval fue de sorpresa y prescindencia. En 2013 el nuevo canciller, John Kelly, ya no tuvo tanto celo en decir que «el hemisferio occidental (como se nombra al continente en los documentos oficiales) es nuestro patio trasero y es de vital importancia para nosotros». Ya había sido destituido Fernando Lugo en Paraguay, habían muerto Néstor Kirchner y Hugo Chávez, y Jorge Bergoglio se había convertido en el papa Francisco. Volvía la Doctrina Monroe. Cierto que Obama restableció relaciones con Cuba, en diciembre de 2014, pero el 9 de marzo de 2015 emitió un decreto que declara una «emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela». Los ataques contra el gobierno bolivariano nacieron al mismo tiempo que Chávez asumió el poder, hace 20 años, y se potenciaron cuando Donald Trump llegó al Salón Oval. Si en algo coincidieron los últimos mandatarios estadounidenses, es en su propósito de destruir al chavismo. Solo que ahora, con el respaldo de gobiernos regionales de derecha, los planes son mucho más explícitos. No es una elucubración, lo dicen con todas las letras. Trump grabó un video durante la ofensiva final contra Muammar Khadafi, en 2011, que planteaba: «Debimos decirles a los rebeldes (libios) que los ayudaremos, pero queremos el 50% de su petróleo». En la Casa Blanca nombró a los halcones que tuvieron su «bautismo de fuego» en los 70. También endureció sanciones contra Venezuela y contra Cuba, a pesar de que Obama había reconocido el fracaso de los castigos impuestos a la isla desde 1962. En enero, John Bolton, asesor en seguridad nacional –el cargo que Henry Kissinger alcanzaba en 1968–, se sinceró en un reportaje: «Sería una gran diferencia económicamente para EE.UU. si conseguimos que empresas estadounidenses participen en la inversión y producción de petróleo de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de EE.UU. Hay mucho en juego». Guaidó ya se había autoproclamado, con el rápido reconocimiento de los aliados de Washington, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Elliot Abrams, encargado del «caso Venezuela» y con experiencia en organizar a los Contras nicaragüenses y encubrir masacres de gobiernos pro-EE.UU. en la América Central de los 80, declaró que «ya no es tiempo de negociaciones» y que solo cejarán en su cruzada con un cambio de régimen. Tras varios cortes de energía eléctrica en Venezuela, que Caracas atribuyó a atentados promovidos por EE.UU., Abrams dijo: «No acepto el argumento de que de las causas de los problemas económicos en Venezuela son nuestras sanciones». Desde la administración Trump insistieron en que «todas las opciones están sobre la mesa», sin descartar una intervención militar. Pero en la mira tienen lo que Bolton define como una «troika de la tiranía»: Venezuela, Nicaragua y Cuba. La amenaza, claramente, no es sobre Maduro. Es un ataque pedagógico. La región entera está bajo amenaza si algún gobierno pretende desviarse de los designios de EE.UU.
Lenín Moreno le puso punto final a la participación de Ecuador en Unasur, la organización regional surgida a instancias de Hugo Chávez y Lula da Silva hace más de diez años, en un nuevo episodio del derrotero que lo puso en las antípodas de quién lo eligió para ser su sucesor, Rafael Correa.
Moreno se planteó desde el primer día de gestión desandar todo el camino que trabajosamente había iniciado el grupo de mandatarios progresistas de la región de principios de siglo y se sumó a la ola derechista que impera por estas horas en esta parte del mundo. En esta nueva vuelta de timón, ahora también reclama la devolución del soberbio edificio ubicado a 14 kilómetros de Quito, por donde pasa la coordenada ecuatoriana de la Tierra, y en un tono de inesperado enojo, anunció el retiro de la estatua de Néstor Kirchner, el primer secretario general de la entidad, muerto en funciones el 27 de octubre de 2010.
Para el mandatario ecuatoriano, el ex presidente argentino «no representa los valores y la ética de nuestros pueblos. Sudamérica tiene una pléyade de héroes y próceres que sí nos representan».Curiosa conversión de Moreno, vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, los años en que se constituyó la organización, se construyó el edificio y se erigió la estatua a Kirchner, obra del escultor Miguel Gerónimo Villalba, de 2,8 metros de altura y 600 kilos de peso.
La intención declarada por Moreno es constituir una nueva trama de integración como la que propone el chileno Sebastián Piñera. «Unasur entró en un final sin retorno desde hace un año. La mitad de los estados miembros ni participan, ni contribuyen. La secretaría general no tiene titular por más de dos años y el personal ha ido disminuyendo sensiblemente», relató.
También, en su red Twitter, el mandatario ecuatoriano dijo que el edificio, concebido por el arquitecto Diego Guayasamín -sobrino de Oswaldo, el gran artista plástico fallecido en 1999- y que costó casi 40 millones de dólares, será destinado a la Universidad Indígena de ese país.
De «oda al despilfarro», calificó a la soberbia edificación de 20.000 metros cuadrados en su mensaje a la nación. Para Moreno, «Unasur se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que nos vendieron». Lo que según él, justifica iniciar los procedimientos internos para ponerle lo que sería el último clavo en el ataúd del organismo.Unasur nació como una institución que sirviera a la integración de los países y cumplió su objetivo de defender la democracia y los derechos humanos en cada país y la no injerencia externa.
Fue clave desde el inicio la aceptación de gobiernos de todos los sectores, sin exclusión. Desde Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos en Colombia hasta el propio Chávez o Lula, por entonces presidente brasileño. Esto contrasta con la iniciativa de Piñera, llamada Prosur. El empresario y presidente chileno publicó en su cuenta de Twitter el 18 de febrero pasado que la propuesta es «crear un nuevo referente en Sudamérica (…) libre de ideologías, abierto a todos».
Sin embargo, desde el vamos excluye a la Venezuela de Nicolás Maduro y reconoce al diputado Juan Guaidó como presidente interino del país caribeño. La nueva entidad que avanza de la mano de Piñera, organismo «sin ideologismos ni burocracia», asegura, tendrá como requisito «la vigencia plena de la democracia y del estado de derecho y respeto pleno a las libertades y derechos humanos». Por eso, agregó, «está excluido solamente Venezuela, porque Venezuela no cumple».La Unasur, ciertamente, quedó en terapia intensiva desde que se fue extendiendo este rumbo de derecha en los países sudamericanos. Fue así que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú fueron al unísono suspendiendo su participación con el argumento, ya clásico, de que era un foro «ideologizado».
Desde que terminó el secretariado del ex presidente colombiano Ernesto Samper, en enero de 2017, nadie prestó acuerdo para un reemplazo. Luego resultó más fácil decir que había fracasado como institución.Un recuento breve diría en cambio que Unasur fue clave para frenar el intento golpista en Bolivia en 2008, y ya con Kirchner en la secretaría, el conato policial contra Rafael Correa en setiembre de 2010 y castigar a Paraguay tras el golpe contra Fernando Lugo en 2012. Incluso antes de eso había fijado una firme posición a favor de la democracia cuando el derrocamiento de Manuel Zelaya en El Salvador en 2009.
Kirchner fue también factor fundamental en el acercamiento entre Chávez y Santos cuando Uribe, en agosto de 2010, había extremado impulsos belicosos contra Venezuela antes de entregar el poder. Luego también fue importante su rol para facilitar la mesa de negociación entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, que ahora padece el embate del sucesor de Santos, Iván Duque, un acólito de Uribe que hace lo posible para borrar con el codo los documentos firmados en La Habana con la anuencia de las Naciones Unidas y con Cuba, Noruega, Chile, Venezuela como garantes de los acuerdos.Este es posiblemente el hecho dominante desde el origen de la institución regional. A la muerte de Kirchner, lo sucedió la ex canciller colombiana María Emma Mejía Vélez. Luego fue el turno del ex ministro de Energía Eléctrica de Venezuela Alí Rodríguez Araque. El último Secretario General es hermano del humorista Daniel Samper, habitual colaborador de Les Luthiers -escribió una biografía del grupo argentino y varios libros con uno de sus integrantes, Jorge Maronna-, y no puede ser considerado «socialista del siglo XXI» como catalogó Moreno a los gobernantes que fundaron Unasur.
Piñera espera reunir el viernes 22 de marzo a sus pares sudamericanos para dar el puntapié inicial de Prosur. El expresidente chileno Ricardo Lagos -difícil decir que es prochavista- es un fuerte crítico de esta idea del conservador inquilino del Palacio de La Moneda. «
Una institución debe ser permanente, no tiene que ver con una ideología, tenemos que ser capaces de entendernos los presidentes con distintas ideologías porque si no como América Latina no nos van a escuchar», consideró en una entrevista radial. «Otra cosa es que pueda haber una coincidencia en un momento dado, en que América del Sur esté más a la izquierda o más a la derecha por sus presidentes», remató.
Otro que manifestó su descontento fue precisamente Samper, en un tuit publicado ni bien se conoció la decisión de Moreno. Aunque por otras razones.
Fue una incursión muy sospechosa a días de la segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong un en Hanoi, que terminó en algo parecido a un fracaso, por más que los mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte quedaron en volver a encontrarse para ver si podían avanzar en un acuerdo para «desnuclearizar» la península. Ahora, la Policía Española y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) revelaron que agentes de la CIA participaron del asalto a la embajada norcoreana en Madrid el 22 de febrero pasado. Lo que hablaría de un intento de boicot a un posible éxito en unas negociaciones que van contra al deseo del «estado profundo» que domina la burocracia institucional estadounidense y que mantiene entre sus hipótesis de conflicto al régimen de los Kim.
La publicación del diario español El País da cuenta de un informe de las autoridades hispanas en el que, tras casi un mes de investigaciones, detectaron que «al menos dos de los diez asaltantes, que golpearon e interrogaron a las ocho personas que estaban en la delegación (de Norcorea), han sido identificados y tienen vínculos con los servicios secretos estadounidenses».
El periódico añade que la agencia de espionaje norteamericana respondió en forma negativa al requerimiento de los funcionarios españoles, algo que está en los manuales del espionaje. de todas maneras, aclaran que no fueron «muy convincentes». Por otro lado, consideran que en el operativo, en el que resultó herida una mujer de nacionalidad norcoreana en la vereda del edificio, también participaron servicios de Corea del Sur.
No se sabe si el gobierno de Pedro Sánchez, enfrascado en los inicios de una campaña para mantenerse en La Moncloa en las elecciones del 28 de abril, hará alguna presentación diplomática en lo que a todas luces es un caso de espionaje político dentro de su territorio soberano. O sea, una violación de las leyes internacionales.
En la sede diplomática sólo había funcionarios de menor rango y el encargado de Negocios, ya que en setiembre de 2017, durante la gestión de Mariano Rajoy, España expulsó al embajador Kim Hyok Chol luego de los últimos ensayos nucleares y misilísticos de Pyongyang.
El ataque del 22 de febrero estuvo rodeado de misterio. El grupo de agresores, diez personas que portaban armas simuladas, golpeó fieramente a los ocupantes del edificio luego de maniatarlos por unas cuatro horas. Los intrusos hurgaron en documentos oficiales, en las computadoras y tomaron los móviles del personal. Solo se fueron cuando una de las rehenes escapó por una ventana y corrió para pedir ayuda. Fue entonces que los atacantes huyeron en dos vehículos con patente diplomática asignados a la embajada.
Desde el principio los investigadores descartaron que se tratara de asaltantes comunes ya que, aseguran, era obvio que sabían lo que buscaban. Los sabuesos revisaron las cámaras de seguridad y tras tomar declaración a los testigos y víctimas del atraco, detectaron que dos de los salteadores estaban fichados como «cercanos» a la CIA.
Pero la sola posibilidad de una entrevista entre los dos gobernantes erizó la piel de los medios y de amplios sectores del establishment en EEUU, que fustigaron a Trump por hablar con «un dictador brutal» como caracterizan a Kim Jong un, el tercero en la dinastía que dirige los destinos del país.
Los analistas evaluaron que la segunda cumbre no llegó al resultado que Trump esperaba básicamente porque dentro del Departamento de Estado bloquearon un punto crucial para continuar con el proceso de paz emprendido.
El desarrollo nuclear norcoreano es una forma de presión para que el país no quede ahogado entre dos potencias como China al norte y la otra Corea al sur. Estados Unidos pretendía que Kim aceptara primero eliminar todas las armas atómicas y los misiles de largo alcance, además de las plantas productoras. El líder norcoreano pretendía en cambio, que levantaran antes las sanciones económicas y financieras, que asfixian a la nación, y luego avanzar en la destrucción del armamento.
Nadie se movió de su postura, aunque en la primera reunión Trump había prometido relajar gradualmente los castigos a cambio de que también de manera gradual se fueran eliminando las armas.
En una conferencia ante especialistas de Carnegie, Stephen Biegun, el enviado de Estados Unidos para tratar con Pyongyang, recalcó este lunes que Wáashington no quiere «una desnuclearización progresiva», sino un desarme absolutamente definitivo y completamente verificable «al final del primer mandato del presidente», en enero de 2021.
Quizás la intervención de la CIA en Madrid era una forma de crispar los ánimos y ensuciar el encuentro en la capital vietnamita. El resultado no fue bueno y no por eso, pero como se dice en los barrios, «todo suma».
La mano de la Central de Inteligencia también resulta ostensible en los apagones que padecieron los venezolanos estos últimos días. Al menos eso sostiene el periodista estadounidense Max Blumenthal, hijo de un ex asesor de Bill e Hillary Clinton, quien en thegrayzone.com recuerda un memorándum de setiembre de 2010 de una ONG de EEUU, que fue la misma que «ayudó a capacitar al golpista Juan Guaidó», donde se identifica como estrategia plausible para cambiar del régimen en Venezuela a las consecuencias de una «falla importante en la planta hidroeléctrica de la represa de Guri.
El texto, dice Blumenthal, fue elaborado por el serbio Srdja Popovic, del Centro de Acción y Estrategias No Violentas Aplicadas (CANVAS, por sus siglas en inglés), una organización ligada a la CIA.
Un artículo publicado por Forbes, la revista especialista en negocios con base en Nueva York, confirma la versión del gobierno de Nicolás Maduro sobre el posible origen de los masivos cortes de energía que comenzaron el viernes pasado. Se trata, dice de un posible ciberataque.
El corte de energía eléctrica, mas allá de lo que digan Blumenthal y Forbes, fue muy oportuno porque Guaidó había llamado a una marcha contra Maduro para el sábado pasado. Que no alcanzó el nivel de irritación que esperaban como para avanzar en la destitución del mandatario chavista. Pero también puede servir para sumar.
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