Para el argentino Santiago O´Donnell, autor del libro “Argenleaks”, la eventual condena a Julian Assange “va a ser un golpe terrible a la libertad de prensa”. En términos similares se expresó el estadounidense Edward Snowden, ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) que reveló la forma en que los servicios de ese país vigilan a ciudadanos de todo vel planeta a través de dispositivos electrónicos y ahora exiliado en Rusia. En su cuenta de Twitter, el analista informático fue lapidario.
«Las imágenes del embajador de Ecuador invitando a la policía secreta del Reino Unido a la embajada para arrastrar fuera del edificio a un editor de -les guste o no- periodismo premiado terminarán en los libros de historia. Los críticos de Assange pueden alegrarse, pero este es un momento oscuro para la libertad de prensa», escribió Snowden.
En diálogo con el programa Habrá consecuencias, en El Destape Radio, O’Donnell, periodista de Página 12, aseguró que el paso siguiente en el caso del activista “es el intento de extradición a Estados Unidos». Y detalló: “A él lo acusan de traición a la Patria y terrorismo. Dicen que armó un complot con su fuente para que saque información del Departamento de Estado”. O´Donnell recordó que “Assange se quedó en la embajada de Ecuardor porque sabe que no va a tener un juicio justo en EEUU, donde tienen mucha influencia los servicios de inteligencia”.También podés leer: Finalmente Moreno le soltó la mano y Assange quedó preso en Londres
«Los derechos humanos y especialmente la libertad de expresión están siendo atacados una vez más en Europa», tuiteó en inglés el líder independentista catalán Carles Puigdemont, residente en Bélgica.
hace unos días, y ante la certeza de que las horas de Assange en la embajada estaban contadas, el relator especial* de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, había pedido que no cambiara el status legal del australiano.
«Si Assange es expulsado de la Embajada de Ecuador, es probable que sea arrestado por las autoridades británicas y extraditado a los Estados Unidos», dijo . “Tal respuesta podría exponerlo a un riesgo real de violaciones graves de sus derechos humanos, incluida su libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
La tensión entre el gobierno de Moreno y el periodista de 47 años fue creciendo y en octubre las autoridades ecuatorianas le impusieron un protocolo mediante el cual le limitaron el acceso a internet y le impusieron un estricto control a sus visitas.
Sus abogados se quejaron de que esto vulneraba sus «derechos fundamentales», que se censuraba «su libertad de opinión, expresión y asociación» e incluso denunciaron que lo espiaban, tenían miles de fotografías y vídeos de sus encuentros en la legación y «muy probablemente» los compartieron con la administración del estadounidense Donald Trump.
Pero lo que podría haberle costado el asilo es la sospecha de Quito de que WikiLeaks -destaca un cable de la agencia AFP- pirateó las comunicaciones de Moreno y las de su familia para filtrar fotos, videos y conversaciones privadas, que dieron munición a sus opositores entre acusaciones de corrupción que Moreno niega.
La plataforma que desarrolló Assange denunció la retirada del asilo como «ilegal» y «en violación del derecho internacional». Pocas dudas les quedan a los analistas de que la detención de Assange es un pedido y obedece a la presión del gobierno de Estados Unidos, ahora en manos de Donald Trump, para que lo extraditen. el temor es que los cargos que enfrenta eventualmente lo podrían llevar a una condena a muerte.
Lenín Boltaire Moreno cumplió con las versiones que en las últimas semanas circularon por los pasillos del Palacio Carondelet y retiró el asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que inmediatamente fue sacado a empellones por la policía británica de la sede diplomática de país sudamericano en Londres. Si bien el propio Moreno había otorgado el año pasado la nacionalidad ecuatoriana al experto informático, la filtración de información que compromete a la familia presidencial en oscuras operaciones financieras aceleró una decisión que viola tradiciones muy arraigadas de las relaciones internacionales, como es la proteger a perseguidos políticos.
La posibilidad de que Moreno dejara a Assange en manos de quienes lo consideran un enemigo público iba creciendo a medida que el presidente de Ecuador iba dando un giro de 180 grados en la política de su mentor y antecesor en el cargo, Rafael Correa.
El hacker australiano está en la picota desde 2010 por haber publicado cientos de miles de archivos secretos con documentación y pruebas incontrastables sobre las atrocidades cometidas por tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. Pero fue acusado en una operación altamente sospechosa por la presunta violación de dos mujeres en Suecia.
La causa cayó en 2017, sin embargo Assange no abandonó su refugio porque en realidad teme ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta la posibilidad de ser ejecutado por violar secretos de gobierno.
En una cadena de tuits, Corrrea calificó de traidor a Moreno y de haber cometido un crimen » que la humanidad jamás olvidará».
El presidente de Ecuador, a su turno, emitió un comunicado en que asegura que dio por finalizado el asilo por una potestad soberana del estado y lo hizo luego de que el gobierno de Gran Bretaña «ha ofrecido garantías, a pedido del Ecuador, de que si se llegara a presentar una solicitud de extradición, éste no sería entregado a un país donde le pueda ser impuesta y ejecutada la pena de muerte o esté sujeto a torturas o malos trato».
También, como ya es costumbre en su gestión, grabó un video que transmitió por su cuenta de Twitter, subtitulado en inglés, en el que explica las razones para semejante cambio de actitud.
Tiempo adelantó este domingo la posibilidad de que Moreno se atreviera a dar este paso, en el marco de una denuncia con fuertes pruebas en su contra en el caso conocido como INAPapers, un escándalo que involucra al hermano del presidente, Edwin Moreno Garcés en la constitución de una empresa offshore, Ina Investment Corp. a la que se habría derivado dinero de coimas de empresas constructoras a través del supuesto testaferro del mandatario, pero que involucra a las esposa y las hijas del mandatario.
Se supone que Assange será indagado en breve en tribunales londinenses, aunque de su futuro nadie tiene por ahora la menor idea. En principio, si bien la causa por la presunta violación fue archivada, ahora la abogada de una de las mujeres dijo que iba a pedir la reapertura de la investigación. «Haremos todo para que los fiscales vuelvan a abrir la investigación sueca y que Assange sea entregado a Suecia y juzgado por violación» indicó Elisabeth Massi Fritz a la agencia AFP.
Assange fue declarado enemigo de EEUU por el gobierno del demócrata Barack Obama luego de difundir documentación filtrada por el soldado Bradley Manning en el que mediáticamente resalta un video en que tropas estadounidenses masacraban en julio de 2007 desde el aire a civiles iraquíes, entre los que había dos periodistas de la agencia Reuters.
Manning recibió una setnencia a 35 años de prisión en 2013, y al poco tiempo se declaró como mujer trasgénero y cambió su nombre por Chelsea. Indultada por Obama días antes de dejar el gobierno, en 2017, Chelsea Manning, quien trabajó como analista de inteligencia para el Ejército estadounidense, fue enviada a prisión nuevamente el mes pasado por negarse a declarar ante un juez federal de EE.UU. sobre su divulgación de secretos militares en 2010. La antesala de la detención de Assange. Nunca reconoció haber sido la fuente para la divulgación de los cables de WikiLeaks.
La suerte de Julian Assange parece estar sellada, aunque por ahora Lenín Moreno no pasó de amenazas de expulsarlo de la embajada ecuatoriana en Londres donde el creador de WikiLeaks se asiló en 2012 para no ser extraditado a Estados Unidos. Assange estaba en la lista de enemigos del gobierno de Barack Obama, luego de haber difundido documentación secreta sobre las atrocidades cometidas por tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. WikiLeaks aparece en el centro de la ojeriza del presidente de Ecuador, que asegura que le hackearon sus equipos informáticos. El mar de fondo es sin embargo la revelación de datos sobre inversiones atribuidas a Moreno y su familia en oscuras firmas offshore.
Moreno, bendecido como sucesor de su proyecto político por Rafael Correa, ni bien asumió en el Palacio de Carondelet mostró que su rumbo iba en un camino diametralmente opuesto. Y desde el primer día en su cargo comenzó a cuestionar la presencia de Assange en la sede diplomática ecuatoriana. «Esa cuestión marcó ya en los albores la intención de diferenciarse de Correa en su política exterior», considera Diego Dieguez Ontiveros, asesor jurídico de Correa y especialista en Derecho Internacional.
La ofensiva contra Assange marcha paralela a las difusión de lo que Correa bautizó como INAPapers, un escándalo que involucra al hermano del presidente, Edwin Moreno Garcés en la constitución de una empresa offshore, Ina Investment Corp. a la que se habría derivado dinero de coimas de empresas constructoras a través del supuesto testaferro del mandatario, Xavier Macías Carmignani.
Los documentos presentados en ese portal, avalado y profusamente citado por Correa, probarían que los hermanos Lenín y Edwin Moreno Garcé; la primera dama Rocío González Navas y su hermana Guisella; su íntimo amigo Macías Carmignani, la esposa de este, María Herdoiza Patiño junto con el exembajador de Panamá en México, Ricardo Alemán Alfaro y un puñado de abogados constituyeron un holding de sociedades fantasmas para birlar dinero fruto de delitos económicos.
Legalmente, hay documentación que mostraría al presidente alejándose de la firma en marzo de 2016, pero el sitio presenta mails y capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp con los que se podría probar que es una cobertura destinada a ocultar que el mandatario ecuatoriano sigue estando en el entramado de negocios de INA, entre ellos la compra de un lujoso departamento en Alicante, España.
Para rematar la investigación, destacan que el nombre del grupo deriva de los de las hijas de Lenín Moreno y Rocío González: Irina, Carina y Cristina.
En los primeros días, el gobierno mantuvo el silencio. Pero a medida que el caso crecía en las redes, Moreno se indignó en un video en el que denunció que habían hackeado teléfonos de su familia y dispositivos informáticos y se difundieron escenas de su vida privada. «Cuando tienes intimidad en el hogar, estás comiendo algo, bailando, no quieres que eso se difunda, a menos que sea tu voluntad», señaló.
Y acusó, genéricamente, a «quienes se llevaron miles de millones de dólares en la década pasada, pero no me van a amedrentar (pero) no me van a atemorizar, seguiré con la lucha implacable contra la corrupción».
Lo que no aclaró es que él mismo integró ese gobierno, como vicepresidente, entre 2007 y 2013.
De allí a poner otra vez en el tapete al activista australiano hay un paso. «Ya demasiadas veces el señor Assange ha redundado en sus violaciones al acuerdo que llegamos con él y con su procuraduría jurídica», adujo Moreno. «No es que no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir y, peor todavía, hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados.» «El asilo a Assange ponía a Ecuador a la vanguardia de las garantías que se manejan en Derecho Internacional, protegiendo a uno de los principales denunciantes en materia de transparencia pública y privada», destaca Dieguez Ontiveros, quien no descarta que Moreno cumpla la amenaza de dejar al activista en la calle, con lo que cuando menos, terminaría en prisión por violar secretos militares de Estados Unidos. «
Una fiscalía a medida
Una de cal y otra de arena. Rafael Correa se alentó por el resultado de las elecciones municipales del 24 de marzo pasado, donde sus seguidores ganaron en las prefecturas de Pichincha, cuya capital es Quito, y Manabí (en el oeste del país), mientras que en Guayas (al suroeste) quedaron segundos. A nivel nacional obtuvieron el 12,5% de los votos, en un contexto totalmente adverso. «Ni yo mismo me lo creo, logramos lo imposible. Hasta hace tres meses no teníamos siquiera un partido político para participar. Nos robaron Alianza País de forma absolutamente arbitraria», argumentó.
Pero lamentó la designación de Diana Salazar como nueva fiscal general del Estado. «Es otra muestra más de la inconstitucionalidad que se vive en Ecuador», resumió. La fiscal saliente, Ruth Palacios, que era subrogante desde noviembre, llamó a una rueda de prensa para defender su gestión, en la que, entre otras cosas, archivó una denuncia contra Correa y abrió una contra Lenín Moreno.
El cargo estaba vacante desde que Carlos Bladimir Baca fue destituido en abril del año pasado. Designado en 2017, tenía mandato hasta el año 2023, sin embargo, la Asamblea Nacional del Ecuador lo sometió a juicio político a pedido del gobierno.
La nueva fiscal participó en la investigación del caso Fifagate, que llevó a prisión el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Luis Chiriboga. Luego, dirigió la pesquisa por la relación del ex vicepresidente Jorge Glas, actualmente preso, con la constructora brasileña Odebrecht.
Mediante una maniobra de espionaje que culminó en una operación mediático-judicial, el gobierno de Mariano Rajoy acusó a los líderes de Podemos de pagos irregulares del gobierno chavista para que ese partido no llegara al poder en 2016. Para cumplir con ese objetivo, negoció con un exministro de Hugo Chávez –convertido en informante de la DEA– para que avalara presuntos pagos a una fundación relacionada con esa agrupación política. La olla se destapó estos días con una serie de audios en que el inspector José Ángel Fuentes Gago le dice claramente al venezolano Rafael Isea que «si nos ayudan a que no lleguen los de Podemos, mejor para todos».
Isea, militar en retiro que fuera muy cercano a Chávez, ocupó el Ministerio de Finanzas en 2008 y fue luego gobernador de Aragua y presidente del banco del ALBA, hasta que el gobierno venezolano lo denunció por corrupción. En septiembre de 2013 pasó a ser testigo protegido de la DEA y denunció a altos funcionarios chavistas por narcotráfico.
En abril de 2016, Fuentes Gago al frente de una delegación que incluyó al jefe de la Brigada de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), el comisario José Manuel García Catalán, y a una inspectora, viajó a Nueva York para entrevistar a Isea, que estuvo acompañado por un abogado. La transcripción de esas charlas, de cuatro horas, son reveladoras. El exministro ve el documento donde se acredita un pago de 7,1 millones de dólares a la fundación CEPS y duda de su veracidad. Reconoce su firma y la de Chávez, pero indica que es una fotocopia, que no recuerda haber autorizado ese pago, que faltan los sellos oficiales. «A nosotros todo eso nos da igual, si el documento es bueno, si es malo, si tal (…) si esos dineros se cobraron y ellos no lo han declarado ya han cometido unos delitos. Eso es lo único que nos vale a nosotros, si el documento es bueno o malo, ehh…»
Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero habían hecho trabajos de consultoría para el gobierno venezolano y no lo negaron. Ellos son académicos y en aquel momento aún no habían creado Podemos. Por otro lado, no es delito hacer un trabajo y cobrar por él. Lo que ellos negaron es que la cifra fuera esa.
El PP de Mariano Rajoy tambaleaba por la crisis económica y los escándalos de corrupción y podía perder las elecciones de junio de 2016. Cuestionar a Venezuela se había convertido en caballito de batalla y todo lo que oliera a chavismo un buen argumento de campaña ante un partido que crecía y amenazaba al establishment. De allí la desesperación en buscar un freno, a cualquier precio. «Si es que sólo es para poder introducirlo en el tracto jurídico español –le explica el policía–. Si estas personas usted tiene conocimiento de que cobraban por informes huecos y que cobraban unas cantidades que son elevadas, porque luego ya, el comisario que dirige la UDEF buscará la forma hablando con quien tenga que hablar, con la DEA, con el FBI o con los rusos, joder. Que también ellos nos deben alguna».
Isea terminó aceptando la veracidad de los papeles porque le garantizaron que iban a proteger a su familia, que los iban llevar a España con identidad reservada «para que tuvieran una nueva vida». El caso fue desechado por la Justicia española, pero los medios se regodearon con los datos y Podemos perdió muchos de los votantes, por la teoría de que «al final todos son lo mismo».
Ahora, tras la publicación de los audios en medios españoles, Isea dijo que se siente utilizado. Podemos, ahora, también pide explicaciones, pero a la Justicia.
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