La relación de los radicales con el macrismo nunca fue un lecho de rosas. Como un matrimonio por conveniencia, la alianza sellada en marzo de 2015 en Gualeguaychú que dio origen a Cambiemos tuvo un objetivo primordial, que fue derrotar al Frente para la Victoria, pero al precio de una legión de detractores dentro del partido centenario. Fieles a su tradición, todos respetaron el acuerdo aprobado en mayoría de ir a una PASO para dirimir con el PRO quién sería el candidato a presidente por ese espacio, que también integraba la Coalición Cívica, de Elisa Carrió. Pero como alguna vez dijo Mauricio Macri, desde entonces «pasaron cosas». Ahora, cuando se avecina el fin del mandato presidencial, esas cosas que pasaron son un lastre del que muchos dentro de la UCR quieren desprenderse. Como muestra de las diferencias internas, ese tema debería dirimirse en una Convención Nacional que a esta altura está lejos de ser convocada. Toda una señal de las dificultades para encontrar un camino común. La Convención Nacional es el órgano deliberativo de la Unión Cívica Radical y se reúne para establecer candidaturas y lineamientos políticos. El Comité Nacional, en tanto, es la máxima autoridad política y tiene funciones ejecutivas. Si bien había diferencias desde el primer día de la gestión macrista, podría decirse que cuando el Gobierno decidió volver al Fondo Monetario Internacional las voces de rechazo se extendieron por todo el universo radical. La crisis económica y la inflación galopante no fueron sino acicates para aquellos que votaron al exalcalde porteño con un broche en la nariz. Y en los últimos meses esas disidencias saltaron a la luz con toda su furia. El choque en Córdoba entre Ramón Mestre y Mario Negri fue apenas un botón de muestra. Ese distrito le dio el triunfo a Macri en 2015, con más de 900.000 votos de diferencia y casi el 72% del electorado. Pero ahora está entre los más decepcionados con la política aplicada desde entonces. Negri tenía el aval de la Casa Rosada y Mestre, el de Enrique Coti Nosiglia, el eterno operador en las sombras de la UCR, que capitalizó las críticas de dentro del partido. No hubo acuerdo para lograr una fórmula común ni para elecciones internas por desconfianzas mutuas y eso le despeja el camino a Rubén Schiaretti, el gobernador peronista no K. A todo esto, el kirchnerismo local, otrora bastante castigado en la urnas, esta vez prefirió no designar candidato para avanzar hacia una suerte de unidad con el oficialismo cordobés.
Planteos políticos Pero el clima denso venía de antes. Las quejas por el desprecio con que los radicales son tratados dentro de Cambiemos crecía entre los correligionarios y comenzó a hacerse más visible a medida que la crisis económica fue elevando el malhumor social. Tanto Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y presidente del Comité Nacional, como Gerardo Morales, mandatario jujeño, lo expresaron en planteos acerca del brutal aumento en las tarifas de servicios públicos. Al mismo tiempo, otro sector, con menos presencia territorial, como el de Ricardo Alfonsín, el hijo del expresidente; Federico Storani, vicepresidente del Comité; y Jorge Sappia, titular de la Convención Nacional, se quejaron de que nunca habían sido consultados para las decisiones más conflictivas. «El acuerdo con el FMI se anunció un martes y ese lunes Cornejo estuvo en la Casa Rosada y salió hablando de cualquier tema; si le dijeron lo del Fondo y lo ocultó, es más grave todavía; pero creo que ni se enteró», recalcó Sappia, que fue ministro de Trabajo provincial durante el gobierno de Eduardo Angeloz. El tema del empleo, precisamente, preo-cupa a Ricardo Alfonsín. «¿Han visto los términos del proyecto de reforma laboral? Es imposible que la UCR acompañe muchos de sus artículos», protestó desde su cuenta de Facebook. «La UCR debe aclarar que no participó y nada tuvo que ver en la elaboración del mismo. No puede pasar ni un día más sin que la sociedad lo sepa. Además, por lealtad con los aliados, debemos sugerirles que lo revean», continuó. Como para calmar las aguas, desde Balcarce 50 salieron versiones de que el Gobierno estaba analizando con los caciques radicales la posibilidad de que en octubre haya una fórmula compartida: Macri presidente y un radical como vice. Pero lejos de apaciguar los ánimos, la presunta oferta elevó el fastidio y fue el mismo Alfonsín quien ironizó que ese no es el tema central para debatir. «Espero que los radicales le hagan saber al PRO que la responsabilidad de los problemas de los argentinos no es de (la vicepresidenta Gabriela) Michetti, sino de las políticas aplicadas o de las ideologías que las inspiraron».
La vicepresidencia Los voceros del oficialismo tampoco son demasiado partícipes de una jugada como esa. Marcos Peña, el jefe de Gabinete, considera que sería esencial una fórmula con una mujer como vice. Y los radicales no tienen a ninguna con suficiente peso específico entre sus filas. Pero quizás lo que prime sea el consejo del asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien en una entrevista con el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, recordó que «(José María) Velasco Ibarra fue elegido cinco veces presidente de Ecuador y derribado cuatro veces por el vicepresidente. Definía al vicepresidente como “un conspirador resuelto”. Por eso, no es aconsejable que quien esté en la vicepresidencia no sea de la confianza del presidente». Más allá de esta controversia, la UCR se muestra como una federación de partidos provinciales y actúa en consecuencia. Los gobernadores –Morales, Cornejo y Gustavo Valdés, de Corrientes– retacean el apoyo a Macri porque lo perciben a esta altura como un salvavidas de plomo, por eso desdoblaron las elecciones en sus distritos. Pero no rompen por necesidad política, ya que precisan del Gobierno para cerrar las cuentas. Daniel Salvador, el vice bonaerense, mantiene una relación óptima con María Eugenia Vidal, de modo que ni sueña con sacar los pies de plato. Los que quieren romper creen que la Convención no será citada. «No hay tiempo para hacerlo antes de junio, en que se definen las candidaturas. Tenemos elecciones en 127 municipios cordobeses el 14 de abril y a gobernador el 12 de mayo; antes las PASO en Santa Fe el 28 de abril. Dicen que convocarían para el 25 de mayo. ¿Cómo?, ¿para qué?», se pregunta Sappia. Alfonsín quiere unas PASO más amplias, con el Partido Socialista santafesino y el sector de Margarita Stolbizer adentro. Storani vería con buenos ojos a un candidato como Martín Loustau. En todo caso, cree que de quedarse en Cambiemos, será «necesario reformular reglas de juego, entre ellas, que exista una mesa realmente institucionalizada permanente, que tenga la oportunidad de discutir las políticas públicas porque si no, para muchos de nosotros es absurdo estar responsabilizándonos de políticas que ni siquiera podemos discutir previamente».
Tras retirarle el asilo y haber liberado el ingreso de la policía británica para que detuvieran a Julian Assange en su sede diplomática en Londres, el gobierno de Lenín Moreno se lanzó a una caza de brujas informática en su propio país, con el objetivo ya nada oculto de evitar nuevas filtraciones que comprometen a la familia presidencial en casos de corrupción. Así lo reflejó la ministra de Interior, María Paula Romo Rodríguez, quien en una rueda de prensa informó que hay dos hackers rusos y «una persona vinculada» a WikiLeaks en territorio ecuatoriano y culpó a funcionarios del gobierno de Rafael Correa de haber permitido que actuaran libremente. Fue así que detuvieron a Ola Bini, un ciudadano sueco que trabaja desde hace años en seguridad y privacidad digital.
La acusación más grave es que «en las últimas semanas hay intromisiones de Assange y su organización aliada en asuntos de política interna del Ecuador». La referencia no podía ser más clara: desde principios de año comenzaron a difundirse en las redes documentos secretos sobre negocios del hermano, la esposa y el mismo Moreno que lo involucran en lavado de dinero en cuentas offshore. Conocidos como los INA Papers, por una firma, INA Investments, de la que el mandatario formó parte hasta que asumió la presidencia en mayo de 2017. El caso había puesto en alerta a Moreno y desde ese momento parecía obvio que la suerte del activista australiano estaba echada, como adelantó TiempoArgentino el domingo pasado.
Asilado desde 2012 en la embajada de Ecuador en la capital británica, Assange tenía una causa por supuesta violencia sexual contra dos mujeres en Suecia, que fue dejada de lado en 2017. Pero Scotland Yard lo acusa de incumplir los requisitos de su libertad bajo fianza cuando buscó protección en el gobierno de Correa.
Jennifer Robinson, abogada de Assange, dijo en un tuit que el fundador de WikiLeaks «fue arrestado no sólo por el incumplimiento de las condiciones de la fianza sino también en relación con una solicitud de extradición de los Estados Unidos. que se emitió en diciembre de 2017 y es por conspiración con Chelsea Manning».
Chelsea Manning, analista de las Fuerzas Armadas de EE UU en Irak, desató esta tormenta en 2010 cuando filtró miles de documentos que probaban las atrocidades cometidas por tropas de ese país desde la invasión. Fue ese el momento en que el portal alcanzó notoriedad, mediante acuerdos con los medios más importantes del mundo hasta entonces, Le Monde de Francia; New York Times de EEUU; Der Spiegel de Alemania; The Guardian de Gran Bretaña y el español El País.
Pronto se desataron también las consecuencias. El gobierno de Barack Obama condenó la filtración y advirtió sobre el peligro de difundir información que atentara contra la seguridad de las fuentes. Manning cambió de sexo cuando estaba en prisión y en 2013 fue condenada a 35 años de prisión, aunque terminó indultada en 2017. Hace un mes volvió a la prisión por negarse a declarar en una causa contra WikiLeaks. Dijo que se amparaba en garantías constitucionales. Quedó en aislamiento hasta que cambiara de idea.
«No podemos permitir que Ecuador se convierta en un centro de piratería y espionaje; hay que dar por terminado ese período… llegamos a normalizar a tal punto el espionaje, el espionaje político, la intromisión en la vida de las personas, que en el gobierno pasado canales públicos se daban el lujo de transmitir chats de conversaciones privadas de personas», dijo la ministra luego de afirmar que Bini, al que no nombró directamente, «ha estado colaborando con intentos de desestabilización en contra del gobierno y que ha viajado a otros países junto a Ricardo Patiño, quien, como ustedes recordarán, era el canciller de la República cuando se otorgó este asilo».
Fuentes cercanas a Correa interpretaron ante una consulta de este diario que «el gobierno de Lenín Moreno está intentando instalar que el equipo de WikiLeaks filtró información para desestabilizar, están creando una puesta en escena para desviar la atención».
En su blog, Bini se define como un desarrollador de software preocupado por la privacidad y que implementó tecnologías de encriptación y programación de uso público. Quienes lo conocen, como Rafael Bonifaz, quien hizo un máster en Seguridad Informática de la Universidad de Buenos Aires, dicen que Bini había quedado muy impactado con las revelaciones de Edward Snowden sobre la forma en que la agencia estadounidense NSA espiaba a los usuarios de Internet a través de todas las plataformas disponibles.
«Ola lideró un equipo de desarrolladores, en su mayoría de Ecuador y Brasil, para mejorar proyectos de software libre orientados a la privacidad y así mejorar la seguridad de nuestras comunicaciones», agrega Bonifaz.
Snowden pidió asilo en Rusia para no ser juzgado en su país por traición a la patria. Quizás esa sea la suerte que le espera a Assange.
Mientras tanto, WikiLeaks liberó millones de archivos con información clasificada de todo el mundo. Al cierre de esta edición, estaba disponible en esta dirección.
La crisis política que arreció en Uruguay desde que se reveló que el Tribunal de Honor había absuelto a un ex represor, José Nino Gavazzo, quien confesó haber tirado al río el cuerpo de un tupamaro muerto en un cuartel, en 1973, todavía no cesó. El emergente es un general al que ya se define como el Bolsonaro uruguayo. El mismo que comenzó a destapar el caldero en septiembre, cuando protestó por una reforma a la ley previsional de los uniformados y a pesar de ser el comandante del Ejército, fue sancionado con un mes de arresto por el presidente Tabaré Vázquez. Desde entonces, la figura de Guido Manini Ríos Stratta fue elevándose y tras expresar públicamente su rechazo a los juicios civiles contra militares por su participación en la represión de los años de plomo, fue exonerado hace un mes.
Pero dejó una bomba que estalló el 30 de marzo, cuando Vázquez echó a la cúpula militar y del Ministerio de Defensa. Manini Ríos, en tanto, lanzó su candidatura presidencial en un partido formado a su medida, Cabildo Abierto. Promete mano dura para «terminar con el malandraje», se entrevistó con el actual presidente brasileño y dice que Vázquez, del Frente Amplio, se comportó de manera «canallesca» en todo este entuerto.
Hace seis meses Manini Ríos expresó el malestar militar por una ley de jubilaciones que afectaba a los militares. El general de cuatro estrellas cumplió su arresto pero siguió con frases molestas para el poder político, como que «seguir pidiéndole cuentas al Ejército por lo que pasó hace 40 años es casi lo mismo que pedir cuentas por lo que hicimos en la Guerra de Paraguay». En Twitter publicó: «No hay organización, no hay institución más popular en Uruguay que el Ejército Nacional» o «Esa pequeña bandera con un sol y 9 franjas en el brazo izquierdo de nuestros soldados, hoy significa solidaridad y esperanza para los más frágiles, dentro y fuera de fronteras».
Manini Ríos es heredero de una rica familia uruguaya con participación clave en la política desde hace más de un siglo: su abuelo fue ministro del Interior de José Battle y Ordóñez a principios del siglo XX y luego canciller de la dictadura de Gabriel Terra (1933), un proceso político coincidente con el golpe contra Hipólito Yrigoyen. Nació en 1958; ingresó a la carrera militar en 1973, pero pronto, siguiendo la tradición familiar adhirió a los sectores más conservadores ultracatólicos, nucleados en la Logia de los Tenientes de Artigas, fundada en 1964, que clave en la dictadura militar que se inició en 1973. Manini Ríos también se formó en inteligencia militar y antiterrorismo en EE UU y en 2010 obtuvo la licenciatura en Historia en la Universidad Católica.
En marzo criticó a la justicia civil porque adujo que había condenado a militares sin pruebas. Tabaré, ahora si, le pidió la renuncia. Ya había entregado el informe del tribunal de honor contra José Gavazzo, jefe del Plan Cóndor que persiguió a uruguayos en el porteño centro clandestino Orletti. Cuando salió a la luz la absolución de Gavazzo y otros dos ex represores, el gobierno descabezó a las FF AA y al Ministerio de Defensa. Vázquez dijo que no había sido informado debidamente. De campaña por barrios y poblados del interior, Manini Ríos, como militar que es –serio, adusto, voz firme y convencida–, dice que él mismo entregó la documentación donde «no faltaba ni una coma de lo tratado en el Tribunal» y que Tabaré lo leyó. «Me sorprende que quiera eludir su responsabilidad y me duele mucho la actitud canallesca con que fue cesado del Ministro de Defensa». Se sabía que Jorge Menéndez estaba gravemente enfermo. Murió este jueves. «
Honras fúnebres
Militante del Partido Socialista, igual que el presidente, Jorge Edgardo Menéndez estaba al frente de la cartera de Defensa desde 2016.Desde 2008 estuvo como viceministro. El tema militar y de las violaciones a los DD HH es muy controvertido en Uruguay. La Ley de Autoamnistía (Caducidad de la Prevención Punitiva del Estado) no fue derogada porque la ciudadanía votó por el No en una consulta popular. Cuando Vázquez descabezó la cúpula militar, Menéndez estaba de licencia por enfermedad. El presidente salió a salvar la ropa en medio del escándalo por el fallo del Tribunal militar que él había homologado días antes. En la volteada cayó Menéndez. Odontólogo de 67 años, Menéndez murió el jueves. La familia se negó a que recibiera las honras fúnebres como ministro de Estado.
Daniel Ellsberg fue el primero en una larga lista de personalidades en la administración pública estadounidense que sacaron a la luz el modo en que los distintos gobiernos manipulan y ocultan las ignominias que cometen en nombre de la libertad y la democracia. Asentados en un ideal de defensa de los derechos civiles, arriesgan hasta sus vidas para que eso que está en las sombra sea conocido por el público. Ellsberg era analista de Rand Corporation en tiempos de Lyndon Johnson y reveló en 1972 miles de documentos que probaban las mentiras de la Casa Blanca sobre la Guerra de Vietnam. Quienes vieron la película The Post, dirigida por Steven Spielberg y estrenada el año pasado, conocen el caso. Ellsberg, a los 88 años, sigue siendo un emblema, y desde ese lugar considera a Chelsea Manning como una heroína estadounidense. «A sabiendas, arriesgó su libertad por decir la verdad. La admiro por lo que está haciendo, arriesgando y soportando en este momento».
Manning había pasado siete años en prisión tras la publicación, en julio de 2010, de cientos de miles de documentos secretos de las Fuerzas Armadas de EEUU a través de Wikileaks, en los que se mostraban todo tipo de atrocidades en Irak y Afganistán, pero también en la base de Guantánamo, una cárcel ilegal donde se hacinan presos sin sentencia padeciendo las peores condiciones de detención. Bradley Manning, como se llamaba entonces, había sido encontrado como la fuente que envió ese comprometedor material a la plataforma creada por Julian Assange en 2006.
El documento más escandaloso fue un video sobre el fusilamiento desde dos helicópteros de un grupo de personas que se habían concentrado en una zona abierta de Bagdad, al-Amin al-Thaniyah,en julio de 2010. La secuencia muestra la conversación entre los pilotos y la decisión de atacar, a pesar de que las 12 personas que aparecen en la imagen estaban desarmadas. Los helicópteros Apache recibieron la orden de abrir fuego, incluso sobre una camioneta que fue a buscar a los heridos. Entre los muertos figuran Saeed Chmagh y Namir Noor-Eldeen, dos periodistas recién contratados por la agencia periodística Reuters.
Acá se puede ver el video, en traducción que hizo en su momento la TV Pública argentina.
El inquilino de la Casa Blanca era Barack Obama, que había asumido un año antes con la promesa de terminar con las dos guerras de ocupación. La respuesta ante el caso fue feroz: Mannig terminó en prisión bajo la amenaza de ser condenado a muerte.
En total aislamiento, tuvo dos intentos de suicidio, mientras afuera organismos de derechos humanos reclamaban por el trato inhumano que recibía. Estando entre rejas asumió su condición de mujer, pero de todas maneras siguió siendo considerada como hombre, aunque finalmente aceptaron que le hicieran una operación de cambo de sexo. Antes de dejar el gobierno, en enero de 2017, Obama la indultó, tras casi siete años de detención.
Manning se ocupó de hablar de Obama en esos tiempos. «Para llevar del legado de @BarackObama: lo que necesitamos es un progresivo apologético #un fuerte para guiarnos». Allí mostraba una columna escrita para el diario británico The Guardian en la que consideraba que el legado de Barack Obama «es una advertencia en contra de no ser lo suficientemente audaz». Como quien reclama por no haber cumplido con sus promesas de paz, por la que el presidente había recibido en 2009 el Premio Nobel.
De allí la brutal respuesta de Donald Trump. «Ingrata TRAIDORA Chelsea Manning, quien nunca debería haber salido de la cárcel, ahora está llamando al presidente Obama un líder débil», tuiteó una semana después de jurar su cargo.
En marzo pasado, la situación de Chelsea se agravó. El juez Claude Hilton, del Tribunal del Distrito Federal en el Distrito Este de Virginia, ordenó su detención el 7 de marzo luego de que la joven, de 31 años, se negara a declarar ante el gran jurado acerca de su relación con Wikileaks.
Bajo condiciones de estricto aislamiento que formalmente se denominan «segregación administrativa», pasó 22 horas de cada uno de los primeros 28 días en Centro de Detención de Adultos William G. Truesdale en Alexandria, Virginia, sin contacto alguno con otro ser humano.
El 4 de abril, en la cuenta de Twitter de Chelesa se publicó: «ACTUALIZACIÓN: Después de 28 días en la llamada «segregación administrativa» (confinamiento solitario), Chelsea finalmente se ha trasladado a la población general en el Centro de Detención de Truesdale»
Su detención, según el juez, es hasta que se decida a hablar. Pero Chelsea dijo en un comunicado: «No participaré en un proceso secreto al que moralmente me opongo, particularmente uno que ha sido históricamente usado para atrapar y perseguir activistas por un discurso político protegido». Y dijo que se atiene a lo ya declarado en 2010.
En vista de lo que ocurrió con Assange, no solo es entendible que quisiera mantener el silencio. Incluso puede pensarse que ya estaba al tanto de como habían caído las fichas para el informático australiano.
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