Las divisiones internas en las fuerzas de centroizquierda, que en 2015 llevaron a la ex jueza Manuela Carmena a la alcaldía de Madrid, dejaron el 26 de mayo pasado el ayuntamiento de la capital española servido para la derecha. Pero para el regreso al Palacio de Cibeles el Partido Popular debió formar una coalición con Ciudadanos y el xenófobo Vox. No es la primera incursión de esta sociedad, ya que a principios de año habían dado una sorpresa en Andalucía, destronando al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de su bastión histórico. Pero a poco de asumir en la alcaldía «Triple Alianza» mostró de qué viene esta nueva etapa conservadora en el país ibérico: la primera y cuestionada medida fue liberar el tránsito de vehículos en el casco histórico, lo que generó impresionantes embotellamientos, protestas de grupos ecologistas y finalmente una medida cautelar para volver al 30 de junio, el último día en que había funcionado el Madrid Central, un proyecto para preservar el medio ambiente.
Carmena es una respetada jueza que se retiró de la Justicia en 2010 para incursionar en la política y hace cuatro años ganó la jefatura de gobierno con Ahora Madrid, una alianza entre Podemos y Ganemos Madrid. Era el momento de mayor auge de los movimientos de centroizquierda populista que habían surgido tras las protestas de los indignados contra los ajustes con que los gobiernos del PSOE y el PP enfrentaron la crisis financiera, haciéndoles pagar los platos rotos a las clases medias y los trabajadores para salvar a los bancos.
Pero el núcleo duro de Podemos, del que formaban parte Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, comenzaron a mostrar sus diferencias y esa sociedad se rompió definitivamente en enero pasado. Errejón formó equipo con Carmena con una agrupación llamada Más Madrid. Iglesias, con Unidas-Podemos, apoyó a Carlos Sánchez Mato, de Madrid en Pie. Para la Comunidad de Madrid, Errejón fue por un lado e Isabel Serra por el otro. En ese enfrentamiento Carmena ganó la mayoría de concejales, pero el «trifachito», como se conoce popularmente a la coalición de las derechas, vio la oportunidad de unirse para destronar a la alcaldesa, que según todas las encuestas, había hecho una gobernación más que aceptable. En la Comunidad –la provincia circundante– la formación de gobierno todavía esta verde. Obtuvo más escaños el PSOE. Errejón y Unidas-Podemos, ahora, se suman para ungir al socialista Ángel Gabilondo, pero PP+Cs+Vox tienen más votos.
La primera víctima del sorpasso derechista en Madrid fue el plan para convertir al centro de la ciudad en una zona de bajas emisiones. Cierto que era uno de los compromisos a los que habían arribado los líderes del tripartito para nominar a José Luis Martínez Almeida, del PP. Pero nadie imaginó que lo harían tan pronto. Mucho menos cuáles serían las consecuencias de volver a permitir la circulación en las calles de esas 472 hectáreas protegidas.
La medida regresiva entró en vigencia el 1 de julio. De inmediato se produjeron colosales embotellamientos en los alrededores de la Plaza del Sol y los paseantes percibieron de qué forma las emanaciones de los vehículos se extendían por la atmósfera, a pesar de que en realidad, el plan había sido puesto en vigencia en diciembre pasado. El alcalde tuiteó ante las primeras críticas: «No voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda en la lucha por la calidad del aire. En los 4 años de Carmena y en los 9 meses de Madrid Central, la contaminación ha aumentado en 19 de las 24 estaciones de medición de la ciudad de Madrid», algo que no intentó corroborar con datos.El viernes, el juez Jesús Torres Martínez dio lugar a una demanda de dos ONG, Ecologistas en Acción y de Greenpeace, y paralizó la suspensión de las multas con una cautelar. O sea: se volverá a castigar económicamente a los que vayan en auto al centro. Por ahora. «
El nuncio que acusó a Sánchez de resucitar a Franco El Papa Francisco aceptó la renuncia del nuncio en España, el italiano Renzo Fratini, que se jubilará por cumplir los 75 años. Fratini generó en las últimas semanas un fuerte entredicho entre el gobierno de Pedro Sánchez y el Vaticano, cuando dijo que el socialista pretendía «resucitar a Franco», al decretar la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos.
Fratini declaró a la agencia Europa Press que «hay tantos problemas en el mundo y en España. ¿Por qué resucitarlo? Yo digo que han resucitado a Franco. Dejarlo en paz era mejor, la mayoría de la gente, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años de la muerte, ha hecho lo que ha hecho, Dios juzgará. No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil».
El traslado de los restos está todavía en veremos por una cautelar de la Corte de Justicia. Fue una de las primeras decisiones de Sánchez cuando asumió el cargo, en junio del año pasado. Las palabras del embajador vaticano, también arzobispo de Botriana, un cargo más bien honorífico, causaron escozor en el Palacio de La Moncloa al punto que la embajadora española ante la Santa Sede, Carmen de la Peña, pidió explicaciones al secretario de Relaciones con los Estados del Vaticano, monseñor Paul Richard Gallagher.
Para la Santa Sede, su posición es la que quedó reflejada en la carta remitida por el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin a principios de 2019 donde señala que «la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone».
Luego de varios meses de debates, que incluyeron negociaciones en la cumbre del G20 de Osaka, el parlamento francés aprobó un impuesto del 3% a las operaciones de los gigantes de internet. La normativa, conocida por las siglas de los implicados como GAFA (por Google, Amazon, Facebook y Apple) pone a Francia a la cabeza de la iniciativa para que las firmas que comercializan a través de la plataforma virtual paguen impuestos en los países donde operan y no solo donde eligen, como forma de elusión, radicar su sede legal.
El ministro de Economía y Finanzas galo, Bruno Le Maire, señaló que el impuesto -que en la práctica había entrado en vigencia el 1 de enero- es una avanzada para llegar a algún acuerdo en el 2020 en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (ODCE) porque «la única solución es internacional». La normativa tenía media sanción de Senadores de mayo pasado.
La tasa GAFA es todo un desafío francés, y como era de esperar, recibió el rechazo de Donald Trump. Se inspira en un proyecto de la Unión Europea (UE) que no tuvo éxito por la falta de apoyo de Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Por esta razón, los analistas consideran que es la punta de lanza para las naciones que esperan poder implementar una tasa a las firmas tecnológicas en la reunión del G7, el grupo de las 7 economías más desarrolladas del hemisferio occidental (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), que mantendrán en la ciudad francesa de Chantilly entre el 17 y el 18 de julio próximos los ministros de economía y los titulares de los bancos centrales.
Entre las razones que esgrimió Le Maire para aplicar esta tasa figura que los gigantes de internet «están volviéndose igual de potentes que los Estados soberanos» y «solo responden a intereses privados». «La realidad es que con la digitalización de la economía las grandes empresas digitales ganan considerables beneficios gracias a la valorización de sus datos, aunque pagan sus impuestos en países con tasas más favorables», dijo el ministro a la agencia AFP.
La UE debatió en marzo pasado la imposición de tributos a empresas de tecnología en los países del bloque comunitario, pero las presiones hicieron postergar la aplicación hasta 2021. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fue el encargado de llevar el anuncio a Francia de que no veían con buenos ojos este nuevo impuesto que, recalcó, además generar daños a empresas estadounidenses, «afectaría a los usuarios franceses».
La tasa GAFA se aplica a publicidad y servicios de venta on line. Los funcionarios que elaboraron la propuesta estiman que recaudará alrededor de 500 millones de euros al año. Le Maire lo bautizó como «el impuesto del siglo XXI» y dijo que espera de este modo «restaurar la justicia fiscal».
La respuesta de Google fue que siempre han pagado los impuestos en los países donde opera. Sin embargo, como hay leyes que impiden la doble imposición, en su caso la mayoría de los aportes fiscales los hace en Estados Unidos, con lo que sus operaciones en el resto del planeta quedan libres. A esta tipo de injusticia fiscal se refería el ministro galo.
Italia, España, Singapur y la India están analizando tasas similares. Los ministros de Finanzas de los países del G20 habían acordado en Osaka estudiar con la OCDE establecer un sistema global de impuestos a las compañías de internet. Le Maire, el abanderado de esta campaña, había dicho entonces «Necesitamos apurarnos». Sabe que las GAFA no se quedan de brazos cruzados y que cuentan con el apoyo de Trump.
Nike retiró un modelo de zapatillas con el que pensaba celebrar el día de la independencia de Estados Unidos, porque en el talón tiene una bandera considerada un símbolo racista, tras el rechazo de un jugador de futbol americano que, además, tiene contrato publicitario con la fabricante de productos deportivos.
Colin Kaepernick, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, llevó al triunfo a su equipo en la final del Superbowl de 2012. Pero su fama trascendió esa hazaña cuando en 2017 inició una batalla contra la discriminación racial tan efectiva como controversial: en cada partido de la National Footbal League (NFL), ponía rodilla en tierra mientras se entonaba el himno estadounidense.
«No me voy a poner de pies para demostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a la gente negra», se justificó Kaepernick. Eso le generó la enemistad de Donald Trump y enfureció a los sectores más ultraderechistas de una sociedad atravesada por chispazos de xenofobia, alentados desde la Casa Blanca. «¡Saquen a ese hijo de puta del campo de juego ahora mismo!», tuiteó el mandatario.
Nike, fabricante de productos deportivos, lo eligió para liderar su campaña para recordar los 30 años de su slogan «Just do it», «Solo hazlo». Le adosó un muy atractivo «Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo». Que fue premonitorio para Kaepernick, ya que el técnico fue raleando su presencia en el campo de juego alegando una baja en su rendimiento.
El enojo de Trump caló en los grupos más radicalizados y las redes se llenaron de imágenes de zapatillas incendiadas y con el slogan «Just burn it», «sólo quémalo». «Es un mensaje terrible», agregó, más calmo, el presidente Trump, que tuvo respuesta de la NFL, por aquellos días todavía del lado del jugador y por tanto, haciendo un llamado de atención «sobre los problemas de justicia social» que denunciaba. Kaepernick dice que los negros son víctimas de discriminación laboral, cobran menos salarios y padecen violencia policial. Algo fácilmente comprobable incluso en tiempos de Barack Obama en el gobierno.
Finalizado su contrato, el futbolista no consiguió equipo donde mostrar sus habilidades. Nadie quería quedar en medio de la polémica entre los que denostaban sus actitudes en defensa de los derechos de la población negra y los que lo consideran un continuador de las luchas de la comunidad afrodescendiente de los años 60.
En febrero pasado, llegó un acuerdo con la NFL, a la que había demandado en los tribunales de justicia. Había denunciado que los equipos se pusieron de acuerdo para no contratarlo como una forma de castigo por su posición política. Más grave aún, sostuvo que la postura unánime surgió luego de presiones de Trump y del vicepresidente Mike Pence. Se ignora el monto del resarcimiento porque las partes se comprometieron a mantener la cifra en secreto. Pero se cree que tendría siete ceros.
(Foto: AFP)
Ahora, Nike pensaba celebrar el aniversario de la independencia con un modelo, el Air Max 1 Quick Strike, que llevaba en el talón la bandera conocida como Betsy Ross. Se trata de una bandera con 13 barras alternadas rojas y blancas -una por cada una de las colonias británicas- con un rectángulo azul que representa una nueva constelación donde 13 estrellas, de cinco puntas, están en círculo. Fue creada en medio de las luchas independentistas, en 1770, pur una prima de un amigo de George Washington.
En sí misma, la bandera no dice mucho más que eso. Pero como fue elaborada en tiempos de la esclavitud, para los supremacistas blancos, como los del Ku Klux Klan, es su enseña patria y la hacen flamear en sus actos. Parece ser, según los que saben del tema, que la bandera confederada, esa roja atravesada por una cruz diagonal azul donde relucen las 13 estrellas, es tan evidente, habida cuenta de que corresponde a los esclavistas sureños, que en busca de algún emblema de unidad nacional los racistas prefieren volver a las fuentes.
De allí que a los activistas por los derechos civiles, como Kaepernick, les resulte una imagen irritativa. Suficiente como para que Nike, que en el último año fiscal tuvo un beneficio neto de 4.029 millones de dólares sumando sus ventas en todo el mundo, aceptara la queja del deportista. Lo que seguramente le generará nuevas arremetidas en las redes.
Lo peor es que tuvo que retirar los miles de pares ya entregados a los distribuidores y para el 4 de julio ya no tiene tiempo de cambiar la bandera por la de 50 estrellas que se instauró en 1959, cuando Hawaii ingresó como el 50º estado de la Unión.
Más allá del compungido audio de Whatsapp del canciller Jorge Faurie al presidente Mauricio Macri anunciando la firma de un acuerdo entre el Mercosur y la UE, la realidad indica que la efectivización del pacto comercial está aún muy verde, si es que alguna vez se logran poner de acuerdo a los parlamentos de los 28 países europeos y los cinco sudamericanos. Pero lo que sale a la luz, además de que se desconocen los pormenores de lo que se propone, es que las primeras voces en hacerse oír son las de beneficiados y perjudicados por las negociaciones. Y como en un espejo, la industria y el campo de cada costa del Atlántico celebran y protestan según como creen que les irá en la feria.
Así, mientras en América del Sur, los sectores del trabajo y la industria despliegan toda la artillería discursiva en contra de un convenio que, avizoran, dejará un tendal de trabajadores y sectores productores completos en la calle, en Europa los fabricantes de automóviles alemanes se restriegan las manos sopesando las futuras ganancias.
Por lo pronto, el secretario general de la la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA), Erik Jonnaert, señaló que «bajo las condiciones adecuadas hay un potencial real de crecimiento para la industria automovilística de la Unión Europea, dada la dimensión del mercado de Mercosur, tanto en términos de PIB como de población».
La UE exportó el año pasado 73.000 vehículos hacia la región pero el dato que toman en cuenta para este festejo es que el Mercosur importó en total 234.000 automóviles. Y ese mercado resulta seductor, además de que esperan incrementar sus ventas luego de la eliminación de aranceles que implica el acuerdo.
A los cuestionamientos de industriales argentinos, sobre todo pymes, se le sumaron las críticas de sectores de la producción del Brasil. Es un acuerdo que «no trae ganancias para la industria brasileña del acero, que enfrenta una ociosidad de 34% de la capacidad instalada debido a la crisis económica en el país y al exceso de oferta mundial», según un comunicado del Instituto Acero Brasil (IAB).
La institución puntualiza, además, que con ese convenio la industria brasileña perderá la categoría de «preferencial» dentro del bloque regional y los productos de la UE podrán invadir el mercado local incluso con componentes elaborados fuera del bloque europeo.
Los que están que trinan con el anuncio son los agricultores. En el caso de los franceses, el presidente Emmanuel Macron tuvo que poner un poco de paños fríos tras el anuncio. Es que con un conflicto no resuelto con los «chalecos amarillos», el mandatario no podía exponerse a otro frente de protesta.
Francia fue la nación más reacia a liberar el comercio con el Mercosur, teniendo en cuenta de que es el país europeo que recibe más subsidios para sostener su producción agropecuaria. «No podremos competir con las fábricas de carne latinoamericanas», argumentan. «No puedo decirles que vamos hoy a ratificar el Mercosur. Francia no está por ahora preparada a ratificarlo», trató de calmar Sibeth Ndiaye, portavoz del gobierno.
El principal sindicato agrícola de la UE, COPA-COGECA, tomando en cuenta elementos ecologistas, declaró que el acuerdo agrandará «la brecha entre las normas exigidas a los agricultores europeos» y lo que se tolera de los productores del Mercosur. «El libre comercio está en el origen de todos los problemas ecológicos», abundó el exministro francés de Ecología, Nicolas Hulot.
La Federación Alemana de Agricultores (DBV, por sus siglas en alemán) también salió con los botines de punta contra el pacto comercial por razones medioambientales. «Es inaceptable que la Comisión de la UE firme este acuerdo completamente desequilibrado. Este acuerdo comercial es pura y simplemente un doble rasero», dijo el presidente de los agricultores germanos, Joachim Rukwied.
La DBV alude a que las regulaciones de protección del medio ambiente y del clima, el uso de antibióticos y herbicidas que se exigen a los europeos no son iguales a las que se piden en esta parte del mundo.
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de España presentó en Bruselas un informe con serios cuestionamientos al acuerdo y se mostraron sorprendidos de que el gobierno de Pedro Sánchez se hubiese enorgullecido de semejante negociación. «No entendemos por qué el Gobierno español ha impulsado el cierre del acuerdo (…) existen muy pocos estudios, pero todos coinciden en que Europa es la que pierde con esto», dijo la U.
La organización hizo referencia a un estudio del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea que en 2011 alertaba sobre pérdidas para los agricultores europeos de 7.750 millones de euros si se liberaba el ingreso de productos agrarios sudamericanos.
Comentarios recientes