No es la primera vez que Washington boicotea la posibilidad de una solución consensuada a la crisis política que golpea a Venezuela. Pasó en Santo Domingo el 7 de febrero de 2018, cuando el expresidente del Gobierno español, José Luis Zapatero, anunció apesadumbrado que la oposición había roto los acuerdos alcanzados tras meses de trabajosas negociaciones luego de recibir una llamada desde la Casa Blanca. Ahora, mientras el viernes pasado el presidente Nicolás Maduro se mostró esperanzado en la continuidad de otra mesa de diálogo, promovida por Noruega en Barbados, Donald Trump volvió a bombardear las negociaciones al emitir una orden ejecutiva que congela todos los activos del país caribeño. Todo esto cuando este martes se abría en Lima una cumbre para tratar el caso venezolano. Y en Caracas recordaban los 20 años de la creación de la República Bolivariana, una de las primeras iniciativas del presidente Hugo Chávez, que recién había asumido su cargo en el Palacio Miraflores.
Este sábado, el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, había celebrado «con beneplácito» la decisión de gobierno y oposición de Venezuela de mantener la mesa de negociaciones en Barbados. «El secretario general reitera su firme apoyo a la iniciativa de la facilitación noruega y anima a los principales actores políticos de Venezuela, y a sus representantes en las negociaciones, a seguir comprometidos con estos esfuerzos, en beneficio del pueblo de Venezuela», señaló en su nombre el vocero Stephane Dujarric.
El propio Maduro dijo el sábado que agradecía a «los sectores de la oposición que están asistiendo a Barbados, que estuvieron en Noruega, por mantenerse firmemente en el diálogo político con el gobierno bolivariano y con las fuerzas revolucionaras. Tengo que agradecerlo».
Sorpresivamente (o no) el lunes, en medio del tembladeral por la devaluación de la moneda china, un coletazo de la guerra comercial que Trump desató contra el gigante asiático, la Casa Blanca anunció el DNU que bloquea los bienes del gobierno venezolano en EEUU. La respuesta de Caracas fue que «esta decisión de élite constituye el más grotesco y descarado saqueo del cual se tenga registro en las historia contemporánea de las relaciones internacionales».
Como para que no queden dudas de que esta medida es otro boicot deliberado al diálogo entre oficialismo y oposición, el asesor de Seguridad John Bolton, la figura estelar de la cumbre en Lima, dijo que las negociaciones «no son serias». Y de manera unilateral e inconsulta, afirmó que «el tiempo del diálogo en Venezuela ha terminado, ahora es el momento para la acción».
El diputado Juan Guaidó, autodesignado presidente interino, aplaudió las sanciones y dijo que demuestran que apoyar al chavismo «acarrea consecuencias». Una postura que choca contra el planteo de Stalin González Montaño, quien representa en Barbados a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que nuclea al antichavismo, y tres días antes reafirmó la necesidad de continuar en la ronda de negociaciones en su cuenta Twitter.
Bolton se juega una partida personal muy fuerte en esta crisis porque convenció a Trump de reconocer al autodesignado Guaidó, y de comenzar una escalada para derrocar a Maduro, que ya lleva ocho meses sin el resultado que pronosticó. El presidente de EEUU ya dio muestras de disgusto porque tanto su aguerrido asesor como Elliot Abrams, lo convencieron de que el cambio de régimen era cuestión de días.
En Lima se juntaron unos 60 países para la llamada «Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela». Rechazaron la invitación Cuba, Rusia, China y Turquía, mientras que hubo un enviado del Papa a nombre del Vaticano, de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo.
La mayoría de los presentes reconocen a Guaidó, pero también se hicieron presentes representantes de México y Uruguay, que continúan sosteniendo la legalidad de Maduro y tratan, hasta ahora infructuosamente, de que se encuentre una solución civilizada, algo que no está en los planes de Bolton, ni de Abrams, y mucho menos de Trump o el departamento de Estado.
En tal sentido, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), una ONG relacionada con la CIA, señaló en un comunicado que están listos para reconstruir Venezuela «luego de la devastación producida por el gobierno de Nicolás Maduro».
La USAID agregó que Guaidó y el Parlamento «han expresado la necesidad de asistencia internacional humanitaria inmediata» y concluye en un comunicado que » Estados Unidos permanece listo para apoyar a organizaciones humanitarias independientes e imparciales para proveer ayuda en Venezuela, si lo permiten las condiciones».
Nada dice en el texto respectivo sobre que la forma en que impacta en esa devastación el bloqueo y la incautación de bienes e ingresos venezolanos en el exterior. El comunicado de repudio de la cancillería bolivariana denuncia el «robo ilegal de la empresa Citgo y las sedes diplomáticas venezolanas» en EE.UU. y afirma que la Casa Blanca y sus aliados «procuran nuevas oportunidades y recursos para usurpar y saquear aquello que le pertenece a los más de 30 millones de venezolanas y venezolanos».
La guerra comercial que desató Donald Trump contra China ingresó en otra etapa de imprevisibles consecuencias a partir de la devaluación del yuan, lo que impacta en todos los mercados del mundo y especialmente en la economía argentina, en la última semana previa a las PASO.
Algo de eso ya se comenzó a sentir en las casas de cambio locales, cuando el dólar superó los 46 pesos a poco de la apertura. Pero también en las principales bolsas. Wall Street, por caso, perdía 1,94% y el Nasdaq, de tecnología, 2,64%. Los índices en Europa reproducían cifras similares luego de que la moneda china pasara por primera vez desde mayo de 2008 las 7 unidades por dólar.
Tras al desafío de Trump de hace dos años, fue creciendo la guerra entre Washington y Beijing y a esta altura los aranceles comerciales impuestos por la Casa Blanca involucra a insumos por unos 360 mil millones de dólares. El mandatario estadounidense anunció el viernes pasado nuevos aranceles adicionales del 10% sobre productos que aún no habían sido gravados, a partir del 1 de setiembre.
Tras la caída del yuan, el polémico inquilino de la Casa Blanca protestó que China manipulaba su moneda para favorecer sus exportaciones y birlar de ese modo los aranceles.
La acción del Banco Central chino es clave para mantener el valor de la moneda ya que el RMB, como se llama técnicamente el yuan, no es totalmente convertible. Es así que hubo un comunicado de la entidad crediticia asegurando que tiene «la experiencia, la confianza y la capacidad de mantener el tipo de cambio del yuan en un nivel razonable y equilibrado».
Una devaluación sin dudas beneficia a los productos chinos no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, de allí la turbulencia que la novedad despertó en todas las bolsas. Pero en medio de las elecciones primaras argentinas sería la peor noticia para el gobierno de Mauricio Macri.
Porque en climas hostiles como estos, los inversores intentan desprenderse de papeles tóxicos como podrían ser bonos argentinos y salir a las espantadas de estas costas. Eso se reflejó en el alza del dólar y en el incremento del riesgo país, que superaba a media mañana los 890 puntos, un 7% más que el viernes.
Otro dato a tener en cuenta es que las reservas del Banco Central Argentino se constituyen con el equivalente a unos 9000 millones de dólares en swaps con China, a la cotización del viernes. Tras la devaluación del yuan esa cifra baja en un escenario de alta volatilidad y no por las batallas que se producen entre Beijing y Washington.
Mientras tanto, Trump acusa a China de «manipulación monetaria». Y algo de eso hay, aunque como sucede en cualquier guerra, todo vale.
«El gobierno chino puede verse autorizado a disminuir de forma suplementaria el yuan para sostener su crecimiento» en un momento en que las perspectivas económicas de esa nación enfrentan una disputa comercial sin precedentes, explicó a la agencia noticiosa AFP Ken Cheung, analista en Mizuho Bank.
En las dos últimas cumbres del G20, en Buenos Aires y en Osaka, Trump y Xi Jinping, los líderes de las dos naciones más poderosas se reunieron para tratar de limar asperezas y poner fin a la guerra comercial. En ambos encuentros, hubo fumata blanda y todo parecía indicar que los cruces previos -China respondió con aranceles a cada aumento de los aranceles desde EEUU- eran el prolegómeno a llegar a acuerdos. La tensión necesaria para poder negociar en mejores condiciones para cada parte.
Julian Evans-Pritchard, de Capital Economics, añade una perspectiva poco alentadora hacia el futuro tras la devaluación. «Todo indica que han abandonado cualquier esperanza de un acuerdo comercial», dijo el experto.Ahora nadie puede aventurar lo que podría ocurrir. Lo que hace temblar a los ocupantes de la Casa Rosada, y no por declaraciones del candidato del Frente de Todes.
El presidente Jair Bolsonaro avanza en su proyecto de formatear a Brasil y a pesar de que grandes sectores de la sociedad no dejan de mostrar su indignación, continúa sin el menor reparo político. Esta semana, tras denigrar al titular de la Orden de Abogados de Brasil, hijo de un desaparecido por la dictadura, se lanzó a modificar la composición de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos (Cemdp) que investigó los crímenes del régimen militar. También destituyó al jefe del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE), Ricardo Galvao, porque reveló el peligroso incremento en el nivel de destrucción forestal en un año.
Desafiante, en un reportaje a O Globo el primer mandatario justificó la designación de un militar y un abogado de su partido en la Cemdp, en que «ahora cambió el presidente, Jair Bolsonaro es de derecha, punto final». Y para agregar un poco más de leña al fuego, agregó que «cuando ellos (por el PT) ponían a terroristas ahí, nadie decía nada, ahora cambió el presidente, también cambió la cuestión ambiental».
Galvao, un físico de 71 años, venía denunciando la aceleración de la tala de árboles en Amazonas: según sus informes, el primer semestre deforestaron 920,4 kilómetros cuadrados de selva, casi cuatro veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. No sólo eso, trató a Bolsonaro de cobarde por haber dicho que publicar esos datos atentaba contra la imagen del país.
«Mis palabras sobre el presidente generaron molestia, entonces seré destituido», explicó el científico al salir de una reunión con el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, un teniente coronel de la aeronáutica brasileña que en 2006 hizo el curso de astronauta en la NASA y tripuló una nave Soyuz en un viaje a la Estación Espacial Internacional.
Bolsonaro dio otro golpe en la Cemdp –un organismo creado en 1995, que fue el antecedente más directo de la Comisión de la Verdad creada por Dilma Rousseff en 2011– luego de entreverarse en un debate con Felipe Santa Cruz, presidente de la OAB, hijo de Fernando Santa Cruz, desaparecido en 1974 a los 26 años. El mandatario brasileño, iracundo porque Santa Cruz había respaldado la actuación de los defensores del autor de la cuchillada contra el entonces candidato presidencial, dijo: «Si quiere saber cómo desapareció su padre, yo se lo puedo decir. Pero no querrá saber».
Lo que vino luego fue la denigración de Santa Cruz, quien fue detenido por fuerzas del Ejército en el carnaval de Río y no volvió a aparecer. Como respuesta institucional, desde el PT y los abogados le pidieron que si tenía información la brindara. El pedido llegó hasta el Supremo Tribunal de Justicia.
Bolsonaro dobló la apuesta y modificó la composición de la Cemdp y sustituyó a cuatro de los siete miembros. Así, el organismo será dirigido por Marco Vinicius Pereira de Carvalho, un abogado afiliado al partido de Bolsonaro y asesor de la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, pastora evangélica y célebre por haber declarado que en Brasil nos niños deben vestir de azul y las niñas de rosa. O que la película Frozen convierte a la chicas en lesbianas.
En la comisión también ingresa el diputado del PSL Filipe Barros, un joven de 28 años que celebró el 55° aniversario del golpe militar, el 31 de marzo pasado. Otro nuevo miembro, el coronel Weslei Antonio Maretti, es admirador del militar que torturó a Dilma en su juventud, mientras que el oficial del ejército Vital Lima Santos también es abogado. « Que se asesinen entre narcos: la solución brasileña a los problemas carcelarios
Desde hace décadas, aunque no se digan expresamente, la solución a los problemas carcelarios en Brasil pasa por dejar que las propias bandas de narcotraficantes resuelvan sus disputas con la barbarie. Pasó esta semana en la prisión de Altamira, estado de Pará, cuando miembros de la fracción Familia del Norte tuvieron vía libre para eliminar a 58 integrantes del Comando Vermelho. Fue una de las mayores matanzas en una penitenciaría en la historia judicial del país, pero ni siquiera es la más atroz: en mayo pasado, una serie de revueltas en el estado de Amazonas dejó un saldo de 55 muertos; en 2017 se habían producido 67 muertes en una semana de protestas carcelarias en Manaus o otras 33 en Boa Vista. La serie trágica llega hasta 1992 cuando 111 presos fueron asesinados en Carandiru, San Pablo, en un hecho que conmovió al mundo, registrado en documentales y un film.
El estado norteño de Pará suele ser noticia por estos hechos desde hace tiempo. Según los expertos, dos circunstancias se cruzan. Por un lado las cárceles están atestadas de presos víctimas de modelos de represión cada vez más refinados. La de Altamira debía ser reemplazada por otro establecimiento más amplio que debía estar listo en 2016 pero se demoró hasta fin de año. Había 343 internos: tiene capacidad para 163.
Lo más grave es que el norte de Brasil se convirtió en terreno propicio para las bandas de narcos, que aprovechan un corredor productivo que lleva a la selva colombiana, con ramificaciones en Paraguay y Bolivia, en el sur. Esos espacios son disputados desde tiempo atrás por el Comando Vermelho, la más antigua de las organizaciones criminales, creada en 1969 en la cárcel de Ilha Grande, de Río de Janeiro, de la fusión de presos comunes que buscaban defenderse de los maltratos en la época de la dictadura y que contaron con la formación de detenidos por razones políticas. Son una suerte de hermandad capaz de luchas por el bienestar de los familiares de los detenidos y de los mismos presos en el interior de los penales del país.
En ese escenario, en San Pablo fue creciendo el Primer Comando Capital (CCC), que le copió procedimientos y compite por los mercados. Fundado en 1993 en la cárcel de Taubaté, de allí se desprendió el Comando Classe A (CCA), que también actúa como Familia del Norte.
Los datos que se conocen de lo ocurrido el lunes sugieren que hubo zona liberada para que un grupo del CCA invadieran el pabellón que ocupaba el CV. Las autoridades declararon que usaron facas para acuchillar a rivales. De los 58 muertos, 16 fueron decapitados, los otros fallecieron asfixiados en un incendio provocado por los atacantes.
No hubo argumentos para explicar por qué razón los carceleros no detectaron que muchos de los internos tenían armas blancas ya que se supone que deben hacer requisas para evitar estas situaciones. Peor aun: se conoció la noticia decidieron el traslado de los sobrevivientes de CV. Pero otros cuatro murieron asfixiados en el ómnibus donde los llevaban, elevando la cifra de víctimas a sesenta y dos.
Las Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) fueron creadas en 2009, bajo la administración del kirchnerismo, con el objetivo de ser un ordenador de las disputas internas de los partidos políticos. En la actual edición, no habrá confrontación entre fórmulas presidenciales de un mismo partido. Por ello, desde el oficialismo se ensayó tiempo atrás una crítica a este proceso político con el argumento de que era un gasto innecesario. En realidad, existía el temor encubierto a un resultado adverso en esta primera compulsa electoral. Pero, ante la imposibilidad de cambiar las reglas de juego en el Congreso Nacional, el macrismo desistió de aquellos planes. Las encuestas que circulan por los medios de comunicación, y en las que, en rigor, no todos confían por la volatilidad de los datos y fundamentalmente por los antecedentes de las últimas elecciones, hablan de una marcada polarización. Pero todo quedará definido el 11 de agosto, cuando los argentinos vayan a las urnas y el resultado revele cómo está su ánimo en torno a la renovación presidencial. Tanto el Frente de Todos, la denominación que adquirió el PJ con los partidos que apoyan al binomio Alberto Fernández-Cristina Fernández, como Juntos por el Cambio, la marca del oficialismo que lleva al senador aliado, Miguel Ángel Pichetto, apuestan decididamente a partir el electorado en dos. En ese entramado, cada voto indeciso cuenta y la polarización parece no dejar demasiado espacio para un tercero en discordia. El exministro de Economía Roberto Lavagna, y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, integrantes de la fórmula de Consenso Federal, se las ven en figurillas para obtener su momento ante las cámaras, algo que les permitiría pelear su lugar bajo el sol. Es que los medios hegemónicos ya pusieron sus fichas por la continuidad. La jugada macrista de sumar a Pichetto a la fórmula y la del peronismo de recuperar a Sergio Massa le quitaron peso político a la coalición, que intentaba ser una alternativa a la polarización.
Batallas centrales Pichetto no pasó al macrismo para sumar votos, sino por su capacidad de articulación con el universo peronista. Mostró eso en San Luis, al sumar a las filas de Juntos por el Cambio al senador Adolfo Rodríguez Saá, hermano del mandatario provincial, Alberto, que está encolumnado con el kirchnerismo. Los Rodríguez Saá compitieron por la gobernación en junio. Ganó Alberto con el 42% de los sufragios, mientras Adolfo obtuvo un 22%, porcentaje sobre el que apunta el oficialismo para sumar a su cosecha. Por su parte, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner tiene a los cordobeses en sus oraciones de manera permanente. Mantuvo un encuentro con el gobernador Juan Schiaretti, del que en principio no obtuvo más que una foto, pero consiguió remover aguas entre los intendentes peronistas. Córdoba fue el distrito clave en 2015, cuando arrasó Macri, pero ahora con sus políticas económicas a la vista, es improbable que se repitan aquellos guarismos. Schiaretti, que tenía todo listo para conformar un frente con Urtubey, Lavagna, Massa y Pichetto, quedó desairado y trata de defender su territorio sin comprometer su propio caudal electoral, refrendado en mayo por el 57% de los votos, ante un radicalismo dividido. Santa Fe, otro distrito determinante ofrece un panorama también intrincado. En junio el peronista Omar Perotti destronó al socialismo, que había gobernado por 12 años. En el Frente de Todos celebraron el triunfo como propio, pero el mandatario electo esquiva el bulto a las definiciones tajantes y se limitó a tímidos mensajes de apoyo a Fernández. Con todo, en el final de la campaña, Perotti participó de actividades junto con Fernández. La batalla principal se librará en territorio bonaerense. La gobernadora María Eugenia Vidal intenta revalidar títulos ante la propuesta del peronismo encabezada por el exministro de Economía y diputado nacional, Axel Kicillof y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. La clave aquí será el peso de las fórmulas presidenciales de ambos espacios ya que, según algunos análisis, en un escenario reñido será decisiva la incidencia del corte de boletas.
Aportes externos Estas serán las terceras PASO a nivel presidencial. Para el análisis, no hay punto de comparación con 2011, cuando ganó Cristina Fernández ante la dispersión de los partidos de la oposición. En 2015, en tanto, el resultado fue positivo para el Frente para la Victoria, con casi 39% contra 30% de Cambiemos. El tercero esa vez fue Unidos por una Nueva Alternativa, que llevó a Massa y José Manuel de la Sota y logró cerca de 21% de apoyos. En la general, si bien en la primera vuelta Daniel Scioli le sacó tres puntos de ventaja a Macri, Cambiemos logró unificar al anti kirchnerismo en el balotaje para quedarse con la presidencia por menos de 3%. Lo que indica que lo que muestre la foto del 11A será un indicador de cara a la película de octubre o eventualmente noviembre, pero no deberá ser tomado como un resultado definitivo, puesto que mucha agua correrá hasta el 27 de octubre. De todas maneras, para el Gobierno es importante no quedar mal parado ya que temen que el sostén del FMI –en julio liberó otros 5.400 millones de dólares que, según entienden en la oposición, «son aportes de campaña que deberán pagar todos los argentinos»– no sea suficiente para calmar a la economía. De allí la urgencia por sacar del escenario a postulantes que puedan limar, aunque sea en pequeña escala, la cosecha electoral de Macri-Pichetto. Es lo que denuncia el ultra liberal José Luis Espert, candidato presidencial de Despertar, quien perdió un precandidato a vice tentado con una banca a diputado por Juntos por el Cambio a última hora y quedó envuelto en una controversia judicial por la inscripción de su fórmula. Otros espacios de la derecha son el que integran el ex militar carapintada Juan José Gómez Centurión y la militante antiabortista Cynthia Hotton. Y también se postula el neofascista Alejandro Biondini acompañado por otro ex carapintada, Enrique Venturino. En tanto, y tras el terremoto dentro del Partido Obrero que terminó con la expulsión de su tradicional líder, Jorge Altamira, se presenta el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, con Nicolás del Caño-Romina Pla, donde se nuclean el PTS, el MST, el PO e Izquierda Socialista. Y por fuera de esta alianza quedó el MAS, que lleva a Manuela Castañeira como precandidata a presidenta.
Revista Acción, primera quincena de Agosto de 2019
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