por Alberto López Girondo | Oct 17, 2019 | Sin categoría
Boris Johnson anunció un acuerdo con la Unión Europea por el que el Reino Unido dejaría la comunidad continental en 14 días, como estaba previsto, y que consiste en resignar Irlanda del Norte a una relación diferenciada del resto de la nación. Pero el pacto está armado con alfileres ya que depende de la aprobación del Parlamento, algo que no está garantizado, y deja cabos sueltos como para generar rispideces con los unionistas norirlandeses y con los escoceses.
En síntesis, el texto que arreglaron el gobierno británico y los representantes de la UE implica que no se vuelta a una frontera dura entre el norte de la isla de Irlanda, bajo control de Londres, y el sur, república independiente de la corona desde 1922 y que no tiene la menor intención de irse de Europa.
El temor de los negociadores y el verdadero grano en el trasero que dejó como resultado el reféremdum de 2016 a favor del Brexit fue que se podría militarizar la frontera, una zona que fue durante décadas foco de una guerra civil entre católicos más cercanos a Dublin y protestantes, aliados a Londres. Los unionistas son partidarios de sellar la fusión indisoluble con el Reino Unido. Los acuerdos de paz de 1998 fueron una trabajosa y comprometida solución a un conflicto que se llevó miles de vidas. Mientras Gran Bretaña e Irlanda formaran parte de la UE, no había pasos aduaneros, pero tras el Brexit puede volver a agitarse una tragedia que parecía clausurada.
«Irlanda del Norte forma parte del territorio aduanero del Reino Unido», aclara el artículo 4 del borrador entre Londres y Bruselas. Pero al mismo tiempo, se indica no habrá frontera física entre la República de Irlanda y la provincia de Irlanda del Norte, conocida también como Ulster. La aduana estaría recién al cruzar los estrechos de Moyle, ese tramo de mar que separa a ambas islas, y sería controlada por el Reino Unido.
De tal manera que Norirlanda estara alineada con las normas de la UE mientras que el resto del RU tendrá una relación de libre comercio pero con reglas aún a convenir. La muestra de que el acuerdo es muy endeble es que se autoriza a norirlandeses a votar cada cuatro años si desean seguir en esas condiciones o volver a una frontera dura.
La unionista Arlene Foster, jefa del partido DUP, ya adelantó que se opone radicalmente al acuerdo. No tanto por razones comerciales y de pragmatismo económico, sino porque entiende, como muchos en ese territorio, que el pacto facilita a largo plazo al desprendimiento de Ulster de la corona.
Otra mujer, Nicola Sturgeon, ministro principal de Escocia, tampoco acepta el acuerdo, aunque con otros argumentos. El famoso referéndum obtuvo mayoría en todo el RU, pero no en Escocia, que dos años antes había votado para no declarase independentiente de Londres por una pequeña mayoría. Allí la votación fue también mayoritaria pero por permanecer con Bruselas. Nuevas encuestas señalan que ahora si hay consenso para independizarse y la jefa de gobierno anunció que estudian la forma de hacer otra consulta popular. Sostienen que los ingleses nunca quieren escuchar a los escoceses, y razones no les faltan.
«Cuando hay voluntad, hay un acuerdo. ¡Tenemos uno! Es un acuerdo justo y equilibrado para la UE y el Reino Unido (…) Recomiendo al Consejo Europeo que lo respalde», se alegró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al anunciar la novedad.
El jefe de gobierno irlandés Leo Varadkar, reacio en principio al pacto que pretendía Johnson, describió el acuerdo como «bueno» para ambas partes y llamó a respaldarlo.
“Las discusiones fueron en ocasiones difíciles… pero esta solución funciona para la UE, para el Reino Unido y para el pueblo y los negocios de Irlanda del Norte», declaró a su turno el negociador de la UE, Michel Barnier.
Pero el clima en Westminster no parece despejado para la aprobación. La sesión se realizará este sábado y hay europeistas y antieuropeistas en ambos partidos mayoritarios, el conservador y el laborista.
Por lo pronto, todo indica que el plazo del 31 de octubre no se correrá como ya se hizo en dos ocasiones. Y que a principios de 2020 deberá comenzar a desarticularse la integración del RU a la comunidad europea, que había iniciado en 1973. Pero nunca se sabe
Tiempo Argentino, 17 de Octubre de 2019
por Alberto López Girondo | Oct 15, 2019 | Sin categoría
El último escándalo financiero que golpea en el Vaticano se cobró otra víctima: el comandante de la Gendarmería de la Santa Sede, virtual custodio privado del papa Francisco, quien lamentó haberlo tenido que separar del cargo en medio de una investigación clave para la salud moral de la iglesia católica. El caso se conoció hace dos semanas por una filtración a la prensa, que mostró un documento firmado por Doménico Giani para impedir el ingreso a los edificios vaticanos de implicados en una maniobra fraudulenta con inversiones inmobiliarias en Londres de las que ni Jorge Bergoglio ni la cúpula eclesiástica estaban enterados.
El trasfondo de esta operación comprometedora para altos prelados y cuadros medios de la curia romana es la reforma de un edificio muy elegante del centro de la capital británica que fue construido por Harrod’s, la exclusiva tienda que en sus tiempos de oro tuvo su única sucursal fuera del Reino Unido en Buenos Aires, en un soberbio edificio semiabandonado desde hace décadas en la calle Florida, entre Paraguay y la avenida Córdoba.
El centro comercial londinense pasó en 1985 a manos del millonario egipcio Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi Al-Fayed, el amigo íntimo de Diana Spencer, princesa de Gales. Ambos murieron en un accidente de tránsito el 31 de agosto de 1997 junto con el chofer del vehículo en que viajaban en el Túnel de l’Alma, bajo el río Sena, en París, cuando eran perseguidos por paparazzis que buscaban la gran toma de la pareja de Lady Di, recién separada del príncipe Carlos.
De modo que no se estaría demasiado lejos de la verdad si se dice que el escándalo Vaticano liga de alguna manera insólita al papa argentino que quizás en su juventud paseó por el Harrod’s porteño -cerrado tras divergencias con el dueño egipcio en 1998- con la corona de los Windsor y repercute en este hombre de 57 años que fue espía italiano y desde hace 20 años guardaba las espaldas de los sucesivos obispos de Roma con un celo que Francisco no se cansó de reflejar en el texto de la aceptación de su renuncia.
El caso comenzó a ser investigado por orden del propio Francisco hace algunos meses, luego de un informe del Fiscal General Gian Piero Milano, el responsable de llevar adelante las pesquisas por el faltante de algunos fondos que habían percibido en el Instituto de Obra Religiosa (IOR), el banco del Vaticano.
El 1 de octubre Giani firmò una orden destinada a sus subordinados por la cual se impedía el ingreso a la Santa Sede de monseñor Mauro Carlino, de la oficina de información y documentación de la Secretaría de Estado; Tommaso Di Ruzza, director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi y una funcionaria de la administración, Caterina Sansone.
El memo con la firma de Giani llegó a las manos del periodista Emiliano Fittipaldi, de la revista L´Espresso, un especialista que ya publicó varios libros sobre el lado oscuro del Vaticano. La difusión enojó al papa tanto como el escándalo en si mismo. Según el comunicado oficial, no hubo dudas de que la filtración no salió de Giani pero si fue un subalterno, como en toda organización militarizada -y la Gendarmería del Vaticano lo es- la cabeza que debe rodar es la del comandante.
Independientemente de esta circunstancia, fueron apareciendo en medios británicos más precisiones sobre la maniobra que originó todo este episodio. Según el Financial Times, las irregularidades en el manejo de fondos, en gran medida provenientes del Óbolo de San Pedro, se habrían empezado a descubrir desde 2014, unos meses después de que el ex arzobispo de Buenos Aires fuera ungido papa en reemplazo del renunciante Benedicto XVI.
Se trata de una inversión de unos 320 millones de libras esterlinas a través de un fondo de inversión, Athena Capital, con sede legal en Luxemburgo, para la reforma de edificios de alta gama en Londres. La operación sobre el edificio del barrio de Chelsea, en el 60 de Sloan Avenue, misteriosamente no aparecía en las cuentas vaticanas. El edificio sirvió como deposito de los almacenes Harrod’s y fue construido en 1906. Durante mucho tiempo se lo conoció como Harrods Motor Car Garage and Workshops.
De acuerdo a una investigación de Mediapart, un diario digital francés, el edificio fue transferido a Athena Capital pero el dinero nunca ingresó a las arcas de la Santa Sede. Las sospechas recayeron sobre monseñor Goivanni Becciu, subsecretario de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018 y luego titular de la Congregación para las Causas de los Santos. Para el Corriere della Sera, Becciu fue clave desde 2016 para boicotear las reformas que en las cuentas de la Curia intentó el cardenal George Pell por orden de Francisco. Un año después de verse sometido a presión, Becciu forzó al despido del auditor general Libero Milone, quien finalmente fue absuelto tras una investigación interna en 2018.
El mismo periódico buscó al socio comercial del emprendimiento en el edificio de Harrod’s, Raffaele Mincione, quien afirmó que la operación había sido un éxito para la Iglesia. “En total invirtieron 320 millones de libras y ahora vale 390 millones”, declaró.
El descubrimiento de que ese dinero no estaba donde debería fue del arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, quien reemplazó a Becciu e hizo un arqueo de caja ni bien tomó posesión de su cargo. Las explicaciones sobre ese “detalle” salieron de boca de Mincione, quien señaló que había una renta anual que debería ir apareciendo en los próximos años en las cuentas del IOR. Y dijo que serían mejores porque bajaron los precios de alquileres y por las expectativas que deja el Brexit.
Pero gran parte del caso permanece aún entre las brumas londinenses. Habrá que ver cómo sigue la historia, que suena apasionante como una serie de Netflix o HBO.
Tiempo Argentino, 15 de Octubre de 2019
por Alberto López Girondo | Oct 14, 2019 | Sin categoría
A 27 días de una nueva ronda electoral -la tercera de este año-, el Tribunal Supremo de Madrid condenó a nueve líderes independentistas catalanes a penas de entre 9 y 13 años de prisión por el intento de crear una república separada del reino de España en octubre de 2017.
El dictamen golpea en medio de la campaña electoral y tendrá un impacto indudable en la votación en la que el actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez, espera revalidar su título y consolidar un liderazgo de centro izquierda que estuvo intentando dirigir en coalición con Unidas Podemos, pero sin éxito. Hubo dos hechos que impidieron esa alianza: uno fue la aspiración de los seguidores de Pablo Iglesias de ministerios clave en el gabinete. El otro fue la divergencia sobre qué hacer para resolver la crisis catalana.
Este fallo de la corte va en consonancia con la posición de Sánchez, que de ninguna manera aceptaba un referéndum independentista y negociar cualquier tipo de acuerdo que implicara mayores autonomías para la rica región del noreste español.
La pena más grave que estableció el tribunal se descargó sobre Oriol Junqueras, el exvicepresidente catalán, sentenciado a 13 años. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, recibió una pena de 11 años y medio de cárcel, los extitulares de las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, al igual que cinco antiguos ministros regionales, 9 años cada uno.
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“100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado y al de vuestras familias. Toca reaccionar, como nunca», dijo desde Bélgica el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se refugió en Bruselas para no quedar detenido cuando el caso llegó a los estrados judiciales, durante la gestión del conservador Mariano Rajoy.
La declaración de independencia y creación de la república, del 27 de octubre de 2017, fue consecuencia del referéndum del 1 de octubre, una consulta rechazada por el gobierno del PP, que reprimió duramente la votación y sometió a la región al artículo 155 de la constitución. Una suerte de intervención del estado español que terminó con la autonomía y ordenó procesar a los “insurrectos”.
Rajoy perdió el cargo en junio del año pasado luego del rechazo del parlamento a una moción de censura. Una arremetida del partido liderado por Iglesias y del PSOE que ya estaba bajo la batuta de Sánchez, ungió al socialista a la primera magistratura con el objetivo de formar un gobierno de izquierda y en contra de la fuerte dosis de neoliberalismo impuesta desde 2008 por el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y profundizada por el derechista Rajoy.
Eso en la práctica iba contra el camino seguido por el PSOE. Fracasó porque para voltear a Rajoy se necesitaron votos de bloques nacionalistas como el vasco y el catalán. En febrero pasado, esos bloques impidieron aprobar el presupuesto, que contenía las medidas más “socialistas” desde el regreso de la democracia a España.
Sánchez llamó a elecciones para el 28 de abril. Pero el nuevo congreso no le dio posibilidades de gobernar en soledad y tampoco de armar un frente de izquierda con Unidas Podemos. Se necesitaba el voto clave de las bancadas de ERC (Izquierda Republicana de Catalunya) para completar el tablero. Las primeras diferencias entre Iglesias y Sánchez se manifestaron públicamente entonces, cuando el presidente del gobierno dijo que no confiaba en un vicepresidente (como se postulaba el fundador de Podemos) que tuviera una visión diametralmente opuesta sobre el tema catalán.
Ahora, Sánchez dijo que «una vez conocida la sentencia, quiero manifestar el respeto y el acatamiento. Pone fin a un proceso judicial con garantías y transparente». Y agregó: «aplicaremos la legalidad y responderemos con prudencia, serenidad y unidad. Esperamos contar con la cooperación leal de las fuerzas comprometidas con la Constitución».
Al menos, la sentencia le despeja el camino para mantener la política de apoyo del PSOE a la intervención de Rajoy sin tomar personalmente una decisión tan comprometida.
El actual presidente de la Generalitat, Quim Torrá, no piensa lo mismo y adelantó que «el Gobierno catalán y yo mismo rechazamos esta sentencia como injusta y antidemocrática» y consideró que «la sentencia que se ha dictado es extensiva a millones de catalanes».
El malestar en la rica región, poblada por 7,5 millones de ciudadanos y la más próspera de España, se comenzó a sentir en las calles. Incluso el club Barcelona emitió un comunicado en que expresa «todo su apoyo y solidaridad a las familias de los que son privados de libertad” y «pide a todos los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver este conflicto.
«La resolución del conflicto que vive Cataluña pasa, exclusivamente, por el diálogo político», dice la poderosa institución deportiva en la que brilla el argentino Lionel Messi.
Tiempo Argentino, 14 de Octubre de 2019
por Alberto López Girondo | Oct 13, 2019 | Sin categoría
El presidente turco anunció el inicio de su ofensiva en el norte de Siria con todas las previsiones de un tema delicado para la estabilidad del Medio Oriente. Dijo que el ataque se produjo luego de informar detalladamente a los mandatarios de Estados Unidos y Rusia. Eso no impidió el rechazo generalizado de los líderes europeos, que de pronto vieron reducida su influencia en la región a casi cero.
«Las bases y los puestos de observación de nuestros Aliados en el área de la operación no serán objetivos. Los canales de comunicación militar para impedir conflictos permanecerán abiertos y en funcionamiento. Tomamos medidas inmediatas para informar a la comunidad internacional sobre los antecedentes, las bases legales y los objetivos de esta operación», dice un comunicado oficial del gobierno de Recep Tayyip Erdogan.
Trump, a su turno, señaló que tras el retiro de tropas, no hay soldados estadounidenses en el área bajo ataque de los turcos en Siria y se jactó de que habían cumplido con la tarea de derrotar al Califato de ISIS, algo que no es tan así ya que en el campo de batalla estuvieron también rusos y sirios.
«Ahora los turcos están atacando a los kurdos, contra quienes pelearon por 200 años», agregó. Y ante las primeras críticas por semejante pasividad, consideró que Estados Unidos tiene tres caminos por seguir: «Enviar miles de tropas y ganar militarmente, golpear a Turquía muy duro financieramente y con sanciones, ¡o mediar en un acuerdo entre Turquía y los kurdos!».
No parece que el tema se soluciones con el voluntarismo de un mediador. Por lo pronto, la dirigencia de la Unión Europea no acepta dejar las manos libres a Erdogan para que rediseñe la región. Y el presidente turco no se quedó atrás. «Si intentan presentar nuestra operación como una invasión, abriremos las puertas y les enviaremos 3,6 millones de migrantes», se descargó.
Para Trump, Turquía es un miembro de la OTAN, algo que pretenden ignorar en Bruselas, y por lo tanto no se trata sólo de amenazar con sanciones, como le piden adentro y afuera. «Estoy tratando de poner fin a las guerras sin fin. Hablando a ambos lados. Algunos quieren que enviemos decenas de miles de soldados al área y comenzar una nueva guerra de nuevo». Algo que no quiere hacer.
De todas maneras, su flamante asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, declaró haberle dejado en claro a Erdogan «desde el principio que la invasión de Siria fue una mala idea. No respaldamos la operación militar. No estamos involucrados en la operación militar».
La ofensiva contra las milicias kurdas provocó ya un éxodo de al menos 100 mil civiles y una cifra no precisada de muertos. La preocupación de los dirigentes europeos es que sea al inicio de una nueva oleada de inmigración forzada de un pueblo que ahora se siente traicionado por EE UU.
Tiempo Argentino, 13 de Octubre de 2019
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