El secretario de Estado, Mike Pompeo, encendió motores de cara a la reunión de cancilleres de países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); que se desarrollará en Bogotá. En un discurso en la Universidad de Louisville, en Kentucky, el ex jefe de la CIA del gobierno de Donald Trump prometió ayuda a la represión de las protestas populares que se desarrollan en países aliados de EEUU y acusó presuntos agentes cubanos y venezolanos por las manifestaciones que pueblan las calles de Chile y Colombia.
“Vamos a ayudar a los gobiernos legítimos de América Latina. Sabemos que Cuba y Venezuela han tratado de secuestrar las protestas legítimas en países de la región para sus propios fines ideológicos, algo que esas naciones no han tolerado», fueron las palabras que utilizó el secretario de Estado.
Este martes, representantes de países latinoamericanos se reúnen en la capital colombiana en lo que seguramente culminará en un compromiso de ir hasta las últimas consecuencias contra el gobierno de Nicolás Maduro, sin olvidar al que encabeza en La Habana Miguel Díaz Canel.
En su discurso de Louisville, Pompeo acusó a Cuba de mantener «miles de agentes de inteligencia cubanos» que, según insistió, «son el soporte vital de régimen de Maduro”. Ahí aprovechó para fijar posición sobre la marcha atrás en descongelamiento de relaciones con La Habana que había iniciado Barack Obama en diciembre de 2014.
«Hemos echado atrás algunos de los acercamientos con Cuba aplicando nuevas sanciones. Reconocemos que el acercamiento no mejoró el historial de derechos humanos del régimen cubano ni impidió que interfiriera ilegalmente en Venezuela», afirmó. El recrudecimiento de las sanciones y el bloqueo comenzó ni bien Trump asumió el gobierno, en enero de 2016, apenas un año y unos días más tarde.
El TIAR, un instrumento militar creado en 1947 en Río de Janeiro en el marco de la Guerra Fría entre EEUU y la Unión Soviética para que los ejércitos de los países de la región se sometieran a los designios del Pentágono. En la práctica, esa alianza militar resultó adversa para Argentina en la única vez en que se intentó poner en acción, que fue durante la guerra de Malvinas. La dictadura militar pidió la aplicación de sus pactos de defensa contra una agresión extranjera ante el ataque de la flota británica. El gobierno de Ronald Reagan se opuso.
El diputado de la Asamblea nacional de Venezuela (antichavista) Williams Davila dijo a la Voz de las Américas (VOA, el servicio del gobierno de radio y televisión de EEUU) La que en ese encuentro se organizará » una red de inteligencia de todos los organismos de seguridad y policial de los países signatarios del TIAR a los fines de actuar contra las personas que resulten sancionadas que resulten comprometidas en violaciones en derechos humanos».
En consonancia con Pompeo, Davila dijo que será la forma de combatir a los “elementos violentos que subvierten el orden público en alguno de estos países que tienen motivos legítimos para protestar, pero que son explotadas y aprovechadas por elementos del régimen de Maduro”.
La salida de prisión de Lula da Silva saca a relucir los peores fantasmas de la dictadura brasileña. Y la amenaza del gobierno de Jair Bolsonaro de reimplantar un bando militar de 1968 debería leerse en el contexto de que las políticas neoliberales no son compatibles con la democracia. Así lo entiende el líder del PT y dirigentes de todos los sectores que salieron a cuestionar en fila declaraciones en Washington del ministro de Economía, Paulo Guedes, acerca de que para combatir posibles manifestaciones populares «alguien podría pedir el AI-5», el Acta Institucional que suspendió garantías constitucionales y dio una vuelta de tuerca para la persecución y tortura de opositores al golpe de 1964.
Lula, liberado el 8 de noviembre pasado tras 580 días en una celda en Curitiba, se puso sobre los hombros la lucha contra el modelo que busca implantar el excapitán del Ejército brasileño. Pero paralelamente la región sigue convulsionada por protestas contra la desigualdad en Chile, Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia se consolida un gobierno de facto. La respuesta de Guedes fue a una pregunta sobre si no creía que ese clima levantisco se trasladara a las calles brasileñas.
Desde que asumió, el gobierno de Bolsonaro inició una política de ajustes y privatizaciones al estilo de la Escuela de Chicago, de la que Guedes es discípulo dilecto. El resultado es que la economía no da señales de vida y todo indica que el crecimiento será del 0,9% en 2019. Menos que el de Brasil en los dos años previos pero incluso se trata de un decrecimiento si se tiene en cuenta que el índice de natalidad supera el 1,4% anual.
Bolsonaro ya logró que le aprobaran una reforma laboral y previsional que generaría una reducción presupuestaria («ahorro», lo llaman) de 217.500 millones de dólares al cabo de una década. Aun así, el déficit de este período no bajará del 6,3%. De allí que enviara al Congreso un proyecto de reforma constitucional para descentralizar los recursos federales. El Plan Más Brasil dejaría áreas clave como educación, salud y seguridad en manos de los municipios y los estados.
«En el primer año de gobierno, el pueblo tiene la expectativa de que ocurrirán cosas buenas –dijo Lula en un reportaje al diario español El País– pero ahora se agrava el desempleo, el ingreso disminuye y hay dificultades para comprar alimentos».
El temor al contagio regional ya había sido la excusa de Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, para lanzar la idea de reflotar el AI-5 el 31 de octubre pasado. «Si la izquierda se radicaliza hasta ese punto, tendremos que dar una respuesta. Esa respuesta puede ser un nuevo AI-5, puede ser una legislación aprobada por plebiscito», dijo esa vez el diputado.
Aquel decreto del 13 de diciembre de 1968 fue considerado un golpe dentro del golpe brasileño. La dictadura había sido implantada el 31 de marzo de 1964 y si bien había limitado derechos ciudadanos, había mantenido algunas prerrogativas constitucionales y como una máscara legalista, el Congreso seguía funcionando.
A cuatro años de la instauración del régimen, los movimientos estudiantiles y sindicales poblaban las calles de reclamos. También crecían organizaciones políticas. Algunas de ellas armadas, que veían a la Revolución Cubana como un ejemplo a seguir. En junio de 1968, artistas e intelectuales organizaron una caminata en Río de Janeiro que concentró a cientos de miles de ciudadanos.
Mediante el AI-5, alrededor de 500 personas perdieron sus derechos políticos, cinco jueces, 95 diputados, cuatro senadores y 66 profesores universitarios fueron expulsados de sus cargos. Dilma Rousseff fue detenida y torturada en 1970 tras ese decreto. Caetano Veloso, entre tantos artistas, se había exiliado en Londres un año antes.
«No sé por qué Bolsonaro tiene miedo al pueblo en la calle», protesta Lula. «La democracia no es un pacto de silencio. Salir a la calle es una demostración de que la sociedad está viva y no va a permitir que desmantele el país», abunda.
A raíz de la amenaza de «golpe dentro del proceso democrático» como podrían definirse a las palabras de Bolsonaro Jr y el titular de Economía, el exdirigente metalúrgico fue muy activo en Twitter. «No sé si Bolsonaro o Guedes van a leer esto, pero quería decir una cosa. Existen dos palabras para tener una economía sólida: credibilidad y previsibilidad. Este gobierno no tiene ninguna de las dos. ¿Qué inversor extranjero va a querer invertir en Brasil de hoy?», escribió.
En esto coincidió con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas, quien criticó ese regreso al pasado. “Son frases que generan inseguridad, retracción en las decisiones de inversión», deslizó desde un atril en un encuentro con empresarios en San Pablo.
«Creo que es deplorable que la gente pueda hablar del AI-5 como si fuera algo trivial. Logramos restaurar la democracia en Brasil y tenemos que luchar por preservarla», se sumó el expresidente Fernando Henrique Cardoso ante la BBC. El presidente de la Corte de Justicia, José Antonio Dias Toffoli, agregó que «el decreto AI-5 es incompatible con la democracia». Lula en medio de una pugna judicial Apenas habían pasado 20 días de la liberación de Lula da Silva cuando el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre apuró un proceso en segunda instancia sobre la reforma de una propiedad rural en la localidad paulista de Atibaia que los magistrados insisten en que pertenece al expresidente, aunque nunca pudieron probarlo legalmente en esas instancias. De tal modo que no sólo consideraron en esta segunda instancia que las obras de refacción en la vivienda realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS habían sido un pago por contratos concedidos en Petrobras, sino que incrementaron la sentencia de primera instancia, de 12 años y 11 meses a 17 años y un mes. Para la fiscalía, es bastante prueba en contra de Lula que aunque los documentos de propiedad están a nombre de otra persona, el exmandatario era el principal usuario y por lo tanto las reformas eran para su beneficio y en pago de servicios irregulares desde la presidencia del país. El fallo aparece como un desafío del TRF4 al Supremo Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal. Sucede que el STF emitió un dictamen que favoreció la libertad de Lula al reafirmar que un condenado sin sentencia firme –esto es, de la Corte Suprema– puede esperar la resolución definitiva fuera de la cárcel. Según una columna en el diario Folha de São Paulo –no alineado con el bolsonarismo– la decisión del TRF4 tiene un tinte político no aceptable en ámbitos leguleyos. Y algo de eso hay, ya que todo el proceso del Lava Jato, por el cual Lula pasó 580 días en prisión, quedó al descubierto como una colosal maniobra que permitió el triunfo electoral de Bolsonaro. Desde las publicaciones del portal The Intercept, se desató una pugna interna en el sistema judicial en torno del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que fue el juez de primera instancia que condenó a Lula. El tribunal de alzada sobre el fallo inicial de Moro es el TRF4, que con su fallo le mojó la oreja al máximo estrado judicial de ese país. Se especula que el STF podría dar una señal de su disgusto en relación con reclamos de la defensa del líder «trabalhista», mediante algún fallo favorable a Lula da Silva. Lula en medio de una pugna judicial Apenas habían pasado 20 días de la liberación de Lula da Silva cuando el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre apuró un proceso en segunda instancia sobre la reforma de una propiedad rural en la localidad paulista de Atibaia que los magistrados insisten en que pertenece al expresidente, aunque nunca pudieron probarlo legalmente en esas instancias. De tal modo que no sólo consideraron en esta segunda instancia que las obras de refacción en la vivienda realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS habían sido un pago por contratos concedidos en Petrobras, sino que incrementaron la sentencia de primera instancia, de 12 años y 11 meses a 17 años y un mes. Para la fiscalía, es bastante prueba en contra de Lula que aunque los documentos de propiedad están a nombre de otra persona, el exmandatario era el principal usuario y por lo tanto las reformas eran para su beneficio y en pago de servicios irregulares desde la presidencia del país. El fallo aparece como un desafío del TRF4 al Supremo Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal. Sucede que el STF emitió un dictamen que favoreció la libertad de Lula al reafirmar que un condenado sin sentencia firme –esto es, de la Corte Suprema– puede esperar la resolución definitiva fuera de la cárcel. Según una columna en el diario Folha de São Paulo –no alineado con el bolsonarismo– la decisión del TRF4 tiene un tinte político no aceptable en ámbitos leguleyos. Y algo de eso hay, ya que todo el proceso del Lava Jato, por el cual Lula pasó 580 días en prisión, quedó al descubierto como una colosal maniobra que permitió el triunfo electoral de Bolsonaro. Desde las publicaciones del portal The Intercept, se desató una pugna interna en el sistema judicial en torno del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que fue el juez de primera instancia que condenó a Lula. El tribunal de alzada sobre el fallo inicial de Moro es el TRF4, que con su fallo le mojó la oreja al máximo estrado judicial de ese país. Se especula que el STF podría dar una señal de su disgusto en relación con reclamos de la defensa del líder «trabalhista», mediante algún fallo favorable a Lula da Silva.
Todo quedó en suspenso hasta que la Corte Electoral uruguaya confirme el resultado del balotaje de este domingo, lo que no ocurriría antes del jueves. Es un final cabeza a cabeza y la diferencia de 28.666 votos del candidato de la coalición de centro derecha, Luis Lacalle Pou, podría ser compensada cuando el tribunal dictamine acerca de unas 35.000 boletas observadas. Muchos dicen que seria un milagro que el frenteamplista Daniel Martínez pudiera finalmente imponerse. Todos los votos deberían ser para el exalcalde de Montevideo, algo lógicamente imposible.
Sin embargo, también pintaba para imposible que el FA, que defiende 15 años de gobierno, pudiera acercarse a esa unidad de todos los sectores conservadores que encabezó el representante del Partido Nacional (Blanco) pero llevó para esta segunda vuelta al Partido Colorado y a Cabildo Abierto, la agrupación creada por el general Guido Manini Rìos luego de su destitución, a mediados de este año y que se alzó con un 11% de sufragios en el primer turno electoral.
El 27 de octubre, el FA obtuvo 39,02% contra 28,62% del PB, alrededor de 10 puntos menos que el promedio histórico de la centroizquierda. La pronta consolidación de un “frente antifrentista” y una aritmética apresurada de los analistas políticos, incluso dentro del campo de los propios, hizo temer una aplastante derrota del oficialismo, que presentó un candidato al que desde sus cercanías le veían poca “uña para guitarrero”, esto es, escaso carisma como para arrastrar a los votantes en una nueva epopeya.
A esto se sumaron los sondeos electorales, que auguraban no menos de 4 puntos porcentuales en favor de Lacalle Pou, un abogado con imagen de triunfador, hijo de un presidente, Luis Lacalle, y con mucho roce político. En favor de Martínez se mencionaba su gestión, que no sería poco en situaciones normales, pero como venía la mano en cuanto a márketing, tenía poco atractivo frente a las urnas.
¿Qué pasó para que todos quedaran pagando? Porque más allá de que probablemente Lacalle Jr termine ganando, las proyecciones que hace por ejemplo el portal la diaria dan un 0,2% de diferencia final y no fue un paseo precisamente.
Pasó que probablemente muchos uruguayos que en primera vuelta no votaron FA se dieron cuenta de lo que estaba en juego tras el golpe en Bolivia, los levantamientos populares en Chile y Colombia y la creciente amenaza del militarismo de Jair Bolsonaro, y se lo pensaron mejor. en ese contexto, no respondieron a los encuestólogos lo que tenían en mente para este domingo.
En esa misma línea, “pasaron cosas” en el paisito. Cosas que resultaron a la postre preocupantes para los ciudadanos. Ese 11% de Manini Ríos expresó un importante caudal de orientales que comparten las posiciones del ex comandante del Ejército sobre seguridad -un tema sobre el que los medios machacan con insistencia- y sobre el rol que las Fuerzas Armadas cumplieron durante la dictadura. El mensaje del uniformado del cierre de campaña se sumó a otras manifestaciones de tinte casi golpista de otros militares (ver acá), pareciuera haber inclinado la balanza. Pero el más audaz y mediático fue Manini Ríos, sin ningún prurito, instando a través de un video a los camaradas de armas a no votar por el Frente Amplio.
Quizás alarmó el tono sedicioso con que se dirige a los que hasta no hace tanto fueran sus subordinados, lo que preocupó a quienes serían sus aliados en esta nueva etapa.
Es así que hasta el expresidente Julio María Sanguinetti, colorado, cuestionó el video, aunque sostuvo que le resulta difícil que ese mensaje pudiera haber dado vuelta 150000 votos. Y destaco que el FA ganó solo dos de los departamentos que componen el país. Claro que son los mas poblados, Montevideo y Canelones.
En una jugosa entrevista con Radiomundo, quien fuera mandatario entre 1985 y 1990 y entre 1995 y 2000, dudó sobre la relación futura de los partidos tradicionales con Cabildo Abierto en el futuro gobierno y señaló, como para marcar la cancha, que “democracia es aritmética”.
Algo que falló en los pronósticos para el domingo.
Las imágenes del líder libio Muammar Khadafi asesinado a golpes por una turba de fanáticos, en octubre de 2011, seguramente vino a la memoria de Evo Morales cuando percibió el nivel de violencia que desplegaban los secuaces de Luis Camacho contra militantes y dirigentes del MAS. Adivinó que el destino del ex hombre fuerte de Libia y sobre todo el de esa nación desde la invasión de la OTAN, era un motivo más que suficiente como para resguardarse y pelear desde un lugar seguro para que el futuro de Bolivia no se parezca al de ese país norafricano.
De quedarse, el exdirigente cocalero también podría haber sido perseguido, encarcelado y ahorcado como Saddam Hussein, tras un juicio que llevó adelante un tribunal controlado por Estados Unidos, en diciembre de 2006. La suerte de Irak también quedó sellada desde que una coalición organizada por el gobierno de George W Bush con el Reino Unido, Australia, España y Polonia invadió a esa nación árabe en busca de armas de destrucción masiva. Las armas aún no aparecieron, mientras tanto, el sitio Iraq Body Count registra al cierre de este artículo 288.000 muertos, de los cuales el 80% son civiles. Pero muchas víctimas ni aparecen en los registros: cuando son eliminadas familias o pueblos enteros y porque además hay millones de desplazados.
Cada sitio donde tropas occidentales llegaron para “llevar la libertad y la democracia”, padece una sangría cotidiana y han desaparecido las entidades estatales: en Libia dos facciones se disputan el control, mientras que en Irak los levantamientos de estas últimas semanas en contra del sistema político diseñado por los invasores ya dejaron un saldo de 300 muertos por la represión. La principal riqueza de ambos territorios, el petróleo, fluye con total normalidad.
Tampoco la situación de Afganistán es floreciente luego de recibir a esos enviados de la civilización que llegaron a poco de los atentados a las torres gemelas, del 11-S de 2001. Principal productor mundial de opio, en 2000 los talibán había prohibido el cultivo de amapolas y la oferta mundial de heroína cayó un 73%. Luego de la invasión, la maquinaria anda a todo vapor y actualmente cerca de 600.000 personas viven de ese negocio: el 32% de la producción mundial de opio sale de esa región asiática y la dirigencia política se sustenta de esos ingresos.
Hubo elecciones el 28 de setiembre y aún los resultados no fueron confirmados. Abdulá Abdulá -que compite contra el presidente Ashraf Ghani- pidió detener el conteo para «salvar al proceso ante maniobras fraudulentas». Tal vez la demora es porque allá no está la OEA. Mientras tanto, la semana pasada Donald Trump indultó a dos militares de EEUU acusados de asesinar a mansalva a civiles afganos.
En Libia, el mariscal Jalifa Haftar mantiene el asedio sobre Tripoli, la capital, donde se asienta el Gobierno de Unidad Nacional -reconocido por los organismos internacionales- a cargo de Fayez Al Sarraj.
Haftar junto a Khadafi derrocaron al rey Idris, en 1969. Caído en desgracia en el conflicto con Chad, en 1986, huyó a Estados Unidos, desde donde participó en varios intentos por derrocar a su ex compañero de armas, con financiación de la CIA.
Lo lograría en 2011, pero los mismos que apoyaron su regreso en la llamada “Primavera árabe”, luego le fueron reacios, no fuera cosa que se convirtiera en otro líder inmanejable. Con apoyo de Arabia Saudita, Egipto, algunos países europeos y últimamente Rusia, Haftar tiene todo para hacerse del control total del país y avanza desde Tobruk.
Había un compromiso de realizar elecciones este año, que dificilmente se cumpla, y una Conferencia en Berlin para debatir el futuro de Libia que se realizaba estos días, sin resultado. Un intento de reconstrucción del país desde los escritorios centroeuropeos para licuar culpas.
Hasta 2011 Libia era un oasis para africanos que buscaban mejores horizontes. Desde entonces es el paso para atravesar el Mediterráneo hacia Europa. Cientos de miles intentan esa vía diariamente, muchísimos murieron ahogados antes de la otra orilla. La “ayuda europea” consiste en el apoyo al servicio de Guardacostas de Libia para evitar que crucen y generen mayores problemas migratorios. Ya tienen una avalancha de los huyeron por tierra de la guerra en Siria, donde también las fuerzas occidentales tienen mucho que decir sobre ese desastre humanitario.
El Irak de estos días no es un lugar mucho mejor donde vivir. El 1 de octubre pasado comenzaron manifestaciones exigiendo al renuncia del primer ministro Abdel Andul-Mahdi en protesta por los altos índices de pobreza y de violencia en un país que literalmente nada en petróleo y genera riquezas obscenas en la cadena ligada a su comercio internacional. Como en Chile, fueron los jóvenes los que encendieron la mecha, acosados por el desempleo. La respuesta del gobierno fue brutal: hay más de 300 personas asesinadas por fuerzas policiales. La falta de datos ciertos es una señal de la poca atención que medios e instituciones internacionales le están brindando a esta crisis desatada desde 2003, cuando el general Colin Powell, secretario de Estado de la administración Bush Jr ordenó el operativo contra Hussein.
Comentarios recientes