Para los gobiernos conservadores, Venezuela es la excusa ideal para mirar la paja en el ojo ajeno y evitar cualquier escrutinio en el propio. Todo acercamiento o intento de ensayar alguna salida pacífica a la crisis en la República Bolivariana es impugnado como un pecado capital. Venezuela es en ese sentido, un parteaguas. Así, la votación del representante argentino sobre el Informe Bachelet despertó críticas enconadas desde sectores internos del oficialismo y el apoyo de macristas, un cruce de grieta previsible. Algo similar le pasó en Bruselas al canciller de la UE, Josep Borell, quien intentó sin éxito que se postergaran las legislativas del 6 de diciembre. Los mismos que batieron palmas sobre la dictadura chavista ahora no quieren elecciones porque el resultado podría terminar de demostrar el rotundo fracaso de la estrategia de bloqueo y la construcción mediática de un gobierno paralelo.
A veces conviene hilvanar datos para entender cómo funcionan algunas cosas. El mismo día que se daba la votación en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, llegaba a la Argentina la misión del Fondo Monetario Internacional. En medio de la endeble situación cambiaria y del comienzo de negociaciones por la deuda contraída por Mauricio Macri, es fácil advertir que Buenos Aires necesita la aprobación de Washington para un arreglo con el FMI.
El recientemente electo titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el anticastrista Mauricio Claver Carone, había reconocido que el FMI fue presionado por la administración de Donald Trump para sostener a Macri, aun cuando la apuesta era riesgosa por la inoperancia de su gestión. Argentina junto con México –aliado de la hora en contra del conservadurismo regional– trataron de evitar la elección de un representante estadounidense en el BID. Luego, se abstuvo de aprobar a Claver Carone. Argentina fue acompañada por Chile, México, Perú, Trinidad y Tobago y la UE.
El martes pasado en Ginebra se votaron dos iniciativas. Por la primera, la Oficina de la Alta Comisionada por los DD HH de la ONU –la expresidenta chilena Michelle Bachelet– y el gobierno de Nicolás Maduro aceptaron “estrechar la cooperación técnica en el campo de los Derechos Humanos”. Argentina se abstuvo mientras México y Venezuela votaron sí. Siguiendo la línea de la Casa Blanca de ir contra Caracas a como dé lugar, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Ucrania y las Islas Marshall rechazaron el compromiso.
La otra votación era por el llamado Informe Bachelet, sobre violaciones a los DD HH del gobierno chavista. Fue una puja muy fuerte al punto que terminó con 22 votos a favor, 22 abstenciones y tres en contra: Venezuela, Filipinas y Eritrea. Argentina votó a favor, junto con los países del Grupo de Lima, notoriamente antichavista. México se abstuvo.
Al decir de los críticos, la cancillería vernácula siguió los lineamientos del departamento de Estado y echó por tierra la tradición enmarcada en la Doctrina Drago, de 1902, por el canciller de Julio Roca, Luis María Drago, consolidada posteriormente por Carlos Calvo, que rechaza toda injerencia militar para resolver controversias. Una votación al par de la de México habría desnudado la orfandad de apoyos de la Casa Blanca.
Por cierto, quien se pregunte cómo votó EE UU: Trump ordenó retirarse del Consejo de DD HH de la ONU en 2018 porque entre los integrantes había “países que violan los Derechos Humanos, y hay allí un marcado sesgo antiisraelí en muchos de los informes sobre la situación palestina”.
El ministro de Relaciones Exteriores nacional, Felipe Solá, afirmó que Buenos Aires votó con el Grupo de Contacto y la UE, que buscan una salida democrática y rechazan el brutal bloqueo económico y una posible intervención armada capitaneada por el Pentágono. Respecto de las elecciones parlamentarias de diciembre, la Argentina acompañaría la postura de que lo mejor es postergarlas para 2021 con el fin de que el gobierno negocie con la oposición.
La estrategia estadounidense fue explicitada por el representante de Trump para la “cuestión venezolana”, Elliot Abrams, conocido desde los años ’70 por armar grupos paramilitares para derrotar a la revolución sandinista en Nicaragua. “Me preocupa –declaró en torno a las negociaciones de Borell– un pacto en que la UE diga que tal vez enviará observadores a unas elecciones si se aplazan las de diciembre. Si lo hace, se inclina claramente a asumir la observación de esas elecciones, y eso genera un peligro en el camino”.
La oposición, como hizo en 2005, busca deslegitimar elecciones que no gana y se niega a participar. Aquella vez, Hugo Chávez rechazó posponer el comicio. Ahora hay grupos, sin embargo, que aceptan el convite. Creen poder repetir el triunfo abrumador del 6 de diciembre de 2015, cuando se quedó con más del 60% de las bancas de la Asamblea Nacional.
Henrique Capriles había mostrado predisposición a asistir, pero llegó el apriete desde Washington. Juan Guaidó, presidente de la AN elegido a dedo como interino, perdería su banca si no se presenta. De hecho, la perdió en enero pasado, cuando la AN eligió a otro opositor, Luis Parra, como titular del Parlamento. En una maniobra desesperada hicieron una sesión alterna para mantener a Guaidó. Alguien a esta altura insostenible sin el apoyo de Trump, que quizás no sea reelecto el 3 de noviembre.
El FMI metió la cuchara en las elecciones bolivianas con un aporte de fondos de campaña en favor del gobierno de facto que bien puede servir para condicionar a cualquiera que gane als elecciones del domingo que viene. Mientras tanto, se hay preguntas que se encadenan de un modo perturbador: ¿gana el MAS IPSP en primera vuelta como preanuncian las encuestas? En este caso ¿la derecha que tumbó a Evo Morales en noviembre pasado aceptará dejar el poder? Si se invierte el cuestionario el resultado es aún más inquietante. ¿Cómo se garantiza que esa derecha que se jactó de haber expulsado a la wiphala de la Casa de Gobierno no haga fraude?
Los últimos sondeos, realizados por Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) -que el año pasado fue uno de los pocos que acertaron con el resultado de las PASO y de las generales en Argentina- le da un 44,4% de intención de voto a la fórmula Luis Arce- David Choquehuanca y 34% a Carlos Mesa. Tercero se ubica Fernando Camacho, con 15,2%, el líder neofascista de Santa Cruz de la Sierra que llevó la Biblia como reivindicación del golpe del 10 N al Palacio Quemado. Gana el que obtenga más de 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. La diferencia es exigua pero ilustrativa: se parecen mucho a los guarismos que dio la presidencial del año pasado denunciada como fraudulenta por un ambiguo informe de la OEA y por los golpistas.
La gran batalla de los conservadores es por destronar al MAS IPSP. De allí que Camacho apunte los cañones contra el más cercano aspirante, que compite por la voluntad de los sectores medios urbanos. “Mesa apuesta por una coalición para zanjar crisis en Bolivia ¿Qué van a decir aquellos que exigían ‘voto útil’? ¿Voto útil para negociar y pactar con el MAS?”, dice, indignado.
Mesa, que fue presidente tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, le entregó el poder a Morales en 2005 y desde entonces alternó fallidas candidaturas contra el líder indígena con su colaboración en una comisión oficial por la reivindicación de la salida al mar en el Tribunal de La Haya. Ahora, pide el voto para que no vuelva lo que llama “dictadura” masista.
La titular de facto del Ejecutivo, Jenine Añez, a su vez, también se encarama en acusaciones de totalitarismo contra el gobierno de Morales y aprovechó el recordatorio del asesinato del Che Guevara para homenajear a los soldados que capturaron al guerrillero argentino el 8 de octubre de 1967. Ni qué decir que en este homenaje se sumaron Camacho, furioso antimarxista, y el ministro de Defensa, Luis Fernando López.
El otro líder neofascista boliviano, Branko Marinkovic, que se exilió luego del intento secesionista de 2008 y hace dos meses integra el gabinete de Añez, articuló estrategias con el FMI. Este viernes anunció como un triunfo el financiamiento por 330 millones de dólares anunciado en abril para el pago de salarios, ponerse al día con el servicio de salud y en la lucha contra los incendios en el Chaco boliviano y en la Amazonía. Nunca en la era Evo se había necesitado apoyo externo para esos menesteres.
El detalle es que como la Asamblea Legislativa-que ostenta la potestad constitucional para contraer deuda externa y tiene mayoría el masismo-no quiso aprobar el crédito, el FMI disfrazó el giro como “intercambio de divisas”. El mismo perro pero con un collar que no necesita aprobación parlamentaria.
Mientras tanto, el law fare está a pleno. Y el objetivo demuestra en nivel de preocupación del establishment. El procurador general, Alberto Morales, informó justo este jueves que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) «evidencia movimientos económicos anómalos e irregulares y sin justificación legítima en las cuentas del exministro Arce y su familia».
Arce, gestor del milagro económico boliviano entre 2006 y 2019, respondió en una carta pública rechazando la denuncia. «Recurren a la mentira, a la persecución política, a la violencia, a la criminalización y a la represión», dijo.
Josep Borell, el representante diplomático de la Unión Europea, admitió en Bruselas su fracaso en convencer al gobierno venezolano de suspender las elecciones parlamentarias fijadas para el 6 de diciembre próximo. A la defensiva en un Europarlamento hostil, el catalán, integrante del PSOE, dijo “no hemos tenido éxito, pero creo era necesario intentarlo» y atribuyó el cierre de las conversaciones al gobierno bolivariano, que, dijo, se negó a que una misión de observación controlara los comicios.
Lo que no dijo Borell es que esta ronda de negociaciones había nacido muerta, desde el momento en que en setiembre pasado la subsecretaria adjunta de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filipetti, había advertido que la única opción aceptable para Washington era la sustitución del presidente bolivariano. “(Nicolás) Maduro necesita dejar el poder para que tengamos alguna posibilidad de elecciones libres y justa·, argumentó.
Pero a continuación fue mucho más clara: «Esperamos que este mensaje sea realmente claro para nuestros socios internacionales, y específicamente para el alto representante Borrell, para que comprenda que no se trata de personas que van a celebrar elecciones libres y justas”. El delegado de Trump para voltear al chavismo, Elliot Abrams fue más lejos. “No es útil que la oficina de Borrell funcione por sí sola”, dijo. «Es justo llamarlo diplomacia de vaqueros».
No es la primera vez que la Casa Blanca aborta negociaciones con las autoridades venezolanas para encontrar una salida pacífica a la crisis política. Otro socialista español, el ex Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo intentó en 2016 y cada vez que había una luz al final del túnel llegó un llamado desde Washington para que la oposición se retire de la mesa de diálogo. Lo mismo ocurrió con intentonas del papa Francisco.
Caracas respondió a Borell que el mandato de la Asamblea Nacional vence en enero y por tanto es necesario elegir a los legisladores para un nuevo mandato. El parlamento actual fue elegido el 6 de diciembre de 2015, a pocos días de que Mauricio Macri asumiera la presidencia en Argentina y en el marco de la vuelta de la derecha a los gobiernos regionales. Fue un triunfo rotundo de la oposición que generó continuas controversias entre el congreso y el ejecutivo. El único objetivo de la AN abrumadoramente opositora era destituir a Maduro y el cambio de régimen.
El caso es que en ese escenario el presidente fue reelecto en 2019, pero ni la oposición ni los países de la UE, las derechas latinoamericanas y la Casa Blanca reconocieron su mandato y como estrategia forzaron la designación del diputado Juan Guaidó como presidente interino en enero de 2016, con el período. Un cargo en verdad más bien honorífico ya que no tiene ninguna de las herramientas del estado a su mando.
Solo el control de fondos financieros e ingresos de empresas venezolanas en el exterior, tras decisiones controvertidas del gobierno de Donald Trump. Por ahora el oro venezolano en el Banco de Inglaterra sigue en debate judicial. Si a esto se suma el feroz bloqueo del que el país es víctima, es fácil de entender la crisis económica que devasta a la población. Incluso facilita el argumento oficial de que la pobreza y escasez de combustible es fruto del bloqueo y no de errores de gobierno.
Así las cosas, la oposición está dividida entre halcones, más cercanos a las posiciones y el apoyo de Estados Unidos, y palomas, dirigentes que están dispuestos a ir a los comicios para probar fuerza con un chavismo que aparece bastante deshilachado por la crisis.
Entre los sectores que irán a elecciones en diciembre, autodenominada Alianza Democrática, están los partidos Acción Democrática (AD), Copei, Esperanza por el Cambio, Cambiemos y Avanzada Progresista. Un hombre clave en las negociaciones internas para las legislativas está el ex candidato Henrique Capriles, quien quedó opacado tras la “operación Guaidó”.
Hace unos días se bajó de la candidatura. Las presiones fueron tremendas para que no se presentara ya que hacerlo daría legitimidad al comicio. La estrategia del Departamento de Estado es deslegitimar cualquier salida democrática tomada en Caracas. Y como parte de esa estrategia externa, Guaidó tampoco no se puede presentar, aunque quisiera.
Así se entiende mejor cuál era la imposibilidad de que la gestión de Borell tuviera éxito. Una nueva Asamblea deja a Guaidó sin diputación y su presidencia queda aún más expuesta en su vacuidad. Ese si que es un fracaso que la Casa Blanca no puede tolerar.
Argentina votó junto con Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay una resolución de Naciones Unidas que condena violaciones a los derechos humanos en Venezuela, lo que despertó agrias críticas de sectores del oficialismo que entienden que hubo un renunciamiento del gobierno al adherir a una postura del Grupo de Lima que abre las puertas al injerencismo de Estados Unidos en la región. Más aún, lamentan que el representante argentino en Ginebra no haya abstenido, como hizo el de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el aliado regional del presidente Alberto Fernández.
Los medios hegemónicos interpretaron prontamente que la Cancillería daba un giro en relación con las declaraciones del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, quién había indicado que el país caribeño viene de sufrir un “fuerte asedio de intervencionismo” y que cualquier interpretación sobre hechos ocurridos dentro de Venezuela está sesgada. Por las presiones que ejerce el Departamento de Estado y sus aliados de la derecha regionales.
En la mañana de este martes hubo dos votaciones. Una por la que la Oficina de la Alta Comisionada por los DDHH de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet y Caracas aceptaban el compromiso de “estrechar la cooperación técnica en el campo de los Derechos Humanos” con el gobierno bolivariano.
El titular de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, aplaudió en una serie de tuits el apoyo a tal iniciativa. Argentina, en esa ocasión, se abstuvo de votar y rechazaron el planteo Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Ucrania y las Islas Marshall. El comité de Ginebra está compuesto por 47 países miembro. A favor del proyecto votaron México y Venezuela.
En principio, la votación relacionada con el informe Bachelet sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela iba a ser este miércoles, pero repentinamente se adelantó, quizás por eso de machacar en caliente. Y ahí Argentina se volvió a diferenciar de México y se unió al club de los países que solo buscan sacar del poder a Maduro y hasta dieron señales, en tiempos de Mauricio Macri – uno de los fundadores del Grupo de Lima- de que no tendrían problemas que fuera mediante una intervención armada.
Esa votación terminó en un empate, con 22 votos a favor del informe y 22 abstenciones. Hubo tres votos en contra: Venezuela, Filipinas y Eritrea. Las criticas se dispararon entre los medios más cercanos al gobierno de Fernández-Fernández y militantes del FdT.
Alicia Castro, embajadora designada en Rusia y representante de la Internacional Progresista, fue una de las primeras en tuitear contra la decisión.
José Campagnoli, legislador porteño y ligado también a esa corriente, escribió a su turno en términos similares, agregando un dato: la Doctrina Drago, por el canciller de Julio Roca, Luis María Drago, dictaminó a principios de siglo XX que un país no podía intervenir militarmente contra otro para el pago de una deuda.
La Doctrina Drago surge en 1902, a raíz de un bloqueo naval establecido por el Reino Unido, el reino de Italia y el Imperio Alemán para cobrar la deuda externa del gobierno venezolano de entonces. Por extensión, esa doctrina, luego incorporada a las ideas de Carlos Calvo, implica que no puede haber intervención hasta no agotar las negociaciones pacíficas para resolver controversias.
Por la tarde, un documento de partidos, movimientos, organizaciones y miembros del Frente de Todos emitieron un documento en el que manifiestan su “profundo desacuerdo con la postura de nuestra Cancillería de acompañar la resolución impulsada por el Grupo de Lima en el Consejo de DD.HH. de la ONU que condena a la República Bolivariana de Venezuela”.
Y agregan: “No es alineándose con los intereses de EE.UU. como se resolverán los problemas de Venezuela. (…) Los problemas de Venezuela no se resuelven con bloqueos ni condenas sino con cooperación y asistencia recíproca.
Firman Compromiso Federal, Proyecto Sur, Manifiesto Argentino, Espacio Puebla, Forja, Partido Intransigente, Partido Comunista y Partido Comunista CE.
El informe Bachelet señala falta de independencia de los poderes públicos y el sistema de justicia, abusos y violencia vinculados a la actividad minera. Si bien reconoció que las sanciones agravan la situación general del país, el documento de Bachelet dice que las instituciones “están erosionadas”.
Precisamente a este acoso al que es sometido el país se refería Raimundi en su planteo de rechazo al informe, al que atribuye parcialidad porque no toma en cuenta las continuas amenazas y el bloqueo económico instaurado por Estados Unidos ya desde la presidencia de Barack Obama.
Hace 15 días, Bachelet sin embargo, reconoció avances en la “revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza” y en la determinación de los factores que influyen en el hacinamiento de los centros de detención preventiva. Y destacó el compromiso de la Fiscalía General en “avanzar en la investigación de 58 presuntas ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad y 35 causas de muertes documentadas por la oficina de la ONU durante las protestas. Al mismo tiempo, celebró el pase a arresto domiciliario al líder opositor Juan Requesens y el indulto de 110 personas.
El gobierno venezolano, además de la crisis económica derivada del bloqueo y del enfrentamiento con una oposición que no acepta negociar sino que tienen como único objetivo el cambio de régimen, apuesta todas las fichas a la elección legislativa del 6 de diciembre.
Justamente un 6 de diciembre de 2015 el chavismo sufrió una fuerte derrota en los comicios parlamentarios que dejó la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Desde entonces se agudizó el enfrentamiento al punto que la AN desconoce la presidencia de Maduro, no acepta el resultado de las presidenciales de 2018 y, siguiendo la estrategia del Departamento de Estado, en febrero de 2019 votó como presidente interino al diputado Juan Guaidó.
Las presiones del gobierno de Donald Trump dieron como resultado el reconocimiento de 54 países a Guaidó. Entre ellos la Argentina de Macri. El cambio de presidente hacía prever alguna diferencia, pero de ambos países siguen sin designar embajadores. Y el país se mantiene dentro del Grupo de Lima, cuyo único objetivo es destituyente.
Pero a los fines prácticos, las riendas del poder dentro de Venezuela las tiene Maduro. Sin embargo, EEUU incautó reservas y los ingresos de la petrolera PDVSA en ese país le fueron entregados a la gente de Guaidó.
Hubo una demanda en tribunales británicos por las reservas de oro en el Banco de Inglaterra que un tribunal había reconocido a Guaidó, bajo el argumento de que si Londres lo reconocía, un magistrado no podía hacer otra cosa que seguir ese camino.
Este lunes, empero, una Corte de Apelación londinense dio lugar al reclamo del gobierno venezolano para acceder a los fondos depositados allí, que suman unos 1200 millones de dólares. Cierto que aún no puede retirar el precioso mineral, llevado en tiempos de Hugo Chávez para proteger las reservas monetarias del país, irónicamente. Pero en Caracas celebraron el desliz contra los socios de Guaidó.
En cuanto a las legislativas, la Unión Europea -en esto siempre de la mano de Washington- pretende que el gobierno posponga las elecciones, mientras que la oposición más dura ya dijo que no se presentará, cosa de deslegitimar el resultado. Aducen que no hay garantías, pero no se quieren sentar a negociar. La postura de la Casa Blanca es que no se presenten y Guaidó, que de otra manera no podría sostenerse, aceptó esa estrategia. El problema que su única opción para mantener el cargo de presidente interino pasa por ser diputado.
Ya pasó que en enero pasado el diputado Luis Parra resultó electo como presidente de la AN por los legisladores presentes, lo que implicaba al “destitución” del pollo de Trump. Pero la movida para que se permitiera la votación a distancia de diputados en el exilio fue clave para cambiar las cosas.
En el fondo, lo que todos estos manejos demuestran es la poca voluntad de solucionar la crisis política en una mesa de negociaciones, cosa que ya había sucedido en reiteradas ocasiones con una ronda de diálogo dirigida por el ex presidente del Gobierno español José Luis Zapatero.
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