por Alberto López Girondo | Oct 4, 2020 | Sin categoría
Con una fuerte señal favorable a las políticas neoliberales del gobierno de Jair Bolsonaro, el Supremo Tribunal de Federal de Brasil (STF) avaló la venta de ocho de las once refinerías de Petrobrás sin autorización del Congreso. La decisión de permitir la enajenación de las joyas más valiosas de la abuela sin ningún control parlamentario ocurre en coincidencia con los 67 años de la fundación de la petrolera estatal, el 3 de octubre de 1953, lo que generó el rechazo de sindicatos y dirigentes que llamaron a un abrazo a la sede de la empresa en el Día Nacional de la Lucha en Defensa del Pueblo Brasileño. Los expresidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff y diputados federales de las bancadas del PT, del partido PSol y del PC do Brasil junto con el presidente de la Conferencia Nacional de Obispos (CNNBB) Walmor Oliveira de Azevedo, se hicieron presentes de manera virtual.
El Plenario del STF falló este jueves en un reclamo de legisladores que cuestionaron la creación de subsidiarias de Petrobras encaradas por el Ministerio de Economía, a cargo del Chicago Boy Paulo Guedes, como un subterfugio para ir desmembrando a la empresa que supo estar entre las “top five” del mundo en exploración y explotación de crudo hace menos de diez años. Fue en aquellos tiempos en que había invertido miles de millones de dólares hasta encontrar petróleo debajo de una gruesa capa de sal en el Océano Atlántico.
El yacimiento conocido como Presal, una prospección que abandonó Shell porque se necesitaban ingentes recursos para llegar al núcleo de donde mana el oro negro, colocó a Brasil en el selecto club de países productores, algo impensado hasta ese momento. El hallazgo se confirmó en 2003, justo cuando Lula da Silva inauguraba su primer mandato. El mandatario dijo entonces que ese filón podía pavimentar el camino hacia la “segunda independencia de Brasil”.
El Presal es un enorme yacimiento debajo de una capa de 2000 metros de sal, frente a las costas de Rio de Janeiro, Espíritu Santo, San Pablo, Paraná y Santa Catarina, con un estimado de reservas de 273 mil millones de barriles. Equivalentes al consumo total del planeta durante cinco años.
Una fortuna semejante despertó la codicia de las principales multinacionales y de los estrategas del departamento de Estado. El primer paso fue cuando en abril de 2008 se anunció la reactivación de la Cuarta Flota Naval de EE UU. Creada en 1943 para controlar el tráfico marítimo en el Caribe y los mares adyacentes a América central y Sudamérica durante la Segunda Guerra Mundial, había sido disuelta en 1950.
No era solo por el petróleo brasileño que se esparcía la amenaza naval, por cierto. El caso es que el gobierno de Lula sancionó en 2010 la llamada Ley de Partilha (de Reparto), que obligaba a que Petrobras tuviera una participación mínima del 30% en cada área de explotación del Presal. El 70% restante podría contratarse directamente con la empresa estatal o licitar por empresas nacionales o extranjeras.
Lo interesante era que las regalías aumentaban al 15% del valor del petróleo extraído, la obligación de utilizar en las plataformas y maquinaria utilizada productos hechos en Brasil y a que parte de las ganancias conformaran un Fondo Social para programas de educación y salud, con preeminencia en los estados costeros al yacimiento.
La sucesora de Lula, Dilma Rousseff, había sido ministra de Minas y Energía y, por lo tanto, integraba el directorio de Petrobras. En 2013, la codicia de la Casa Blanca era tal que el entonces vicepresidente, Joe Biden, actual candidato a la presidencia, visitó Brasil para hablar de petróleo. Fue sospechosa su reunión en privado con Michel Temer, quien tres años más tarde reemplazaría a Dilma en un golpe blanco, reformularía la ley de Presal en favor del “mercado” y comenzaría el descuartizamiento que ahora quiere culminar Bolsonaro.
Biden no iba con las manos vacías, es de creer que traía una carpeta con información secreta sobre manejos presuntamente turbios en Petrobras. Es fácil deducirlo porque para las mismas semanas, en Hong Kong el analista de la CIA Edward Snowden denunciaba el fabuloso sistema de espionaje informático a través de la agencia NSA. Y entre los espiados, el ahora exiliado en Rusia apuntó a líderes mundiales pero especialmente a Petrobras y la presidenta Rousseff. El escándalo pegó lo suficiente como para que Dilma rehusara la visita que ya tenía programada a Washington y dejara pagando al presidente Barack Obama.
El golpe contra Dilma, destituida el 31 de agosto de 2016, tenía olor a petróleo, como el suicidio de Getúlio Vargas, el 24 de agosto de 1954 “Quise crear la libertad nacional en la potencialización de nuestras riquezas a través de Petrobras, mal comienza esta a funcionar cuando la ola de agitación crece. Eletrobras fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente”, escribió en su carta póstuma el fundador de las dos estatales. La privatización de la compañía de electricidad sigue estancada en el Congreso, pero este dictamen de la Corte abre las puertas a avanzar pese a los legisladores. Ambas son firmas semi estatales desde los años 90 La privatización de la compañía de electricidad sigue estancada en el Congreso, pero este dictamen de la Corte abre las puertas a avanzar pese a los legisladores. Ambas son firmas semi estatales desde los años 90.
Tiempo Argentino, 4 de Octubre de 2020
por Alberto López Girondo | Sep 30, 2020 | Sin categoría
Que desilusión para los dueños de automóviles Audi -un vehículo ideal para presumir de status social- enterarse de que en sus entrañas venía con un software creado para truchar emisiones de gases y así burlar las reglamentaciones europeas y estadounidenses para motores Diesel. Este miércoles, un tribunal de Munich, en el barrio de Satdelheim, comenzó a juzgar a los responsables máximos de la maniobra, Rupert Stadler, ex presidente de la compañía, el ex director de Porsche -la principal accionista del grupo Volkswagen, matriz de estas firmas- Wolfgang Hatz, y dos ingenieros. El proceso, que arranca desde que se dieron a conocer las primeras denuncias, en 2015, posiblemente termine, adelantan los magistrados, en 2022. El bolillero de condenas, se especula, llegaría hasta un máximo de cinco años para Stadler. Pero el lodo que el caso le deja a las marcas será más difícil de dimensionar.
Son malas épocas para Volkswagen, la empresa nacida en los años del nazismo en base al revolucionario diseño del ingeniero Ferdinand Porsche de un auto popular, que eso significa el nombre. El archiconocido Escarabajo presentado por primera vez por Adolf Hitler en persona. A este escándalo del mayor fabricante de autos de Europa, que logró aglutinar con las años las marcas más significativas del continente, se le suman causas en Brasil por haber colaborado con la dictadura militar (1964-1985) “entregando” a trabajadores y delegados a los represores.
Para evitar males mayores, la empresa llegó la semana pasada a un acuerdo con familiares de trabajadores torturados o asesinados en aquellos años de plomo y pagará indemnizaciones por unos 6,4 millones de dólares. «Lamentamos los atropellos contra los derechos humanos del pasado. Para Volkswagen, es importante asumir la responsabilidad de ese capítulo negativo en la historia de Brasil y promover la transparencia», explicó Hiltrud Werner, directiva de la multinacional.
Hay un adicional algo menor para obreros que sufrieron represalias y sus familias y para la construcción de un memorial para recordar a las víctimas de la dictadura. Se trata de una decisión que se contrapone con los mensajes que llegan en este momento desde la jefatura de gobierno brasileño, donde el excapitán del Ejército Jair Bolsonaro no se cansa de repetir que la dictadura se quedó corta y tendría que haber eliminado a muchos más de los cerca de 500 ciudadanos desaparecidos.
A principios de mes, por otro lado, Volkswagen había puesto punto final a su relación contractual con una distribuidora de sus automóviles en Coyoacán, México, que había decorado sus oficinas centrales con una vieja fotografía de un Escarabajo flanqueado por soldados nazis y cruces esvásticas. La compañía señaló que las imágenes muestran «un régimen que enfatizó el odio y la discriminación» y «son completamente ajenas a la imagen corporativa».
La empresa, además, deberá retirar del mercado para reparaciones unas 200.000 unidades de la pick-up Amarok -otra joya que da prestigio al usuario- luego de haberse detectado problemas en la fijación de la rueda de auxilio. El inconveniente apareció en una camioneta que sufrió un accidente en Argentina.
Diferente es la situación en torno al software trucho. Una investigación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) detectó hace 5 años que diversos vehículos incumplían con los estándares exigidos para poder ser vendidos en ese país. El problema era que las unidades venían con un software que en teoría demostraba la pureza de sus emisiones.
El programita había sido desarrollado en 2007 para pasar los controles de la EPA. En 2014 el organismo detectó que las emisiones reales eran hasta 40 veces mayores que las autorizadas. En setiembre de 2015 la EPA acusó a Volkswagen de haber violado las reglamentaciones mediante un dispositivo para engañar a los controles. Unos días más tarde, el presidente de la empresa, Martin Winterkorn admite que unos 11 millones de unidades en todo el mundo tenían el dispositivo fraudulento, asume la responsabilidad del hecho y renuncia. Volkswagen, en consecuencia, llama a revisión a los dueños de todos esos autos.
Mirá aca los antecedentes:
Investigaciones en España y Alemania
Trabajadores de Argentina y Brasil pagan el pato
Merkel debe enfrentar el escándalo
El escándalo crece en Europa y otros fabricantes, como BMW, reconocen haber utilizado el dispositivo, aunque dicen que no sabían anda del fraude. Bosch, la compañía que lo fabrica, acepta en 2017 pagar 300 millones de dólares de multa en EEUU, pero sin reconocer su culpabilidad. En junio de 2018 Volkswagen paga 1000 millones de euros de multa en Alemania. Otro tanto hace Audi en octubre. Poco tiempo después también hace un arreglo extrajudiciales Fiat Chrysler en el marco de lo que se conoce como Dieselgate. Hace 15 días, Daimler, fabricante de Mercedes Benz, paga 2.200 millones de dólares en EEUU para cerrar el caso.
Siempre el directorio de Volkswagen alegó que no estaban enterados de lo que había sucedido con el software trucho. Juran que los procedimientos de la empresa son transparentes y que si hubo alguna irregularidad ha sido obra de sus empleados. En alguna medida es el mismo argumento de Stadler y Winterkorn, pero ellos eran los ejecutivos a la cabeza del grupo industrial, de modo que les caben las responsabilidades judiciales por el fraude. La fiscalía entiende que no podían no saber que el software había sido creado para disfrazar las emisiones.
Los ingenieros de Audi, recuerda un artículo del The New York Times, que desnudó el caso, se enfrentaban al problema de que la tecnología para cumplir con los estándares ambientales estadounidenses elevaba el nivel sonoro que los motores diesel de un modo francamente intolerable para el propietario de un auto de alta gama como ese.
El software no fue diseñado para detectar las emisiones, sino si el auto estaba sometido a pruebas de emisiones. Y solo entonces ponía en marcha el ruidoso control de emisiones. ¿Cómo se daba cuenta de que estaba siendo probado? Muy sencillo, porque normalmente en esas condiciones el pedal del acelerador era sometido a mayor presión en forma constante estando el móvil detenido.
Un correo electrónico fatal llegó a manos de los investigadores. Uno de los ingenieros a cargo del desarrollo escribió a su jefe: “no lo lograremos sin algunos trucos sucios”. En esta movida había técnicos de Volkswagen, Audi y Bosch.
En EEUU varios directivos de las filiales locales sufrieron condenas de prisión pero decidieron colaborar para reducir el tiempo entre rejas. En Alemania, Stadler y Hatz se sientan en el banquillo de los acusados. Junto a ellos el jefe de Termodinámica de Audi, Zaccheo Giovanni Pamio, y otro ingeniero identificado solo como Henning L. según el TNYT. Winterkorn pasará por tribunales el los próximos meses.
Tiempo Argentino, 30 de Septiembre de 2020
por Alberto López Girondo | Sep 29, 2020 | Sin categoría
La disolución de la Unión Soviética dejó un tendal de tensiones entre las naciones que se establecieron desde 1991 solo comparables al lodazal que dejó la desaparición del Imperio Otomano, en la primera guerra mundial. Y en esos mismos territorios regresó un conflicto de difícil resolución pero imprevisibles consecuencias entre Armenia y Azerbaiyán. Estos nuevos enfrentamientos por Nagorno Karabaj encuentran a esa región bastante estresada por la situación en Siria, Palestina, Ucrania y Bielorrusia, de modo que la intervención de Turquía y Rusia era casi forzosa y así lo hicieron saber Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan. Los últimos informes de situación incluyen cerca de 90 muertos en los enfrentamientos, que se agudizaron desde este domingo. El secretario de la ONU, los jefes de estado de la UE y presidentes de varias naciones instaron a una mesa de diálogo para evitar un baño de sangre.
Para ver antecedentes:
Escala el conflicto este domingo.
La disputa por el espacio post soviético.
Pequeños países no reconocidos pero que existen.
Ucrania cambia de gobierno en 2019
Erdogan intenta rediseñar la región.
Palestina cada vez más sola.
El renacimiento ruso.
El enclave de Nagorno Karabaj, situado dentro de territorio que la URSS había atribuido en 1921 a Azerbaiyán, tiene población mayoritariamente armenia. En el contexto de una federación multinacional como la URSS, eso podía no representar un problema insoluble. Lo mismo había ocurrido allá por la segunda mitad del siglo XX cuando Crimea -que había pertenecido al imperio zarista- fue incorporada a la República Soviética de Ucrania por el entonces secretario general del PCUS, Nikita Kruschov.
Pero en a la caída de la URSS la situación cambió radicalmente al sur del Cáucaso. Tanto Armenia como Azerbaiyán se declararon independientes de la Federación Rusa, la sucesora de la URSS. Ni qué decir desde el golpe contra Viktor Yanukovich en Kiev en 2014. Pero ese es tema de otra entrada.
Los armenios, cristianos desde el siglo IV, chocaron con los azeríes, musulmanes chiitas. El problema no es esencialmente religioso, pero la fe también influye. En 1988 los armenios de Nagorno Karabaj se declararon independientes de Azerbaiyán. El conflicto estalló a pleno en 1991 y duró hasta 1994, cuando se firmó un alto el fuego luego de combates feroces que dejaron algo así como 30.000 muertos. A esa altura, Bakú -la capital azerí- había perdido el control del enclave y de siete distritos adyacentes.
Autodenominada Republica de Artsaj, esa región de 11.300 kilómetros cuadrados y poco menos de 140 mil habitantes no es reconocida oficialmente sino por tres estados que, a su vez, tampoco tienen reconocimiento internacional, como Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria. En 2006 se votó en referéndum una Constitución. El actual presidente es Arayik Harutyunyan. El enclave tiene solo un punto de cercanía con Armenia, la franja de Lachin, ahora en estado de ebullición.
El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, mantiene frecuentes contactos con Putin, ahora intensificados por el recrudecimiento de las tensiones. El otro actor regional, Erdogan, tiene a su vez línea directa con el presidente azerí, Ilham Aliyev.
La enemistad entre turcos y armenios proviene desde el genocidio de 1915, cuando más de un millón de armenios fueron asesinados por tropas otomanas. Turquía nunca quiso reconocer su responsabilidad en la masacre. Alega que la República de Turquía fue creada en 1923, y no es responsable de aquellos actos.
Pero en esta ocasión, Erdogan apoya sin dubitaciones a Azerbaiyán. «Llegó la hora de que esta crisis que comenzó con la ocupación de Nagorno Karabaj llegue a su fin. Cuando Armenia haya abandonado el territorio que ocupa, la región reencontrará la paz y la armonía», declaró el mandatario turco el mismo domingo.
Putín, sin embargo, si bien mostró su apoyo a Ereván, fue más cauto en sus declaraciones. Y anunció una conversación telefónica con Erdogan para pacificar los ánimos en la región, de por si ya bastante convulsionada. Nadie quiere repetir los encontronazos de 2016, cuando se registraron al menos 100 muertos en ambos bandos,
Putin viene impulsando la Unión Económica Euroasiática desde hace cinco años. Por ahora esta unión regional de comercio agrupa a Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, pero la puerta ya está abierta para el ingreso de Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Siria. Turquía, siempre con el deseo -insatisfecho quizás para siempre- de integrar la Unión Europea, no se quiere perder el tren de la UEE. Pero enfrenta el rechazo de Armenia. Este nuevo choque por Nagorno Karabaj no ayuda a esa definición.
Tiempo Argentino, 29 de Septiembre de 2020
por Alberto López Girondo | Sep 27, 2020 | Sin categoría
En estos tiempos, el discurso ultraconservador se esparce sin ningún prurito en todo el mundo. Los gestos y las palabras muestran el revés de la trama de un modo transparente. Hubo en estos días una gran proliferación de estos ejemplos en las intervenciones de los jefes de Estado en la 75ª Asamblea de la ONU. Y si se habla de la región, también los hubo en las últimas movidas en los organismos latinoamericanos, donde se expresa sin pudor la fuerte alianza entre los gobiernos de Jair Bolsonaro y Donald Trump.
El que abrió la ronda de discursos en Nueva York -esta vez de forma virtual- fue el presidente brasileño. Una tradición que se remonta al fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que Brasil fue el único país sudamericano en enviar tropas contra las fuerzas del nazismo.
Fue muy evidente el deseo del excapitán del Ejército brasileño de congraciarse con el empresario inmobiliario estadounidense, que está a días de una elección presidencial. Esa actitud era el reconocimiento público de una asociación que intenta marcar el rumbo de América Latina a la medida de la Casa Blanca. Y que seguramente excederá a quien sea el que ocupe el cargo de presidente en el futuro. Después de todo, el que reflotó el término “patio trasero” para definir a las naciones que están al sur del Río Bravo fue el secretario de Estado de Barack Obama, John Kerry.
Los ejemplos del eje Washington-Brasilia en esta era abundan. Luis Almagro, el sumiso secretario general de la OEA, anunció hace un mes que no le iba a renovar el contrato al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrao. Argumentó que había decenas de denuncias por malos tratos al personal en su contra. Olvidó decir que Abrao había sido votado según las reglas de la CIDH en febrero pasado para un nuevo período.
Resultaría difícil negar ahora que el uruguayo ex frenteamplista negoció un nuevo período propio, a fines de marzo pasado, a cambio de sacarse de encima a un funcionario que Bolsonaro desprecia. Tras algunas semanas de alboroto, Abrao tiró la toalla y este viernes la CIDH abrió una convocatoria para elegir al reemplazante, de acuerdo a los reglamentos internos -violados por Almagro- durante un período que culmina el 8 de noviembre. El nuevo titular del organismo, de acuerdo al anuncio, será seleccionado entre los postulantes el 3 de diciembre.
La misma CIDH anunció estos días la designación del colombiano Pedro José Vaca Villarreal como relator especial para la Libertad de Expresión, en lugar del uruguayo Édison Lanza. Vaca Villarreal es abogado y dirige actualmente la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia, integra el Consejo Directivo Global del International Freedom of Expression Exchange (IFEX) y es relator en otra ONG, Freedom House (FH).
IFEX nuclea a un centenar de asociaciones mundiales y en el caso de Argentina figuran el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y las Asociación por los Derechos Civiles. FH, a su vez, es financiada en un 80% por el gobierno de EE UU.
Almagro, tras deshacerse de Abrao y mientras espera que la CIDH le ofrezca un candidato potable para el régimen imperante en la OEA, completó la devolución de gentilezas a Bolsonaro y nombró a Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub en la secretaría de Acceso a los Derechos y la Equidad de la entidad. Conocido ultraconservador, racista y misógino, Weintraub argumenta en contra del uso de barbijo porque dice, textualmente, que es “un pin del partido comunista”.
Levantó mucha espuma la polémica elección de Mauricio Claver-Carone al frente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Faltando a la tradición, Trump forzó la nominación de un estadounidense, cuando siempre ese cargo había sido para un latinoamericano. El sillón de vice, en cambio, siempre había sido para un nativo del norte del continente. El último en ocupar la vicepresidencia fue Brian O´Neill, pero murió en diciembre pasado. En su lugar está como interino John Scott. Pero el sucesor será el brasileño Carlos da Costa, hasta ahora secretario de Productividad, Empleo y Competitividad del Ministerio de Economía brasileño.
Esta sociedad de derecha se viene gestando desde que Bolsonaro, con ayuda de asesores de campaña de Trump, ganó la presidencia de Brasil. La gira del secretario de Estado Mike Pompeo por Brasil, Colombia y Guyana de la semana pasada buscó consolidar esos lazos en torno al objetivo de terminar con el gobierno venezolano, la obsesión de la gestión Trump.
En la Asamblea de ONU, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, apuntó contra la Casa Rosada denunciando el “acoso sistemático” contra su gobierno y pidió acabar con el “populismo caudillista y autoritario” y las “castas populistas” como catalogó a las autoridades nacionales argentinas.
No tardó Bolsonaro, en una entrevista con OGlobo, en sumarse al mensaje (¿de Washington?) al afirmar que el gobierno de Alberto Fernández está «yendo rápidamente hacia un régimen similar a Venezuela».
Tiempo Argentino, 27 de Septiembre de 2020
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