La justicia boliviana pedirá a Estados Unidos la extradición de el ex ministro de Gobierno de Arturo Murillo, detenido en ese país por lavado de dinero y corrupción en una causa por el cobro de coimas para la compra de gases lacrimógenos y armas para la represión tras el golpe contra Evo Morales de noviembre de 2019. El que fuera hombre fuerte del régimen encabezado por Jeanine Añez deberá enfrentar este lunes una audiencia en una corte del distrito sur de Florida en la que su defensor, como es de rigor, pedirá la libertad bajo fianza hasta que se sustancie el juicio.
Murillo es un oscuro personaje responsable último de las matanzas de Sacaba y Senkata contra manifestantes contra el golpe de estado que terminó con el gobierno democrático de Evo Morales. Enconado enemigo del MAS y los cambios registrados en Bolivia desde la llegada de Morales al poder, en 2005, ya tenía causas abiertas en Bolivia desde 2016 por haber falsificado documentos para presentarse a elecciones.
El caso de los sobornos en la compra de material para uso represivo ilustra el trasfondo de quienes protagonizaron el golpe. Fue tan burda la operación que las pruebas en contra de Murillo y quienes lo secundaron que sería difícil aliviarles una condena. Incluso porque “los servicios prestados” para sacar del poder a Morales no lograron impedir que el MAS volviera a gobernar un año más tarde. Lo que quizás explique el repentino gesto de transparencia de organismos de EE UU cuando nunca actuaron igual, por ejemplo, con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ex ministros de Defensa y de Hidrocarburos por la represión de 2003 contra protestas populares, reclamados por genocidio en 2008.
Murillo fue detenido el 22 de mayo junto su ex jefe de Gabinete -Sergio Rodrigo Méndez- y los dueños de una firma proveedora de equipo policial con sede en Florida -Bryan Berkman y su hijo Luis- y un intermediario de nacionalidad estadounidense con residencya y oficinas en Buenos Aires para actividades comerciales e inmobiliarias, Philip Lichtenfeld.
La empresa de los Berkman -que tienen doble nacionalidad boliviana y estadounidense- Intermediary Company, aparece como la compradora de gas lacrimógeno a una firma de Brasil, Cóndor, por 3,3 millones de dólares, pero el Banco Central de Bolivia giró a intermediarios 5,6 millones por ese material. El contacto entre los funcionarios de facto y la fábrica de armamento “no letal”, Lichtenfeld, es accionista del consorcio World Trade Center (WTC) Santa Cruz, pero se quedó finalmente sin el pan y sin la torta. WTC informo ahora que “activó los mecanismos empresariales” para dejarlo afuera de un megaproyecto inmobiliario en el oriente boliviano
Otro involucrado en el proceso es el ex ministro de Defensa Luis Fernando López. Aparte de los documentos firmados por Murillo y compañía hay mensajes de WhatsApp y mails donde los implicados hablan con tal naturalidad de la maniobra que evidentemente pensaban que se iban a quedar indefinidamente en el poder. Todos ellos huyeron poco antes de que Añez dejara el gobierno luego de las elecciones que ganó Luis Arce en octubre pasado.
El régimen ultraderechista quería elementos para reprimir las manifestaciones contra la interrupción constitucional. Por eso en un principio pidieron un préstamo de gases lacrimógenos al gobierno de Lenin Moreno. Lo jugoso del caso es que el préstamo nunca fue devuelto, según señaló el abogado de dos exfuncionarios que quedaron salpicados por la maniobra. “Se prestaron un avión de la Fuerza Aérea y le pidieron al Gobierno ecuatoriano el valor equivalente a 9 millones de bolivianos (1,3 millones de dólares) de gas para suplir hasta que llegue esta compra”, dijo Gary Prado Aráuz, hijo del general Gary Prado Salmón, quien dirigió la patrulla que en octubre de 1967 capturó al Che Guevara. Moreno se apresuró a cumplir con el pedido de un “gobierno amigo”, corroboró Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación de Añez.
Una asombrosa coalición armada sobre el límite de plazo previsto y con el objetivo preponderante de sacar del gobierno a Benjamin Netayahu será investida en los próximos días en Israel, a dos semanas de la firma de un alto el fuego en Gaza. El todavía primer ministro, a todo esto, alienta a la derecha más recalcitrante a que rechace el acuerdo logrado por el ex conductor televisivo y periodista de centro, Yair Lapid, con el ultraderechista Naftali Bennet, asegurando que se trata de una entente “de izquierda y peligrosa” y amenaza con enturbiar el traspaso de mandato a la manera de Donald Trump a principios de año en Estados Unidos. Por las dudas, el Shin Bet, el servicio de inteligencia interior, informó que habían reforzado la seguridad de Bennet para evitar incidentes ante eventuales ataques de grupos extremistas.
El argumento de Netanyahu se asienta en el hecho de que la coalición en su contra, ocho partidos de lo más variopinto de Israel, incluye a grupos de izquierda y por primera vez a un frente árabe. Y que la condición para que esta última agrupación aceptara por primera vez en su historia formar parte de un gobierno israelí fue la autonomía de los pueblos beduinos de Negev en el sur del país y la derogación de la Ley Kaminitz, una normativa que regula la construcción, lo que para la población palestina implica el permiso para demoler viviendas en pueblos y aldeas mayoritariamente árabes.
En este escenario, Bennet, un judío ortodoxo que defiende como su principal causa la de los colonos en las tierras ocupadas y se niega a la formación de un Estado Palestino, descuella como un ganador impensado de esta arriesgada maniobra. Fue un hombre muy cercano a Netanyahu y formó parte de su gobierno en varias ocasiones. No tiene tanto predicamento electoral, al punto que en la ultima elección logró solo 7 escaños en la Knesset, el parlamento israelí. Efectivamente, el ganador de este último comicio fue Lapid, con 17 bancas. Para formar gobierno se necesitan 61 votos parlamentarios y el sí de Bennet fue clave.
Realmente se le reconocen al mediático Lapid dotes de negociador pero también de una generosidad estratégica para correr a Netanhayu: por un lado, convenció a Bennet de integrar un gobierno con árabes y viceversa. El precio es que los dos primeros años, hasta agosto de 2023, el primer ministro será Bennet y él será ministro de Relaciones Exteriores. Luego se invertirán los roles.
Pero la coalición, por su propia heterogeneidad, luce inestable y el riesgo es que la ultraderecha en el primer puesto del gobierno corra el arco de las definiciones más necesarias en este momento del país acerca de la política que se desarrollará hacia Palestina. O que intente boicotear cualquier acercamiento para mantenerse en el poder.
No son pocos los que afirman que la última ofensiva de Netanyahu sobre Gaza contra ataques de Hamas -que comenzaron el mismo día en que el presidente Reuben Rivlin le encargó formar gobierno a Lapid- haya sido una estrategia armada por el premier para lograr consenso en su alrededor para mantenerse por un nuevo período.
Pero los vientos soplan desde otro lado en EEUU, el principal apoyo externo de Israel. Y el sólido maridaje entre Netanyahu y Trump, que se había iniciado con los republicanos en el último tramo de la administración Barack Obama, terminó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el 20 de enero.
Si algo necesita Washington en esa región es un mandatario más acuerdista. No es que vayan a tener un socio ideal en Bennet, que expresa históricamente a sectores más ultras que Netanyahu. Pero nadie en la dirigencia israelí está decidido a la aventura de una quinta elección en dos años para ver qué gobierno se pueden dar los ciudadanos. Netanyahu, por otro lado, está siendo sometido a un juicio por corrupción que hasta lo podría llevar tras las rejas.
La coalición que pacientemente formó Lapid está compuesta por su partido, Yesh Atid (Hay un futuro), de centro; Kahol Lavan (Azul y blanco) del general Benny Gantz, centro derecha: Ysrael Beitenu, de Avidgor Lieberman, derecha nacionalista; Tikva Hadasha, (Nueva Esperanza), neoliberal; Yamina, de Bennet. Por la izquierda lo integran Avoda, laborista, liderado por Merav Mijaeli; Meretz, de Nitzan Horowitz; Raam, el frente islamista de Mansur Abas.
El gabinete, como ocurre en esquemas políticos de coalición, consistirá en un reparto de cerca de 30 cargos entre los principales aliados. Bennet y Lapid, de acuerdo a la cláusula 13 de la ley básica de Gobierno, rotarán en el puesto de mando y la cancillería. También habrá rotación en la Comisión de Nombramientos Judiciales, el organismo encargado de designar a los jueces, entre Mijaeli con Ayelet Shaked, una joven militante con mucho futuro dentro del partido Yamina.
La dirigente laborista también fue parte de esa parte de la política de Israel que aceptó tragar todos los sapos necesarios con tal de cambiar el tumbo del país.
Mansur Abas, el líder de Raam, explicó su lugar en el esta coalición: “Acordamos formar un gobierno después de alcanzar acuerdos críticos sobre varios temas que sirven a los intereses de la sociedad árabe”. Y agregó que ese salto político servirá “para el beneficio de la sociedad árabe y la sociedad israelí en general, especialmente en la región del Negev, que está plagada de muchos problemas, especialmente el tema de las aldeas no reconocidas, y la cuestión de demolición de casas”.
Netanyahu acusó a Bennet de haber traicionado a los colonos a los que decía representar. En las calles, no pocos manifestantes salieron a reclamar en contra de esta alianza, acicateados por el hombre que gobernó Israel durante estos últimos 12 años en forma ininterrumpida. “Todos los diputados elegidos con el apoyo de la derecha deben oponerse a este peligroso gobierno de izquierda”, despotricó desde las redes sociales.Lo que hace temer incidentes.
Como dato adicional, este miércoles 87 legisladores de la Knesset, de 120, votaron -como es de rigor, en secreto- por el nuevo presidente de Israel en reemplazo de Rivlin, que culmina su periodo en 14 de junio. Se trata de un cargo simbólico sin responsabilidades de gobierno. El elegido fue el laborista Isaac Herzog, hijo de Chami Herzog, que ocupó ese puesto entre 1983 y 1993.
Joe Biden intenta reflotar el encono de Donald Trump contra China mientras trata de seducir a los republicanos para que le aprueben el mayor Presupuesto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de su plan para “reinventar” la economía estadounidense. Es así que el presidente ordenó a la CIA una investigación sobre el origen del coronavirus y pretende recuperar la industria de los semiconductores para no depender del gigante asiático. La respuesta de la oposición es demorar el asunto, jugar con la ajustada diferencia del oficialismo en el Senado y horadar la unidad de los demócratas alertando que esa montaña de dinero solicitada –unos 6 billones de dólares, 12 veces el PBI de Argentina y el 42% del de EE UU “puede generar una espiral inflacionaria”.
El mandatario estadounidense pidió a las agencias de inteligencia elaborar un informe en un plazo de 90 días para que expliquen cómo y desde dónde se propagó el Covid-19. Según un artículo del diario The Wall Street Journal, que expresa al establishment financiero, fuentes de inteligencia habían revelado que tres científicos del Instituto de Virología de Wuhan –ya en noviembre de 2019– habían tenido síntomas compatibles con el coronavirus. Mucho antes de que Beijing alertara a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esto abonaría la tesis que solía exponer Trump a modo de brulote: que se trataba de un “virus chino”, lo que para sus críticos era un simple eslogan en el marco de frente interno y de su declarada guerra comercial contra el principal competidor de EE UU como potencia global.
Biden, que llegó al poder mostrando un perfil absolutamente opuesto a Trump, transita sin embargo por algunos de sus mismos senderos, aunque con un tono más prolijo. Por lo pronto, China también es un punto fundamental en el fabuloso presupuesto que Biden envió al Congreso. Es así que impulsó un plan para reactivar la producción de semiconductores con amplios beneficios para la industria estadounidense.
El proyecto prevé 52 mil millones de dólares en cinco años para producir ese elemento electrónico esencial y otros 1500 millones para el desarrollo de tecnología 5G, el otro caballito de batalla de Trump. Lo presentó como una campaña para reformular la relación entre Estado y empresas privadas hacia una competencia que estratégicamente es existencial para Estados Unidos.
Biden ya había anunciado su propuesta keynesiana para formatear al país luego de la pandemia con un plan de infraestructura para reactivar el trabajo y movilizar la economía. Ese proyecto se financiaría con un incremento impositivo a las grandes corporaciones. O, para decirlo más claramente, reimponer un mínimo porcentaje de los recortes que había hecho Trump para beneficiar a los más ricos con la excusa de que así generarían empleo. Algo que, como recordó Biden, no se produjo. Sería ir al 28% del actual 21%, bastante menos del 35% que existía en 2016.
Ahora la idea es también generar empleo, pero por el derrotero de Franklin D. Roosevelt y el New Deal de los años ’30 del siglo pasado. Eso irrita especialmente a los republicanos más ligados a los intereses del establishment y a no pocos demócratas. Hay que pensar que aquel plan de 2,3 billones de dólares bajó a 1,7 billones en acuerdos parlamentarios. Tal vez el objetivo real del gobierno ahora sea menor a los 6 billones de presupuesto, pero les tiene que dar aire a propios y ajenos en un cabildeo inevitable en estas circunstancias.
Poner todo en un paquete, junto con la mira puesta en China, es un modo de llegar al votante de Trump, que no es para despreciar: fueron más de 70 millones de ciudadanos que apoyaron los cuatro años de su gestión y son las bases republicanas.
Por eso, también Biden apuntó al coronavirus y al laboratorio que primero lo investigó y al que su antecesor acusó de haber diseminado la pandemia como parte de una artimaña militar. Los bien pensantes tildaron al polémico empresario de tener una “mente febril”. Ahora parece ser un guion útil para esta nueva etapa política: el oficialismo tiene una ventaja apropiada en la Cámara Baja, pero en el Senado, con un empate en 50, necesita al menos diez opositores para contar con las mayorías necesarias para aprobar este tipo de iniciativas. Desde Beijing, voceros de la Cancillería china apuntaron a la “oscura historia” de los servicios de EE UU y aludieron a los informes de la CIA sobre el arsenal de armas de destrucción masiva en manos del gobierno de Saddam Hussein que sirvieron de excusa para la invasión a Irak. Y recordaron las conclusiones de una misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que visitó Wuhan y descartó como “improbable” que el virus hubiera salido del laboratorio Desde Beijing, voceros de la Cancillería china apuntaron a la “oscura historia” de los servicios de EE UU y aludieron a los informes de la CIA sobre el arsenal de armas de destrucción masiva en manos del gobierno de Saddam Hussein que sirvieron de excusa para la invasión a Irak. Y recordaron las conclusiones de una misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que visitó Wuhan y descartó como “improbable” que el virus hubiera salido del laboratorio.
El presidente Emmanuel Macrón está decidido a enterrar el pasado colonial de Francia y a disculpar el oscuro papel que cumplió la nación gala en su historia reciente, aunque desde una visión edulcorada de algunos de esos momentos. En una histórica visita a Kigali, dijo que reconocía “las responsabilidades” en el genocidio registrado en 1994 en Ruanda, un hecho de barbarie en el que interpretó que el Estado francés “no fue cómplice”, por más que “dejó demasiado tiempo que el silencio prevaleciera sobre el examen de la verdad”.
Recibió el agradecimiento del presidente ruandés, Paul Kagame, que tildó ese acto de “inmensa valentía” pero el titular de una organización de sobrevivientes de aquella matanza, que dejó más de 800.000 muertos, masacrados entre abril y junio de 1994, Egide Nkuranga, destacó que Macron no presentó verdaderas disculpas. “Ni siquiera pidió perdón”, lamentó Nkuranga.
“Solo aquellos que cruzaron la noche pueden perdonar, darnos el regalo de perdón”, dijo en tono vaticano el mandatario francés. Lo esencial de ese discurso en la capital ruandesa los subió luego a su cuenta de twitter.
Con este acto, Macron restableció relaciones entre ambas naciones y se comprometió a nombrar en brece un embajador. Ibuka, de la ONG Ibuka, crítico del tibio acercamiento del inquilino del Elíseo, admitió sin embargo que “ha intentado realmente explicar el genocidio y la responsabilidad de Francia. Es muy importante, demuestra que nos entiende”.
Macron se suma al pedido de perdón del papa Francisco, que en marzo de 2017 -él sí- pidió “el perdón de Dios por los pecados y faltas de la Iglesia y de sus miembros, entre ellos sacerdotes, religiosos y religiosas, que cedieron al odio y a la violencia, traicionando su misión evangélica”.Francisco pide perdón
Los que nunca asumieron las culpas por la matanza de la mayoría de la población Hutu sobre la minoría Tutsi fueron los medios de comunicación y periodistas, que exacerbaron el odio sin medir sus consecuencias. Un informe “Los medios y el genocidio”, publicado por el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Canadá en 2007 bajo la edición de Allan Thomspon, recuerda al que fuera secretario general de la ONU, Kofi Annan, cuando señaló que “los medios de comunicación fueron usados en Ruanda para diseminar odio, para deshumanizar a la gente, y más aún, para guiar a los genocidas hacia sus víctimas”. El tenebroso papel de los medios
Una investigación realizada por historiadores franceses al mando de Vincent Duclert, demostró con evidencias eso que siempre se mencionó sobre el papel de los países europeos en esa tragedia”. “Francia tuvo responsabilidades pesadas y abrumadores”, puntualiza el dossier. “El (entonces) presidente (socialista) François Mitterrand y su entorno estaban cegados ante la deriva racista y genocida del gobierno hutu, que París apoyaba entonces”, destaca a continuación.
En marzo pasado, Macron abrió los archivos clasificados sobre la guerra de Argelia, el proceso de liberación del país árabe, colonia francesa en el norte de África desde 1830. Las matanzas y el modelo de represión centralizado del ejército francés, que no pudo impedir la independencia argelina, fue utilizado por los represores argentinos en la época de la dictadura bajo la instrucción y en algunos casos supervisión de “expertos” franceses que ya habían estado en Vietnam y habían tenido que huir en 1954 tras la derrota en Dien Bien Phu.
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