El fantasma de la guerra civil sobrevuela el Líbano otra vez. A las tensiones de la coalición de gobierno se suman la crisis económica -con un corralito a la argentina incluido-, la falta de insumos básicos y combustible que lleva a cortes de luz diarios.
El Líbano fue alguna vez la Suiza de Medio Oriente, el centro financiero más importante de esa parte del mundo. Hasta que en 1975 estallaron enfrentamientos entre cristianos maronitas, musulmanes -sunitas y chiitas-, drusos, donde no faltó la invasión israelí, la intervención estadounidense, francesa y de la ONU.
Un acuerdo de paz en 1990 estableció un gobierno de unidad con un régimen parlamentario. El presidente y el primer ministro son elegidos por el congreso unicameral, donde hay representación proporcional de las comunidades cristianas y musulmanas. El presidente debe ser maronita, el primer ministro sunita y el titular del Parlamento un chiita. Integran el gobierno diferentes partidos, entre ellos Hezbollah, considerado en muchos países como organización terrorista.
La inestabilidad política arrastró a los últimos gobiernos y luego de 13 meses, el 10 de septiembre el presidente Michel Aoun -en el cargo desde 2016- designó como premier a Najib Mikati. Sucede a Hassan Diab, que había reemplazado a Saad Hariri por la crisis bancaria de fines de 2019 pero tuvo que renunciar tras la explosión del puerto de Beirut el año pasado.
El único atornillado a su puesto como si no tuviera nada que ver es Riad Toufic Salameh, gobernador del Banco Central desde abril de 1993 como parte también de aquellos acuerdos. Maronita también él, había sido gerente ejecutivo y vicepresidente de Merrill Lynch. Con fuertes vinculaciones y gran aceptación -siempre- en el FMI y el Banco Mundial, solía dar cátedra en sus años de gloria en el organismo financiero libanés.
Este último capítulo comienza cuando la libra libanesa se derrumbó por el inminente default, a fines de 2019. Ocurrió lo que muchos preveían menos Salameh. Desde 1997 anclada a un valor de dólar de 1500 -una convertibilidad persistente- en el mercado negro trepó rápidamente a 3000 por dólar. Si a toda convertibilidad le sigue un corralito, en el Líbano la restricción a los retiros provocó en enero de 2020 un estallido frente a las sedes bancarias de clientes que reclamaban infructuosamente sus depósitos.
Desde entonces, todo vino en picada, en una crisis terminal agravada por la pandemia. El 4 de agosto de 2020 estallaron 2750 toneladas de nitrato de amonio depositados en galpones del puerto de Beirut dejando más de 200 muertos, unos 6500 heridos y barrios arrasados.
Para colmo, la falta de dólares imposibilitó la importación de combustibles, lo que generó cortes de luz cotidianos, entre otras calamidades. Hace dos meses, Salameh suspendió los subsidios para las importaciones. Cuando el “blue” libanés cotiza a 17.000 libras, seguir garantizando dólares a 1500 es una utopía.
La solución del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue un convenio para la provisión de combustible iraní, una salida que incomoda hasta el delirio a los sectores prooccidentales del gobierno y pone otro clavo en el ataúd de la fallida estrategia regional de EE UU.
Esta semana, hubo enfrentamientos en Beirut que costaron la vida de seis libaneses, integrantes de Hezbollah y del partido chiita Amal, que acusan a francotiradores cristianos. Se manifestaban contra el juez encargado de investigar la explosión en el puerto, el cristiano Tareq Bitar. Lo acusan de parcial. Había citado al exministro Ali Hasan Khalil, de Amal. Bitar suspendió la investigación, pero la crisis ya está desatada.
Andrea Gioia, el experimentado piloto de 55 años con más de 15.000 horas de vuelo en su CV, será el comandante del vuelo AZ 1586 de Cagliari a Roma que -al menos por ahora -pondrá fin a 74 años de navegación aérea de la línea de bandera italiana Alitalia. Para los nostálgicos de otras épocas de gloria para la península, el ciclo de la aerolínea es una parábola exacta del apogeo y caída del Milagro Italiano de la posguerra. Y razones no le faltan. Pero lo que nadie puede negar es que hubo señales en los 20 años previos de que los aviones de Alitalia no podrían mantenerse mucho en el aire, sobre todo sin el apoyo estatal. Y de que de alguna manera la empresa con los colores rojo, blanco y verde siempre pudo volver. Aunque esta vez no es igual.
Un día después de esa fatídica fecha, unos 7000 trabajadores se quedarán en sus casas a la espera de que se resuelva su futuro mientras que otra línea, ITA (Italia Transporto Aéreo) con control estatal, intentará mantener los vuelos de cabotaje aunque con no más de 2800 empleados y apenas la promesa de duplicar la plantilla, si todo va bien, para el 2023.
En pleno auge del neoliberalismo privatizador, en la década de los 90, Alitalia ingresó a la Alianza SkyTeam con Air France, Delta Air Lines, Korean Air, Aeromexico y CSA Czech Airlines. Sus finanzas comienzan a trastabillar a raíz entre otras cosas de la liberalización de los mercados y el incremento de la competencia con líneas de bajo costo, que se fue profundizando en el nuevo siglo. Sus pérdidas se incrementaban y buscó socios de manera desesperada. En 1997 se concreta una fusión con la neerlandesa KLM que duró apenas un año.
En 2008 la Alitalia surgida tras la guerra quebró y la marca, los aviones y las rutas fueron absorbidas por la Compagnia Aerea Italiana S.p.A., un consorcio que incluía a grandes empresarios como los Benetton, bncos italianos y del que luego formaron parte KLM y Air France.
Las acciones de la compañía en la que viajaban los líderes políticos de la penínsulay los papas tuvo otro cambio de manos para el ingreso de la emiratí Etihad Airways. Pero los sacudones continuaban y el estado italiano tuvo que inyectar recursos en varias ocasiones. Para octubre de 2013, la comunidad europea cuestionaba una ampliación de capital con el ingreso de Correos Italianos con 75 millones de euros.
“Esperamos que las autoridades italianas notifiquen la medida que pretenden facilitar a Alitalia para poder examinarla.”, advirtió entonces el vocero comunitario de Competencia, Antoine Colombani, amenazando con aplicar medidas en caso de incompatibilidad con las reglas europeas sobre ayudas del estado. Se hacía eco a las quejas de las quejas de British Airways, Iberia y Vueling, que entendieron que las “ayudas” violaban la libre competencia.
Para 2017 la Alitalia semiprivada era nuevamente un pozo sin fondo, con administradores puestos por el estado italiano, y apareció la opción Lufthansa: la venta de algunas redes y las conexiones europeas y nacionales. Los sindicatos protestaron contra la iniciativa alemana de crear una NewAlitalia en base al desguace de la aerolínea.
Probablemente el tiro de gracia para la compañía fue la pandemia, que afectó de manera especial todas las líneas aéreas y llevó a varias a la quiebra o a quedar en terapia intensiva dependiendo de la ayuda estatal.
Por otro lado, quizás la suerte de Alitalia estaba ya sellada cuando en febrero pasado asumió la jefatura de Estado Mario Draghi, el tecnócrata reconocido por su gestión en el Banco Central europeo durante la crisis del euro. De fuerte impronta ortodoxa y con el encargo de no dilapidar los fondos europeos para la reconstrucción pospandemia, Alitalia estaba en la mira de SuperMario, junto con otras empresas en la cuerda floja como el banco Monte Dei Paschi y la aceitera Ilva.
El año pasado la UE autorizó la creación de ITA como nueva línea de bandera con la promesa de no destinar a esta iniciativa más de 1350 millones de euros hasta el 2023. En julio pasado, la Comisión Europea terminó de aceptar la sustitución de Alitalia, en medio de una huelga de trabajadores que obligó a suspender 143 vuelos de la firma en extremaunción. En agosto pasado, el Ente Nacional para la Aviación Civil de Italia (ENAC) autorizó a ITA a vender pasajes y realizar vuelos mediante un certificado de operador aéreo y la licencia respectiva.
Entre otras cosas, ITA tendrá que negociar con los gremios las condiciones de los nuevos contratos. El resto tendrá que ver la forma de cobrar indemnizaciones con los síndicos de la quiebra. Por lo pronto, por la marca y las rutas aéreas se piden 290 millones de euros. Los aportes estatales para Alitalia en 20 años, según los cálculos más pesimistas, habrían rondado los 20 mil millones de euros.
La nueva publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) en la misma semana que la OCDE anunció un acuerdo entre 136 países para cobrar un impuesto a las multinacionales del 15%, reveló que 30 gobernantes y exgobernantes, 336 políticos y funcionarios de 90 países, algunos artistas y deportistas internacionales y un puñado de multimillonarios tienen empresas offshore en cuevas fiscales.
Los Pandora Papers despertaron viejas demandas de sectores irritados contra los más ricos, que usaron la excusa de que invertirían en crecimiento a cambio de reducciones impositivas, pero se las rebuscan para no hacer ni lo uno ni lo otro. Es que antes de Pandora hubo un Panamá Papers, un Paradise Papers y en el futuro nadie descarta otros XXX Papers.
En Pandora aparecen tres presidentes en ejercicio de América Latina. Los tres llegaron a la política desde la actividad privada, donde acumularon –o heredaron– grandes fortunas con las que resultó más fácil hacer carrera. El chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader dieron una versión un tanto infantil sobre su rol en las offshore. Que no las habían usado, que era para negocios que no se hicieron. Hay un ex, el paraguayo Horacio Cartes, y como ya es costumbre, alguien de la familia Macri.
Ninguno de los actuales o pasados mandatarios “populistas” está en la lista. A la vicepresidenta argentina se la relaciona por un secretario de Néstor Kirchner y de Vladimir Putin se menciona a una presunta amante. Caen en la volteada algún rey, como el de Jordania o el emérito de España, el ex premier Tony Blair y cosas por el estilo. Y un gran “antipopulista”, como el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
No hay cuevas fiscales, ni dirigentes, ni las grandes fortunas de EE UU en ese ranking. ¿Son los más pulcros del planeta o están entre los que filtran la data?
El gran impacto de Panamá Papers en 2015 no fue igual estos días en medios locales. ¿Será porque los que aparecen cuestionan la línea de La Nación o Infobae, que aportaron periodistas a la ICIJ? ¿O será porque también algunos de los accionistas aparecieron o pueden aparecer en el futuro?
El 65% del dinero en esas guaridas fiscales proviene de maniobras de evasión de los magnates, estima Global Financial Integrity (GFI), mientras que un 30% corresponde a delitos comunes –contrabando, trata de personas, venta ilegal de armas, narcotráfico– y el 5% restante es por corrupción de figuras políticas.
Mauricio Macri declaró hace poco, sin inmutarse, que para ganar dinero en el país hay que evadir impuestos. Ya había sido procesado a principios de siglo por ese delito. Y dijo no comprender cuál era el problema de tener una offshore como la que salió a la luz a poco haber ganado la presidencia. En el podio de Pandora Papers, Argentina tiene la medalla de bronce, con 2521 firmas locales, detrás del Reino Unido, con 3936, y Rusia con 3694.
Se escandalizan quienes no creen ético escabullir su responsabilidad social. Tal vez otros que no se pueden escapar. Trabajadores, profesionales, pequeños y medianos empresarios, que resultan ser los principales sostenes del Estado. Según la ONG estadounidense, los países del mundo pierden 427 mil millones de dólares por evasión. Un PBI argentino que se roban cada año.
Mark Zuckerberg quedó otra vez expuesto por sus prácticas comerciales pero, al mismo tiempo, demostró el poder de las redes sociales que controla, como cuando se conoció el “servicio” que Facebook (FB) había prestado para campañas electorales de candidatos derechistas en varios países del mundo a través de datos que utilizó la consultora Cambridge Analytica. Con una gimnasia propia de los gatos, el simpático exalumno de Harvard, que figura como la tercera persona más rica del mundo según Forbes, tuvo siempre habilidad para caer parado. Y por cómo se dieron los acontecimientos, no pocos sospechan que el apagón de WhatsApp, Instagram y FB de este lunes estuvo relacionado íntimamente con las denuncias de Frances Haugen, una exgerente de producto de la empresa, el día anterior en TV y el martes en el Congreso.
Haugen renunció tras dos años en Facebook, el buque insignia de Zuckerberg. Formaba parte de un equipo llamado de Integridad Cívica, que tenía como objetivo asegurarse de que la plataforma no sirviera a intereses y valores contrarios a la democracia y afectara la seguridad de los usuarios.
Fue una consecuencia del escándalo Cambridge Analytica, una consultora que con información provista por FB manipuló a usuarios en elecciones, como el referéndum por el Brexit, comicios en varias naciones -en Argentina, como reconoció el titular de la consultora, Alexander Nix, ante una comisión del Parlamento británico, contra el gobierno de Cristina Kirchner- e incluso fue clave para el triunfo de Donald Trump y Jair Bolsonaro.
En octubre de 2018, FB creó una equipo para combatir las noticias falsas y vigilar la difusión de discursos disruptivos con la democracia. Al frente puso a Samidh Chakrabarti, experto en inteligencia artificial, historia y políticas públicas que trabajaba para FB desde 2015. Un artículo de la revista Time lo describe como “un hombre del Renacimiento”.
Había un “juramento cívico” que planteaba “servir primero a los intereses de la gente, no a los de Facebook”. Según Haugen, eso quedó en la nada luego de que Zuckerberg decidiera desarticular a ese departamento, tras las elecciones de 2020. Para la mujer, FB ya no quería una oficina que tuviera como prioridad el interés de los usuarios.
Semanas atrás, Haugen filtró a Wall Street Journal estudios sobre la influencia maligna de Instagram en adolescentes, que luego de ver fotos en esa plataforma se sentían peor con sus cuerpos. Y, también, investigaciones sobre cómo el cambio en un algoritmo de FB incentivó publicaciones de odio y desinformación.
Haugen envió copias a la Comisión de la Bolsa de Valores (SEC) y al Congreso, donde testificó este martes ante una Comisión del Senado – casualmente, un día después del apagón que dejó sin los servicios a casi la mitad de la población mundial-. “No se trata simplemente de que algunos usuarios de las redes sociales estén enojados o sean inestables, o de que unos se radicalicen contra otros; se trata de que FB elija crecer a toda costa, comprando sus ganancias con nuestra seguridad”.
Y agregó: “la compañía sabe cómo hacer que FB e Instagram -a la que considera la red más peligrosa- sean más seguros, pero no hará los cambios necesarios porque han puesto las ganancias astronómicas antes que a las personas”.
La justificación de FB es que sus ingresos dependen de la publicidad y que no cobran por sus servicios. Pero esas ganancias dependen de los clics que consigan. Y los cliqueos aumentan con discursos extremos.
Zuckerberg y las tecnológicas están en la mira desde hace tiempo en Estados Unidos y Europa. Trump había intentado en 2018 aplicar las leyes antimonopolio, y ahora, que fue cancelado por algunas de ellas, reclama por su libertad de expresión mediante acciones judiciales.
Hace exactamente un año, cuando faltaban unos días para las presidenciales, los CEOs de las principales plataformas de Internet, Jack Dorsey de Twitter, Sundar Pichai de Google y Zuckerberg, debieron comparecer ante el Comité de Comercio de la Cámara Alta. Roger Wicker, republicano por Mississippi, criticó que esas plataformas se hayan convertido “en un poderoso árbitro de la verdad y el contenido al que los usuarios pueden acceder”. La regulación de esos medios fue también eje de la campaña de los demócratas y motivo de debate en la Unión Europea. La cuestión es quién le pondrá el cascabel al gato.
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