Este 1° de enero, el Parlamento ucraniano posteó en su cuenta de Twitter la celebración, junto con altos mandos del ejército y funcionarios del gobierno, del 114° aniversario del nacimiento de Stepan Bandera. El gobierno de Polonia, en los papeles uno de los más sólidos aliados de Ucrania, presentó una protesta formal y el primer ministro Mateusz Morawiecki señaló en rueda de prensa, visiblemente ofuscado: «Somos extremadamente críticos ante cualquier glorificación o incluso mención de Bandera» y explicó que “hubo un genocidio, entre 100 mil y 200 mil polacos murieron a manos de los nacionalistas ucranianos en las zonas fronterizas en la Segunda Guerra Mundial y siempre lucharemos por mantener su memoria». La cosa no llegó a mayores porque la Duma borró el mensaje. Pero nada indica que las aguas vayan a quedar calmas
De hecho, lo único que mantiene unidos a Varsovia y Kiev es la enemistad contra Rusia. Por lo demás, el pasado de luchas tribales en esas regiones no es un buen antecedente para una paz duradera y polacos y ucranianos tienen un historial sangriento de siglos. Ahí es donde se entiende que la incursión rusa del 24 de febrero de 2021 tenía el objetivo declarado “desnazificar y desmilitarizar” a Ucrania.
Digamos entonces que Stepán Andríyovich Bandera había nacido en Stari Uhríniv, una población de oeste de Ucrania en la región conocida como Galitzia. Nada que ver con el territorio del noroeste de la península ibérica: el topónimo es la latinización de la ciudad de Hálych, sobre la costa del río Dniéster.
Al fin de la Primera Guerra Mundial, Ucrania y Polonia se disputaron el control de los territorios del desaparecido imperio austrohúngaro. La región habían sido parte del acuerdo de Brest-Litovsk, que León Trotsky firmó como comisario de las Relaciones Exteriores del gobierno bolchevique con representantes de los imperios centrales. Bandera comenzó a descollar como líder nacionalista.
Con el nacimiento de la Unión Soviética, en 1922, Ucrania pasó a ser una de las Repúblicas Socialistas. Sin embargo, la población del sector occidental nunca aceptó ser parte de ese nuevo mundo. Por razones ideológicas tanto como culturales.
Bandera se incorporaría a las Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y en 1934 fue detenido y condenado a muerte por el asesinato del ministro de Interior polaco Bronisław Pieracki, aunque terminó indultado.
La Segunda Guerra Mundial se desató cuando las tropas alemanas cruzaron las fronteras con Polonia, el 1 de septiembre de 1939. No es casual que los campos de exterminio hubiesen sido construidos en esas regiones. Bandera mantuvo una relación muy estrecha con los nazis al punto que les facilitó el ingreso para la invasión a la URSS y aprovechó para crear una República de Ucrania, aunque luego la Gestapo lo detuvo. Tampoco los nazis pagaban a traidores. Mientras tanto, fue responsable por la matanza de Volinia, una masacre que los polacos no olvidan. También del asesinato de miles de judíos en la región donde se produjo el Holocausto. Bandera sería asesinado en 1959 en Munich, luego de haberse convertido en colaborador de la CIA y el MI6 británico por sus contactos con los sectores opositores en la URSS.
Ucrania siempre fue un objetivo para Estados Unidos, que en septiembre de 1947 creó la CIA con el propósito primordial de combatir al comunismo a como diera lugar. Y los banderistas serían una pieza fundamental en este tablero.*
Luego del Euromaidan, de febrero de 2014, tomaron el poder en Kiev los grupos rusófobos. Bandera, otra vez, sería el “héroe” necesario. Como alguna vez escribió el filósofo esloveno Slavok Zizek, siempre la construcción de una nacionalidad es un hecho violento. Y más cuando se trata de una región atravesada por pueblos antagónicos a lo largo de milenios como es el este europeo.
Retrato de Stepan Andriyovich Bandera.
El primer estado eslavo es el Rus de Kiev, en 862; el principado de Moscú data de cuatro siglos más tarde, por eso a la capital ucraniana se la considera madre de las ciudades de Europa. La guerra de Crimea, en 1853-1856, dejó un puñal clavado en el orgullo zarista pero forjó el nacionalismo ruso y el canciller Sergei Lavrov compara el significado de ese territorio para los rusos con el de Malvinas para los argentinos. El proceso de “desrusificación” de Ucrania comenzó en paralelo con la incorporación de la península de Crimea a la Federación Rusa. Como se verá más adelante, estos hechos también subyacen en estos enfrentamientos.
Por ahora adelantemos que en julio de este año, el presidente Volodimir Zelenski promulgó una ley que define a quiénes son los pueblos aborígenes de Ucrania merecedores de esa nacionalidad. Y, según el texto que se puede consultar -traductor de Google mediante**- son “los que se formaron en el territorio de la península de Crimea, son los tártaros, caraítas y krymchaks de Crimea”. Y los considera “una comunidad étnica autóctona que se formó en el territorio de Ucrania, es portadora de una lengua y cultura originales, tiene órganos tradicionales, sociales, culturales o representativos, se considera un pueblo indígena de Ucrania, es una minoría étnica en su población y no tiene su propia formación estatal fuera de Ucrania».
El 1° de diciembre pasado el gobierno de Zelenski fue más lejos y plasmó en una ley el divorcio de la iglesia ortodoxa ucraniana de la rusa y prohibió a esta última en los territorios bajo su dominio.***
Allí dice que encargará al Servicio Estatal de Etnopolítica y Libertad de Conciencia “llevar a cabo un examen religioso del Estatuto sobre la Administración de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana para detectar la presencia de una conexión eclesiástica-canónica con el Patriarcado de Moscú”.
Mientras el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber concluido «la liberación de la ciudad de Soledar, que es importante para el proseguimiento exitoso de las operaciones ofensivas» en Donetsk, el portavoz del Ejército de Ucrania, Serguéi Cherevaty, declaró que «las FF AA ucranianas mantienen la situación bajo control en condiciones difíciles».
Ambos bandos pusieron lo mejor que tenían en torno de un nudo operacional clave, según los estrategas militares, como la ciudad de Bajmut. Aunque el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby dice que “incluso si tanto Bajmut como Soledar caen en manos de los rusos… eso no tendrá un impacto estratégico en la guerra en sí”, luego de semanas diciendo lo contrario.
El general Valeri Guerasimov, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, quedó a cargo de las operaciones en Ucrania, por sobre el general Sergei Surovikin, comandante de las fuerzas del Ejército. Para medios prooccidentales, es una sustitución tras varios fracasos. Otros afirman que Guerasimov será el jefe de las tropas terrestres, aéreas y marinas, lo que augura una gran ofensiva. El tiempo lo dirá.
El ataque contra los edificios públicos que representan a la democracia brasileña del domingo pasado alarmó a todo el mundo, aunque no debió causar sorpresa. Los campamentos de los bolsonaristas frente a los cuarteles militares desde el triunfo en segunda vuelta de Lula da Silva advertían que ahí se estaba jugando el clima que le tenían deparado al líder del PT para su tercer período. Y efectivamente, los ojos ahora están posados en la participación -o vista gorda- de militares, policías y empresarios envueltos en la chirinada que pretendió dejar chica la invasión al Capitolio de grupos trumpistas justo dos años antes.
Por lo pronto, avanzan las investigaciones sobre el expresidente Jair Bolsonaro y este sábado fue detenido ni bien pisó suelo brasileño el exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia del ultraderechista y fue bendecido luego con ese cargo clave por el ahora suspendido gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha. También aparecen implicados el general Achiles Furlan Neto, jefe del Comando Militar de la Amazonia; el coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos, comandante de la Policía Militar de Brasilia, y los comandos de Estado Mayor y de los departamentos Operacional, de Control, de Logística y Finanzas, de Ejecución Presupuestaria y de Personal.
No sería mucho trabajo tirar de la cuerda más hacia arriba. El ex vicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourão, elegido senador por Rio Grande do Sul, tuiteó luego de la intentona que “la detención indiscriminada de más de 1200 personas que están confinadas en condiciones precarias en las instalaciones de la Policía Federal de Brasilia muestra que el nuevo Gobierno, coherente con sus raíces marxistas-leninistas, actúa de forma aficionada, inhumana e ilegal”. Y a continuación dice que los actos del 8E “los podemos, si, considerar, VANDALISMO (mayúsculas en el posteo) pero terrorismo es una vez más desgarrar la legislación de nuestro país”. Su explicación es que “acto terrorista es aquel practicado por xenofobia, discriminación o preconcepto de raza, color, etnia o religión. Ninguna de ellas fue el motor que motivó los acontecimientos de Brasilia”.
No solamente en la mira están los uniformados -Torres es policía, de hecho- sino empresarios como Fernando José Ribeiro Casaca, dueño de una docena de hoteles, quien habría financiado el transporte en ómnibus para llevar a bolsonaristas hacia la capital brasileña. La Abogacía General de la Unión (AGU, el órgano equivalente a la Procuración del Tesoro argentino) pidió congelar además los bienes de 52 personas físicas y siete personas jurídicas responsables también de alquilar los colectivos. La mayoría son empresarios del transporte.
Torres, como contó el portal de Tiempo el mismo domingo pasado, se había ido a Florida, Estados Unidos, el sábado anterior. Cuando estalló el ataque a las sedes del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) se apuró a condenar los hechos por twitter, pero solo reconoció que había viajado a EE UU cuando lo descubrió la corresponsal de Folha de São Paulo, a quien le dijo que estaba de vacaciones y no para verse con Bolsonaro, que “casualmente” también había recalado en ese exilio dorado. El exmandatario, repentinamente, fue internado el lunes en un sanatorio “con fuertes dolores estomacales”.
Ante esta exposición, Torres prometió volver al país, cosa que hizo ayer. Un día antes, la Policía Federal le había allanado la casa por orden judicial y encontró un borrador de decreto elaborado cuando era ministro de Bolsonaro en el que se desconoce el resultado de las elecciones de octubre. El funcionario ahora en desgracia reconoció la existencia de ese documento que, afirmó, “iba a ser triturado oportunamente en el ministerio”. Lamentó haber dejado esas pruebas incriminatorias. Sobre todo porque, afirmó explícitamente, el papel “fue filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces”.
En un desayuno con periodistas, Lula reconoció este martes que los militantes bolsonaristas habían tenido ayuda interna para entrar a las sedes de los tres poderes democráticos mediante la connivencia de policías y militares que trabajan allí, dado que no hubo puertas rotas ni cerraduras violadas. Y aseguró que haría una “revisión profunda” de la seguridad en áreas clave.
Luego el gobierno dejó trascender que el presidente se reunió con los comandantes del Ejército, Julio César de Arruda, de Marina, Marcos Sampaio Olsen, y de Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, quienes le aseguraron que las tropas se mantienen en respeto por las jerarquías y se comprometieron a investigar la responsabilidad de cada mando en los hechos. Arruda fue designado por Bolsonaro el 29 de diciembre luego de un acuerdo del equipo de transición y tras un intento de rebelión interna que no se dimensionó públicamente esa vez.
El resultado quedó expuesto ahora y, también, la necesidad y la oportunidad de hacer los cambios en las Fuerzas Armadas que nunca se hicieron desde la recuperación de la democracia, en 1985, luego de una dictadura de 21 años.
Tres años pueden ser un soplo en la vida o parecer una eternidad. El 16 de enero de 2020 Brasil se retiraba de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) por decisión de Jair Bolsonaro, con la excusa de que no podía compartir podio con gobiernos no democráticos como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Hacía poco más de un mes que en Argentina había asumido Alberto Fernández y Evo Morales estaba exiliado en Buenos Aires tras un golpe que contó con apoyo del ultraderechista Luis Fernando Camacho y de sectores de las fuerzas armadas y la policía y la anuencia de la OEA. También del Planalto y la Casa Rosada, al punto que Mauricio Macri aparece implicado en el envío ilegal de armas para reprimir las manifestaciones contra el gobierno de facto de Jeanine Añez. Perú atravesaba una de sus tantas crisis institucionales y se disponía a votar en elecciones parlamentarias luego de que el presidente interino Martín Vizcarra hubiese disuelto el Congreso en setiembre de 2019. Chile vivía en plena ebullición tras el estallido del octubre de 2019 contra 30 años de neoliberalismo.
Este 12 de enero, el gobierno de Lula da Sliva confirmó que Brasil vuelve a ese organismo regional creado en 2010 para integrar a los países de la región con historias e intereses comunes en pie de igualdad. Por eso ni Estados Unidos ni Canadá fueron llamados a formar parte. Es como una OEA pero sin injerencia en asuntos internos.
Este 24, Buenos Aires será sede de un nuevo encuentro de jefes y jefas de Estado y los países que integran la Celac vuelven a ser 33. El regreso de Brasil es importante por el peso económico y político del gigante sudamericano. Pero básicamente por el peso simbólico de este acontecimiento. Lula es un miembro fundador de ese club de naciones que buscan su lugar en el mundo sin tutelas imperiales. Bolsonaro en la Celac era una disonancia por su estrecha relación con Donald Trump. El organismo es tan ideológicamente amplio como para que su primer presidente haya sido el chileno Sebastián Piñera y el segundo, el cubano Raúl Castro.
Autoexililado en Florida, el expresidente brasileño está implicado en el intento de golpe del domingo pasado. Si no directamente, por agitar los fantasmas golpistas con su prédica antidemocrática. En Bolivia, la crisis secesionista que enfrentó Morales en 2009 –abortada gracias a la intervención de otros de los fundadores de la Celac, miembros de la Unasur– se mantiene con los mismos protagonistas. Hace unos días, fue detenido Camacho, líder de esa oposición ultraderechista y actual gobernador de Santa Cruz. Por su papel en el golpe de 2019.
En Perú, la efímera presidencia de un dirigente del gremio docente, Pedro Castillo, enardeció al establishment ultraconservador. La represión encarada por la interina Dina Boluarte contra manifestantes que piden el respeto a la voluntad popular ya causó medio centenar de muertos.
Estos tres años fueron muy intensos para las tres Américas, justo es decirlo. Porque en la nación que se pretende faro de la democracia occidental «pasaron cosas» y hasta un grupo de ultraderechistas tomaron por asalto el Capitolio, dando el ejemplo a los bolsonaristas del domingo pasado. Como sea, este es el escenario en que los mandatarios de la región se encontrarán en nueve días. Para no aburrirse.
Al cumplirse el segundo aniversario del intento de golpe de partidarios de Donald Trump en el Capitolio de Estados Unidos, los seguidores de Jair Bolsonaro intentaron este domingo una remake sudamericana -el 8E del 2023- tomando por asalto el Congreso, el Supremo Tribunal de Justicia y el Palacio de Gobierno, los edificios centrales de los tres poderes democráticos, en Brasilia. La chirinada tuvo vuelo corto aunque generó mucha preocupación tanto en Brasil como en el resto del mundo y fue una alerta para el flamante tercer gobierno de Lula da Silva, que de inmediato culpó al expresidente ¿exiliado? en Estados Unidos y decretó la intervención federal del Distrito Federal, aunque circunscripta solo al área de la seguridad pública y hasta el 31 de enero.
El responsable de esa área sensible en semejantes circunstancias era hasta hace unas horas Anderson Torres, quien había sido ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro y pasó a formar parte del esquema policial del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, quien a medida que la toma de los edificios públicos fue generando una cadena de adhesión desde todos los gobiernos hacia el mandatario constitucional, tomó distancia, pido ayuda y puso su cargo a disposición de las autoridades federales al tiempo que exoneró al esquivo funcionario.
Torres había posteado en su cuenta de twitter su rechazo a la asonada ¿cívica? que los responsables no saldrían impunes.
Pero prudentemente había viajado el sábado a Estados Unidos, donde lo descubrió una corresponsal del diario Folha de São Paulo. Al diario paulista, Torres le dijo que no se había encontrado con Bolsonaro, que simplemente había viajado por el fin de semana con su familia a Orlando, “No hubo negligencia, es la primera vez que me tomo unas vacaciones en mucho tiempo. No vine a EEUU para ver a Bolsonaro. No hubo ninguna trama para que eso (los ataques) ocurriera”, agregó.
Lula y los integrantes de la Corte también pusieron el foco en ese personaje. El hombre fuerte del STF, Alexandre de Moraes lo tenía en la mira por sospechas de delitos cometidos durante su gestión al lado del expresidente. Rocha, a su vez, es miembro del MDB, Movimiento Democrático Brasileño, de centro derecha y aliado circunstancial del PT en algunas ocasiones. De ese partido era el vicepresidente de Dilma Rousseff, Michel Temer, fue el que ayudó a derrocar a la mandataria del PT y cuando la sucedió, instauró reformas neoliberales contra las leyes laborales y de presupuestos que las patronales tanto ansiaban, facilitando el trabajo de Bolsonaro luego.
La designación de Torres parece ser una devolución de gentilezas -Rocha se lo vio muy cercan o a Bolsonaro en estos cuatro años- o una forma de curarse en salud, ya que varios analistas entienden que el ahora exsecretario de Seguridad tendría muchas “carpetas” comprometedoras de dirigentes políticos recopiladas pacientemente durante su gestión en el gobierno federal. Y Rocha, como tantos, tiene muertos en sus placares.
Cerca de Lula también hacen un mea culpa y se pasan facturas. En voz baja acusan al ministro de Justicia, Flavio Dino y al de Defensa, José Mucio, de no haber previsto que este tipo de situaciones se iban a dar. De hecho, los bolsonaristas estuvieron haciendo campamentos delante de los cuarteles durante semanas reclamando que los militares no permitieran el regreso de Lula al poder. Y los que tomaron el Congreso habían partido desde el Cuartel General del Ejército en Brasilia caminando tranquilamente hasta la Explanada de los Ministerios.
Los policías apostados en las inmediaciones nada hicieron para impedir el ingreso y hasta se difundieron imágenes donde se veía a muchos de ellos conversando tranquilamente con los levantiscos y sacándose selfies. Este es un tema que sin dudas Lula tiene en cuenta, ya que se sabe que el bolsonarismo no es solo un grupo de exaltados de la sociedad civil sino que tiene mucha inserción dentro de las fuerzas armadas y principalmente de las fuerzas policiales.
Varias horas después de que el movimiento resultara abortado, el exvicepresidente de Bolsonaro, el general Hamilton Mourão, ahora senador, posteó un tuit de rechazo y defensa de la democracia.
Se sabe que el hombre no es demasiado afecto a aceptar al ex obrero metalúrgico, pero parece haber entendido que el gobierno de Joe Biden, uno de los primeros en brindar su apoyo a Lula cuando se conoció el resultado de las elecciones, en octubre, y ahora advirtió que no respetaría ningún gobierno surgido de un golpe. La cadena internacional de solidaridad con las instituciones brasileñas fue total.
El caso es si fue una intentona de un grupo de desaforados o un test sobre la capacidad de reacción del mandatario. O, incluso, si estuvieron esperando una reacción de las fuerzas militares que no se produjo y desensillaron hasta que aclare.
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