El gobierno de Estados Unidos fundó en 1947 la Agencia Central de Inteligencia (CIA), uno de los dispositivos para consolidar su poder planetario en lo que entiende, su misión en el mundo: la defensa de valores del libre mercado y la iniciativa individual. Fue en ese año que nació el Consejo Nacional de Seguridad, un organismo que depende directamente del presidente y que se encarga del desarrollo de políticas y estrategias para el exterior. Con rango de secretario de Estado (ministro), el Consejero Nacional de Seguridad muchas veces fue tanto o más conocido que el propio mandatario. Baste recordar los más conocidos, curiosamente de origen extranjero.
Henry Kissinger, académico nacido en Alemania, fue promotor del encuentro entre el presidente Richard Nixon y Mao Zedong en 1971 que selló el ingreso de China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en lugar de Taiwán. También fue impulsor de las sangrientas dictaduras latinoamericanas en los años ’70, a pesar de lo cual recibió el premio Nobel de la Paz por haber convencido a la administración Nixon de que lo mejor que se podía hacer en Vietnam era reconocer la derrota y retirarse sin cometer más desaguisados.
El polaco Zbigniew Brzezinski, sovietólogo y tan anticomunista como su antecesor, acompañó a Jimmy Carter y entendía el mundo como una partida de ajedrez en la que el objetivo era destruir la Unión Soviética. Otros nombres –aunque de una categoría inferior– fueron Condoleeza Rice, con George W. Bush hijo; John Bolton con Donald Trump, y ahora Jake Sullivan.
Desde 1987, cada gobierno presenta su Estrategia de Seguridad Nacional (ESN). Desde la caída de la URSS, la caracterización de los enemigos para el imperio estadounidense fue variando. Con Bush hijo, luego de los atentados a las Torres Gemelas, fue el combate al terrorismo (1).
Durante la gestión de Barack Obama la ESN de 2010 por primera vez reconoce que el poder estadounidense debe apoyarse más en sus aliados –a los que reclama mayor «responsabilidad en la seguridad global»– para mantener los objetivos de «defender la democracia» como la entiende el mundo anglosajón y occidental (2).
Primer afrodescendiente en llegar a la Casa Blanca, Obama debió lidiar con la crisis financiera que estalló en los últimos meses de Bush Jr. En ese marco de inestabilidad económica global, surgieron desafiantes al poder de EE UU y del dólar, la gran arma de Washington. El avance de China y la creación de los BRICS (Brasil, Rusia, India y China, luego adhirió Sudáfrica) no son un dato menor. Los fiascos de Irak y Afganistán, donde EE UU. actuó junto con la OTAN, más las atrocidades cometidas por tropas occidentales conocidas mediante la plataforma WikiLeaks, creada por el australiano Julian Assange, también dejaron su huella.
En la ESN de 2017, de Donald Trump, China y Rusia aparecen ya como la amenaza para EE UU (3). La intervención rusa para sostener a Bashar al Assad en Siria demostró que desde las cenizas de la URSS había otro jugador que buscaba su lugar en el mundo. Hay que decir que Trump tenía buenas relaciones con Vladimir Putin y hasta puso como secretario de Estado a un representante de la industria petrolera como Rex Tillerson, un convite para dividir Moscú y Bejing, la gran jugada de Kissinger pero al revés. Los demócratas, que habían perdido la elección denunciando interferencia rusa en favor de los republicanos, bloquearon esa estrategia.
En 2021 la administración Joe Biden presentó un borrador del ESN del año siguiente. «Hoy, más que nunca, el destino de Estados Unidos está indisolublemente ligado a los acontecimientos más allá de nuestras costas. Nos enfrentamos a una pandemia mundial, un aplastante recesión económica, una crisis de justicia racial y un clima cada vez más profundo emergencia. Nos enfrentamos a un mundo de creciente nacionalismo, retroceso de la democracia, creciente rivalidad con China, Rusia y otros estados autoritarios, y una revolución tecnológica que está remodelando todos los aspectos de nuestras vidas. Es una época de desafíos sin precedentes, pero también de oportunidades inigualables», dice el texto (4).
En octubre pasado, la Casa Blanca publicó sus lineamientos en las relaciones exteriores sobre la base de tres documentos: la Estrategia de Defensa Nacional, la Revisión de la Postura Nuclear y la Revisión de la Defensa de Misiles. Allí es establece que China «es un competidor estratégico que utiliza una economía depredadora para intimidar a sus vecinos mientras militariza el Mar de China Meridional», que Rusia «ha violado las fronteras de las naciones cercanas y utiliza el poder de veto sobre las decisiones económicas, diplomáticas y de seguridad de sus vecinos», que Irán «sigue sembrando violencia y sigue siendo el desafío más importante para la estabilidad en Oriente Medio» y que Corea del Norte es otra amenaza a la seguridad estadounidense (5).
En junio del año pasado también la OTAN presentó su propia estrategia en un encuentro en la capital española plasmado en el Concepto Estratégico de Madrid que reconoce «un mundo que ya no gira alrededor de la región euroatlántica y que se define cada vez más por el auge estratégico de China y la creciente centralidad del Indo-Pacífico», por lo que «la Alianza tendrá que idear la seguridad de una forma más global» (6).
Tanto Brzezinski –que murió en 2017 pero se la veía venir (7)– como Kissinger –que a los 99 sigue lúcido– desaconsejaban ir contra Rusia para defender los intereses de EE UU. Ni uno en 2017 ni el otro en 2022 fueron escuchados. (Continuará)
La incorporación de Crimea a la Federación Rusa causó fuerte rechazo diplomático en todo el mundo occidental. En ese territorio está ubicada la base naval más importante de Rusia, en Sebastopol. No es casual que Moscú aceptara el desafío de enviar tropas a Siria para sostener al gobierno de Bashar al Assad, en 2015, acosado por grupos terroristas fundamentalistas armados y entrenados por EE UU a la vieja usanza de Afganistán en los ’80. Isis, Estado Islámico, Daesh, arrasó en pocos meses zonas de Irak y Siria y era una amenaza para los valores occidentales, según los medios masivos. Un legado que la administración Barack Obama-Hillary Clinton dejaba a la posteridad.
No casualmente, tampoco, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el grupo se desinfló muy rápidamente. La estrategia del empresario derechista no pasaba por financiar a grupos paramilitares. Pero no le salió gratis esa postura, ya que fue acusado de tener acuerdos subrepticios con Vladimir Putin y de que hackers rusos interfirieran a su favor en la campaña electoral de 2016.
Siria, para Rusia, fue un punto de inflexión. Luego de haber aceptado a regañadientes las invasiones a Irak y Afganistán, y de una Primavera Árabe a la que entendía como una operación finamente orquestada por la CIA, era el momento de defender a un aliado consecuente del Kremlin desde la era soviética, que Bashar heredó de su padre Hafez. Además, en las costas sirias del Mediterráneo está la base naval de Tartus. Sebastopol y Tartus son puntos clave y las únicas bases de Rusia en mares cálidos. Contrastadas con las alrededor de un millar de EE UU es menos que nada. Pero para un país boreal que siempre supo que para ser potencia necesitaba el mar pueden serlo todo. Por otro lado, desde Sebastopol se puede controlar el acceso por el estrecho de Bósforo y Tartus es punto de vigilancia privilegiado en el Mediterráneo.
Crimea había sido incorporada a la administración de la República Socialista de Ucrania por el líder soviético Nikita Jruschev en 1954. Una compensación para Ucrania, que había padecido una hambruna en el período de la colectivización forzosa, en los años ’30. Millones murieron en lo que llaman el Holodomor u Holocausto ucraniano, reconocido como genocidio por el Parlamento Europeo en el marco de la actual guerra, el 12 de diciembre de 2022.
Pero Ucrania también era la zona más industrializada de la URSS y donde más inversiones en desarrollo realizó el gobierno de Josif Stalin. Así lo atestiguó el que fuera embajador de Franklin Roosevelt, Joseph Edward Davies. *
Otra de las causales que se elucubra para la debacle de la URSS es la explosión de la central atómica de Chernobyl, en abril de 1986. Ubicada en Prípiat, al norte de Kiev, era una de las 15 diseminadas en todo el país. El accidente provocó puntualmente más un centenar de muertes pero contaminó unos 30 kilómetros alrededor de la planta y expandió altas dosis de radiación hasta a unos cinco millones de personas. El costo político del estallido fue enorme.
Como sea, para cuando se produjo el golpe en Kiev contra el presidente Viktor Yanukovich, en febrero de 2014, la reacción de las poblaciones de raíces rusas del sur y del este del país fue de temor. En Crimea, en tanto, se le sumaría la necesidad rusa de no ceder a Occidente la base naval.
La cúpula político-empresarial que tomó el control del país estaba decidida a lanzarse de lleno a ingresar a la Unión Europea y a sumarse a la OTAN, lo que para el Kremlin es una línea roja. Desde 1991, Crimea formaba parte de las fronteras reconocidas para Ucrania. Los acuerdos para la independencia incluyeron la entrega de todo el armamento nuclear a la Federación Rusa, que alquilaría la base de Sebastopol a Kiev. Pero en marzo de 2014 el parlamento ruso aprobó un decreto que denunció el acuerdo basado en que la Marina estaba allí desde 1783. Luego vendría un referéndum para incorporarse a la Federación.
Las poblaciones del Donbass –Lugansk y Donetsk– sufrieron ataques del gobierno central ucraniano. Estas regiones serían marginadas en un período de «desrusificación» del país. Prohibición del uso del idioma ruso, de emblemas y cultura rusa, prohibición de medios considerados prorusos y de la religión ortodoxa que responde al Patriarcado de Moscú.
El gobierno de Putin reclamó airadamente por las persecuciones que sufría la población y luego de ingentes negociaciones se llegó a un primer acuerdo, el llamado Protocolo de Minsk, firmado en septiembre de ese año en la capital de Bielorrusia entre representantes de la Federación Rusa, Ucrania y las ya autodenominadas República de Lugansk y República de Donetsk bajo la supervisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE), destinado a un alto el fuego inmediato. Era obra del llamado Cuarteto de Normandía, por los representantes de Alemania, Rusia, Ucrania y Francia que se reunieron en el Castillo Bénouville, Normandía, con el objetivo de alcanzar la paz en el Donbass.
El fracaso de este primer compromiso llevó a un acuerdo de Minsk II. Fue una propuesta elaborada por los gobiernos alemán y francés con el entonces presidente de Ucrania, Petró Poroshenko. El mandatario galo, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel, presentaron la propuesta el 7 de febrero de 2015. Hollande dijo esa vez que el plan era la «última oportunidad» para resolver el conflicto de manera pacífica. El documento tiene las rúbricas de Putin, Poroshenko, Merkel, Hollande, el líder de Donetsk, Alexánder Zajárchenko, y el de Lugansk, Ígor Plótnitski.
Planteaba, entre otras cosas, un alto el fuego, el retiro de las armas pesadas a ambos lados de la frontera, y la redacción de una nueva constitución ucraniana que contemplaba una mayor autonomía para ambas regiones.
Putin denunció reiteradamente que Kiev no cumplía el acuerdo. Se calcula que alrededor de 15 mil pobladores fueron asesinados por ataques de paramilitares ligados a Kiev. El 7 de diciembre pasado, Merkel reconoció al diario Die Zeit, que los acuerdos de Minsk se firmaron para darle tiempo a Ucrania de rearmarse y fortalecerse. «Dudo mucho que en ese tiempo los países de la OTAN podrían haber hecho tanto como hoy para ayudar a Ucrania», afirmó. En una entrevista con el ucraniano The Kyiv Independient, Hollande confirmó a Merkel. «Los acuerdos de Minsk detuvieron la ofensiva rusa por un tiempo», agregó el exmandatario socialista. ***
El 25 de diciembre de 2021 se cumplieron 30 años de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Para ese entonces, el presidente ruso, Vladimir Putin, hacía meses que venía reclamando un acuerdo amplio de convivencia en Europa. Cuatro días antes había declarado: «Es extremadamente alarmante que elementos del sistema de defensa global de EE UU se estén desplegando cerca de Rusia. Los lanzadores Mk 41, que se encuentran en Rumania y se desplegarán en Polonia, están adaptados para lanzar los misiles de ataque Tomahawk. Si esta infraestructura continúa avanzando, y si los sistemas de misiles de EE UU. y la OTAN se despliegan en Ucrania, su tiempo de vuelo a Moscú será de solo siete a diez minutos, o incluso cinco minutos para los sistemas hipersónicos. Este es un gran desafío para nosotros, para nuestra seguridad».
Desde mediados de año la situación era cada vez más tensa. El gobierno de Joe Biden había ordenado el retiro de tropas de Afganistán luego de una aventura desastrosa de 20 años y la entrega del poder a los talibán. Los mismos contra los que había combatido durante todo ese tiempo y a los que había armado y entrenado desde la década del ’80 del siglo XX ante la invasión soviética. Así como la aventura en esa nación asiática había acelerado la debacle de la URSS, no le fue mejor a los estadounidenses, que se habían enterrado con la OTAN y la anuencia de las Naciones Unidas. El orgullo estadounidense, otra vez golpeado como en Vietnam, necesitaba recuperar el discurso «excepcionalista» propio de su ADN.
Vayamos a esas tres décadas para atrás entonces. La disolución de la URSS, para muchas generaciones, era un hecho imposible. Fue, además, sorprendente que esa utopía se esfumara en tan breve tiempo.
Pero la URSS era una potencia militar de alto rango y el armamento nuclear que atesoraba no daba para que Occidente se sentara a disfrutar semejante acontecimiento sino a maniobrar la salida menos conflictiva a corto plazo. De modo que esa caída –buscada con ahínco por el mundo capitalista desde aquel lejano octubre de 1917– fue un proceso negociado con las autoridades que se fueron sucediendo en Moscú. Primero la reunificación alemana, luego el cambio de régimen en el resto de las naciones soviéticas. ¿Luego?
Mijaíl Gorbachov, ex presidente de la URSS
Foto: AFP
Mijail Gorbachov, fallecido en agosto pasado a los 91 años, quedó como un personaje controvertido para la historia de aquellos tiempos. Premio Nobel de la Paz en 1990, por haber «contribuido a la distensión» entre el este y el oeste, popularizó dos palabras en ruso: perestroika (reforma política y económica) y glasnost (transparencia). Sus críticos, en vista del resultado, lo acusan de haber sido un agente extranjero. Los que lo defienden, que intentó salvar a la URSS, sumida en una crisis interna que la dirigencia se negaba a reconocer. En concreto, el modelo colapsó y ese 25 de diciembre de 1991, tras la negativa de nueve de las 15 las repúblicas a permanecer en la Unión, Gorbachov renunció a la presidencia y se decretó el fin del mayor experimento del socialismo real de la historia. El 1 de diciembre de ese año los ucranianos habían votado mayoritariamente por la independencia.
Boris Yeltsin, el sucesor de Gorbachov, asumió como propio el discurso del libre mercado y lanzó a la ahora Federación Rusa a un viaje sin paracaídas hacia el neoliberalismo, Consenso de Washington incluido. Cerca del final de esa década comenzaría a tallar otro hombre fuerte en Moscú: Vladimir Putin, quien asumiría como presidente del gobierno (primer ministro) en agosto de 1999. En marzo, la OTANhabía aceptado la incorporación de Hungría, Polonia y República Checa, violando el compromiso de no avanzar «ni una pulgada hacia el este». *Pero la Declaración de Roma de 1991** y las incursiones del organismo militar en el Adriático desde 1992 y su responsabilidad en la sanguinaria guerra civil en Yugoslavia marcaban tendencia.
Putin había sido oficial de inteligencia y estuvo destinado a la central de la KGB de Dresde. A la caída de la URSS volvió a su Leningrado natal (ahora San Petersburgo) y decidió emprender una carrera política. En poco tiempo descolló sobre la nueva camada de dirigentes surgidos en ese período. Se carga al hombro el gobierno, formalmente en manos de un hombre enfermo como era Yeltsin, quien renuncia el 31 de diciembre.
Ya como presidente, Putin va reconstruyendo en principio, el orgullo ruso, y luego avanzó en la recuperación económica. El país había quedado devastado y sin rumbo y sus empresas más importantes en manos de camarillas en muchos casos ligados al viejo poder soviético o las ventajas de estar cerca de las nuevas dirigencias.
La Federación Rusa conserva una superficie de más de 17 millones de km2. Conviven allí ocho diferentes etnias, aunque la mayoritaria es la eslava. Las riquezas minerales son incalculables, lo que despierta la codicia de las multinacionales. Durante los distintos gobiernos de Putin, Rusia se convirtió en el principal proveedor de energía barata para un proyecto de integración con Alemania no escrito pero que se consolidó durante toda la era de Angela Merkel como canciller. De esa sociedad son los proyectos Nord Stream I y II, la tubería para el gas que alimentaba la industria alemana hasta las primeras sanciones contra Rusia luego del 24F. Fueron destruidas por un atentado en noviembre pasado.
Para los países occidentales –Europa, el Reino Unido y luego EE UU– el «oso ruso» fue tanto una amenaza como una tentación. Pretendieron invadir Rusia primero Napoleón y luego Hitler. Viejos temores y cierto racismo antieslavo generaron antiguas desconfianzas. Por el lado ruso, sin embargo, siempre existió la aspiración a ser europeos. Está en su ADN desde Pedro el Grande, en el siglo XVIII. La ciudad que hizo erigir a orillas del Báltico es un buen ejemplo.
En 2004, un nuevo desafío de la OTAN levantó quejas de Moscú, con la incorporación de siete países de siete naciones de la exórbita soviética de un saque. En 2018 quedó plasmado el viejo objetivo de desmembrar a Rusia en una hoja de ruta de la consultora del Pentágono Rand Corporation. ***
Vale la pena ver el nivel de análisis frío y especulativo de cada acción y contrastarlo no con lo que la Casa Blanca dice, sino con lo que hace. «
**Declaración de Roma: https://www.nato.int/docu/comm/49-95/c911108a.htm
***Sobreextender y desbalancear Rusia: https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html
Zelenski, el presidente que está solo y espera
Horas antes, Volodimir Zelenski había vuelvo a pedir a sus aliados occidentales que le cumplieran las promesas de entrega de armas y tanques a Ucrania. «La guerra iniciada por Rusia no permite demoras. Puedo agradecerles cientos de veces, pero cientos de ‘gracias’ no son cientos de tanques”, urgió el ucraniano. Pero desde Alemania, el denominado Grupo de Contacto para Ucrania decidió no suministrar los tanques «Leopard2» de fabricación alemana, que reclama Kiev. Dejó abierta, si la posibilidad de enviar más adelante sistemas de defensa antiaérea. La información la dio el secretario de Defensa de EE UU, Lloyd Austin, tras una reunión en la base de Ramstein y aseguró, además, que su país tampoco enviará tanques «Abrams».
No le sale una al presidente ucraniano que, horas antes había dudado sobre la salud de Vladimir Putin. «No sé si todavía está vivo», dijo antes de regresar a Kiev tras la reunión con líderes mundiales en Davos, quienes le dieron la espalda. Mientras el Ministerio de Defensa ruso informaba que pasaba a controlar el pueblo de Lobkove, en Zaporiyia, al sur de Ucrania.
Se cumplen en 2023 40 años de vigencia ininterrumpida de las instituciones constitucionales luego de la barbarie que significó la dictadura cívico-militar. Una interpretación sesgada dice que se llegó a esa instancia luego de la guerra de Malvinas. Podría decirse con mayor precisión que la aventura en las islas del Atlántico Sur fue la última ficha que intentó jugar la cúpula militar ante la lucha indeclinable de los organismos de derechos humanos, fundamentalmente de Madres de Plaza de Mayo, y movimientos sociales, gremiales y políticos. Hace algunas semanas, refiriéndose a la indolencia de la Justicia para investigar el intento de magnicidio en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández dijo que ese 1° de septiembre de 2021 se había quebrado el pacto democrático inaugurado en 1983. Ese pacto no escrito en alguna medida siempre estuvo en tensión en estas cuatro décadas. Sin embargo, no atentar contra la vida del oponente político ciertamente forma parte de cualquier acuerdo mínimo de convivencia, y más aún luego de los horrores que había sufrido la sociedad. Por lo cual el «olvido» y la minimización del ataque que desplegaron los medios hegemónicos y la pasividad judicial en investigar a sus responsables intelectuales y financieros implica una ruptura de aquel contrato democrático.
Trago amargo Pero en estos años, otros pactos fueron puestos en disputa. Como se recuerda, el entonces candidato de la UCR, Raúl Alfonsín, tuvo el acierto de realizar una campaña electoral en 1983 con eje en el respeto a la Constitución Nacional ‒la de 1853, con sus reformas posteriores‒ y siempre terminaba sus discursos recitando el Preámbulo. Resalta en ese texto, inspirado en la Carta Magna de Estados Unidos, la parte que compromete al «cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior (…)». En su discurso de asunción, Alfonsín dejó una frase que también podría entenderse como parte del pacto que comenzaba ese 10 de diciembre: «Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura». El propio Alfonsín sufriría las consecuencias de otros pactos no escritos que dejaba como presente griego la dictadura. Uno de ellos salió a la luz cuando su ministro de Economía, Bernardo Grinspun, intentó renegociar los créditos tomados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los uniformados, a espaldas de la sociedad. A comienzos de 1984 y cuando la crisis de la deuda también arreciaba en otros países latinoamericanos, el Gobierno decidió no realizar pagos financieros al exterior a la espera de poder coordinar con los Gobiernos regionales y así ganar fuerza en la mesa de negociaciones. El trago amargo fue que no pudo torcerle el brazo al FMI, que contó con el apoyo de la administración de Ronald Reagan. Sin apoyo externo en esa negociación, su Gobierno terminó hundido por la hiperinflación, luego de dos grandes intentonas militares de carácter golpista y de de sancionar las leyes de impunidad -obediencia debida y punto final-.
El fin del empate Por esos años, 1989, voceros conservadores comenzaron a batir el parche con la necesidad de establecer una suerte de Pacto de la Moncloa a la manera del que las fuerzas políticas españolas habían firmado en 1977, tras la muerte del dictador Francisco Franco. La democracia se mostraba impotente para alimentar, educar y proveer salud a la población, como Alfonsín había prometido. Su sucesor, Carlos Menem, implementó indultos a jerarcas militares y, a continuación, liquidó empresas públicas a cambio de papeles de la deuda externa e instauró la convertibilidad. En 2001, nuevamente se volvió a hablar de La Moncloa, mientras la crisis de la deuda y el estallido del «1 a 1» casi se llevaron puesto al sistema político. Un acuerdo entre Alfonsín y el entonces senador Eduardo Duhalde abrió las puertas a otro tipo de pacto, que ponía en la mira a la industria nacional. De aquellos temporales surge el Gobierno de Néstor Kirchner. Ese nuevo pacto implicó el reinicio de los juicios a genocidas y la renegociación de la deuda externa, que incluyó el pago del total al FMI en 2005. Hubo desde entonces un período de mejora económica, de crecimiento autónomo y un proceso de integración regional único. Su sucesora, Cristina Fernández, subió la apuesta y tuvo fuertes enfrentamientos con los poderes financieros internacionales y padeció el acoso de sus voceros locales, enquistados en los medios hegemónicos. Cuando dejó el poder, en 2015, a esto se sumaría la apertura de innumerables causas judiciales contra ella, sus hijos y funcionarios de su gestión. Los Pactos de La Moncloa, tan mentados por aquí, abrieron una etapa de crecimiento y estabilidad para España. Pero tenían un condicionante clave: aceptar que el país sería una monarquía hereditaria, olvidar los crímenes de la dictadura franquista y no alterar el statu quo económico. El pacto democrático argentino para los poderes fácticos no merece tratamiento. El único respetable para ellos es el de la sumisión a los poderes reales que los gobiernos que decidieron juzgar la barbarie y romper con el FMI, por ejemplo, desobedecieron parcialmente al decidir políticas con distinto grado de autonomía y, para peor, en consonancia con otros gobiernos de la región que tomaban rumbos similares. Es evidente que un debate de fondo para la política argentina no puede eludir la vigencia y el respeto al pacto básico de convivencia democrática, especialmente, a la luz de lo que sucede en países vecinos y en todo el mundo con el avance de una derecha autoritaria que enarbola discursos de odio, persecución a adversarios políticos y recorte de derechos sociales.
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