por Alberto López Girondo | May 15, 2021 | Sin categoría
Mientras en la superficie los sectores más enconados de Juntos por el Cambio muestran los dientes ante cada medida que propone la Casa Rosada, aun a los tropezones avanzan algunos acuerdos necesarios para la gobernabilidad. Uno de ellos es el del corrimiento de las elecciones de medio término. Luego de debates y disputas, se estableció que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se llevarán a cabo el 12 de septiembre, y las elecciones legislativas nacionales ocurrirán el 14 de noviembre.
El tema se venía hablando desde marzo, cuando era evidente que la segunda ola de COVID-19 iba a golpear fuerte en la Argentina. Pero la resolución no era fácil, si es que hay halcones y palomas en la oposición, como señalan algunos analistas, quedan pocos espacios para que los acuerdistas puedan tender puentes en tiempos de pandemia.
En el caso de los comicios, la negociación desde el Gobierno corrió por cuenta del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quienes establecieron el compromiso de que la ley respectiva tendrá una cláusula cerrojo donde se especifica claramente que el corrimiento es por única vez.
Las suspicacias entre oficialismo y oposición aparecen con más frecuencia a medida que se acerca el período electoral y nada hace pensar que el hecho de posponer la fecha será un incentivo para armonizar el manejo de la cosa pública.
Lo que resulta claro es que el manto de sospecha sobre cada actitud del Gobierno inunda todo el espacio político. Ni siquiera las medidas sanitarias quedan afuera. Fue claro cuando se anunció que para evitar nuevas controversias sobre restricciones sanitarias se habría de elaborar un proyecto de ley marco, a la manera de la que se aprobó en Alemania, que enumera cada medida suplementaria según la cantidad de contagios por millón de habitantes. Aún antes de conocer los detalles de la propuesta, que se llevaría a debatir en el Congreso, dirigentes del macrismo y titulares de diarios la tildaron de un intento de Alberto Fernández por obtener superpoderes.
El conflicto permanente parece una estrategia dirigida a contener a los propios y seducir a aquellos disconformes que adhieren a los postulados libertarios, muy activos desde el principio de las medidas de resguardo sanitario y con mucha cobertura mediática.
Que la pandemia genera irritación y profundiza una crisis económica que viene de antes, no es novedad. Que grupos minoritarios enrolados en planteos antivacunas, antibarbijo o más claramente negacionistas salgan a las calles para mostrar su disidencia fue algo que se vio desde el principio y no debería llamar la atención a esta altura. Lo que despierta sensaciones encontradas es que dirigentes con influencia determinante se cuelguen de ese discurso y lo conviertan en eje del debate político.
Es de temer que esas campañas estarán cada día más sesgadas en plantear una elección entre autoritarismo y libertad. Los halcones de Juntos por el Cambio encontraron un aliciente para avanzar en esa estrategia tras el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid. La conservadora Isabel Díaz Ayuso disolvió la Asamblea en marzo en busca de un liderazgo que le negaba la composición parlamentaria con la que había llegado al poder en agosto de 2019. El Partido Popular venía golpeado por escándalos de corrupción del más alto nivel y había perdido los favores del electorado conservador en beneficio de un partido centrista como Ciudadanos y un extremista como Vox, directamente neofranquista.
La jugada de Díaz Ayuso era arriesgada y no tuvo empacho en correrse más a la derecha argumentando que si la llamaban fascista era «porque estamos haciendo las cosas bien». Su planteo fue «libertad o comunismo», un mensaje que aparecía como extemporáneo porque ponía a la izquierda y a Unidas Podemos –socia del Gobierno nacional– como una suerte de patrulla perdida de la Unión Soviética.
El resultado fue un aplastante triunfo del PP que dejó a la presidenta a las puertas de disputarle cara a cara al PSOE a nivel nacional y particularmente plantarse ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La izquierda se había dividido en 2019 y uno de los fundadores de Podemos, Pablo Iglesias, anunció su retiro de la política «para dejar de ser obstáculo a la unidad». Íñigo Errejón, el otro protagonista de la quiebra, desde Mas Madrid empató con el PSOE, lo que resulta un éxito, pírrico, pero aleccionador. Cuando en una conferencia de prensa le preguntaron sobre los trabajadores que habían dado su apoyo al PP, Errejón respondió: «Es muy importante que quienes aspiramos a gobernar no insultemos al pueblo y que las fuerzas progresistas persuadamos más de lo que regañamos (…) cuando gana el PP es que ha entendido la necesidad de la gente de optimismo y de futuro». Pero agregó que, desde su perspectiva, «ofreció un optimismo con las patas muy cortas, de salida individual y de no recordar lo que nos ha pasado en este año».
Desde Buenos Aires, la titular del PRO, Patricia Bullrich, tuiteó con prontitud: «¡La libertad ha triunfado!». Y puntualizó que felicitaba a Díaz Ayuso «por su firmeza para defender el trabajo y la libertad de los madrileños», para añadir que la presidenta de la Comunidad de Madrid «se rebeló contra las restricciones eternas del Gobierno nacional. En ella nos sentimos representados quienes luchamos por las mismas causas en nuestro país».
Derecha en sintonía
Los vasos comunicantes entre el PP y el partido fundado por Mauricio Macri no son nuevos. El ex jefe de Estado José María Aznar y Macri se sumaron a diversas cruzadas desde la ONG del PP, FAES, y la Fundación Pensar, vinculada con el PRO. En noviembre pasado, Aznar, Macri y un grupo importante de expresidentes latinoamericanos de derecha firmaron la «Declaración de Madrid» donde advertían que la pandemia podría ser una «coartada para frenar, paralizar o postergar la agenda institucional y económica que necesitaba y necesita urgentemente la región».
En febrero, el expresidente adhirió a otro documento, de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que cuestiona «el autoritarismo» de los gobiernos expresado en las medidas contra la pandemia del coronavirus, y alerta sobre el avance del populismo. A principios de mayo, en otro foro de la derecha regional, esta vez desde Miami –donde aprovechó para vacunarse pese a que había dicho que no lo haría hasta que el último argentino en situación de riesgo estuviera inmunizado–, criticó el manejo de la pandemia en la Argentina y volvió sobre un concepto al que ya había recurrido con anterioridad, que el populismo es peor que la pandemia. «La democracia está amenazada por el populismo», dijo desde el estrado del Biltmore Hotel.
De ese encuentro participaron entre otros el presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno, quien dijo que hubiera deseado tener un mejor pueblo para haber tenido una mejor presidencia. También estuvo el chileno Sebastián Piñera, que enfrentó protestas masivas desde 2019 que obligaron a elaborar una nueva Constitución para enterrar la que elaboró la dictadura pinochetista. También habló, por Zoom, el colombiano Iván Duque, acusado por la violencia institucional con la que intenta frenar las manifestaciones que comenzaron contra un impuesto regresivo, pero que buscan un cambio de rumbo en ese atribulado país.
Conectados
Una vez más el principal grupo empresario de las telecomunicaciones elude una regulación impuesta por un Gobierno constitucional. Lo ocurrido con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pese a que fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia, vuelve como un mal recuerdo. Hoy, en otro escenario, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decreta una medida cautelar en favor de Telecom que suspende temporalmente los artículos 1 al 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020. Convalidado por el Congreso Nacional, el decreto establece dos cuestiones fundamentales que molestaron a las grandes compañías del rubro. Por un lado, que los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el acceso a las redes de telecomunicaciones, eran públicos, esenciales y estratégicos en competencia. Y lo más molesto para estos empresarios: que los precios de dichas prestaciones deben ser justos, razonables y regulados por el Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM). La solícita Sala II de la Cámara salió al cruce de esta injerencia estatal inaceptable que coarta la libertad de ganar mucho dinero. El ENACOM, en tanto, anunció que intentará revertir la medida apelando a la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que, mientas tanto, millones de argentinas y argentinos que necesitan usar internet y telecomunicaciones como herramienta fundamental para estudiar, trabajar, consumir cultura y entretenimiento, entre otros fines, estarán sometidos a las tarifas que fije el gigante corporativo que resiste toda regulación que se le pretende aplicar. Unos, la inmensa mayoría, intentan estar conectados para vivir. Otros, un puñado de mega millonarios, están conectados con los sectores del Poder Judicial que se imponen a las decisiones del poder político –Legislativo y Ejecutivo– emanado del voto popular.
Revista Acción, 15 de Mayo de 2021
por Alberto López Girondo | May 9, 2021 | Sin categoría
Con un discurso enfocado en la corrupción y el delito, Nayib Bukele ganó popularidad en momentos en que el país era tapa de diarios por la emigración a Estados Unidos de muchas víctimas de la miseria y la violencia. Alcalde primero de Nuevo Cuscatlán con el Frente Farabundo Marti (FMLN) se presentó en los comicios de febrero de 2019 y ganó con 53% de los votos. Desde el fin de la guerra civil que no había necesidad de segunda vuelta.
Con movidas catalogadas como populistas, Bukele se acercó al Estados Unidos de Donald Trump por cierta coincidencia ideológica. Ambos provenían de la actividad privada y se mostraban como antisistema. Pero la pandemia y el cambio de rumbo estadounidense también generó diferencias. Bukele, primero crítico de China, recibió vacunas del gigante asiático y emprendió una apertura que lo muestra como el nuevo mejor amigo de Beijing.
En febrero pasado, en las elecciones de medio término, la agrupación Nuevas Ideas logró más del 66 % de los votos y se llevó 56 de los 84 curules en disputa. Dejó fuera de juego al FMLN y al derechista Arena, que habían gobernado en los últimos 30 años. El lunes pasado la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal general y a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
Las criticas internacionales no se hicieron esperar. Se trataba de un ataque a la democracia difícil de digerir. “Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, se defendió.
Este jueves, un juzgado ordenó la detención del derechista Norman Quijano, prófugo expresidente de la Asamblea, acusado de negociar favores electorales con las pandillas. Este viernes, el parlamento retiró un tributo al mayor Roberto D´Abuisson, responsable del asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, uno de los hechos que desató la guerra civil (1980 y 1992).
Tiempo Argentino, 9 de Mayo de 2021
por Alberto López Girondo | May 9, 2021 | Sin categoría
La presidenta de la Comunidad de Madrid no esperó que bajara la espuma de la celebración por el rotundo triunfo del martes cuando publicó en el Boletín Oficial del distrito un llamado a licitación para que dos consultoras privadas se encarguen de gestionar la millonada de euros que la Unión Europea destinará para la reconstrucción post pandemia. Isabel Díaz Ayuso, lanzada ya de frente a disputar el liderazgo de la derecha española en todo el país y con aire como para aprovechar el momento tras el batacazo en las urnas- lanzó la convocatoria en los últimos días de abril, pero recién la publicó el miércoles con fecha de vencimiento para este viernes. Mientras tanto, en el oficialismo y los partidos de la izquierda tratan de cauterizar las heridas por la derrota que, en principio, llevó al retiro de Pablo Iglesias, uno de los fundadores de Podemos, la gran esperanza de cambios que se comenzó a gestar en las movilizaciones de los Indignados, hace diez años, y que ahora parece encaminada a un volantazo en el liderazgo.
Pero la pandemia no terminó, a pesar de que el proceso de vacunación está en marcha en toda la península. Lo que si termina este domingo es el Estado de Alarma, a partir de lo cual cada comunidad tendrá la potestad de imponer restricciones según como vengan los casos de contagios y muertes. El dato es que para aplicar cualquier nuevo cierre o incrementar las medidas vigentes tendrán que recurrir a la justicia. También allá se judicializaron las decisiones sanitarias, Canarias, Navarra y Valencia Baleares ya tienen el visto bueno de los tribunales. Madrid aún espera definiciones, aunque la tesitura de la mandataria comunal fue desde el inicio por la apertura.
Para la agrupación de Iglesias, el golpe fue muy fuerte, al punto que el profesor de la Universidad Complutense de Madrid dijo que daba un paso al costado y dejaba todos los cargos públicos, partidarios y que incluso se retiraba de la política. Consideró que había sido un obstáculo -sobre él la derecha lanzó todos los dardos que tuvo al alcance- y que considera que es lo mejor para al sector que representa y supo construir desde 2013. Su pelea con Iñigo Errejón fue un gran error que dejó consecuencias en el gobierno de la capital española y afectó sin dudas el posible control de la Comunidad. Para el argentino Pablo Echenique, vocero del partido, el paso que dio Iglesias es una buena noticia porque permitirá reconstruir la unidad.
Diaz Ayuso, en tanto, no perdió el tiempo y con el concurso para gestionar los fondos de la UE espera convencer de que los hasta 20 mil millones de euros de la UE serán administrados con una transparencia que el PP no fue capaz de demostrar con los últimos gobiernos madrileños.
Para Comisiones Obreras, la confederación sindical ligada al Partido Comunista en su origen, Díaz Ayuso “dilapidará los fondos estatales en pagar a empresas privadas y anular los contratos públicos de los profesionales de refuerzo contagiados”. Es que entre las propuestas a financiar figuran hospitales que consideran innecesarios. Y cuestionan la privatización de los tests de PCR, la contratación de hoteles para alojar a enfermos de coronavirus y de firmas privadas para la vacunación. La crítica es que por el mismo dinero, o menos, podría contratarse a paramédicos. “Riega de dinero a las empresas privadas mientras abandona todos los eslabones de la Sanidad Pública y rescinde los contratos de los profesionales contratados para refuerzo Covid”, acusa CCOO. En el gobierno nacional, a todo esto, Pedro Sánchez busca el modo de capear el temporal. Pero el PP ya huele sangre y espera poder tomarse revancha de la arremetida que en 2018 Sánchez e Iglesias emprendieron para terminar con el gobierno de Mariano Rajoy. En el gobierno nacional, a todo esto, Pedro Sánchez busca el modo de capear el temporal. Pero el PP ya huele sangre y espera poder tomarse revancha de la arremetida que en 2018 Sánchez e Iglesias emprendieron para terminar con el gobierno de Mariano Rajoy.
Tiempo Argentino, 9 de Mayo de 2021
por Alberto López Girondo | May 9, 2021 | Sin categoría
Joe Biden volvió a patear el tablero de las leyes neoliberales y se sumó al pedido de liberalizar la patente de las vacunas contra el Covid-19. Y, como era de esperarse, las respuestas ante su planteo fueron desde el apoyo más entusiasta a las críticas conceptuales más agrias de los defensores de la sacrosanta propiedad privada. Para lo cual recurren a argumentos tan añejos como desgastados por el uso: que se perderán los incentivos para investigar, que se podría producir vacunas sin los controles de calidad imprescindibles para el resguardo de la salud. Incluso, en clave geopolítica, que se entregaría conocimiento muy especializado a naciones que no respetan los valores democráticos o son enemigas de Occidente, como China y Rusia.
Algunos de esos argumentos se popularizaron cuando en Argentina se aprobó la ley de medicamentos genéricos, en 2002. Otros integran el vademécum de las cámaras empresarias cuando se intenta imponer precios regulados a productos de la canasta básica. El eje de esa concepción del mundo es que no hay desarrollo posible sin avidez económica. Y que solo la actividad y la avaricia privadas son capaces de lograrlo.
“La propiedad intelectual es una parte fundamental de nuestra industria –declaró Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca–, si no la proteges no hay ningún incentivo para innovar”. Sin embargo, no pocas vacunas con las que se cuenta hoy día se desarrollaron gracias al apoyo estatal. Es el caso del producto de la Universidad de Oxford junto con ese laboratorio anglo-sueco.
La cámara que nuclea a los laboratorios estadounidenses (PhRMA) también presentó sus quejas. “Más que en cualquier otro momento de la historia, la sociedad se está beneficiando de la innovación respaldada por la propiedad intelectual”, escribieron en una carta al ocupante de la Casa Blanca.
Según Dean Baker, del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) de Washington DC, al menos 10 mil millones de dólares fueron destinados en Estados Unidos a apoyar los trabajos con las vacunas con tecnología de ARN mensajero de Pfizer BioNTech y Moderna mediante la Operación Warp Speed (OWS, velocidad de la luz), durante la gestión de Donald Trump.
Hay encuestas que prueban que las sociedades británica y estadounidense están de acuerdo con la liberalización de patentes, entre otras cosas, porque son conscientes de que fueron investigaciones financiadas con los impuestos que pagan. Y a cambio no solo no reciben productos más económicos, sino que ni siquiera la fabricación alcanza a cubrir todas las necesidades. Y eso que el grueso va para los países más ricos, que incluso tienen prohibido exportar.
Y si de innovar se trata, está el ejemplo de la plataforma ARNm. Se trata de una novedosa tecnología nacida del genio de la hija de un carnicero de una pequeña ciudad húngara, Katalin Karikó. La mujer, de 65 años, comenzó a trabajar la idea mientras investigaba alguna cura para el sida, en la Universidad de Temple, Filadelfia. Su propuesta fue recibida con sorna. Pero, insistente, tuvo la suerte de cruzarse con Drew Weissman, que entendió que era una idea luminosa. No todos pensaban del mismo modo y la Universidad de Pensilvania, donde trabajaban por entonces Karikó y Weissman, vendió la patente a una empresa, Cellscript, por apenas 300 mil dólares. “Querían dinero rápido”, explicó la científica. En 2010 los derechos pasaron a una firma creada ad hoc, bautizada con el acrónimo de ARN modificado: ModeRNA.
Uno de los dueños de ese laboratorio, Noubar Afeya, adelantó que no piensa exigir que se cumpla con la patente durante la pandemia. Pero el resto de los accionistas integran, junto con los de la germano-estadounidense Pfizer BioNTech, el lote de los más acérrimos enemigos de la propuesta de Biden que, en la práctica, se sumó a otros cien países que reclaman ante la OMC a partir de un reclamo de Sudáfrica y la India de octubre pasado.
Biden, el segundo presidente católico de Estados Unidos, acudió a Francisco para recibir el beneplácito a su decisión. De allí que Jorge Bergoglio coincidiera públicamente en reclamar la suspensión temporaria de las patentes mientras dure la pandemia.
Aparte del rechazo empresarial, el planteo choca con la dificultad de que no será tan rápida la fabricación de vacunas a nivel internacional. Aunque si puede ser un “incentivo” para que los laboratorios aceleran la fabricación para cubrir todas las necesidades para la población mundial.
El negocio de la propiedad intelectual
Otra gran pelea de este siglo es por la propiedad intelectual de los desarrollos tecnológicos. La de las semillas es una, la de los medicamentos es la otra. En ambos casos, la vida humana resulta un simple factor económico.
En EE UU lo saben muy bien, al punto que ya en 1999 el biólogo Craig Venter intentó patentar el genoma humano. El gobierno de Bill Clinton esa vez logró acelerar la investigación pública para llegar antes. Pero la pica ya estaba clavada.
El que fuera secretario de Defensa de George W. Bush, Donald Rumsfeld, también la vio y aprovechó para meterse en el laboratorio Gilead, que al principio solo compraba patentes y no “gastaba” en investigar. Entre sus patentes tiene la del Remdesivir, un antiviral que se usa en ciertos casos de Covid, a partir de resultados en HIV.
Fondos buitres que compraron deuda argentina, como Black Rock o Vanguard, tienen acciones en Gilead. Pero también en Pfizer y Moderna. Cosa de no poner todos los huevos en una misma canasta. La capacidad de lobby de las farmacéuticas es impresionante. Johnson y Johnson, que desarrolló una vacuna con plataforma de adenovirus, invierte millones de dólares en todo el mundo para promocionar sus productos de limpieza, su principal fuente de ingresos.
Pfizer ganó 3500 millones de dólares solo en el primer trimestre de este año con su vacuna. Es uno de los más encendidos opositores al plan de Biden. Pero, por eso de poner las barbas en remojo, anunció que espera producir 3000 millones de dosis este año y al menos 4000 millones en el 2022. Bastante más de lo proyectado. Para aliviar las demandas de la UE para que entregue lo que se había comprometido en 2020.
Tiempo Argentino, 9 de Mayo de 2021
Comentarios recientes