Stephen Kevin Bannon descubrió que en estos tiempos ser políticamente incorrecto reditúa y, siendo un “paleoconservador” de los más radicalizados, no se cuida para nada de mantener las formas. Saltó a la fama internacional cuando era asesor de Donald Trump en la campaña electoral de 2016, pero tras siete meses en la Casa Blanca, el presidente lo echó. Las peleas constantes con el yerno presidencial, Jared Kushner, lo pusieron en el trance de tener que elegir. Bannon se desquitó como fuente en un libro, Fuego y furia, de Michael Wolff. Con el tiempo, la relación se fue suavizando pero ahora el primer mandatario intenta despegarse de la última hazaña de este hombre que fue tejiendo una internacional de la derecha juntando a líderes reaccionarios de todo el mundo. Steve Bannon fue detenido bajo el cargo de fraude con fondos de recaudaciones privadas para construir el muro en la frontera con México. Quedó libre tras pagar una fianza de 5 millones de dólares.
Este caso ilustra un modo de entender la política aplicando armas de la peor calaña con tal de obtener resultados. Bannon, de 66 años, es un hombre determinante en el rumbo incierto de las democracias occidentales. Consejero de Trump, su participación fue clave también para el sorpresivo resultado del referéndum que terminó en el Brexit, en 2016.
Promovió alianzas con el húngaro Viktor Orban, la francesa Marine Le Pen, el italiano Matto Salvini, armó la estrategia para el triunfo de Jair Bolsonaro y para la formación de Vox en España. En Argentina, desde una plataforma que ayudó a crear, Cambridge Analytica, logró incidir en el resultado de las elecciones de 2015 con operaciones en contra del gobierno de Cristina Fernández. El año pasado se lo vio más cerca de la diputada Cynthia Hotton y el ex carapintada Juan José Gómez Centurión.
Si Trump se atrevió a basar su campaña de hace cuatro años en un discurso xenófobo, fue por el impulso de Bannon. No es que el actual ocupante de la Casa Blanca promoviera la hospitalidad humanista, pero Bannon lo convenció de que eran tiempos de una derecha “sin vergüenza”. Mal no le fue.
La campaña se centró en la promesa de construir un muro para impedir que los mexicanos siguieran “invadiendo” Estados Unidos con sus malas costumbres. Y para peor, dijo que se los iba a hacer pagar a los mexicanos. Pero la cosa no era tan sencilla y ahí Bannon vio la oportunidad para meter baza.
Junto al veterano de Irak Brian Kolfage, al inversor Andy Badolato y al ciudadano de Castle Rock, Timothy Shea, armaron la ONG We Build the Wall (Construimos el muro), para erigir un paredón con aportes de ciudadanos decididos a impedir el ingreso de inmigrantes.
Convencieron a cientos de miles que en poco tiempo aportaron unos 25 millones de dólares. Incluso Donald Trump Junior, el mayor de los hijos presidenciales, apoyó la iniciativa alegando que se trataba de “una empresa privada en su máxima expresión”. Para que no quedaran dudas, agregó que así, será “mejor, más rápido y más barato que cualquier otra cosa”. Es decir, mejor que una construcción estatal.
Pero la tentación fue grande y también los gastos del líder ideológico de la internacional ultraderechista y sus secuaces, muchos para mantener el ritmo de vida que llevaban. Así fue que una fiscalía de Manhattan abrió investigaciones sobre el colosal desvío de fondos de WBTW. Aquí entra en juego también una pelea en el establishment estadounidense.
El presidente Trump viene presionando al correo en un intento, según la oposición, de perjudicar el voto postal en noviembre. En medio de una pandemia, el sufragio por correo puede facilitar la asistencia de simpatizantes de los demócratas.
La investigación contra Bannon fue iniciada por al Servicio de Inspección Postal, una institución anterior al FBI que investiga delitos cometidos a través del correo postal. Hace dos meses, además, el procurador de Justicia de EE UU, William Barr, destituyó a Geoffrey Berman como fiscal en Nueva Jersey. Pero la investigación prosiguió y la sucesora en el cargo, Audrey Strauss, logró una orden de arresto dictada por la jueza Analisa Torres contra Bannon y sus socios de la próspera ONG.
“Mientras aseguraban repetidamente a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de WBTW, no recibiría ni un centavo, los acusados planearon en secreto pasar cientos de miles de dólares a Kolfage, que utilizó para financiar su lujoso estilo de vida”, dijo Strauss. El dinero sirvió para comprar un yate, un Range Rover y pagar un generoso salario que salió del aporte destinado al muro.
El jueves, agentes del USPS allanaron frente a la costa de Westbrook, en Connecticut, un yate de 150 metros de largo, el Lady May, perteneciente al empresario chino Guo Wengui, uno de los sponsors de los levantamientos que se produjeron en Hong Kong desde fines del año pasado. Bannon pasó la noche en una celda, sus compinches fueron apresados en otros procedimientos.
El CEO que viene a la Argentina a jugar el polo
El referéndum por el Brexit fue una sorpresa para todos, y principalmente para la dirigencia británica. La sospecha sobre el origen de una colosal manipulación devino en una investigación del Comité de Cultura, Medio de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, que en julio de 2018 emitió un informe lapidario: Cambridge Analytica -la firma consultora que había ayudado a crear Steve Bannon y el millonario Robert Mercer- había usado datos obtenidos ilegalmente de Facebook de millones de votantes para “convencerlos” mediante fake-news de que era mejor irse de la UE.
El informe destaca que Alexander Nix, el CEO de la compañía, admitió que habían realizado acciones similares en unas 200 elecciones de todo el mundo, incluido Brasil y EEUU y México. Sobre Argentina, dijo que habían trabajado contra el gobierno de Cristina Fernández, aunque no reveló quién había pagado los gastos. Como informó este diario ese año, Nix suele visitar Argentina, donde juega polo con los hermanos Nicolás y Lucas Talamoni.
Luego de unas tres horas de debates, la Unión Europea (UE) desconoció la elección presidencial desarrollada en Bielorrusia y amenazó con sanciones contra los dirigentes del gobierno de Alexandre Lukashenko. La situación en ese país se tensa cada vez más luego de los comicios realizados el 9 de agosto, en los que según las cifras oficiales el presidente, que lleva 26 años en el poder, ganó por 80%. Varias manifestaciones opositoras fueron reprimidas por fuerzas policiales en un contexto delicado para la estabilidad regional: si bien Lukashenko suele mostrar relaciones ambivalentes con Moscú, para Vladimir Putin la caída de ese gobierno puede dejar al país en manos de grupos más cercanos a Occidente en una nación de lazos indisolubles con Rusia. Con el agregado de que sería un nuevo avance sobre territorios de la antigua Unión Soviética que amenazan la seguridad de la Federación Rusa.
Para gran marte de los analistas de la región, el Kremlin teme un nuevo Maidán, por el movimiento que en 2014 terminó por voltear al presidente Viktor Yanukovich en Ucrania en 2014. Pero marcan también alguna diferencia notable: Bielorrusia es un país hermanado con los rusos donde no hay un sentimiento rusófobo.
En Ucrania, hay un sector de la población que rechazó a la URSS desde sus inicios a tal punto que apoyaron sin dudar la invasión nazi. Herederos de esos sectores dieron el golpe que llevó al poder a fuerzas neofascistas que contaron con apoyo de la UE, la OTAN y EEUU. Así se puede entender la recuperación de Crimea por parte de Moscú y el levantamiento del oriente ucraniano prorruso -Donbass y Lugansk- contra el gobierno de Kiev.
Es evidente el interés de esos mismos actores que intervinieron en Ucrania para tomar posiciones en Bielorrusia. Y también la preocupación de Putin, que no quiere un dolor de cabeza en sus fronteras.
Las relaciones entre Moscú y Minsk, con sus vaivenes, son sólidas, aunque Lukashenko se ganó algún que otro tiró de orejas por mantener cierta ambigüedad en su intento por abrirse a Occidente.
Desde su primer gobierno, en 1994, el mandatario ganó por casi unanimidad. Bielorrusia mantiene instituciones y hasta ritos de la ex URSS. Incluso las empresas públicas en manos del estado. Con Rusia integra una unidad que no llega a la anexión pero a nadie escapa que tiene pocas posibilidades de existencia a no ser por el intercambio con la potencia que comanda Putin.
En las elecciones del 9 de agosto, Lukashenko ganó por 80% de los votos y quedó en segundo lugar Svletlana Tihanóvskaia, actualmente refugiada en Lituania, según sus partidarios, obligada por las amenazas de la KGB bielorrusa. Aunque parezca insólito, con este resultado no son pocos los que ven una merma en el apoyo a Lukashenko que facilita el cuestionamiento a su legitimidad.
Al darse a conocer el resultado, la oposición logró imponer el discurso de que hubo un fraude fenomenal, al que se prendieron los medios internacionales y especialmente en Europa, que mira con cierta apetencia la posibilidad de ensanchar sus propias fronteras.
Hubo marchas que fueron reprimidas con dureza por las autoridades, lo que aumentó el descrédito del gobierno. Allí es donde se cuela la imagen de lo que ocurrió en Kiev, donde Yanukovich vio licuarse su poder a medida que aumentaban las manifestaciones y las fuerzas policiales comenzaban a actuar.
Lukashenko, en tanto, mantuvo conversaciones con Putin para asegurarse de ese delicado flanco de apoyo. «Acordamos que, de solicitarlo, brindará ayuda para garantizar la seguridad de la República de Bielorrusia», dijo Lukashenko a la agencia oficial de noticias bielorrusa BelTA. Desde la capital rusa, se informó que confían en una pronta solución a la crisis política.
Desde España, a su vez, el Partido Comunista local advirtió que la situación en Bielorrusia obedece a “un viejo plan de Washington y Bruselas para desestabilizar el país” con el apoyo de Polonia, Lituania y Chequia, “enarbolando la supuesta defensa de la libertad y la democracia que han utilizado, a conveniencia, en otras ocasiones”.
Desde 1991 varias naciones dejaron de formar parte de la Federación Rusa, continuadora de la URSS. Entre ellas destacan Georgia, Ucrania, Kirguistán, Moldavia y Kazajistán. Estratégicamente para la OTAN sería una buena noticia poner una pica en Bielorrusia, ese pequeño territorio de poco más de 200.000 kilómetros cuadrados entre Ucrania, Polonia, Lituania y recostada sobre el margen occidental de Rusia.
Lukashenko cambió su gabinete, se reunió con autoridades rusas para analizar los pasos a seguir y afirma que no renunciará ni llamará a nuevos comicios. “No puede haber 80% de falsificaciones”, argumentó, para agregar que “incluso cuando esté muerto, no permitiré entregarles el país” a los grupos que, según él, siguen directivas de occidente.
Un comunicado conjunto señala que los primeros ministros ruso y bielorruso «Mijaíl Mishustin y Román Golóvchenko discutieron tareas específicas relacionadas con el aumento de la cooperación comercial y económica ruso-bielorrusa y la profundización de la cooperación en la energía, la industria y otras esferas».
Una cumbre extraordinaria de la UE en Bruselas rechazó este miércoles el resultado de las elecciones y prometió sanciones a los dirigentes de Minsk, a los que acusa de “violencia, represión y fraude electoral”.
Poco antes del encuentro en Bruselas, Svetlana Tijanovskaia, joven lideresa opositora de 37 años, había llamado a los europeos a rechazar el resultado «falsificado» de las elecciones presidenciales. «La gente que salió a defender su voto en las calles de sus ciudades en toda Bielorrusia fue brutalmente golpeada, arrestada y torturada por el régimen, que se aferra desesperadamente al poder», destacó.
Un día antes, la UE había reclamado a Putin que presionara a Lukashenko para abrir canales de diálogo con la oposición. La canciller alemana, Angela Merkel se quejó de que el líder bielorruso no le había querido atender el teléfono.
El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Seguei Lavrov, fue el que catalogó la situación de un modo más abarcativo. “Los europeos quieren inmiscuirse para promover sus intereses geopolíticos en la disputa por el espacio post- soviético”.
Rafael Correa apeló a la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner y anunció que se presentará a elecciones en una fórmula en la que será vicepresidente del joven economista Andrés Arauz. Ni bien se supo la novedad, desde los cuarteles anti correístas y las granjas de trollls que apoyan al gobierno de Lenin Moreno salieron a ningunear al postulante a la presidencia de Ecuador. Aráuz, de 35 años, con una licenciatura en la Universidad de Michigan, prepara su tesis doctoral en la UNAM y una maestría en FLACSO, fue Subsecretario de Planificación y Desarrollo y Director General del Banco de Ecuador y ministro de Conocimiento y Talento Humano, y respondió con ironía desde su cuenta de Twitter.
Desde sectores menos vinculados a la pulla y el brulote fácil, recordaron que Correa vive en Bruselas desde 2017, lo que podría conspirar contra su pretensión de candidatearse, según las normativas vigentes. Además, perseguido por el mandatario que ayudó a ungir desde su agrupación política, tiene una condena a 8 años por cohecho en un proceso en que fue juzgado en ausencia y está a la espera del fallo final del Tribunal de Casación.
Correa fue de los primeros en denunciar -y padecer- el proceso de lawfare contra líderes progresistas latinoamericanos y ahora intenta revertir las políticas neoliberales instauradas por Moreno sumando su caudal de votos al de Arauz, de 35 años, en el llamado frente Unión por la Esperanza (UNES), una coalición de partidos políticos y movimientos sociales.
Queda por resolver la cuestión de la condena contra Correa y su residencia para ver hasta donde avanza la postulación para un cargo que se votará en febrero del año que viene y para el que hay otras diez candidaturas de todos los sectores. Además, hay otro caso en que fue involucrado, una causa por la supuesta captura de un opositor a su gobierno en territorio colombiano en 2012.
Araúz había sido incorporado este domingo al Grupo de Puebla, el colectivo de líderes progresistas latinoamericanos que integra también Alberto Fernández. Correa lo definió como «un hombre de mi máxima confianza, muy radical y pragmático». En una transmisión por Facebook donde se presentó la fórmula, Correa agregó: «Acepto con alegría esta nueva responsabilidad, que no la he buscado, ni siquiera la he deseado”.
(Foto: Wikipedia)
Arauz ejerció como académico tras licenciarse en Economía y Matemáticas en Michigan y obtener un magister en Economía del Desarrollo en FLACSO. En la Universidad Nacional Autónoma de México es doctorando en Economía Financiera. Al término del mandato de Correa, dejó la administración pública y fundó el Observatorio de la Dolarización -Ecuador no tiene moneda propia desde el 9 de enero de 2000- y se unió a grupos de estudio y debate de todo el mundo y es miembro de la Internacional Progresista, que también integran Bernie Sanders, Yanis Varoufakis, Ada Colau, Naomi Klein y Noam Chomsky entre otros.
Así lo muestra Revolución Ciudadana, la agrupación creada por Correa.
Andrés Arauz (@ecuarauz) profesional que caminó y forma parte del proyecto político que le devolvió la dignidad al Ecuador y recuperará la Patria 🇪🇨 pic.twitter.com/gxrBTAwjtO— Movimiento Revolución Ciudadana (@EcuadorRC) August 17, 2020
La candidatura, que se ofrece como las más potable para recuperar el poder por ese sector de la sociedad ecuatoriana, tendría un apoyo del 30% del electorado, según encuestas del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Ayuda que la imagen de Moreno, si antes de la pandemia era mala y había generado masivas manifestaciones en su contra, tras la gestión de la crisis sanitaria no puede ser sino pésima. Con 103.000 contagiados de Covid-19 y más de 6100 muertos para una población de casi 18 millones de personas, da un total de 345 fallecidos por millón habitantes. Entre los mayores del mundo.
La Central Obrera Boliviana (COB) puso entre paréntesis el bloqueo de carreteras luego de que la Asamblea Nacional aprobara una ley para poner al 18 de octubre como fecha final y definitiva para las elecciones presidenciales. Poco a poco, los cortes de rutas se iban levantando luego de dos semanas de protestas contra la nueva postergación de los comicios, sin embargo, en El Alto, el Cabildo de las Organizaciones Interinstitucionales, y diversas federaciones de trabajadores y campesinos mantenían su reclamo, en el que exigen la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Áñez.
En una conferencia de prensa, el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, aprovechó para denunciar a los grupos paramilitares que colocaron un artefacto explosivo en la sede de la organización. “No tenemos miedo, ese ataque no fue contra la COB ni contra Huarachi, fue contra el pueblo”, señaló. La entidad, junto con el colectivo de organizaciones nucleadas en el Pacto de Unidad, lanzó la medida de protesta a principios de mes.
El gobierno de facto había apelado a la pandemia, que está haciendo estragos en el país del Altiplano, para posponer nuevamente el llamado a presidenciales. Del 21 de marzo se pasó al 3 de mayo y luego al 6 de setiembre. Todas estas prórrogas fueron negociadas con la dirigencia política en el marco del congreso boliviano. Salvo la última, lo que despertó la desconfianza de los sectores de la oposición y fundamentalmente del MAS iPSP, que con la candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca marcha a la cabeza en las encuestas.
Razones para sospechar no faltan: los grupos que dieron el golpe en noviembre pasado son ultraderechistas ligados a la oligarquía cruceña, con una voluntad democrática muy escasa, y dieron el zarpazo mediante acciones violentas y amenazas de bandas armadas. Todo indica que Arce-Choquehuanca ganarían en primera vuelta, de modo que incluso el segundo mejor ubicado, Carlos Mesa -que no pertenece a ese sector- no sería la opción para terminar con el proyecto político de Evo Morales.
El escenario regional, si bien fue favorable para forzar la salida de Morales, no garantiza la permanencia en el poder de los golpistas. Con un gobierno en vísperas de elecciones, como el de Donald Trump, que apoyó la aventura ultraconservadora sin disimulo, y en medio de la operación de las derechas regionales contra el gobierno bolivariano de Venezuela, no hay espacio para impedir el llamado a las urnas.
También es clave el rol que están cumpliendo las instituciones externas, como el Parlasur, la Unión Europea y hasta las Naciones Unidas. El titular del parlamento regional, el argentino Oscar Laborde, encabezó reuniones virtuales de esa entidad con las fuerzas políticas bolivianas, desde Evo Morales hasta Mesa y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.
También hubo encuentros con la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la portuguesa Isabel Santos, y el enviado especial de la ONU para Bolivia, Jean Arnault. Todos coincidieron en la necesidad de celebrar elecciones y aceptar la fecha del 18 de octubre como final y definitiva. El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, que fue clave en justificar el golpe al poner en duda el resultado de las elecciones de 2019, guarda un silencio altamente significativo sobre estas cuestiones.
El TSE se comprometió a que el 18-O es la fecha “final, definitiva e inamovible”. Y la Asamblea, con mayoría de legisladores masistas, refrendó ese límite mediante la ley 1315 del jueves pasado. El paso final era que la COB y el Pacto de Unidad terminaran por aceptar la situación. Desde Buenos Aires, Evo llamó a considerar que un enfrentamiento podía ser perjudicial para una salida democrática, habida cuenta de la situación imperante.
Pero a pesar de que desde La Paz buscan judicializar los temas con denuncias contra el expresidente asilado en Buenos Aires -un fiscal lo denunció por terrorismo y genocidio, al considerar que el bloqueo impide la provisión de alimentos y medicamentos-, las decisiones de los manifestantes en las carreteras pasan por otro carril.
Es así que luego de varias asambleas la COB y el PU instaron a levantar las barricadas. Con la advertencia de que permanecerán en “vigilia permanente” para garantizar que no haya nuevas postergaciones, que no habrá fraude y que el gobierno aceptará el resultado. Sin embargo, tampoco ellos conducen un colectivo homogéneo y sumiso, y en El Alto, el líder aymara Felipe Quispe informó que mantendrán los cortes a la vía de ingreso a La Paz “hasta que renuncie la señora Áñez”.
Las autoridades, en tanto, informaron que seis personas habían sido detenidas por el ataque a la central sindical, que no dejó víctimas. Tenían en su poder cartuchos de dinamita y una granada de gas. Huarachi dijo que no temían por las amenazas, tras afirmar que son los que más hacen por pacificar al país. En una entrevista con CNN, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, fue reprendido al aire por no reprimir los cortes de ruta con las fuerzas armadas. “No queremos una guerra civil”, se justificó el funcionario más reaccionario, si cabe, del gabinete de Áñez.
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