por Alberto López Girondo | Jun 16, 2019 | Sin categoría
Sergio Moro, el mismo juez acusado de filtrar a la prensa escuchas ilegales al expresidente Lula da Silva con sus abogados y antes con la depuesta mandataria Dilma Rousseff, se victimizó ante una comisión del senado brasileño de haber sido víctima de hackers y de sensacionalismo mediático tras la publicación de chats en la red Telegram del grupo de tareas de Lava Jato por el sitio The Intercept.
«Hubo una invasión criminal de teléfonos celulares por parte de un grupo organizado con el objetivo de invalidar condenas por corrupción y lavado de dinero u obstruir investigaciones en curso, que pueden afectar a personas poderosas, o simplemente atacar las instituciones brasileñas», dijo en una tensa reunión en la Cámara alta donde fue a explicar frente a miembros de la Comisión de Constitución y Justicia.
Serio, con rostro de prócer, el magistrado que persiguió y condenó en primera instancia a Lula -como comienza a develarse a través de sus conversaciones en Telegram, sin pruebas- intentó explicar el escándalo que se extiende en ese país luego de que el 9 de junio el portal creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald revelara el contenido de las intercepciones que muestran la connivencia entre fiscales y el juez para sacar de la pelea por la sucesión presidencial en 2018 y ni siquiera darle la ocasión de defenderse públicamente en una entrevista con Folha de Sao Paulo.
La situación política del ahora ministro de Justicia es tal que decidió presentarse espontáneamente como para calmar las aguas ante el embate de quienes le piden directamnete que renuncie a su cargo. Otros cuestionan toda la investigación y reclaman la inmediata absolución del dos veces presidente brasileño, detenido desde abril de 2018 en la sede de la Policía Federal en Curitiba.
Según las últimas publicaciones de The Intercept, los funcionarios judiciales maniobraron para investigar falsamente a Fernando Henrique Cardoso, ex mandatario del centroderechista PSDB, para dar señales de equidistancia en el caso Lava Jato y que no pareciera que solo buscaban la prisión para el fundador del Partido de los Trabajadores.Aunque se cuidaron de no avanzar en su contra, a pedido de Moro, para no malquistar a un aliado. «Me parece cuestionable importunar a alguien cuyo apoyo es importante”, dice Moro en un mensaje.
Greenwald, residente en Río de Janeiro, donde vive con su pareja, es un destacado abogado y periodista que ganó un Pulitzer por haber revelado en 2013 las denuncias del analista Edward Snowden acerca del espionaje informático global que realiza EEUU a través de la agencia NSA. Entre los espiados estaba Dilma Rousseff y los directivos de Petrobras.
El prestigio y la rigurosidad de Greenwald impidió que los involucrados en las filtraciones, Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, ensayaran la excusa de que los mensajes eran falsos. Por eso el magistrado se defendió argumentando que sus celulares fueron hackeados y que lo que publicó el portal puede haber sido editado para comprometerlo en supuestos delitos que, para él, no son tales.
«Hubo una invasión criminal», insistió, para agregar luego que ve un revanchismo por su actuación en la causa Lava Jato que pensó terminaría cuando asumió como ministro de Jair Bolsonaro, el 1 de enero de este año. Pero precisamente ese punto es el que utiliza la defensa de Lula para sostener que no hay mayor prueba de una causa torcida para sacarlo de la competencia que la aceptación de un cargo con un presidente que ganó porque el favorito en las encuestas estaba preso y proscripto.
«Se intenta crear una situación de escándalo que en el fondo es inexistente», añadió Moro en su explicación, al aducir que mantener conversaciones con los fiscales es normal en cualquier país del mundo. El detalle es que sistema judicial brasileño es acusatorio, donde la investigación queda a cargo de los fiscales, de modo que no debería haber comunicación para mantener la independencia entre ambos estamentos y así no prejuzgar al sospechoso de un delito. De allí que este tema haya despertado las mayores críticas al accionar del juez.
La comisión de la Cámara alta a la que acudió Moro está compuesta por 54 senadores, 27 titulares y 27 suplentes. De ellos, 36 se inscribieron para indagar al actual ministro de Justicia. El clima generalizado fue caracterizar al caso Lava Jato como un baño de pulcritud para la sociedad brasileña, desencantada con la corrupción política. Pero al mismo tiempo, muchos legisladores señalaron su preocupación por estas maniobras que oscurecen el panorama de un proceso que debiera ser ejemplar. Hubo incluso quienes, desde la bancada del PT, consideraron que Moro debía renunciar a su cargo luego de estas filtraciones.
En tal sentido, el senador » petista» Humberto Costa puso en aprietos al juez cuando le preguntó por qué protegió a Fernando Henrique Cardoso. Moro dijo que no recordaba completamente el tenor de los mensajes y luego, que no habría problema en interferir en un proceso que no era de él.
Costa replicó que la situación era todavía peor ya que se metía en un caso que no le correspondía. Fue entonces que Moro eligió el silencio, amparándose en su derecho a permanecer callado.
Eso, si, el ministro no se privó de insistir en que las filtraciones fueron obra de «un grupo criminal organizado». Senadores oficialistas le tiraron un centro para que Moro no descartara que entre ese grupo hubiera agentes o servicios de inteligencia de países extranjeros.
La audiencia mantuvo en vilo a la población y las redes estallaron en comentarios A mediodía, el hashtag #RatoMoroTaMelindrado (la rata Moro está molesto) estaba al tope del Trending Topics del Twitter brasileño. Para compensar la balanza en un medio que el bolsonarismo maneja a la perfección, la diputada Carla Zambelli (PSL-SP) publicó u vídeo pidiendo que subiesen un hashtag de apoyo a Moro, #DetonaTudoMoro. que pronto trepó al segundo lugar. El cuarto lugar lo ocupaba #RenunciaMoro.
Tiempo Argentino, 19 de Junio de 2019
por Alberto López Girondo | Jun 16, 2019 | Sin categoría
Si el objetivo final del gobierno de Estados Unidos cuando rompió en forma unilateral el acuerdo nuclear 5+1 era acrecentar la tensión contra Irán, podría decirse que el clima en el estrecho de Ormuz, desde el jueves, alienta las expectativas de los halcones del Gabinete de Donald Trump. Para el complejo militar, los tambores de guerra auguran buenos negocios, aunque los aliados tradicionales de Washington ahora están mucho más remisos que cuando en 2001 apoyaron la invasión a Irak en busca de armas de destrucción masiva que jamás aparecieron. Para las multinacionales petroleras también, ya que la primera novedad fue el aumento de un 4% en el precio del barril, que subió de 60 a 60 dólares.
Dos barcos petroleros se incendiaron tras sendas explosiones en el golfo de Omán y equipos de rescate iraníes salvaron la vida de 44 tripulantes de ambas naves. De inmediato, el Pentágono anunció el envío del destructor USS Mason y el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, condenó el presunto ataque aunque al mismo tiempo alertó sobre la necesidad de mantener la calma hasta tener mejor información sobre lo ocurrido.
La escalada sobre la región había comenzado el mes pasado, cuando la Casa Blanca envió a la flota en medio de los cruces entre Washington y Teherán y el aumento de sanciones contra Irán. España, que forma parte de la OTAN, se apuró entonces para anunciar el retiro de sus buques. El socialista Pedro Sánchez no quería cometer el atropello del conservador José María Aznar en 2001, que junto con el británico Tony Blair fueron los únicos que apoyaron la ofensiva sobre Saddam Hussein. Este viernes, Sánchez pidió contención «y respeto a la libertad de navegación».
El petrolero Front Altair, de la empresa taiwanesa CPC, transportaba 75 mil toneladas de combustible y habría sido atacado por minas, según la firma propietaria. El otro carguero, el Kokuka Courageous, de la japonesa Kokuka Sangyo y que llevaba 25 mil toneladas de etanol, habría sido atacado por «dos objetos voladores».
Para Mike Pompeo, el secretario de Estado de Trump, «la manos de Irán están por todas partes». El Pentágono difundió un video en que se ve a presuntas tropas de la Guardia Revolucionaria retirando minas sin detonar de uno de los cargueros. El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, consideró que EE UU sugirió que el incidente sería una operación destinada a culpar a Teherán y alimentar una guerra en la región, como viene amenazando Trump desde que asumió su cargo.
«Que Estados Unidos lanzara inmediatamente acusaciones contra Irán, sin ninguna evidencia objetiva o circunstancial, sólo deja más claro que el equipo B está moviéndose al plan B: sabotear la diplomacia y ocultar su terrorismo económico contra Irán», escribió Zarif en un tuit. «Somos responsables de garantizar la seguridad del estrecho y rescatamos a la tripulación de los petroleros atacados en el menor tiempo posible», dijo el vocero del Ministerio de Exteriores, Abbas Mousavi. «La región no necesita más pasos que provoquen más inestabilidad y tensión. Hay que evitar provocaciones en la región. Por eso, hacemos un llamado de máxima tranquilidad», señaló Maja Kocijancic, vocera de la Unión Europea.
Lo que despierta las sospechas de los analistas es que el ataque ocurrió justo cuando el ayatollah Ali Jamenei se reunía con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en un intento por pavimentar el camino a un posible encuentro de los líderes iraníes con Trump. El incidente bloqueó esa posibilidad.
Se anota como dato a favor de la posición iraní que en las negociaciones por el plan nuclear Teherán había logrado un acuerdo que le permitía suavizar las sanciones impuestas hasta 2015. La ruptura inconsulta de Trump deja mal parado a EE UU. El ataque conviene a los belicosos de su Gabinete, con John Bolton a la cabeza.
No sería la primera vez que un atentado de falsa bandera le sirve a EE UU para desatar para una guerra. Ocurrió contra España con el incendio del acorazado Maine en La Habana, en 1898. Se recuerda el ataque al destructor Maddox en 1964 para la escalada en Vietnam. Hay quienes anotan el ataque a Pearl Harbour en 1941 .
Tiempo Argentino, 16 de Junio de 2019
por Alberto López Girondo | Jun 10, 2019 | Sin categoría
Una de las filtraciones de información sensible más impactantes del mundo demuestra la forma en que se torcieron las investigaciones en el caso Lava Jato para encarcelar a Lula da Silva y dejarlo fuera de carrera presidencial en 2018. El escándalo surge de la publicación en el portal The Intercept de miles de escuchas telefónicas entre el juez que condenó al ex presidente, Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dalagnol, en las que se revela la escasez de pruebas concretas para una sentencia y la presión del actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro para acelerar un fallo. Incluso se nota la desesperación por evitar una entrevista periodística desde la prisión antes del comicio para impedir que el apoyo a Fernando Haddad, el candidato del PT, incidiera para ganar el ballotage.
El impacto que produjo la publicación de este material es tan fuerte y la seriedad del portal es tal que los propios involucrados reconocieron que las escuchas son ciertas, aunque se desligaron de cualquier posibilidad de haber cometido un ilícito y aseguran que todo lo conversado forma parte de conversaciones normales en el ámbito de la justicia.
The Intercept es el portal del abogado y periodista estadounidense Glenn Greenwald. En su historial tiene el haber sido en 2014 el que publicó en el diario británico The Guardian la primera entrevista al analista estadounidense Edward Snowden en que contaba la forma en que la agencia NSA espiaba a todo el mundo en todo el mundo a través de los medios electrónicos.
En verdad, Greenwald tuvo la perspicacia de darse cuenta, alertado por la cineasta Laura Poitras, de que los mails encriptados que enviaba un misterioso Citizenfour podían contener información importante para conocimiento de la ciudadanía. Y así viajaron a Hong Kong para hablar con el misterioso personaje, hoy exiliado en Rusia para no correr la misma suerte que Julian Assange, el australiano que inauguró el método de invitar a fuentes anónimas a mostrar documentos sobre los secretos más comprometidos que los estados no quieren que se sepan por medio de WikiLeaks.
Bajo esta premisa, Greenwald -que está casado con un diputado brasileño David Miranda, del Partido Socialismo y Libertad (Psol) y vive en Río de Janeiro- creó The Incercept, ( la intercepción, la escucha) donde publica información contrastada con el rigor característico del tradicional periodismo sajon que recibe de fuentes anónimas que entregan el material en plataformas seguras y a prueba de vigilancia estatal.
Para esta filtración se cumplieron los objetivos fijados por Greenwald, pero además el hecho encuentra un momento muy propicio para golpear de lleno en la política brasileña y latinoamericana en general. Lula da Silva siempre sostuvo su inocencia y su condena fue producto de lo que se conoce como lawfare, la utilización del sistema judicial para la persecución de los enemigos políticos. Lo mismo podría decirse de la destitución de Dilma Rousseff, acusada de una falta administrativa comoexcusa para quitarle del medio y que asumiera su vice,el golpista Michel Temer,a hora preso
Pero por eso de que la mentira tiene patas cortas, poco a poco se va descorriendo el velo de un método por el cual Lula y los dirigentes del PT aparecieron como personajes corruptos que una ola de pureza ideológica iba a barrer de la historia.
Sin embargo en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la primera condena contra Lula, por el caso de un triplex de Guarulhos que le atribuyeron al ex presidente, fue disminuida lo suficiente como para que en pocas semanas pueda quedar en un régimen semiabierto, o sea que pueda salir durante el día a trabajar. Y ya se le autorizó a que diera reportajes periodísticos. Por otro lado, la fiscal general ya recomendó adelantar el momento de la semilibertad.
Mientras tanto, la Orden de Abogados de Brasil (OAB), el colegio profesional del país, reclamó por las escuchas ilegales que se le hicieron al detenido con sus abogados, algo que viola todas las normas elementales en un estado de derecho, otra practica muy extendida por estas regiones desde hace años.
Es así que The Intercept, en el editorial en que explica el alcance de las filtraciones que publica, sostiene que «este escándalo generalizado envuelve a diversos oligarcas, líderes políticos, los últimos presidentes y hasta líderes internacionales acusados de corrupción». Y agrega que la exclusión de Lula, el objetivo declarado en las conversaciones interceptadas, «fue la llave maestra para un camino a la victoria de Bolsonaro», que como se pudo ver, premió la ayuda con un ministerio para Moro.
Uno de los tramos más reveladores de los varios artículos que publicaron Greenwald y su equipo de periodistas muestran que el fiscal Dalagnol no estaba seguro de que las pruebas contra Lula sobre el famoso triplex fuesen contundentes. Había estado trabajando en el tema con otros 13 fiscales y a pocos días de tener que presentar el caso, no había encontrado nada firme. Lo único que había era un artículo periodístico con demasiados verbos en potencial.
«Dirán que estamos acusando en base a noticias de un diario e indicios frágiles (…) hasta ahora tengo recelo de la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento y también de la historia del departamento (…) son puntos en que tenemos que tener las respuestas ajustadas en la puta de la lengua», dice un mensaje del 9 de setiembre de 2016 en un grupo de chats bautizado Incendiarios ROJ , integrado por los fiscales del caso.
A los pocos días Dalagnol presentó un Power Point donde acusa a Lula diciendo que tenía «la íntima convicción» de que era el dueño del triplex. El ex dirigente sindical siempre dijo que lo habían condenado por un Power Point y sin pruebas. Estos mensajes demuestran que no mentía.
Otra maniobra revelada por estas filtraciones son conversaciones entre Moro y Dalganol donde el juez de Curitiba le pide «invertir el orden de las fases de la investigación», para producir los resultados deseados. En otra charla, le recrimina: «¿No hay mucho tiempo sin ninguna operación?» y en otra le dice, como si fuese un escolar: «No puede cometer este tipo de errores ahora» por falencias de la Policía Federal en la búsqueda de información que necesitaban para condenar.
Otro tramo sugestivo de la publicación es cuando traman la forma de bloquear el pedido de entrevista de la periodista de Folha de San Paulo Mónica Begaramo, que había sido autorizada por el STJ.
Los supremos habían permitodo el reportaje aceptando los argumentos de la defensa de Lula de que si hasta homicidas o narcotraficantes condenados con sentencia firme habían podido hablar con la prensa, mucho más aceptable debería ser su caso habida cuenta de que no estaba acusado de ningún crimen de esa naturaleza. El intercambio de chats es sorprendente en funcionarios judiciales que deberían mostrar equidistancia para juzgar.
La fiscal Laura Tessler escribió: “¡¡¡Que chiste!!! Asco !!! Allí va el chico hacer palanca en la cárcel. Un verdadero circo. Y después de Mónica Bergamo, por la isonomía, van a venir tantos otros periodistas … y nosotros aquí haciendo papel de payasos con ese Supremo …”.
Otra fiscal, identificada como Carol PGR, agrega: «estoy muy preocupada con una posible vuelta del PT, pero he rezado mucho a Dios para que ilumine a nuestra población para que un milagro nos salve»,
“Mafiosos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”., dice simplemente otra procuradora, Isabel Groba.
Un fiscal sugiere que la Policía Federal debería intervenir para impedir el reportaje o al menos demorarlo lo suficiente como para que se produjera después de las elecciones, cosa de cumplir con el STJ pero licuar el impacto de las palabras del ex tornero mecánico, como siempre se presentó en las audiencias Luiz Inacio Da Silva.
El alivio de los funcionarios judiciales fue grande cuando el Partido Novo, una agrupación creada en 2015 y de tendencia derechista libertaria, presentó un recurso ante el Supremo Tribunal para impedir el reportaje, lo que impidió que se cumpliera el propósito de los magistrados más inclinados al respeto de los derechos civiles.
Greenwald, tras defender reiteradamente la publicación por lo que implica para la democracia brasileña y de la región conocer cómo se torció al sistema judicial para condenar a un ex presidente, asegura dice que tiene más material explosivo en sus manos sobre el caso. «Esto es apenas el inicio de una gran investigación periodística en curso sobre las pruebas de la investigación Lava Jato y «sobre los actos de Moro cuando era juez y sobre el fiscal Dallagnol», dijo.
Fernando Haddad, el candidato del PT derrotado en noviembre, exigió una investigación a fondo sobre «el mayor escándalo institucional de la historia de la República» y que ahora podría terminar, considera, con los promotores de la operación judicial sentados en el banquillo de los acusados y los sentenciados, el libertad y reivindicados ante la opinión pública. .
Los fiscales que desde el Ministerio Público Federal (MPF) urdieron la causa Lava Jato reconocieron en un comunicado que «sus miembros fueron víctimas de una acción criminal de un hacker», aunque defendieron sus actuaciones como limpias y legales.
El ministro Moro también minimizó la filtración. «no se vislumbra ninguna anormalidad de direccionamiento de actos en tanto que magistrado, a pesar de ser sido sacadas de contexto y de su sensacionalismo», dijo. Pero se ve que ya estaba al tanto de que algo así saldría a la luz porque la semana pasada denunció que alguien la había hackeado su celular.
Tiempo Argentino, 10 de Junio de 2019
por Alberto López Girondo | Jun 9, 2019 | Sin categoría
El 17 de marzo de 2016 un juez federal de Brasil suspendió el nombramiento del expresidente Lula da Silva como ministro de la Casa Civil de Dilma Rousseff. El cargo de jefe de Gabinete de la entonces jefa de Estado le hubiera dado un fuero que habría impedido que fuese a prisión por los cargos que se le endilgaban. Pero la jugada tenía otro objetivo: el golpe contra la mandataria electa un par de años antes con 54 millones de votos estaba en marcha y el peso político y la muñeca del dirigente metalúrgico era la última opción para salvar el gobierno del PT.
La oportuna filtración de una conversación privada entre Lula y Dilma, viralizada por los medios de comunicación hegemónicos, justificó que el juez Itagiba Catta Preta Neto argumentara que había «riesgo de daño al libre ejercicio del Poder Judicial, de la actuación de la policía y del Ministerio Público» por lo que conversaban en forma privada ambos dirigentes. No hubo ninguna protesta por el espionaje ilegal de los medios mayoritarios y luego ocurrió lo que ya se sabe. Pero no era la única maniobra de espionaje ilegal en el destino del dos veces mandatario brasileño.
Ahora, la Orden de Abogados de Brasil (OAB), la institución madre de los letrados de esa nación y la única que hace de Colegio y otorga las matrículas para ejercer la profesión, clasificó como «grave episodio» la denuncia de la defensa de Lula sobre espionaje ilegal de conversaciones privadas entre el líder del PT y sus defensores en la investigación por la causa Lava Jato. Una práctica que integra el manual básico del lawfare en esta parte del mundo, como se ve.
Abogados de Lula, alojado en la sede de la Policía Federal de Curitiba y pronto a obtener el beneficio de un régimen semiabierto de detención, afirmaron que al menos 14 horas de conversaciones entre los representantes legales y su defendido fueron utilizados como informes en la causa por la cual fue condenado inicialmente a 12 años y un mes de cárcel.
Para la OAB, «el secreto de las conversaciones entre defensor y cliente está protegido por ley y su violación por cualquier medio es ilegal, además de ser un ataque al derecho a la defensa y las prerrogativas de los abogados», dice en un comunicado.
La denuncia sobre la pinchadura fue presentada por el abogado Pedro Henrique Viana Martínez, quien asegura haber visto los informes en el despacho de la 13ª Circunscripción Federal de Curitiba, entonces a cargo de Sergio Moro, ahora ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Asegura Viana Martínez que las conversaciones fueron captadas directamente de la central telefónica del estudio de Teixeira Martins & Asociados, que llevaba la defensa técnica de Lula. «Cada conversación fue separadamente identificada, siendo posible visualizar el número de origen y destino de la llamada y su duración», señaló el letrado , de acuerdo a una publicación del diario Folha de São Paulo.
La mayoría del material interceptado eran charlas entre Lula y los abogados Cristiano Zanin, Roberto Teixeira y Nilo Batista y se relacionaban con estrategias para la defensa ante las acusaciones en torno a la causa por presunto pago de sobornos en la obra pública con fondos de Petrobras. El denunciante asegura que en su momento elevó la queja y el caso lo tomó el ministro Teori Zavascki, relator de la causa en el Supremo Tribunal de Justicia, quien recriminó a Moro. El actual ministro dijo aquella vez que hubo un error en la intercepción con otro número telefónico. Zavascki murió en un accidente de avión en 2017. La información grabada ilegalmente sirvió de base para la condena de Lula.
Tiempo Argentino, 9 de Junio de 2019
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