Una nueva y para nada inocente controversia en el Poder Judicial brasileño podría servir de excusa para trabar la liberación de Lula da Silva en el debate que el Tribuna Supremo de Justicia (TSJ) de ese país mantendrá este martes para tratar un pedido de la defensa del expresidente, detenido desde abril del año pasado en Curitiba. El debate de los magistrados será la continuación del que iniciaron el 11 de junio para analizar el pedido de habeas corpus de los letrados, que consideran que el exdirigente sindical no pudo disponer de todos sus derechos a la defensa y fue víctima de una suerte de persecución del juez Sergio Moro, cuando fue condenado por casos de presunta corrupción en la compra de un departamento tríplex que le atribuyen en Guarulhos y del que no hay pruebas de que le pertenezca.
En el medio, aparecieron las filtraciones publicadas por el portal The Incercept en que se muestra la forma en que el entonces juez, actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, manipuló, junto con el fiscal Deltan Dallagnol, para procesar, detener y proscribir a Lula de la elección presidencial del año pasado.
De allí se tomó la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, para enviar un pronunciamiento al TSJ, oponiéndose a una anulación de la condena a Lula basada en las filtraciones del Lava Jato, alegando que hay «fundada duda jurídica» sobre las informaciones divulgadas por el sitio creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald.
Es cierto que la defensa del exmandatario quiere usar esos elementos para demostrar que el magistrado no debió seguir adelante con el proceso y que por tanto la condena debe ser anulada. También que uno de los togados, el supremo Gilmar Mendes, declaró que el contenido de las filtraciones revelan «un hecho muy grave» que amerita ser investigado. Y también que fue Mendes quien en diciembre habilitó el debate para el pedido de habeas corpus.
Pero los abogados señalaron «al contrario de lo afirmado por la ilustre procuradora general de la República en manifestación protocolada este viernes, el habeas corpus Nº 164.493 en favor del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva el 05/11/2018 y que está en la pauta para tratarse en próximo día 25 no está amparado en los reportajes divulgados por The Intercept«.
Los defensores recuerdan que el reclamo comenzó a ser tratado por la Corte el 4 de diciembre pasado «mucho antes de los reportajes de The Incercept«, aunque aportan pruebas de que Moro «siempre mostró interés en la conducción del proceso y en su desenlace».
Argumentan que el ahora ministro bolsonarista autorizó escuchas «las líneas principales de nuestro despacho para que Lava Jato pudiese acompañar en tiempo real la estrategia de la defensa de Lula; actuó fuera de sus atribuciones legales para impedir el cumplimiento de la orden de liberación emitida por el juez de segunda instancia Rogerio Favreto (en julio pasado) y divulgó actos procesales que estaban bajo secreto para interferir en las elecciones presidenciales de 2018. A esto agregan que la aceptación del cargo de ministro tras declarar que Lula «se debe pudrir en la cárcel» .
Guaidó bajo sospecha
El sitio de noticias Panam Post reveló una supuesta trama de corrupción en Cúcuta, Colombia, protagonizada por enviados del presidente Juan Guaidó, encargados de atender a los militares desertores. El portal, de línea editorial dura antichavista y pro-Guaidó, advierte que dos funcionarios nombrados por el «gobierno encargado» del diputado venezolano «se habrían apropiado del dinero destinado para ese fin». El caso llegó a medios internacionales e impactó severamente en la imagen de la oposición. El propio Guaidó debió reconocer la existencia de, al menos, una irregularidad en ese sentido. Hasta el acérrimo defensor de la oposición, Luis Almagro, secretario General de la OEA, pidió una investigación rápida para aclarar el caso. El gobierno de Nicolás Maduro aprovechó la situación para señalar que «la supuesta ayuda humanitaria fue una fachada para enmascarar un gigantesco tramado de corrupción y degradación ética y moral», según declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
En política nada es casual. Y el lanzamiento de la reelección de Donald Trump este martes en Florida dista mucho de ser aleatorio. Fue un distrito clave para un triunfo del empresario en 2016 y la mayoría de residentes anticastristas de origen cubano es una platea muy adecuada para volver a denostar a la revolución cubana para ganar la voluntad de ese electorado. Trump tiró por la borda los acuerdos alcanzados por Barack Obama con Raúl Castro desde 2014, reforzó el bloqueo económico que rige desde 1961 y desde el 2 de mayo aplica el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite reclamos judiciales por propiedades confiscadas al inicio de la Revolución.
«Las relaciones con EE UU siempre han sido complejas y difíciles, marcadas por una política que ha sido la columna vertebral de esa relación que es el bloqueo en las sucesivas administraciones demócratas y republicanas. Con Trump han sido mucho más evidentes porque nosotros veníamos de conversaciones con Obama en las que se avanzó mucho. Sin embargo ha habido un retroceso muy grande a pesar de que hemos señalado en reiteradas ocasiones nuestra predisposición a seguir dialogando en temas de interés bilateral», señala el embajador cubano, Orestes Pérez Pérez.
–¿Cuál sería la explicación para este retroceso? Porque las encuestas muestran que las nuevas generaciones de cubanos nacidos en EE UU ya no apoyan esas políticas beligerantes y habían aplaudido la apertura de Obama.
–Yo creo que él tiene un compromiso con senadores, con congresistas cubanoamericanos. Una de las razones que mueve a Obama a cambiar la política hacia a Cuba es precisamente que las generaciones fueron mutando y están más a favor del diálogo, de reencontrarse con su familia, de viajar a Cuba. Más allá de que el objetivo de Obama seguía siendo el mismo, que era destruir a la revolución, buscaba otro camino que no sea el de la confrontación. A pesar de esto nosotros avanzamos en muchas áreas, firmamos más de 20 acuerdos en esos dos últimos años del gobierno de Obama. Todo eso lo ha echado por tierra Trump.
–Y ahora corona todo con la aplicación total de la ley Helms-Burton.
–Hace varios meses venía hablando de revisar el Capítulo III de esa ley, presionado sobre todo por viejos funcionarios de administraciones norteamericanas que siempre tuvieron hacia Cuba una posición muy hostil, como (el asesor) John Bolton, (el vicepresidente) Mike Pence, (el secretario de Estado) Mike Pompeo. Desde el gobierno se han encargado de diseñar una política que no se había aplicado hasta ahora. La ley Helms-Burton es de 1996, la aprobó Bill Clinton y los diferentes gobiernos fueron aplazando el Título III.
–¿De qué forma afecta a Cuba?
–El Título III establece que los norteamericanos o los cubanos nacionalizados pueden reclamar en cortes de EE UU sobre propiedades que fueron confiscadas a principios de la revolución. Ellos pueden a través de tribunales de EE UU hacerle juicio a un inversor español de una cadena de hoteles en Cuba porque tiene una concesión en un lugar que fue confiscado.
–Ese es el punto, porque afecta a inversores de España, de Canadá….
–…del Reino Unido, del Japón. Esta aplicación tiene un marcado carácter extraterritorial porque sancionarían a empresarios que invirtieron en estas propiedades. Pero no sólo eso, también afectaría a escuelas, hospitales.
–¿Por qué razón?
–Nosotros convertimos propiedades en escuelas u hospitales y puede aparecer el dueño de esa construcción reclamando que le sea devuelta. Lo importante a resaltar es que Cuba nunca se opuso a una negociación apegada al derecho por la nacionalización de las propiedades norteamericanas. Como nunca se opuso cuando se trató de nacionales franceses, belgas. Constan en la historia, en el año 1967 firmamos un acuerdo de compensación con Francia y con Suiza; en el año 1978 lo suscribimos con el Reino Unido. Nosotros nunca nos negamos a negociar sobre estas nacionalizaciones, que nosotros hicimos en legítima defensa de nuestras propiedades, que es un derecho que cualquier país tiene. Incluso cortes norteamericanas de los años ’60 le dieron la razón a Cuba ante el reclamo de propiedades de ellos.
–¿Eso serviría como antecedente?
–Yo creo que sí, de todas maneras los antecedentes más claros son la finalización de negociaciones con estos países. Nunca hicimos nada que estuviera contra derecho.
–Ellos podrían aducir reclamos desde el año 1959 más los intereses, cifras astronómicas.
–Y nosotros podemos aducir reclamos por daños derivados del bloqueo. El bloqueo desde el año 1961 ha causado a Cuba daños mucho mayores que las reclamaciones que se puedan hacer. Es interesante resaltar que ya se han hecho reclamos en tribunales norteamericanos desde el 2 de mayo que entró en vigor el Título III y que naciones europeas, Canadá, Japón, tienen leyes antídoto. Argentina tiene una ley antídoto, aprobada en el año 1996.
–¿En qué consiste?
–Es una ley que protege a los nacionales que tienen inversiones en Cuba. Por eso Japón, Canadá, Gran Bretaña, ya han salido a decir que están en contra de la aplicación del Título III y lo ha dicho España, que son los países que más inversiones tienen en Cuba. Este escenario es inédito. Pero el bloqueo ha estado vigente como el primer día.
–Trump dijo que estaba dispuesto a relajar sus presiones en la medida en que Cuba renunciara en su apoyo al gobierno de Venezuela.
–Si no fuera tan serio el tema movería a risa. Porque Cuba nunca ha renunciado a sus principios en política exterior, basada en soberanía, independencia y respeto a la no injerencia en los asuntos de otros países. Porque pretender condicionar la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton a nuestro apoyo a la revolución bolivariana es una justificación del fracaso por su intención de cambiar la situación en Venezuela. Pretende utilizar a Cuba para justificar su fracaso en Venezuela. Han intentado derrocar al gobierno de Maduro pero ahí está la revolución bolivariana con sus falencias, pero sosteniendo un proyecto nacional, liberador.
–¿Se trata de Trump o es un momento crítico para la dirigencia de EE UU?
–Yo creo que los factores de poder en EE UU son más que el presidente. El aparato militar-industrial, las grandes corporaciones, están detrás. Pero la cara visible es el presidente, que muchas veces responde a estos intereses.
–¿De qué manera esto impacta en esta apertura que había iniciado Cuba. ¿No es un golpe directo a la posibilidad de que aparezcan nuevos inversores?
–Impacta potencialmente en inversores que hayan pensado en hacer un estudio y ahora se vean más cautelosos ante esta situación. Lo que no va a impactar es en las inversiones que ya están en Cuba, por las leyes antídoto y además por las leyes que en Cuba protegen a los inversores. Pero sí tendrá posiblemente impacto en desmovilizar algunas inversiones. El Título II establece la disminución de remesas, eso también afecta la economía familiar. Reduce sustancialmente los viajes, eso disminuye el turismo hacia Cuba que venía creciendo en los últimos años. Les impide a los cruceros que hagan viajes a puertos cubanos Es un entramado de medidas que están dirigidas a afectar el desarrollo económico que había experimentado Cuba en los últimos años.
Desde bastante antes de llegar al poder, Cambiemos tuvo en la mira al gobierno venezolano. Y la oportunidad le llegó: el 6 de diciembre de 2015, exactamente cuatro días antes de que Macri jurara como presidente, el chavismo perdía por abrumadora mayoría las elecciones parlamentarias y comenzaba la ofensiva más feroz contra Nicolás Maduro desde la muerte de Hugo Chávez. Macri aprovechó entonces para liderar un bloque enemigo de todo lo que oliera a integración regional. Y puede decirse que fue coherente. Chávez fue un pilar fundamental en la construcción de organismos latinoamericanos y, sin dudas, uno de los «culpables» de aquel ciclo que tuvo su gran espaldarazo en el No al Alca de Mar del Plata en 2005. La alianza del macrismo con los gobiernos de derecha que se fueron instaurando en los últimos años sirvió para correr la agenda hacia directivas más afines al Departamento de Estado de Estados Unidos. La Cancillería, primero con Susana Malcorra y luego con Jorge Faurie, fue consecuente en el estrago de cada una de las instancias que con paciencia y persistencia se habían formado en la primera parte del siglo XXI. En ese contexto, Venezuela fue suspendida del Mercosur apelando a la cláusula democrática. Coordinada con Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, Argentina anunció recientemente su retiro de UNASUR, la máxima construcción regional de esos años dorados, a pesar de que por las propias reglas de la institución quien debería decidir eso es el Congreso. El último paso hacia la desintegración, también coordinado con las derechas sudamericanas, es un decreto por el cual el gobierno de Macri pretende que no se vote a parlamentarios de Mercosur en las elecciones de octubre.
Las revelaciones del sitio The Intercept sobre la manipulación del exjuez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol para encarcelar a Lula da Silva, que causaron un terremoto en el sistema político-mediático-judicial de Brasil, alientan también al dos veces presidente brasileño a volver al ruedo para reparar «esas cosas que hicimos mal» y concretar las que no se hicieron durante las gestiones del PT, entre 2003 y 2016.
Fue en un extenso reportaje concedido al Canal TVT, la televisión de la Central Unica de Trabajadores (CUT) de San Bernardo do Campo, la localidad paulista en la que Lula se forjó como dirigente gremial y donde tiene la única vivienda registrada a su nombre. Allí, Luiz Inácio Da Silva desafió a Moro y Dallagnol a un debate por la red O Globo en el horario que ellos decidan, «yo solo contra ellos dos», para demostrar públicamente que mintieron para sacarlo de la elección de 2018, donde aparecía como seguro ganador.
Al mismo tiempo, declaró que detrás de la Operación Lava Jato «están los intereses norteamericanos» y se mostró arrepentido, entre otras cosas, de no haber impulsado una ley de medios cuando estuvo en el gobierno.
El domingo pasado, en portal The Intercept, creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, comenzó con la publicación de miles de filtraciones que muestran a través de mensajes de Telegram y mails, el modo en que Moro y Dallagnol fueron articulando la causa judicial para condenar a Lula, acusado de haber recibido un departamento triplex en Guarulhos como parte de una coima, a pesar de que, como reconoció el fiscal, no había pruebas.
Greenwald publicó en el británico The Guardian el reportaje al analista de la agencia NSA Edward Snowden que en 2013 reveló de qué modo las oficinas de inteligencia estadounidenses espían a todo el mundo mediante programas informáticos. Casado con Davis Miranda, un diputado por el partido PSOL, Greenwald desarrolló el portal para apoyar este tipo de iniciativas de particulares que por múltiples razones –mayoritariamente éticas– quieren dar a conocer esos secretos que los poderosos no quieren que las sociedades sepan. Tiene dos versiones, en inglés y en portugués.
Esta megafiltración afecta directamente al sistema político que, en 2016, armó un golpe de Estado institucional para voltear al gobierno de Dilma Rousseff y luego detener a Lula para que no pudiera ser candidato. Eso se ve claramente en algunas de las conversaciones de Telegram entre los implicados en la maniobra: Dallagnol y los fiscales de la llamada Fuerza de Tareas de Lava Jato.
Tanto Moro como Dallagnol reconocieron la veracidad de los mensajes, pero cuestionaron la violación a la intimidad que representaba y pidieron saber quién era la fuente que las había desnudado. Como Lula protestó ante Juca Kfouri y José Trajano –quienes lo entrevistaron para TVT después del escándalo pero antes de la huelga general de este viernes–, «ellos no fueron tan puntillosos cuando filtraron mis llamados a Dilma en 2016, ni de mis hijos». Lula se definió en esa entrevista como «encabronado» por la situación que le toca vivir, porque está detenido por un delito que no cometió.
Pero, también señaló que está mucho más tranquilo de que todos los jueces y los dirigentes que lo condenaron. «Siempre dije que Moro es un mentiroso. Lo dije en el primer testimonio que tuve ante él, que estaba obligado a condenarme. Porque su mentira había ido demasiado lejos y no iba a poder echarse atrás». Para graficar, agregó: «Moro dejó de ser juez hace mucho tiempo. Cuando la mosca azul de O Globo se posó en su frente, se convirtió en un sirviente de la Globo».
Luego reconoció como una falla no haber armado una red de televisión efectiva que peleara el discurso de los medios hegemónicos y no haber pensado en regular los medios. «No puede ser que nueve familias concentren toda la información que recibe nuestro pueblo», reconoció.
Sobre el Lava Jato, acusó a jueces y medios de haber creado algo así como monstruos y de haber destruido empresas cuando se acusaba a directivos o dueños de empresas de haber cometido delitos de corrupción. «No destruyeron a Samsung ni a Volkswagen cuando cometieron delitos sus directivos, acá se destruyeron cientos de miles de puestos de trabajo en Petrobras. Son irresponsables», declaró. Allí es donde vio la mano negra de los intereses estadounidenses detrás de la causa Lava Jato, aunque, aclaró, «eso no significa que no se tenga que condenar la corrupción».
Este domingo, mientras tanto, The Intercept subirá a su portal otra tanda de filtraciones que, por lo que dejó trascender, revela el modo en que una jueza federal y un magistrado de segunda instancia actuaron para impedir que en abril de 2018, Lula pudiera quedar en libertad, lo que hubiera abortado el plan para que quedara fuera del comicio. Pero aseguran que tienen más mensajes que involucran a toda la dirigencia que se prestó a ese accionar antidemocrático. «
Si esto no es apoyo explícito…
(Foto: Presidencia Brasil)
En Brasil, como en Argentina. Tras las revelaciones del domingo pasado, durante esta semana Jair Bolsonaro se mostró varias veces con el juez Sergio Moro, e incluso llegó a condecorarlo… Una situación con rasgos parecidos a cuando Mauricio Macri y el cuestionado fiscal Carlos Stornelli fueron fotografiados a escasa distancia uno del otro en el acto por el Día del Ejército.
La huelga paralizó Brasil La primera huelga general contra Jair Bolsonaro terminó con fuertes críticas en el acto central en San Pablo a las políticas de ajuste neoliberal del gobierno y es un llamado de atención para los planes del excapitán del Ejército. El paro de actividades en todo el país fue masivo y refleja el rechazo de la población a la reforma del sistema previsional, con que el ministro de Economía Paulo Guedes espera «ahorrar» unos U$S 250 mil millones anuales. Hubo represión en el centro paulista y también en Río de Janeiro. Sobrevoló en los discursos de los organizadores el mensaje de unidad opositora en torno a reclamos que afectan a todos los trabajadores y de los estudiantes, que fueron los primeros en ocupar las calles contra el mandatario ultraconservador. También el escándalo de las filtraciones sobre el proceso de Lava Jato. Bolsonaro enfrenta además una crisis de Gabinete azuzada por sus propios hijos a través de las redes sociales. El jueves echó al ministro de la Secretaría de Gobierno, el general Carlos Santos Cruz, enemistado con Carlos Bolsonaro y con Olavo de Carvalho, un extremista ideológico radicado en EE UU considerado el gurú del presidente.
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