En un muy poco común cruce a través del océano, mientras en España arreciaban las críticas al Tribunal Supremo de Justicia por haber suspendido la exhumación del cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos, en Buenos Aires la jueza María Servini recibía a cuatro querellantes por crímenes cometidos por la dictadura, el único proceso abierto en todo el mundo por la barbarie desatada a la caída de la República Española, el 1 de abril de 1939. Al mismo tiempo, el jefe de Estado, Pedro Sánchez, impulsor del traslado del féretro, anunciaba que tenía el encargo del rey Felipe VI para formar gobierno (ver aparte).
El despacho de la magistrada argentina se llenó de familiares de víctimas del franquismo este jueves, cuando abrió las puertas para tomar contacto con los querellantes españoles en la causa de los Sanfermines, que vinieron a plantear sus testimonios y traer las pruebas contra los responsables de una brutal represión registrada cuando ya Franco había muerto pero no se había recuperado la democracia en ese país.
Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid por la dictadura en 1977, cuando tenía 19 años, destacó el «cariño con que nos trató la jueza y la forma en que nos escuchó», algo que no logró en tribunales españoles en todo este tiempo.
Otro de los querellantes, Fermín Rodríguez, también vino a reclamar en la Argentina por su hermano, asesinado en las fiestas de San Fermín en Pamplona, en 1978. Germán Rodríguez fue la única víctima mortal de la represión en la Plaza de Toros de esa ciudad, cuando el país ya estaba en el período de la llamada transición, y todavía los fascistas pretendían mantener el poder y los privilegios que conservaban.
La comitiva que vino de España incluyó a la eurodiputada del Bloque Nacionalista Gallego, Ana Miranda; la diputada electa por Podemos, Victoria Rosell Aguilar; Aitor Garjón, representante de la Federación de Peñas sanfermineras de Pamplona-Iruñea, y Sabino Cuadra, del colectivo San Fermines 1978 gogoan!.
Según reveló Miranda, el fiscal que lleva adelante el caso, Ramiro González, planteó que se puede inscribir a estos crímenes en el marco del delito de genocidio «ya que se intentó eliminar a toda la disidencia». Sin embargo, las cosas no son tan fáciles, ya que Servini no logra que la Justicia española acepte los exhortos para la comparencia de los acusados.
Los querellantes reclaman la detención y extradición del que fuera gobernador de Navarra, Ignacio Llanos Cifuentes, el secretario de la gobernación Vicente Javier Murillo Fernández, los policías Miguel Rubio Rubio, Benito Pérez Vázquez, Francisco Abellán Vicente, Vicente Lafuente Ramírez, Fernando Ávila García, César Jiménez Cacho y Cardosa Blesa y Lino Bailo Campo, de la Guardia Civil. El que sí vendría a Buenos Aires es el que fuera ministro del Interior de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, que tiene fecha para el 9 de septiembre en el despacho de Servini y adelantó que se hará presente.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, mantuvo luego una reunión con integrantes de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) en la sede porteña de la Federación de Asociaciones Gallegas de la Argentina, donde recordaron al fiscal Hugo Cañon y al abogado Carlos Slepoy, luchadores por los Derechos Humanos que fomentaron estas demandas judiciales.
La jueza Servini actúa en esta causa desde 2010, tras una denuncia de Darío Rivas, un gallego que falleció en abril pasado a los 99 años, y que fue embarcado a Argentina a los 9 para que escapara de las matanzas y reclamó por su padre, fusilado en octubre de 1936. Formalmente, la jueza interviene porque para delitos de lesa humanidad rige la jurisdicción universal, una figura en la que España fue ejemplo en el combate a las dictaduras de Chile y Argentina en los noventa.
Lo que causó estupor entre los asistentes fue la decisión de la corte española, que paralizó el traslado de los restos de Franco, que debía hacerse este lunes. Fue ante sendos recursos de la familia del dictador, que permanece enterrado en la basílica del Valle de los Caídos, en las afueras de Madrid, bajo una cruz de 150 metros de altura.
Para Sánchez, líder del PSOE, la exhumación era una cuestión irrenunciable y lo anotó como una deuda pendiente de la democracia. Pero el dictamen del Tribunal Supremo fue un golpe inesperado. No por el retraso, sino porque el fallo considera que Franco fue jefe de Estado desde octubre de 1936 hasta su muerte, en noviembre de 1975.
El dato histórico es que Franco, al frente de un grupo de militares sublevados, lideró un golpe armado contra la II República que se consolida el 1 de octubre. Ese levantamiento dio origen a la guerra civil entre las fuerzas fascistas y las democráticas. Los únicos gobiernos que entonces reconocieron al franquismo fueron el italiano de Benito Mussolini y el alemán de Adolf Hitler. El 1 de abril de 1939 las tropas franquistas toman el control total del país, finaliza la guerra, que había dejado un saldo de un millón de muertos, y comienza una brutal matanza de republicanos y sus familiares. Se estima que además de los asesinatos, hubo 114 mil desaparecidos a los que agregan 30 mil bebés sustraídos.
Que un presidente tenga que cambiar un itinerario en su país por una marcha en contra no llamaría la atención. Que se cambie una agenda acordada previamente cuando hace una visita oficial a otra nación ya resulta menos usual, sobre todo entre socios íntimamente hermanados como Argentina y Brasil. Pero esto le ocurre al ex capitán del Ejército brasileño Jair Bolsonaro, que realizará todas sus actividades programadas en Buenos Aires dentro de la Casa Rosada para no cruzarse con las manifestaciones de rechazo que recibiría en el tránsito por las calles porteñas y que convocaron organismos de derechos humanos, movimientos sociales y políticos y de residentes brasileños bajo lemas como «tu odio no es bienvenido aquí» y «fuera Bolsonaro y el fascismo de Argentina y América Latina».
A su regreso a Brasilia, sin embargo, también se topará con el repudio de multitudes que tras las últimas y masivas marchas que hubo en todo el territorio brasileño, demuestran un creciente rechazo a sus políticas de recortes presupuestarios y ataques a la educación pública, fundamentalmente. Así lo pronostica João Pedro Stedile, líder tradicional e integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. «La disputa ideológica se dará en las calles», asegura Stedile en un reportaje concedido a Brasil de Fato, un medio alternativo, durante la inauguración de la capilla de Nuestra Señora de Aparecida -el santo patrono de Brasil- y de la Bodega de la Reforma Agraria en São Miguel do Gostoso, en Río Grande del Norte.
La evaluación de Stedile se basa en el clima de protesta que va creciendo contra una política nacional destinada a cortar con los fondos que reciben las instituciones de educación pública, además de que busca terminar con la autonomía universitaria para poder incidir con su agenda ultramontana en todos los ámbitos de la instrucción superior.
Toda la apuesta de Stedile está en acumular fuerzas para la huelga general que convocan gremios y movimientos sociales. «Las movilizaciones de la juventud y los profesores (del 15 y el 30 de mayo) nos dan ánimo para una huelga general de hecho, el 14 de junio. La clase trabajadora precisa comprometerse y parar el trabajo, la reproducción, la circulación de personas y mercadería para que los capitalistas, que son los dueños de ese gobierno, sepan que si continúan quitando derechos la clase trabajadora no lo va a aceptar».
Ya hubo reformas laborales desde la destitución de Dilma Rousseff, encaradas por Michel Temer, pero la gran apuesta de Bolsonaro es la reforma previsional, que está trabada en el Congreso entre otras razones porque las manifestaciones sorprendieron a toda la dirigencia. Los brasileños no son de salir a protestar masivamente en las calles y en ambas movilizaciones hubo millones de personas en todo el país.
La política educativa está en el centro del debate por ser uno de los grandes logros de la gestión del PT desde que Lula da Silva asumió en poder en 2003. El candidato del partido en la elección del año pasado, Fernando Haddad, fue precisamente el ministro de Educación que fomentó la creación de universidades estatales y planes de apoyo incluso económico para la ampliación de la base de jóvenes que podían acceder a la educación.
Contra esta extensión de derechos apuntó de entrada Bolsonaro, por motivos ideológicas pero con argumentos presupuestarios que le baja su ministro de Economía, Paulo Guedes, un hombre formado en la Escuela de Chicago y que hoy integra la comitiva que acompaña al mandatario brasileño en Buenos Aires.
A cuatro meses de haber asumido en el Palacio del Planalto, la imagen de Bolsonaro se derrumbó, al igual que la economía en general del país. Su porte desafiante con tintes racistas y homofóbicos le acarreó no pocas críticas de sectores incluso de derecha. Hasta dentro de las Fuerzas Armadas, su principal sostén -su vicepresidente, Hamilton Mourao, y la mayoría de su gabinete son militares- crece la irritación por sus posiciones extremas en política exterior y soberanía nacional. El alineamiento con Donald Trump les preocupa e irrita porque deja a Brasil en una posición de servilismo que los antecedentes de ese país no registran.
A esto apuntó Lula da Silva en un par de reportajes a medios locales desde su prisión en la sede de la Policía Federal de Curitiba. «Tenemos motivos de sobra y bandera para ir a la calle juntos, y coloco la cuestión de la soberanía como cosa muy fuerte. Defendiendo la soberanía estás defendiendo a tu país, tú territorio, tu pueblo y tus riquezas», le dijo en una entrevista al portal Tutameia. Y agregó que lo más importante de este momento es «la lucha por el salario, por el empleo, por la mantención de una jubilación justa para las personas y la cuestión de la soberanía nacional».
Desde que el Supremo Tribunal de Justicia autorizó a que el ex presidente concediera entrevistas, la palabra de Lula encontró un cauce en la sociedad para otra agenda. Hasta ese momento, el discurso dominante se manifestó casi exclusivamente en la boca de Bolsonaro o de sus hijos, más extremistas que él, si cabe.
El tema de la soberanía puede reconciliar al PT con los sectores militares de corte más nacionalista, que habían presionado en su momento para que el líder metalúrgico no pudiera ser candidato a la presidencia, pero ahora tienen un problema mayor con un mandatario imprevisible con el que tienen disputas cotidianas. La eventual caída de Bolsonaro arrastraría a las Fuerzas Armadas, además de envolver al país en una crisis de imprevisibles consecuencias.
Que hubo cambios en los ejes del establishment se revela en que el STJ redujo la sentencia a Lula de modo que estaría en condiciones de tener libertad condicional en pocos meses. El martes, el Ministerio Público opinó que el ex presidente ya está en condiciones de obtener los beneficios de un régimen semiabierto, lo que implica poder salir a trabajar durante el día y dormir en la cárcel.
«Fue un trabajo arduo» coinciden los compiladores. «Porque Cristina Fernández no tenía los discursos escritos, de manera que fue necesario desgrabar muchas horas». A favor, anotan que cada alocución de la ex presidenta tiene una coherencia y una lógica que ahorró mucho trabajo de edición. El trabajo está listo y a pocas semanas de que en la Feria del Libro se presentara el boom editorial del año, Sinceramente, se presenta el segundo libro, Una política exterior soberana, publicado por Colihue. Es un material que como señaló la ex diputada Carmen Alarcón, una de las coordinadoras, «servirá para analizar en el futuro una política de Estado en torno a la integración regional y el multilateralismo» y que mientras tanto será llevado a casas de estudio e instituciones de todo el país para divulgar otra forma de inserción en el mundo.
En esta primera presentación, que se hizo ante un grupo de periodistas en el Instituto Patria, Oscar Parrilli resaltó la importancia de este material para también comprender los lineamientos de una gestión diametralmente opuesta a la del actual gobierno. «(Mauricio) Macri se dedicó a destruir todo lo que habíamos hecho en todos los órdenes, y en el ámbito de la política exterior, especialmente lo hicieron con la integración regional».
Se trata de discursos de Cristina Fernández en distintas ocasiones tanto en el país como en el exterior, ya sea en las Asambleas de la ONU en las que le tocó participar como en los encuentros del G20 o de las organizaciones latinoamericanas. Las tareas de recopilación estuvieron a cargo de un equipo de la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales del Instituto Patria, que conforman, entre otros, la ya mencionada Alarcón -autora de la idea del libro-, Carlos Raimundi, Ariel Basteiro, Eduardo Sigal, Nicolás Canosa y Natalia TIni.
Entre los discursos más recordados de los 26 que se publican, figuran el que Cristina hizo en Mar del Plata cuando recibió a la Fragata Libertad, en 2013, luego del embargo pedido por un fondo buitreen Ghana. O el que dejó en la 8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Flacso de 2018, cuando ya no era mandataria y que hablaba de «recuperar el concepto de pueblo».
Los títulos de los capítulos hablan por si solos del punto de partida para esto que, como destacó también Raimundi, es una suerte de manual de relaciones internacionales.
«El amor a la Patria y la defensa integral de la Nación como sustento de una política exterior soberana». «La imperiosa necesidad de la conformación de un bloque regional». «La asociación estratégica con la República Popular China». «La geopolítica y el problema del anarco capitalismo financiero». «Nuevas arquitecturas de poder a escala regional y mundial». Estos son en síntesis algunos de los temas que se desarrollaron a lo largo de la presidencia de Fernández de Kirchner.
Parrilli, si bien puntualizó que muchos de los conceptos que iba deslizar no implicaban de ninguna manera un programa de gobierno del candidato Alberto Fernández, si dijo que el mundo con que una nueva gestión se va a encontrar es bien diferente al que dejaron en 2015. «Y nosotros somos pragmáticos, no somos dogmáticos ni locos. Sabemos cuáles son los límites en esta nueva realidad» en la que a los avances de la derecha a nivelmundial se suma un país como Argentina, otra vez embretada en una deuda colosal.
Ya más en tono de política actual, y ante una pregunta sobre la respuesta de mercados e inversores ante un triunfo en octubre de la fórmula F-F, dijo que «las inversiones nunca dejaron de venir durante los 12 años que estuvimos». Como muestra, trajo a colación a las empresas estadounidenses que instalaron fábricas de productos para mascotas, que antes eran importados. «Es que en es ápoca comían las mascotas pero también los argentinos», deslizó, acotando que los inversores se preocupan por ponde dinero donde saben que pueden ganar dinero, lo que no ocurre en estos días.
En cuanto a la convivencia con gobiernos inclinados a la derecha y con una fuerte impronta pro-Departamento de Estado, recordó que cuando se construyó la Unasur, convivieron los colombianos Álvaro Uribe y luego Juan Manuel Santos con Sebastián Piñera, Evo Morales, Hugo Chávez y Lula da Silva. «Tampoco tuvimos enfrentamientos con Estados Unidos y hasta tuvimos déficit comercial con ellos, todo es cuestión de manejarse con respeto mutuo».
La principal prueba contra Lula en la última condena en su contra, de febrero de este año, fue que aceptó reformas en un inmueble en Atibaia, en las afueras de San Pablo, como soborno por beneficiar contratos de las empresas Odebrecht y OAS. Lula siempre dijo que el inmueble no era suyo y pidió que le trajeran alguna prueba para desmentirlo. Ahora, el hombre que aparece como propietario real, fue autorizado a venderlo, lo que deja a la causa contra el ex presidente brasileño por lo menos en el territorio del absurdo.
Este caso era una mancha más en el historial del ex dirigente metalúrgico, que había sido detenido en abril de 2018 en el marco de una serie de procesos abiertos por el entonces juez Sergio Moro, una suerte de Claudio Bonadío a la brasileña, que ahora ocupa el cargo de Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.
En ese caso, se trataba de una presunta maniobra por la cual empresas constructoras habían hecho reformas en un departamento triplex ubicado en Guarujá que según la acusación había comprado Lula con su esposa, Marisa Leticia, con fondos prevenientes de favores en contratos con Petrobras. La condena fue de 9 años y tres meses de prisión, aumentada luego en un tribunal de alzada a 12 años. Esta fue la justificación para que el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) le negara la posibilidad de ser candidato a la presidencia en octubre del año pasado, cuando marchaba primero por lejos en las encuestas. Con la «pequeña ayuda» de Moro, Bolsonaro llego al Palacio del Planalto y lo recompensó con una cartera en su gabinete el 1 de enero.
En febrero pasado, y como derivación también de la llamada Causa Lava Jato, se le sumó la condena de 12 años y 11 meses por las reformas en Atibaia. La acusación dice que las constructoras hicieron reformas en esa casa de campo como una coima por «servicios prestados “durante la gestión presidencial del dos veces mandatario.
Como pruebas «contundentes» se arguyó que Lula iba siempre a esa hacienda a descansar, y que era el dueño oculto. Su defensa fue que efectivamente iba con cierta regularidad a Atibaia, pero porque era invitado por su amigo, el ex alcalde de Campinas, Jacó Bittar.
Según la sentencia, el fundador del Partido de los Trabajadores recibió unos 270 mil dólares para pagar las reformas. «El condenado recibió una ventaja por ocupar el cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar como el mayor mandatario», dictaminó la jueza Gabriela Hardt en su fallo. Sin dejar nunca bien establecido cómo probó que LuIz Inacio da Silva era el verdadero dueño o, de manera indirecta, que Fernando Bittar, elhijo del ex alcaldede Campinas, era simplemente un testaferro.
Lo interesante en este extraño caso judicial es que en el mismo mes de febrero los abogados de Bittar presentaron un pedido para que le dieran vía libre a la posibilidad de vender esa residencia alegando que tenía otros proyectos más provechosos para ocupar su dinero, que ya no la visita y que el hecho de que Santa Bárbara, como se denomina a la propiedad, esté confiscada por la justicia, implica una pérdida considerable para su peculio.
Finalmente, la semana pasada el Ministerio Pública Fiscal se manifestó favorable al pedido de Bittar, aunque con ciertas salvedades. Primero exigió una valuación judicial del predio para que el dueño lo ponga en venta al valor mínimo indicado por los peritos. Luego, que debe presentar la propuesta del comprador ante los magistrados y finalmente, que el dinero obtenido sea depositado en una cuenta judicial.
Por este mismo proceso, fueron condenados otras 11 personas, entre ellos los directivos de Odebrecht.
Para la jueza, el sitio fue más utilizado por Lula que por el propietario y que el político se benefició de las reformas, presuntamente pagadas por Odebrecht y OAS. Por este mismo proceso, fueron condenados otras 11 personas, entre ellos los directivos de Odebrecht.
La sentencia de Hardt fue recurrida por la defensa de Lula entre otras cuestiones formales, porque es «un copy paste de la sentencia de Moro por el triplex de Guarujá». Además de que tampoco hay pruebas de que Lula sea el propietario. Hardt sustituyó a Moro en 2017 y llamó a declarar a Lula en noviembre pasado.
En su dictamen la jueza dijo que el ex presidente solicitó el dinero para las reformas «que fueron recibidas indebidamente en razón de la función pública por él ejercida, importando poco, por el tipo de delito, que estas se dieran parcialmente después del final del ejercicio de su mandato”.
En abril, y por unanimidad, el STJ redujo la condena a Lula a 8 años y 10 meses de cárcel en el caso del triplex, con lo que podría quedar en un régimen semiabierto, o sea con derecho al trabajo diurno, a finales de septiembre, poco antes de completar un año y medio en la cárcel.
Lula no se mostró conforme con este dictamen, ya que sostiene que es inocente y que una reducción de pena no es una declaración, como espera que alguna vez ocurra, de que no es un delincuente.
Al mismo tiempo, espera ansioso poder salir aunque sea transitoriamente de la celda del edificio de la Policía Federal de Curitiba ya que espera poder casarse entonces con su nueva novia, la socióloga Rosángela da Silva, empleada en Itaipú Binacional. La empresa, que explota la central hidroeléctrica brasileño paraguaya, en el marco de un plan de austeridad, decidió trasladar sus oficinas centrales a Foz do Iguaçu, con lo que ella se alejaría 630 kilómetros de su enamorado.
Estas dos no son las únicas causas contra el líder obrero, que a todo esto no tiene sentencia firme en ninguna. En total fueron siete procesos, de los que aún faltan resoluciones en cinco: uno por obstrucción a la Justicia mediante una presunta maniobra para comprar el silencio de Nestor Cerveró, ex ejecutivo de Petrobras.
Otro caso es el de una denuncia por la supuesta ayuda para que Odebrecht obtuviera créditos del Banco Naciuonal de Desarrollo de Brasil para una obra en Angola. Un expediente similar se bçabrió para investigar su hubo delito en la obtención de contratos con el estado de la consultora Marcondes & Mautoni que derivaron en la compra de 36 cazas suecos Gripen. La constructora también habría comprado el terreno que sirvió como sede de la Instituto Lula de Sao Pablo. Parece calcado el proceso que l e abrieron por haber favorecido a empresas automotrices a cambio, presuntamente, de fondos para el PT.
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