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Latinoamérica, 25 años después del muro

Si hay un territorio donde la caída del Muro de Berlín impactó fuertemente fue el de América Latina y quizás con la Argentina en primer lugar. La crisis de la deuda y la hiperinflación habían dado un marco oportuno para que las oligarquías locales impulsaran modelos económicos más cercanos a sus intereses, coincidentes con los de las potencias centrales. No fue casual que para la misma época en que asumía Carlos Menem en la Casa Rosada, adelantado ante la debacle económica de la gestión de Raúl Alfonsín, surgieran otros mandatarios que se inclinaron por políticas antipopulares.

El Consenso de Washington nació en 1989, cuando el economista John Williamson estableció cuáles serían las medidas necesarias para aplicar el modelo neoliberal, el único posible según se ufanaba en un plan que apoyaban el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En 1989 jurarían también como presidentes George Bush padre en EE.UU., Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Jaime Paz Zamora en Bolivia, derrocarían al dictador paraguayo Alfredo Stroessner y ganaría la elección el brasileño Fernando Collor de Melo.

La hiperinflación argentina iría en paralelo con el estallido social que se conoció como Caracazo, una movida que fructificaría tres años más tarde en el intento de golpe contra Pérez que colocó a la cabeza de los reclamos a un desconocido teniente coronel Hugo Chávez, en 1992. Por entonces, el gobierno de Bush padre emprendía cruzadas como la primera guerra del Golfo Pérsico, tras la invasión de Kuwait por tropas iraquíes del gobierno de Saddam Hussein. La incursión encontró un fuerte apoyo en las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad aprobó una aventura que recibió, además, el respaldo de 34 países, entre los que estaba la Argentina, que envió dos fragatas para sumarse a la Operación Escudo del Desierto. El modelo neoliberal, que se fue expandiendo incluso tras la llegada del demócrata Bill Clinton al gobierno estadounidense, en 1993, levantó cientos de movilizaciones populares en todo el continente. Así, tras el Caracazo y el alzamiento de 1992 se consolidaría la imagen de líder popular de Chávez, quien desde su primera presidencia, iniciada en 1999, encabezaría el primer proyecto antineoliberal, aunque todavía en solitario. George W. Bush hijo sucedería a Clinton, y a poco de ocupar el cargo le tocaría enfrentarse con el que seguramente fue el comienzo del fin de ese corto período de auge de EE.UU. como potencia imperial global. Los atentados del 11 de setiembre de 2001, coincidentes con los últimos estertores del gobierno de Fernando de la Rúa, fueron también el comienzo del fin del neoliberalismo en América Latina. El proyecto iniciado en Argentina cuando Menem era el personaje a copiar por el resto de la región provocó un catastrófico resultado que sumiría en una crisis fenomenal a los organismos internacionales. Ni Menem ni Argentina eran ya los mejores del aula y la rebelión popular de diciembre de 2001 haría saltar por los aires el esquema cimentado en los 90.

Luego vendrían historias más conocidas. En 2003 llegaron al gobierno Néstor Kirchner y Lula de Silva y de inmediato impulsaron una nueva visión y otra respuesta a la crisis. Chávez tenía entonces compañía y en 2005 el Frente Amplio, esa construcción de izquierda nacida en 1971, destronaría el bipartidismo que por 174 años había gobernado en Uruguay. Para noviembre de ese año, cinco «rebeldes», Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, le decían «No al mercado común de Alaska a Tierra del Fuego», la frutilla del postre del Consenso de Washington. Fue el comienzo de otro período para la región.

Se fueron armando redes regionales en un contexto inédito, con un poder imperial sumido en sus enfrentamientos en otras regiones del planeta –Irak, Afganistán– y en los albores de una crisis económica que estalló en 2008 y que quizás ese rechazo en Mar del Plata ayudó a acelerar. Porque tal como entendieron los gobiernos de entonces, las potencias centrales ya no pudieron descargar sus crisis recurrentes sobre los hombros de los habitantes de estas tierras. Nacieron en este tramo histórico proyectos integradores como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), una suerte de OEA sin Estados Unidos ni Canadá, pero con un papel central para Cuba, y la palabra integración dejó de ser una utopía para crecer como realidad. Barack Obama, en tanto, pasará a la historia por haber sido el primer ciudadano negro en ocupar el Salón Oval de la Casa Blanca. Llegó en representación de los demócratas con la promesa de reimpulsar el crecimiento de la todavía principal economía del mundo y de poner fin a todas las guerras que llevaba adelante Estados Unidos. Pero el mundo de Obama terminó siendo definitivamente otro. Nuevos jugadores lideran ahora una nueva multipolaridad en la que, a través de realidades como el Grupo BRICS, que nuclea a Brasil, India y Sudáfrica con China y Rusia, y avanza hacia nuevas formas de relación política y comercial. Ya no hay una sola potencia económica y tampoco alcanza con ser el gendarme mundial para lograr objetivos políticos.

La orfandad de Estados Unidos quedó reflejada en la última votación en la Asamblea de la ONU contra el embargo a Cuba: de 193 naciones miembro, 188 votaron por el levantamiento del castigo impuesto a la isla. Hubo tres abstenciones de países con poca influencia diplomática, como Palau, Islas Marshall y Micronesia, y solo dos a favor de la permanencia del embargo: Israel y el propio Estados Unidos. La situación resulta tan comprometida en términos estratégicos que un editorial del influyente The New York Times lo resumió así: «Es irónico que una política destinada a aislar a Cuba ha causado el efecto contrario y el que se ha quedado solo es Estados Unidos».
 

Revista Acción
Noviembre 15 de 2014

Venezuela en la encrucijada

Venezuela está, una vez más, en el centro de una disputa trascendente. Lo supo Simón Bolívar cuando percibió que el Congreso Anfictiónico con el que soñaba unir a las antiguas colonias españolas no llegaba a buen puerto. Lo corroboró cuando vio que se le escapaba como arena entre los dedos la Gran Colombia en la que pretendía nuclear a las naciones del extremo noroeste del subcontinente durante la segunda década del siglo XIX. Lo sabía Hugo Chávez, a quien se lo recordó a un año de su muerte como el gran gestor de la integración regional. Y lo aprendió su sucesor, Nicolás Maduro, que no por casualidad sufre el embate de la oposición más acérrima fronteras adentro y de los sectores de la derecha continental.
Como una voltereta inesperada de la historia, aquel congreso de Panamá, que Bolívar pensó como el ámbito para integrar una suerte de federación hispanoamericana, fue la excusa con la que Estados Unidos vino presionando a los gobiernos latinoamericanos ya desde 1890 para construir «unidad continental». Una unidad, claro, basada en los principios más ventajosos para Washington. Conviene aquí confrontar algunas fechas clave: el Congreso bolivariano logró reunirse en 1826, tres años después de que el presidente James Monroe proclamara la doctrina que establece que América debe ser para los americanos, lo que al norte del Río Bravo quiere decir exactamente que el continente pertenece a Estados Unidos.
El fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría fue el momento adecuado para que las aspiraciones de Monroe encontraran su cauce. La Organización de Estados Americanos se fundó en 1948, y tiene su sede en Washington. Son conocidos los derroteros del organismo desde entonces. Seguramente el hito más definitorio es la expulsión de Cuba en 1962 por no adherir a los «principios democráticos» al uso estadounidense.
Pero la región se modificó en la última década, y detrás de cada uno de esos cambios está la mano de Chávez y de Venezuela; tanto que Cuba tuvo que ser readmitida, en 2009, por votación de la amplia mayoría de los gobiernos regionales. Con justa razón, la respuesta de los cubanos fue que no tenían interés en reincorporarse. Para entonces, Unasur ya era una instancia de integración para los países sudamericanos que se había probado eficaz al impedir los golpes en Bolivia y Ecuador. Fue entonces que Chávez apuró la creación de una entidad que nucleara a todos los países de América y el Caribe, sin participación de Estados Unidos ni de Canadá, el socio irreductible de su vecino. Así nació la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Mecanismo golpista
Con sagacidad, el líder bolivariano buscó integrar naciones, más allá de gobiernos circunstanciales, y por eso la primera presidencia pro témpore recayó en el chileno Sebastián Piñera, quien luego entregó el cetro a Raúl Castro. Este gesto reciente explica en buena medida las últimas jugadas de la derecha radicalizada de Venezuela. La segunda cumbre de la CELAC se desarrolló el 28 y 29 de enero pasado en La Habana. La importancia del organismo quedó reflejada en que asistió al encuentro el secretario general de la ONU, el coreano Ban Ki-moon. Pero el dato clave es que también participó su homólogo de la OEA, el chileno José Miguel Insulza. Las cartas estaban jugadas a favor de una integración entre pares y con mucho predicamento.
Para comprender mejor cómo se fue armando el mecanismo de relojería que puso en vilo a Venezuela y al resto del continente es bueno recordar que, antes de su última internación en La Habana, Chávez designó como sucesor al que fue su canciller y mano derecha desde sus inicios en la lucha política, Nicolás Maduro. Refrendado para un nuevo mandato en octubre de 2012 con 11 puntos de diferencia sobre el candidato de la oposición –el gobernador de Miranda, Henrique Capriles–, Chávez no llegó a asumir su nuevo mandato. Maduro, presidente provisional, debió enfrentar una crisis económica generada por la inestabilidad a la que se veía sometido el país a raíz del agravamiento de la enfermedad de Chávez –y también por errores de gestión–, y dispuso una devaluación de casi el 50% de la moneda local en febrero de 2013, lo que agudizó las tensiones en una sociedad que venía enfrentando una crisis económica y el desabastecimiento de productos esenciales. Con la muerte del mandatario, el 5 de marzo, se debió convocar nuevamente a elecciones en un marco de desafío al liderazgo de Maduro, un ex dirigente gremial del transporte público. El oficialismo ganó los comicios del 14 de abril por apenas un punto y medio de diferencia, o 320.000 votos. La derecha, enrolada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no esperó para salir a las calles a denunciar fraude. Ya entonces hubo una decena de muertos en enfrentamientos. Capriles se convirtió en el abanderado de la protesta y tildó a Maduro de «ilegítimo». Siguiendo el manual básico del «golpe blando», se sumó a las campañas para primero deslegitimar al mandatario electo, luego ridiculizarlo y finalmente forzar el derrocamiento.
El 8 de diciembre pasado los venezolanos volvieron a las urnas para elegir alcaldes en 337 distritos de todo el país. La campaña de la MUD se basó en la idea de plebiscitar la tarea aún incipiente de Maduro. Envalentonado por la escasa diferencia de abril, Capriles apostó al desgaste que iba a tener un mandatario que no había alcanzado a afianzar todos los resortes de la nación tras la desaparición física de un líder tan personalista y aglutinante como Chávez. En Venezuela, el Banco Central mide la inflación y también entrega el índice de desabastecimiento, que señala la cantidad de productos que no encuentra el público en los centros de distribución. Los últimos datos señalan una inflación del 56% para 2013 y un faltante de 28% de productos; principalmente, azúcar, harinas, aceite, café y papel higiénico. Son rubros que, se sabe, generan malestar en la sociedad y que fueron, en su momento, desencadenantes de las protestas de las clases medias contra Salvador Allende en Chile en los 70. La acción del gobierno logró revertir algunos de esos inconvenientes y, más aún, hizo rebajar los precios de electrodomésticos a valores compatibles con el dólar oficial –desde 2003 hay mercado de cambios controlado–, que está entre 6,3 y 11,5 bolívares, según qué tipo de operación se haga. A fines de noviembre hubo un boom de ventas que contradijo las expectativas más pesimistas y la derecha también se quejó por este «festival» del consumo.

Hablaron las urnas
En definitiva, el chavismo logró una diferencia de un 10% sobre la derecha en la sumatoria de los votos y retuvo más del 70% de las comunas. Cierto es que perdió en distritos claves como Caracas, Barcelona y Chacao, por mencionar a algunos. Pero si la oposición esperaba apurar algún referendo revocatorio –por la Constitución, correspondería recién en 2016– o pensaba generar condiciones para un levantamiento masivo, no tuvo cómo. De todos modos, tampoco es que la MUD fue aplastada, ya que mantuvo e incluso amplió presencia en bastiones tradicionales del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).
El resultado de diciembre no sólo hizo acallar las sospechas de fraude sino que dejó emerger las diferencias que existen entre los distintos actores de la derecha desde la fundación de ese conglomerado que reúne intereses diversos y hasta contradictorios con el único objetivo de acabar con el modelo chavista. Es decir, a la MUD no la une el amor sino el espanto.
Capriles, el activo gobernador de Miranda, se cargó la campaña al hombro, jugándose una patriada que lo expuso demasiado en un sendero que no todos comparten a su alrededor. El líder opositor fue uno de los más implacables críticos del acercamiento a Cuba y llegó a ocupar la sede diplomática cubana en Caracas en la intentona golpista de abril de 2002, violando las convenciones internacionales. Ante cada protesta del gobierno por la injerencia estadounidense, siempre respondió alegando injerencia cubana. Suele decir que Maduro viaja a La Habana «a recibir instrucciones de los Castro». Su jefe de campaña fue otro notorio anticubano que lo acompañó en aquellas jornadas de 2002: el ex alcalde de la comuna capitalina de Chacao, Leopoldo López. A los 42 años, este economista con un máster en Harvard ya no quiere esperar más y, tras la derrota de diciembre, aceleró su decisión de salir a las calles de todo el país para apurar la caída de Maduro. Poco importaba el apoyo electoral al PSUV; para él, el imperativo era derrocar al presidente. Y no lo disfrazó con un discurso políticamente correcto, lo dijo con pelos y señales.
Lo acompaña en esta gesta la diputada Corina Machado, quien, al margen de su anticubanismo visceral, aparece en filtraciones de Wikileaks como asidua visitante de «la embajada», además de haber sido recibida en alguna ocasión por el entonces presidente George W. Bush para tratar precisamente la situación venezolana. Tampoco ella es de callar sus objetivos: quedarse en la calle hasta que el gobierno se vaya. La disputa estratégica se venía deslizando desde hacía meses. Capriles, si bien usaba todos los micrófonos y estamentos políticos para cuestionar la legitimidad de Maduro, apostaba a derrotarlo en elecciones. Por eso habla de «convencer» a chavistas descontentos para que le den su voto antes que de enfrentar al oficialismo de un modo violento. Sabe que así lo único que lograría sería asustar a quienes temen perder las conquistas que lograron en estos 15 años. Por eso, también, casi le gana a Maduro prometiendo «mejorar» lo que no está bien y mantener los beneficios obtenidos por las capas más bajas de la población.

Línea dura
López, en cambio, sabe que por esa vía él y los más reaccionarios dentro de la derecha no tienen cabida. Pero, además, y en esto está el quid de la cuestión, Estados Unidos necesita tener el «patio trasero» controlado para mantener la ofensiva en otros frentes, como el de Oriente Medio y el que la Unión Europea le facilitó en Ucrania. La convocatoria de la CELAC es una muy mala noticia para esta estrategia. Y Venezuela es la llave para avanzar sobre el resto de los gobiernos díscolos ue desde el «No al Alca» de Mar del Plata en 2005 le vienen dando tantos dolores de cabeza.
Fue en este marco que López y Machado apuraron una «pueblada» aprovechando una marcha de los estudiantes para celebrar el Día de la Juventud, el 12 de febrero pasado. Bajo la irritación por algunos casos puntuales de estudiantes víctimas de violencia callejera –la inseguridad ciudadana es otra factura que le pasan al chavismo–, lo que podría haber sido una manifestación pacífica terminó con tres muertos y un clima de efervescencia que no se veía en el país desde las guarimbas de 2004. Los cultores de estas protestas violentas se amparan en el artículo 350 de la Constitución bolivariana, que señala como un deber ciudadano desconocer «cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos y menoscabe los derechos humanos». Por eso, de inmediato, los medios concentrados –y sobre todo las cadenas internacionales– pusieron el grito en el cielo contra lo que denominaron un ataque a las libertades civiles en Venezuela. La palabra represión aplicada a un gobierno como el del PSUV fue un baldón contra el que tenían que justificarse las autoridades en medio de un clima destituyente. Poco importaba el «plebiscito» de diciembre a esta altura.
La fiscalía general del país, al cierre de esta edición, había confirmado un total de 22 muertos en las refriegas, entre los que había varios militantes chavistas. También reveló que se investigaba una veintena de denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de fuerzas de seguridad, aclarando que no había en ningún caso consentimiento de sus superiores. Entre tanto, la justicia pidió la captura de Leopoldo López, quien se entregó en una estudiada maniobra tras una marcha hasta la fiscalía. No son pocos los que consideran que es un error político, porque lo hace aparecer como víctima de un régimen opresivo. Las autoridades dicen que había un plan de la ultraderecha para asesinarlo y echar las culpas sobre el gobierno.

Diálogos
Sin embargo, la pelota ya estaba lanzada, y hasta en la entrega de los Oscar el actor Jared Leto dio un mensaje de apoyo a los «soñadores» de Kiev y de Caracas. El golpe blando mostraba toda su eficacia. Sólo faltaba que alguien dentro del chavismo «sacara los pies del plato» o que las fuerzas armadas aceptaran el convite de ser la «reserva moral de la Nación», como en otras épocas latinoamericanas. Pero no es el caso y nada hace prever que lo sea en el futuro.
A todo esto, los presidentes de la Unasur mostraban diferencias de enfoques. Mientras Cristina Fernández y Evo Morales daban un decidido apoyo a la democracia y específicamente al presidente Maduro, Dilma Rousseff mantenía una distancia llamativa. Los mandatarios ubicados en el arco conservador fueron algo más evasivos y hablaron de dar lugar al diálogo y de pacificar al país. Maduro, en tanto, convocó a una Conferencia de Paz a la que acudieron todos los gobernantes del oficialismo más un par de gobernadores y diputados enrolados con la oposición, y las cámaras empresarias, que fueron claves en 2002 en el intento de derrocar a Chávez. Capriles y la gente de López y Machado no fueron, alegando que era un circo montado por Maduro para darse un baño de legalidad institucional.
Luego, el presidente de Panamá, el empresario Ricardo Martinelli, «preocupado» por la situación en el vecino país, pidió una cumbre de cancilleres de la OEA para «buscar una salida a la crisis». Venezuela rompió relaciones con esa nación en forma inmediata. Pero aquí viene lo mejor: tras dos jornadas de no menos de 10 horas cada una, y a puertas cerradas, los representes ante el Consejo Permanente del organismo no lograban destrabar un punto esencial: bajo qué condiciones la OEA podía tratar un caso semejante.
Un borrador presentado por Bolivia pedía apoyar el «diálogo nacional», defender la democracia en el país y respetar las garantías constitucionales de todos los actores políticos. Panamá, Estados Unidos y Canadá exigían, en cambio, la intervención de un mediador externo. Seguir debatiendo en esas condiciones hubiese sido una muestra peor de «rebeldía», por lo que el documento salió, pero debajo de la firma de los 29 países que avalaron el texto de consenso está el protesto de Panamá y Estados Unidos, que consideraron –y no se sonrojaron con el planteo– que la OEA debía ser neutral y no tomar partido por una de las partes, igualando al gobierno democráticamente elegido con quienes abiertamente intentan derrocarlo. La soledad en que Estados Unidos quedó dentro de la OEA es una muestra de lo que se avanzó en materia de integración regional desde que en 1999 Hugo Chávez comenzó a batallar por el objetivo de hacer realidad el proyecto de Bolívar.

Revista Acción, 15 de Marzo de 2014

Las reglas del juego latinoamericanista

La oposición faltó a la cita con el presidente Nicolás Maduro, argumentando que sólo acepta un encuentro para hablar de pacificación «con una agenda de asuntos relevantes al interés nacional, y con la participación de un tercero de buena fe, nacional o internacional, que facilite, garantice y, de ser necesario, medie, para que ese diálogo sea fructífero». El mandatario interpretó inmediatamente que la dirigencia más radicalizada de la MUD no quiere la paz y busca seguir empiojando las calles y provocar de ese modo reacciones peligrosas para el sistema democrático en ese país.
La cuestión, como se viene diciendo desde estas páginas, excede a Venezuela y se enmarca en el proceso de autonomía que vienen desarrollando los países de la región. De allí que no sea inocente la exigencia de la oposición no sólo de insistir en desconocer el triunfo del chavismo tanto en abril como en diciembre pasado, sino en pedir un mediador externo. En realidad, son dos caras de la misma moneda: «No nos sentamos con un gobierno ilegítimo. Tanto lo es que sólo aceptamos hablar de pacificación con alguien de afuera», sería la traducción del reclamo de la MUD. Suena a esa necesidad que tienen algunas parejas de recurrir a una terapia de ayuda ante una crisis de convivencia. Normalmente, el primer punto será determinar cómo se elige al profesional. Si es por el ofrecimiento de alguien relacionado con uno u otro «contendiente». La experiencia indica, por otro lado, que en el mejor de los casos el terapeuta puede lograr que no se maten, pero no siempre evitará el divorcio.
En ese camino, el gobierno de Panamá, en manos del empresario Ricardo Martinelli, pidió una reunión de la OEA para debatir la situación venezolana. Tal vez en este intríngulis haya un trasfondo fundamental para entender qué se juega en las calles venezolanas. Porque la Organización de Estados Americanos, la entidad formada en 1948 a gusto y necesidad de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, últimamente dejó de tener el peso político y sobre todo ideológico que solía.
Como muestra baste decir que ya no podría quitar la membrecía a Venezuela como sí pudo hacerlo con Cuba en 1962. Pero tras la reincorporación de la isla caribeña en 2009, a insistencia del resto de los países latinoamericanos, a fines de enero pasado, por primera vez tuvo que viajar a La Habana un secretario de la OEA. Y nada menos que para asistir a una cumbre del organismo creado para vaciarla de sustancia, la CELAC, la última contribución de Hugo Chávez a la integración americana… sin Estados Unidos ni Canadá.
El canciller Elías Jaua apuró un viaje a los países del Mercosur para explicar personalmente a los diversos mandatarios cuál es la situación venezolana desde la óptica del Palacio Miraflores. Hasta ahora el gobierno de Maduro había elegido intentar una solución a la crisis política por sus propios medios, entendiendo que recurrir a los instrumentos de protección democráticos de los distintos estamentos regionales podría interpretarse como una muestra de debilidad.
La CELAC todavía no tuvo su bautismo de sangre, como quien dice, pero la Unasur, que nuclea a 12 naciones sudamericanas, probó su eficacia para detener la intentona golpista de la media luna del Oriente boliviano en 2009, y luego el putsch policial contra Rafael Correa en 2010. Era natural que ahora apareciera como paso imprescindible para reforzar a la democracia en Venezuela. Y a eso enfila la minigira de Jaua. Por eso pide una reunión de la Unasur, que es el organismo natural, entre pares, donde debatir su caso.
Ese pedido de Jaua llega al mismo tiempo que desde la OEA se abortaba la convocatoria a los representantes de cada país en su sede de Washington para expresarles el pedido panameño de llamar a una cumbre de cancilleres. La explicación oficial de esta marcha atrás merece entrar en el catálogo de las excusas más sorprendentes: cuando fue realizada la convocatoria, el presidente del Consejo Permanente, el dominicano Pedro Vergés, no se encontraba en el edificio para recibirla, y las normas formales establecen que el funcionario debe estar físicamente presente para recibir el petitorio a una reunión. La suspensión de esta iniciativa es sin fecha. Lo que oculta tamaña puntillosidad es que no había quórum para que los delegados de Estados Unidos y Canadá pudieran «meter baza» en ese foro afín a sus intereses, para debatir la problemática de un adherente rebelde. Y que el rechazo venezolano tiene su peso.
Ayer también se conoció un informe del Departamento de Estado que advierte sobre «la impunidad, las restricciones a la libertad de prensa y la debilidad de los sistemas judiciales» en los países andinos. Un dossier «muy oportuno» que refleja la posición oficial del gobierno de Barack Obama sobre cuestiones muy sensibles para la opinión pública, y que le permite al canciller estadounidense, John Kerry, mostrarse «ecuánime», ya que cuestiona tanto a las autoridades de Ecuador y Bolivia como a las de Perú y Colombia. Ni qué decir sobre Venezuela. Tanto cabe una crítica por la «ineficiencia del sistema judicial» colombiano como la violencia contra mujeres y niños en el Perú. A Bolivia, un país en permanente tensión con Washington, le achaca «problemas de Derechos Humanos» por mala aplicación de la ley debido a las condiciones carcelarias de los imputados o condenados.
Como es de imaginar, sobre Venezuela destaca «limitaciones prácticas en las libertades de expresión y de prensa» y acusa al gobierno de «utilizar el sistema judicial para intimidar y perseguir de manera selectiva a líderes de la sociedad civil que son críticos con el gobierno». Un muy conveniente rosario de reproches para abonar los argumentos de la oposición venezolana, replicado en estas tierras por sectores de la derecha, que cada vez muestran un sesgo más antichavista como reflejo de su inveterado antikirchnerismo. Como la presidenta apoya a Maduro, analizan, es conveniente estar con la oposición para no aparecer como furgón de cola del populismo latinoamericanista.
Si es lícito desplegar sospechas en torno de quienes son los que tienen algo por ganar con un crimen, el gobierno de Obama está mostrando en los últimos tiempos una eficacia en política exterior que ya envidiaría George W. Bush. Porque lo hace sin entrar en una guerra declarada e incluso reduciendo presupuesto. Cierto es que tuvo que «besar la lona» en su deseo de intervenir en Siria. Pero se desquitó con creces del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania, donde se supo que Kerry planteó el nombre del que debía ser el nuevo primer ministro, cosa que la dirigencia ucraniana cumplió al pie de la letra.
Tras haber «perdido» en el encuentro de la CELAC en La Habana, podría decirse que se tomó revancha en Sudamérica, haciendo temblar al gobierno brasileño con marchas violentas en las calles, y ahora mantiene en vilo a los impulsores de la integración ensayando un jaque temerario contra el sucesor de Hugo Chávez.
Que la jugada en Venezuela excede los límites del país se verifica también en que, tras el ingreso del último integrante del Mercosur, todavía los miembros del club atlantista no lograron juntarse en una cumbre, un encuentro que se viene demorando desde el intrincado retorno de Paraguay luego de las elecciones que llevaron al poder a Horacio Cartés.
La derecha argentina –pero también las de Paraguay y Uruguay– viene coqueteando, todavía de un modo elemental pero pertinaz, con la Alianza del Pacífico (AP), ese conglomerado de tinte neoliberal que integran Chile, Perú, Colombia y México. Los medios concentrados muestran a la AP como la panacea para todos los males de la economía vernácula. Aunque ocultan que se ofrece como continuadora de la idea del ALCA, la «regional» que capotó en Mar del Plata, en 2005, a instancias de Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva.
Se entiende que el gobierno de Maduro apueste a tratar el hostigamiento a su gestión en la Unasur. Que no será un estricto mediador ni un terapeuta de pareja, pero sí puede servir como freno para las apetencias antidemocráticas de la oposición, tal como lo demostró en los casos boliviano y ecuatoriano. No pudo cumplir un mismo rol en Paraguay para defender a Fernando Lugo, y esa deuda todavía se paga. Pero se supone que ese fracaso también debió de enseñar, aunque en medio del fárrago cotidiano esto aún no sea fácil de determinar.
En este delicado tablero regional, Maduro, está claro, no iría a la OEA para no volver a legitimar su existencia. ¿Irían Henrique Capriles o Leopoldo López a la Unasur, donde deberían comprometerse a acatar las reglas del juego latinoamericanista?

Tiempo Argentino, 28 de Febrero de 2014

La oposición venezolana dirime su interna en las calles

En el fárrago de violencia en que se convirtió Venezuela en estas horas, habrá que decir que la posición más civilizada resulta ser la del ex candidato presidencial y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles. Porque la oposición venezolana –en un enfrentamiento que salió a la luz en las últimas semanas– está dirimiendo su interna en las calles del país, a un costo en vidas humanas que nadie sabe a cuánto podría ascender.
El estallido que se produjo el miércoles, cuando se celebraba el Día de la Juventud (un homenaje a la Batalla de La Victoria, que el 12 de febrero de 1814 ganaron los patriotas ayudados por jóvenes del Seminario y de la Universidad de Caracas), involucró a miles de muchachos que marcharon en todo el país, al principio en forma pacífica. Pero poco a poco las cosas se fueron de madre entre grupos chavistas y furibundos opositores. El gobierno denunció el incendio de vehículos, muchos de ellos oficiales, y el ataque indiscriminado contra edificios estatales.
Lo más grave, sin embargo, es la muerte, hasta ahora, de tres personas, dos de ellos estudiantes y el otro, un militante del chavismo, Juancho Montoya, un agente policial que estaba de civil y recibió un disparo en la cabeza y otro en el pecho frente al Banco Caroní, de La Candelaria, en el centro de la capital venezolana. Entre las víctimas fatales también hay un chico de 24 años, alumno de la Universidad Alejandro Humboldt, y otro que cursaba Derecho en la Universidad Central de Venezuela.
Al igual que los incidentes registrados en abril del año pasado, cuando el presidente Nicolás Maduro le ganó a Capriles por escaso margen en el primer comicio sin Hugo Chávez, entre los muertos en los choques con la oposición aparecen militantes del oficialismo. Se computaron, en ese momento, una decena de chavistas caídos. Lo que debería a esta altura ser índice claro de dónde viene la violencia y quiénes la padecen.
Que algo iba a pasar este miércoles, se olía en el ambiente. Durante varios días, los principales referentes de la oposición debatieron la cuestión primero en sordina, luego en tweets y más tarde en forma pública. Los que llevaron la voz cantante fueron María Corina Machado Parisca y Leopoldo López Medina. El ex alcalde de Chacao habló sin tapujos de copar las calles hasta encontrar «una salida inmediata» al gobierno de Maduro. Machado se preguntaba, insidiosamente, «¿hasta cuándo, hasta cuándo vamos a esperar?». Es cierto que suena a apriete destituyente, y que además es una peligrosa jugada golpista.
López es una suerte de Enrique Peña Nieto venezolano: joven, elegante y pintón. A los 42 años, ya fue alcalde en el municipio caraqueño de Chacao por dos períodos consecutivos. Economista, graduado en Ohio y luego en políticas públicas en Harvard, quedó relegado de la función pública tras el intento de golpe de 2002 contra Chávez, que como se recordará estuvo fogoneado por la dirigencia empresarial del país y la cúpula de la empresa PDVSA, que no quería aceptar las nuevas reglas del gobierno. Emparentado con el mismísimo Bolívar y con el primer presidente del país, Cristóbal Mendoza, López fue acusado de haber recibido una donación de la petrolera –donde su madre era gerente de Asuntos Públicos– para una ONG que regenteaba. El caso terminó en la CIDH, que apoyó la moción de López, quien sin embargo sigue interdicto.
La diputada Machado proviene de sectores similares de la sociedad venezolana. Es ingeniera y la mayor de las hijas del empresario del acero Enrique Machado Zuloaga. Se graduó también en Estados Unidos, en su caso en Yale, en el Programa de Líderes Mundiales. George W. Bush la recibió en su despacho en mayo de 2005, provocando la reacción del presidente Chávez.
Cómo será de mal vista la opción de la «lucha callejera» en grandes sectores opositores a Maduro, que Capriles –a quien nadie fuera de sus mismos compañeros de ruta podría acusar de timorato– lo viene cruzando a López desde que se celebraron las municipales, en diciembre pasado. Hace un par de días, en su cuenta de Twitter, el gobernador de Miranda incluso aconsejó a sus seguidores la lectura de un artículo de un periodista de su palo: «A nuestros seguidores RT @prodavinci: #LosMásLeídos Venezuela, los dilemas de la Oposición; por Fernando Mires http://is.gd/zkNg53», escribió el 10 de febrero en @hcapriles.
El artículo en cuestión hace un repaso crítico de las controversias de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). «Hay que aceptarlo, es normal, es lógico y puede que hasta sea necesario: la oposición venezolana se encuentra dividida», comienza Mires, que si bien no se permite calificar al dúo López-Machado de golpistas, sí los acusa de recurrir a una respuesta demasiado fácil, como es la de forzar la lucha política en las calles. «López y Machado lo han planteado en términos inequívocos: Se trata de ‘La Salida’. En otras palabras, ambos dirigentes (repito, dirigentes, no líderes) están planteando una salida insurreccional, todo lo pacífica, democrática e institucional que se quiera, pero insurreccional al fin. No otra cosa puede ser una ‘salida'». Y le recuerda a la senadora una frase del politólogo alemán Max Weber: «La política se hace con la cabeza y no con otras partes del cuerpo.»
El planteo central de Mires, virtual vocero de Capriles, es que el perdidoso candidato «planteaba la insurrección constitucional en el caso de una victoria y no en el caso de una derrota plebiscitaria, como hoy intentan hacerlo López y Machado». Es que el resultado de las elecciones municipales del 8D plantea, para los «moderados», un llamado de atención sobre las mejores estrategias para derrotar al chavismo. Lo dice claramente Mires: «¿Cuántos trabajadores dejarán a un lado las banderas del chavismo para sumarse a las de López y Machado?» Es decir, para crecer la derecha necesita seducir a descontentos con el gobierno, en un contexto de inflación y escasez de productos básicos en las góndolas de los supermercados. Y confrontar en forma violenta no le parece el mejor escenario.
Uno de los primeros mensajitos en Twitter de Henrique Capriles después de los violentos incidentes del miércoles, no deja lugar a dudas. «Somos millones q queremos cambio sin sangre y muerte! Algo q nunca comprenderán, extremos! Quieren confundir resultados q no les pertenecen.» No fue un aviso para el gobierno de Maduro ni los chavistas en su conjunto. Fue una clara advertencia a López y Machado. Un texto que traducido al porteño básico indica: «Es cierto que no derrotamos a Maduro. Pero el resultado de las municipales fue excelente para la MUD porque yo le puse el lomo al desafío. No se peinen para la foto y menos recurriendo a métodos piantavotos.»
La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, evaluará la actuación de Machado y su responsabilidad en los incidentes. La jueza caraqueña Ralenys Tovar Guillén dictó la orden de detención contra Leopoldo López pero también contra dos presuntos conspiradores de vieja data: Mario Iván Carratú y Fernando Gerbasi.
Carratú es un vicealmirante retirado que dirigió el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional y, cuando el intento de golpe de Chávez en 1992, siendo jefe de la Casa Militar, salió en defensa del presidente Carlos Andrés Pérez. Gerbasi es un diplomático de carrera que fue embajador en Corea del Norte, la ex República Democrática Alemana, Brasil, Italia y Colombia. Se fue de la función pública en diciembre de 2002 y ayer, el ex presidente colombiano Andrés Pastrana comenzó a pedir públicamente a su favor.
Las acusaciones contra la dupla López-Machado se explican solas. Contra el otro dúo de conjurados la cuestión viene de más lejos. El gobierno mostró una cinta donde se escucha la voz de ambos en pleno acto de confabulación. En el audio, presuntamente Gerbasi informa a Carratú («sólo te llamé a ti», explica) sobre planes de la oposición para las marchas del Día de la Juventud, y le indica que va a ocurrir algo similar a lo ocurrido el 11 de abril de 2002, cuando una balacera sirvió de excusa para el efímero derrocamiento de Chávez. «Nada de ir en primera fila, mantente a los lados» recomienda Gerbasi.
«Deben informar quién les dijo lo del 11 de abril y quién los llamó para alertarlos sobre un derramamiento de sangre en Venezuela», se ofuscó Maduro cuando informó sobre el pedido de captura de los agitadores. Gerbasi niega las acusaciones, dice que la conversación nunca existió. Pero en un tweet del 7 de febrero había escrito: «@hcapriles está declarando más como resentido que como líder político. A ponerse las pilas sino su «autobús» lo deja.» De más está decir que el autobús que se escapaba era el de las protestas callejeras. «Muchos políticos de la oposición ven al país con encuestas de hace seis meses y no con la realidad de hoy en día», agregó.
«¡Quienes queremos un cambio real y paz en Venezuela no terminaremos secuestrados por grupos violentos!», replicó Capriles. Habrá que ver si le alcanza para frenar el fanatismo de sus cofrades.

Tiempo Argentino, 14 de Febrero de 2014