Ligado al área de Relaciones Internacionales desde los ’80 en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Orlando José Gómez fue vicecanciller y desde marzo del 2018, embajador de Nicaragua en Argentina. En una extensa charla con Tiempo, justifica la posición del presidente Daniel Ortega ante los fuertes cuestionamientos contra un gobierno que define como socialista, cristiano y solidario. “Nuestra realidad es compleja y uno de los factores que prevalece es que somos un país pequeño con un proceso revolucionario en marcha y con escasos recursos para sostener un aparataje mediático. Por eso nos vemos sumidos en una vorágine de desinformación”, se apura a explicar. Y a continuación detalla algo de ese pasado reciente que lleva a esta situación. Para Gómez, se debe anotar que cuando el FS volvió al gobierno, en 2007, había un déficit energético que afectaba las posibilidades de crecimiento y de desarrollo empresarial y también que con la OEA se había acordado una amplia reforma del sistema electoral. “El primer acto fue adherir a la alianza del ALBA. El presidente (Hugo) Chávez financió la compra de grandes plantas de energía eléctrica fabricadas en Corea abastecido con petróleo venezolano. El país tuvo un respiro, pero esa adhesión puso a Nicaragua en la mira de la Casa Blanca. Cuando en el 2008 estalla la crisis de las hipotecas en EEUU se esperaba que golpeara en los países más vulnerables, como Nicaragua. El presidente Ortega plantea una alianza estratégica entre sectores empresariales, sindicales y el estado; se crea el andamiaje para lograr una estabilidad económico social, sin despidos y para atemperar demandas sindicales, hubo aumentos que acompañen la inflación. Nicaragua se volvió atractiva para inversiones externas y para el FMI y el BID, con crecimientos entre 4,5 y 5,3% anual. Pero la cooperación venezolana se convirtió en un factor para que la oposición nos atacara. En el 2018 se realizó una reforma al sistema de la seguridad social que implica cambios en pensiones y cotizaciones de los empresarios y los trabajadores.
-Un punto de inflexión. Ahí se producen manifestaciones opositoras y aparecen las críticas contra la represión. -Correcto, el escenario que se da genera todo eso. Pero no se hubiera dado si cuando el presidente cancela ese decreto se hubiera vuelto el diálogo y al consenso. Pero deviene un estallido en que se producen actos de violencia y muertes. Entre esos muertos hay muchos sandinistas.
-¿Que cifra oficial tienen? -Unos 180 muertos. Pero uno solo ya hubiese sido es grave. En ese momento corren hacia Nicaragua la CIDH y todas las ONG que denuncian al gobierno de violador de DD HH y de un día para otro el número llega a 400. Luego se descubren muertos por otras causas y que no cuentan a los nuestros ni a los policías.
-¿En ese momento se rompió algo con sectores que los apoyaban y con la izquierda de adentro o en el exterior?. -En Nicaragua la izquierda es el Frente Sandinista. Lo que hay es un grupo de disidentes del FS que tras la derrota electoral de 1990 decide irse. Para ellos ya no era una opción favorable en tanto creen que nunca más volverá al poder teniendo como enemigo a los EEUU y se alían con el gobierno de Violeta Chamorro. Ahí estaban Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, cuadros como Víctor Hugo Tinoco o Sergio Ramírez, que encabezó la deserción. Constituyeron un partido que se llamó el Movimiento Renovador Sandinista que desde entonces nunca obtuvo más allá del 2% de votos. Ramírez, al ver el fracaso de su partido, decidió que él no era político sino escritor. Gradualmente demostraron que nunca fueron de izquierda. Hace meses, cambiaron su nombre y ahora son Unamos. Su convergencia ya no es con el FS sino con postulados de derecha. Además, las ONG se convirtieron en partidos políticos para intentar dar un golpe al gobierno. Que hay una intentona de deslegitimar el proceso electoral de noviembre para cuestionar los resultados y aplicar una matriz parecida a lo que se hizo en Bolivia.
-¿Así se explica que tantos compañeros de esa época estén en la vereda de enfrente? -Las variantes ideológicas pueden tener distintas motivaciones. Celio Ramírez Mercado no pudo con el liderazgo de Daniel Ortega. Víctor Hugo Tinoco intentó ser el secretario general del FS y sucumbió en las internas. Lo mismo a Dora María Telles, Mónica Baltodano… La revolución este lunes cumplirá 42 años. Esa imposibilidad de acabar con el liderazgo del presidente Ortega creó una especie de resentimiento en estos otrora cuadros del FS.
-¿Son traidores? -El FS se nutrió de todos los sectores. La gente cambia de posiciones, pero Ortega siempre estuvo al lado del pueblo, con las conquistas que la revolución le permitió desarrollar. Ellos se aliaron con el sector conservador. Traidores son aquellos que hoy están yendo a Washington, a Miami, a abrazarse con Marco Rubio, con los senadores republicanos y demócratas, que sancionan a Nicaragua y pidiendo invasión militar, que nos aíslen en la OEA, que no presten dinero.
-¿Incluye a quienes hoy están encarcelados? -Hay una tremenda manipulación y desinformación: algunos de ellos estaban amnistiados o fueron acusados de asesinar sandinistas, lavado de dinero o sedición. Por otra parte, hay cinco que se promocionaban como posibles candidatos pero no tienen ni partido. Divisiones ideológicas en la izquierda siempre existieron. No somos una organización antidemocrática: estamos enfocados en una doctrina antiimperialista, anticolonialista, por la soberanía y la independencia nacional. Consideramos al estado como un pivot importante. Hablar de socialismo en un país pobre no tiene sentido si no se tienen las herramientas para propiciar una distribución equitativa de la riqueza. Nos distingue de quienes plantean abrir la puerta al mercado, que no haya programas sociales y nos atengamos al FMI.
-¿No le preocupa que no los apoyen algunos gobiernos progresistas de la región, potenciales aliados? -En esta etapa está prevaleciendo los EEUU y la UE contra gobiernos como el nuestro, el de Cuba, el de Venezuela, Bolivia. Con sanciones, amenazas. No está Trump ni Bolton pero vinieron otros que tienen la misma concepción sustentada en la doctrina Monroe. Les parece mal que tengamos relaciones con China, Rusia, Irán. Desde 1910 hasta 1979, cuando derrotamos a Somoza, EE UU conducía el gobierno. Ahora financian a la oposición para propiciar una situación de desencanto, apelar al caos y que no derroque una fuerza intervencionista. Defendemos la soberanía.
-Un viejo militante del FS como usted, ¿cómo siente hoy esta realidad alejada de aquellos postulados? -El FS conserva los principios del programa histórico y los postulados del General Sandino. No queremos entregarnos a ninguna administración foránea y abogamos por la integración latinoamericana, por acabar con el hambre y la desigualdad. Creo firmemente en la postura del Frente que es la correcta. Por eso no pudieron derrocarnos. Y tampoco podrán hacerlo electoralmente. Asi piensa el pueblo nicaragüense. Si no, ya hubiera estallado.
Crece la tensión en el Caribe ante el avance de buques petroleros iraníes para proveer de combustible a Venezuela, que padece las consecuencias del bloqueo estadounidense. El ministro iraní de Defensa, Amir Hatami, advirtió que responderá cualquier ataque a las naves: «Irán no tolerará los obstáculos. Tanto Estados Unidos, como otros países, saben que no dudaremos. Si los obstáculos continúan o se incrementan, la respuesta de Irán será contundente», indicó Hatami.
Cuando se cumplen dos años de la última elección presidencial, y mientras el canciller Jorge Arreaza recordó la fecha aludiendo a que ese día fracasó el golpe de Estados Unidos contra Venezuela, al desconocer las instituciones y la reelección del presidente Nicolás Maduro, la oposición venezolana se encuentra en un atolladero en su intentona destituyente.
Es que la estrategia del Departamento de Estado se choca con la realidad de que el supuesto líder antichavista, al que varios países del mundo reconocen como “presidente interino”, cada día aparece más complicado en sus propias contradicciones, cuando no su impericia y hasta sus acciones que implican a su sector en actos de corrupción.
Otros sectores de la oposición, que le cuestionan a Juan Guaidó esos traspiés y algunos de ellos que incluso participaron de las últimas elecciones, que hace justo dos años consagraron a Maduro para un nuevo mandato presidencial, muestran cada día más enfrentados por las consecuencias que padece la sociedad ante las sanciones contra el gobierno en medio de la pandemia.
Es el caso de Henri Falcon, un exchavista que al frente de la Avanzada Progresista alcanzó poco más de 20 % de votos el 20 de mayo de 2018, quien en su cuenta de Twitter suele condenar al oficialismo, pero mucho más a quienes buscan el apoyo externo para voltear al gobierno apelando a medidas que hacen padecer lo indecible a la población. Esa vez, la oposición más acérrima no participó del comicio.
Dos referentes de ese espacio, Jorge Mirabal y Bruno Gallo, del MAS el primero y de Avanzada Progresista el segundo, señalaron al analista Lois Pérez Leira sus puntos de vista sobre este particular momento.
Mirabal, secretario de asuntos internacionales del MAS, integrante también de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), recordó que desde 2002, luego del golpe contra Hugo Chávez, se estableció un diálogo entre los distintos sectores de Venezuela para llevar adelante una convivencia democrática.
“Más recientemente, en febrero del año 2014, durante los disturbios de ese año, se crea la Conferencia Nacional por la Paz, con participación del Gobierno, oposición y sectores de la sociedad civil. En abril se celebra la Primera Mesa de Diálogo con la mediación de los cancilleres de Unasur: por Colombia, María Ángela Holguín, por Ecuador, Ricardo Patiño y por Brasil, Luis Alberto Figueiredo. En 2017, en medio de fuertes tensiones y disturbios, se inician conversaciones de la mano de (El ex jefe de gobierno español) José Luis Rodríguez Zapatero, que luego prosiguen con la presencia del Vaticano y se retoman en República Dominicana, pero finalmente no hay acuerdo entre las partes. En enero de 2019, México y Uruguay hacen un llamado al dialogo, al igual que lo hacen Antonio Gutiérrez, Secretario General de la ONU y el Papa Francisco”
En todos esos casos, detalla el dirigente, los dirigentes más radicalizados no aceptaron firmar ningún acuerdo. Si lo han hecho de grupos como Cambiemos (de Venezuela) Soluciones, Esperanza para el Cambio (que en 2018 obtuvo 10% de votos) y Avanzada Progresista. “Hemos firmado acuerdos parciales sobre liberación de presos políticos, regularización de la situación de organizaciones políticas puestas al margen de la legalidad, sobre formas de atenuar el impacto de las sanciones económicas”, indica Gallo, de la alianza de Falcon. La pandemia interrumpió nuevas conversaciones.
Un punto clave es el rol que cumple el autoproclamado líder de la oposición en este juego político.
-¿Alguna de las Fuerzas que participan del diálogo reconocen a Guaidó como Presidente?
-No, la característica fundamental de quienes nos hemos sentado con el Gobierno es el reconocimiento de la complejidad de la situación de Venezuela. Que no se resuelve sustituyendo y simplificando la realidad por deseos y aspiraciones nacionalistas.
-¿Están de acuerdo con la política de embargo contra Venezuela de los EEUU?
-Ningún intento por imponer los intereses de potencias internacionales es aceptable… Ni rusos, ni chinos, ni norteamericanos pueden tomar decisiones o incidir torciendo el brazo a los intereses nacionales. La salida a nuestro conflicto la deben decidir los venezolanos- fueron las respuestas de Gallo.
Mirabal, a su turno, señaló que “la decisión del gobierno de Estados Unidos de bloqueo petrolero y financiero no es el mecanismo para dirimir las diferencias entre los dos países. Son acciones que se colocan al margen del derecho internacional, perjudican al conjunto de la sociedad venezolana y afectan fuertemente a la población al empeorar sus condiciones de vida”.
Quienes creyeron que en 2015, con el triunfo de Cambiemos en la Argentina, se consolidaba un largo ciclo de neoliberalismo se topan estos días con una realidad que desmiente sus deseos. Podría decirse que los incendios que vienen devastando Amazonas, también consumen a la dirigencia de gran parte de los países iberoamericanos, mientras la humareda se acerca cada vez más a Washington.
Bastante chamuscados están los gobiernos de Brasil, Perú, Ecuador, Honduras, Haití. Y para colmo de males, en el centro del poder que sustenta a esas clases dominantes ahora buscan sacarse de encima al inquilino republicano de la Casa Blanca, en un impeachment en el que ni acusado ni acusadores tienen las manos limpias.
Porque este proceso regresivo y promercado comenzó en Honduras hace diez años, cuando con apoyo del demócrata Barack Obama derrocaron al presidente Manuel Zelaya, que había congeniado con el venezolano Hugo Chávez. Fue el modelo de golpe que luego el departamento de Estado exportó a Paraguay en 2012 y a Brasil en 2016.
Ahora un fiscal de Nueva York confirmó los lazos con el narcotráfico de Juan Orlando Hernández, el mandatario que se instaló en el palacio de gobierno en elecciones fraguadas. El paraguayo Abdo Benítez se topó hace unas semanas con una pueblada por los contratos de venta de energía de Itaipú a Brasil en condiciones desventajosas para la nación. Y Jair Bolsonaro busca -a lo bestia- formatear Brasil, mientras crece la expectativa sobre la liberación de Lula da Silva, lo que le permitiría plantear desde las calles una dramática disputa entre dos modelos.
Esto ya ocurre en Ecuador, donde el sucesor de Rafael Correa traicionó cada uno de los compromisos con la ciudadanía, y su partido, para someterse a los dictados del FMI. Ahora dejó la capital para cuidarse de la ira popular mientras suspendió los derechos constitucionales.
En Perú la cosa viene de arrastre y Martín Vizcarra simplemente trata de manejar la deriva del establishment, que no logra posicionar un gobierno estable y tiene a todos sus anteriores presidentes sentenciados por corrupción.
En Haití, el país más pobre del continente, la crisis crece con la misma velocidad que las protestas contra el presidente Jovenel Moïse, acusado de haberse quedado con dineros del fondo de Petrocaribe.
Y mientras Venezuela resiste, hay cierta calma en Bolivia, que en dos semanas elige presidente, con Evo Morales como favorito y una oposición que solo tiene como aliado a Washington. Y en Uruguay, que va a las urnas el mismo día que Argentina.
Los uruguayos tienen ocasión de revalidar 14 años de Frente Amplio contra una oferta que mucho se parece a las que de este lado del río llevó adelante Cambiemos.
¿Renace otro ciclo progresista desde las cenizas en la región?
Desde bastante antes de llegar al poder, Cambiemos tuvo en la mira al gobierno venezolano. Y la oportunidad le llegó: el 6 de diciembre de 2015, exactamente cuatro días antes de que Macri jurara como presidente, el chavismo perdía por abrumadora mayoría las elecciones parlamentarias y comenzaba la ofensiva más feroz contra Nicolás Maduro desde la muerte de Hugo Chávez. Macri aprovechó entonces para liderar un bloque enemigo de todo lo que oliera a integración regional. Y puede decirse que fue coherente. Chávez fue un pilar fundamental en la construcción de organismos latinoamericanos y, sin dudas, uno de los «culpables» de aquel ciclo que tuvo su gran espaldarazo en el No al Alca de Mar del Plata en 2005. La alianza del macrismo con los gobiernos de derecha que se fueron instaurando en los últimos años sirvió para correr la agenda hacia directivas más afines al Departamento de Estado de Estados Unidos. La Cancillería, primero con Susana Malcorra y luego con Jorge Faurie, fue consecuente en el estrago de cada una de las instancias que con paciencia y persistencia se habían formado en la primera parte del siglo XXI. En ese contexto, Venezuela fue suspendida del Mercosur apelando a la cláusula democrática. Coordinada con Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, Argentina anunció recientemente su retiro de UNASUR, la máxima construcción regional de esos años dorados, a pesar de que por las propias reglas de la institución quien debería decidir eso es el Congreso. El último paso hacia la desintegración, también coordinado con las derechas sudamericanas, es un decreto por el cual el gobierno de Macri pretende que no se vote a parlamentarios de Mercosur en las elecciones de octubre.
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