por Alberto López Girondo | Feb 16, 2019 | Sin categoría
La gira de Alberto Fernández por Europa resultó exitosa en lo formal. Recibió el espaldarazo de tres líderes de peso en los organismos internacionales: la alemana Ángela Merkel, el francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el papa Francisco y con la responsable del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva. Jorge Bergoglio insistió en un discurso que enarbola desde que fue ungido obispo de Roma: «Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales, a medida que sus Gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social».
En forma simultánea, Fernández obtuvo un mensaje, que sus voceros difundieron como favorable, del presidente Donald Trump. Fue cuando el designado embajador en Washington, Jorge Argüello, le presentó las cartas credenciales. «Dígale al presidente Fernández que puede contar con este presidente», dijo Trump. Los más desconfiados se preguntan cuál sería el precio para que ese apoyo se traduzca en una quita o una refinanciación de la deuda con el FMI, donde EE.UU. tiene la acción de oro, y con los privados, que tienen bonos bajo el paraguas de las leyes estadounidenses, que siempre jugaron en contra de los intereses argentinos.
Fue bastante claro que Trump usó el poder determinante de Washington dentro del FMI para forzar la aprobación de créditos por casi el 66% de la cartera de la entidad para beneficiar a un gobierno como el de Mauricio Macri, que fue un sólido apoyo político para el embate contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos tiene el 16% de los votos del Fondo, pero cualquier decisión de la entidad necesita el 85% de votos-cuota.
El argumento de Fernández fue, desde su campaña, que los créditos a Macri se aprobaron sin respetar el estatuto del FMI, que impide entregar dinero que podría ser utilizado para la fuga de divisas, y sin pasar por el Congreso Argentino, que debe aprobar el endeudamiento externo.
El fracaso de la política económica del macrismo arrastró a Macri, pero está calando en el propio FMI. Con un dejo de astucia, Christine Lagarde se había ido de Nueva York a Fránkfurt, sede del banco Central Europeo, en septiembre pasado. Ahora fue el turno de su número 2, David Lipton, el otro gran responsable de haber aprobado el acuerdo por 57.000 millones de dólares.
El problema de la deuda, principal factor que preocupa al Gobierno, es un campo minado. El resultado de la negociación que llevó a cabo la provincia de Buenos Aires fue un buen test de lo que le espera al ministro de Economía, Martín Guzmán. Axel Kicillof tensó la cuerda al máximo intentando posponer un pago de 250 millones de dólares, pero finalmente –al borde de un default y luego de haber colocado 9.300 millones de pesos en letras del Tesoro provincial para solventar parte de ese pago de 15.000 millones– cumplió con el compromiso.
Camino bloqueado
El caso generó críticas y brulotes desde la oposición, que repentinamente olvidó que la brutal deuda externa y los acuerdos con el FMI se hicieron durante el anterior gobierno. Kicillof argumentó que había ido hasta el final con el aval de Nación y que se encontró con una estrategia de asedio de un fondo de inversión, Fidelity, que logró bloquear un acuerdo para el que la provincia tenía un 50% de aceptación entre los acreedores, pero necesitaba del 75%.
Para Kicillof, la actitud de Fidelity, un fondo al que se negó a calificar de buitre o agresivo, podría inscribirse en una movida que apunta a la negociación que Economía lleva adelante con el FMI y los bonistas de la Nación.
Alberto Fernández no tuvo casi tiempo para celebrar su segundo mes al frente del Poder Ejecutivo cuando a poco de bajar del avión que lo traía de vuelta de su gira por Europa debió salir a enfrentar un clima de debate interno dentro del Frente de Todos que la oposición buscaba desde el día en que Cristina Fernández anunció la fórmula para enfrentar al macrismo. El jaleo en los días previos al 10 de febrero tuvo que ver con los dirigentes y exfuncionarios presos durante la gestión de Mauricio Macri.
Para el presidente, hay presos detenidos arbitrariamente, pero esta definición causa escozor entre quienes buscan la libertad y una reivindicación, entre otros, de la dirigente jujeña Milagro Sala, del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro de Obras Públicas Julio de Vido. Hasta la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, fustigó esa definición: «Me duele que quieran minimizar la situación de los detenidos por razones políticas. Es algo triste», dijo.
Los que recibieron los ataques más furiosos fueron el canciller, Felipe Solá, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por plantear esa misma postura. Pero los palos, obviamente, no eran para ellos, y así lo entendió Fernández. «Me molesta que digan que tengo presos políticos», se quejó el mandatario en una entrevista radial. «Hay que decirles a los compañeros que no seamos tontos, que no caigamos en este debate porque quieren hacernos pelear y dividirnos. Todos saben lo que hizo la Justicia. El primero que lo sabe es Alberto Fernández».
La que le dio más sustancia quizás al contenido de este debate fue la abogada Graciana Peñafort, defensora de Boudou como lo fue de Héctor Timerman, y actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Luego de señalar en un hilo de tuits que para ella se trata en todos los casos de presos políticos, argumenta que Fernández es «el único que no puede intervenir en este tema», porque si sostiene esa postura, quizás debería amnistiarlos, que es algo que ninguno de los detenidos quiere. «Quieren un juicio justo donde puedan demostrar que son inocentes», aseguró.
Revista Acción, segunda quincena de Febrero de 2019
por Alberto López Girondo | Sep 17, 2016 | Sin categoría
Si bien para las elecciones de medio término falta más de un año, puede decirse que la campaña ya comenzó. Será el primer test electoral de la alianza Cambiemos en el gobierno y el panorama para el oficialismo se muestra complicado, con una crisis económica que no parece tener fin, el reclamo social en aumento y la aparición de disputas internas entre funcionarios. A favor, cuenta con que las cosas tampoco parecen claras en el principal sector de la oposición, que está representado por los grupos dispersos del peronismo, entre ellos los «desgajados» del Frente para la Victoria.
La celebración de un nuevo aniversario de la consagración como gobernador bonaerense de Antonio Cafiero, que aquel 6 de setiembre de 1987 coronó el proceso de renovación peronista, fue la excusa perfecta para que un amplio abanico de dirigentes del PJ se juntara con el objetivo de crear las condiciones para lograr la unidad en este nuevo escenario.
Se entiende que el recuerdo del dirigente fallecido hace dos años fue la excusa, porque los 29 años de aquella «patriada» de Cafiero contra una dirigencia que se había quedado en el tiempo no son un número «redondo» –que son los que normalmente llaman a los grandes festejos– y menos cuando la fecha no tuvo semejante relevancia en estas casi tres décadas. Pero era buena ocasión para juntar a gobernadores, intendentes y legisladores de los bloques de origen justicialista, aunque sin la presencia de los nucleados en torno al kirchnerismo. Más bien, el objetivo era mostrar que la «renovación», por más que sea al sello identificatorio de quienes ya en 2011 se habían ido detrás de Sergio Massa, puede llegar a ser un paraguas para competir en 2017.
Se reunieron en un hotel porteño, entre otros, Daniel Scioli, Alberto Fernández, Diego Bossio, el presidente del PJ, José Luis Gioja, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, el excandidato a gobernador bonaerense por el massismo, Felipe Solá, y Héctor Daer, integrante del triunvirato de la CGT. No todos son «anti K», pero sí preferirían armar una estructura, competitiva electoralmente, sin la participación de la expresidenta, algo que por ahora no parece viable. Mientras tanto, cuentan porotos y no porque se sientan urgidos por el tiempo electoral, sino porque están acuciados por las circunstancias. La protesta va creciendo en amplios sectores de la sociedad, desde la clase trabajadora y los nuevos desocupados hasta empresarios vinculados con el mercado interno, políticos y sindicalistas de base, y el principal partido de la oposición tiene que salir a conectarse con esa bronca social.
Los tres tercios
Para el gobierno, la mejor noticia –mientras no haya respuesta para los que se vieron afectados durante estos nueve meses de gestión por la devaluación, el aumento de tarifas y la pérdida de empleo– es una oposición disgregada. Tanto para gobernar sin mayores sobresaltos, como para esperar con buenos augurios la elección del año que viene. Si es verdad que las sociedades modernas están divididas en tres tercios asimilables con la derecha, la izquierda y un centro fluctuante, ese resultado no sería grave para Cambiemos en términos de remplazos legislativos.
Los primeros escarceos del oficialismo necesitaban romper con lo que en teoría implicaba un Congreso con mayoría del FPV, y fue así que celebraron largamente el alejamiento de grupos que no comulgaban demasiado con la jefatura de Héctor Recalde en Diputados. En Senadores, con la anuencia de Miguel Pichetto y el apoyo explícito de gobernadores deseosos de fondos nacionales y de evitar diatribas contra sus gestiones, lograron contar con vía libre a los proyectos más necesarios para la voluntad de Balcarce 50, aun cuando fueran a contrapelo de lo que aprobaban hace no tanto.
El objetivo desde el que partieron las principales espadas políticas del macrismo –el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio– es sostener la gobernabilidad mientras, confían, se van consolidando los cambios que se proponen. En aras de esa gobernabilidad, el diputado Sergio Massa acercó posiciones desde el mismo 10 de diciembre con Mauricio Macri. La foto de ambos en el foro de Davos fue la muestra más elocuente. En esos pasos iniciales del nuevo presidente en el poder ambos se necesitaban: Macri porque el exintendente de Tigre podía liderar una oposición amigable con su proyecto de demoler todo vestigio de populismo remanente en la sociedad luego de la derrota del kirchnerismo en el balotaje. Massa porque aspiraba a juntar tras sí a los peronistas descontentos con Cristina Fernández, que acompañaron su mandato por eso de que el poder atrae como un imán, pero estaban dispuestos a dar el salto cuando hubiera posibilidad.
La única verdad
Pero la realidad se impone y a medida que se demora la lluvia de inversiones y se sienten en los bolsillos ciudadanos las consecuencias de las nuevas medidas económicas, ya no es tan atractivo mostrarse cercano al gobierno macrista. Más cuando las encuestas vienen revelando un crecimiento del rechazo a la administración nacional. En tal sentido, el diputado Facundo Moyano pasó una factura impensada hace unos meses. «Está bien acompañar las medidas y la iniciativas legislativas que consideremos que estén bien y ayudan a la gente, pero hay cosas que creo que no se tenían que votar o no servían para nada y terminamos pegados al oficialismo», dijo hacia el interior del Frente Renovador. Por eso Massa tuvo que salir a mostrar los dientes, aun desde un lugar no confrontativo, y se ganó la repulsa del propio Macri.
El hijo del líder camionero no hablaba solo de posicionarse frente al clima de protesta que desbordó la Plaza de Mayo el 2 de setiembre en la culminación de la Marcha Federal y puede llevar a la primera huelga general, sino al acercamiento de Massa con Margarita Stolbizer. «La alianza que hizo con Margarita Stolbizer lo aleja del PJ», le respondieron a Massa desde el peronismo que homenajeó a Cafiero. Como para que le quede claro de qué renovación hablan los popes justicialistas.
Revista Acción
Setiembre 15 de 2016
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