por Alberto López Girondo | Mar 1, 2010 | Sin categoría
Aunque nació en el barrio de la Boca, nadie hoy discutiría que Francisco Gutiérrez es hombre de Quilmes, donde se crió, hizo prácticamente toda su carrera sindical y política y actualmente es intendente. Ligado a los sectores más combativos del gremialismo y específicamente de los metalúrgicos, es más conocido por su apodo, «el Barba», a pesar de que desde que recuperó la libertad, luego de ocho años como preso político, anda a cara descubierta. «Resabios de otros tiempos», dice entre sonrisas. Hiperactivo, forma parte de la estructura de la Unión Obrera Metalúrgica, donde ocupa un cargo en el secretariado nacional al tiempo que comanda la seccional de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, integra un grupo de intendentes bonaerenses de corte progresista que están tejiendo un frente trasversal. Entre ellos figuran Mario Secco, de Ensenada; Gustavo Arrieta, de Cañuelas; Aldo San Pedro, de Bragado, y los dirigentes Eduardo Sigal y Jorge Quito Aragón. Ya había estado al margen del PJ cuando en 2001 llegó a la Cámara de Diputados a través del Polo Social, aquel instrumento electoral creado junto con el padre Luis Farinello. Ahora, decidió volver al transversalismo, para acompañar a la presidenta.
Se nota el peso de su palabra en la UOM, donde promovió junto con el sindicato de los supervisores metalúrgicos y los empresarios metalmecánicos la creación del Instituto para el Desarrollo Industrial y Social Argentino (Idisa), una entidad que para algunos significa una cuña en la Unión Industrial Argentina con un sesgo más oficialista, o por lo menos más «nacionalista».
Otro aspecto importante en el perfil de Gutiérrez es el de su lucha por los derechos humanos. Y en el juicio sustanciado en La Plata contra 14 agentes penitenciarios acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en la Unidad Penal 9. «El Barba» ofició de testigo, junto con, entre otros, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el canciller Jorge Taiana, quienes compartieron distintos momentos de su detención en esa cárcel y sufrieron en carne propia la violencia de los acusados.
–¿Cómo caracteriza la gestión de Cristina Fernández, teniendo en cuenta que desde el año pasado algunos agrupamientos tanto del PJ como de los que fueron sus aliados «transversales» se fueron alejando del kirchnerismo, mientras que ustedes han ratificado su respaldo al Gobierno nacional?
–En principio, creo que lo que está en desarrollo en la Argentina desde el gobierno de Néstor Kirchner y ahora con Cristina es un modelo productivo nacional basado en el mercado interno, en la recuperación del empleo, del salario, en la distribución de la riqueza. Nada más y nada menos que eso. Este modelo productivo pudo afrontar con firmeza, con entereza, la crisis financiera internacional que afectó a fuertes sectores de la economía, sobre todo a aquellos que profesaban la concepción neoliberal que se expresó a través del Consenso de Washington, que era apertura de economía, menos Estado, desregulación, menos salarios, menos defensa de industria, en definitiva, menos Estado de bienestar. Con estas políticas establecidas desde 2003 y continuadas en esos momentos críticos, se ha sostenido el empleo. Aunque hubo algunos pocos sobresaltos, de ninguna manera fueron de las características que hubiesen tenido si estuvieran en vigencia las políticas neoliberales. Yo simplemente pregunto: ¿Cuál hubiese sido el impacto económico de haber seguido el modelo vigente en los 90? Hoy tenemos un país firme, sólido, que no sólo no ha provocado endeudamiento sino que por el contrario intenta desendeudarse para seguir creciendo.
–¿Considera que el tema de la deuda también influyó?
–Hay varios factores que ayudaron a estas conclusiones. El desendeudamiento del Fondo fue muy importante, y también el haber hecho mejores negociaciones por la deuda. Habría que agregar a esta lista el haber tomado los fondos que iban a los grupos económicos, a los bancos, el dinero de los trabajadores en manos de las AFJP. No olvido, como sindicalista que participa en mesas de discusión con los empresarios, el permanente acento que puso el Gobierno sobre las negociaciones colectivas de los trabajadores, la movilidad jubilatoria, el ingreso universal para todos los hijos. Estas son políticas que generan un impacto muy fuerte en el combate contra la pobreza y la indigencia. Todos estos factores económicos y sociales son los que hacen que la economía esté fuerte a pesar de la gran crisis internacional. Ahora estamos en una etapa en que comenzamos nuevamente a revertir ese proceso, estamos recuperando el crecimiento, y esa recuperación mejora el nivel de ingreso, de empleo y la capacidad del Estado de hacer inversiones en obras de infraestructura pública, lo que genera las mejores condiciones para las inversiones privadas. Por todas estas razones estamos apoyando al gobierno de Cristina, porque vemos que va avanzando en profundizar la mayor participación del asalariado en la distribución de la riqueza
–¿Cómo llegó a la intendencia de Quilmes y cuál es el saldo de sus primeros dos años al frente de la comuna?
–Digamos que siempre los trabajadores, y los metalúrgicos en particular, vivimos participando en política, porque teníamos las enseñanzas de Perón y Evita y de nuestros dirigentes históricos de que no hay solución gremial sin solución política. Ningún gremio puede resolver sus problemas estratégicos de empleo, de formación, tener un mejoramiento del salario y por ende de mejores condiciones de vida para su familia, de manera de poder mantener y mandar a sus hijos a la escuela o a la universidad, si no tenemos un modelo económico y de país productivo, un modelo de distribución del ingreso y de inclusión social. Siempre los metalúrgicos participamos activamente de la política, de allí nuestra larga historia en la lucha por la democracia, por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, por las obras sociales, por la salud de los trabajadores. Pero ocurre que también, desde el ámbito sindical, tuvimos quizás una visión más sectorial, más sesgada. Si bien teníamos en claro la necesidad de enraizarse en el contexto de un proyecto nacional, nuestra concepción era obligadamente más sectorial. Ahora, uno debe gestionar desde la responsabilidad de conducir los destinos de otros sectores que no es solamente el del trabajo. Por lo tanto, se debe tener en cuenta otras esferas de la sociedad, como la del empresariado, la cultura, digamos también de aquellos que no están, que no han logrado la inclusión, las condiciones de vivienda, de infraestructura. Eso nos lleva a tener un panorama mucho más amplio, más acabado del manejo de una sociedad. Obviamente que siempre hay una mirada nacida desde el trabajo, porque sabemos que sin trabajo no hay posibilidades de llevar adelante un municipio, una provincia o un país. Eso lo tenemos bien claro.
–¿Cuáles fueron los principales enfrentamientos o roces que tuvo en el ámbito comunal, teniendo en cuenta que gobierna con un Concejo Deliberante en el que está en minoría frente a la oposición?
–Los roces se producen con proyectos distintos, con concepciones diferentes sobre el país. Algunos todavía rememoran épocas pasadas, modelos antagónicos con el desarrollo productivo. Son grupos que tienen concepciones absolutamente liberales sobre el rol del Estado, de los trabajadores, del pueblo. Entonces se nos hace imprescindible luchar desde lo político e ideológico con muchos que piensan que hay que volver para atrás. Lo hemos visto no sólo en mi distrito sino en dirigentes nacionales que han tenido responsabilidad en la conducción del país, o incluso gobernadores actuales, que anhelan volver al Estado inexistente. Por otro lado, debemos luchar contra la burocracia, contra un statu quo bastante poderoso, y eso es lo más difícil. Producir cambios, transformaciones y avanzar en contra de una corriente de muchos años es lo que más cuesta.
–¿Habría opción?
–Nosotros no vemos otro camino. La Argentina fue tomada como un laboratorio para el desarrollo de las políticas neoliberales del Consenso de Washington y así nos fue: terminamos con la mayor cantidad de desocupados, de pobres, de indigentes, la menor cantidad de industrias, el endeudamiento, la caída de todo: de las esperanzas, de las expectativas, la ausencia del Estado en la educación, en la salud. Lo hemos padecido profundamente en nuestro sindicato, que terminó apoyando la creación de empresas recuperadas, como lo veníamos haciendo desde fines de los años 80. Esa experiencia me permite sostener que, aunque algunos nostálgicos del pasado quieran hacer pensar a la gente que con ese modelo se puede crear riqueza, es el actual modelo productivo el que está llevando adelante la estrategia de distribución de riqueza y creación de empleo. Los resultados son palpables.
–Pero todavía falta mucho.
–Claro que todavía falta. Es necesario profundizar este modelo, hay que lograr más participación popular, crear más empleo, más trabajo, más inversión del Estado. Del mismo modo, también es necesario que los que más se enriquecen, los monopolios industriales, los oligopolios del campo, los sectores financieros concentrados, aporten una parte importante de lo que ganan para este modelo. No es que el Estado les va a sacar todo, pero tienen que entender que deben hacer un aporte importante. Porque el dólar competitivo, la política de crecimiento del mercado interno, del consumo, del ahorro, la política fiscal de crecimiento, de ventaja comparativa, los superávits comercial y fiscal primarios son medidas de gobierno sustentadas sobre el apoyo popular. Y que, además, los beneficia. Es razonable entonces que aquellos que se benefician en mayor medida aporten al sostenimiento y al crecimiento de este modelo.
–¿Cómo se siente cuando se unifica a todos los intendentes del Gran Buenos Aires bajo la denominación de «Barones del Conurbano»?
–Hablan de los barones como algo intocable, que tienen superpoderes, y eso no es así. Obviamente son conceptos absolutamente interesados mediante los que buscan crear confusión, desprestigio. No me preocupan esos calificativos porque soy muy consciente de que nuestra fuerza está en el pueblo, en la representación que tenemos en el pueblo, y eso lo construimos todos los días. No es un problema que se resuelve diciendo que hay un aparato estatal al servicio de una persona que conduce. La construcción del poder político se logra en la representación y eso se consigue con el trabajo de llevar propuestas, ideas, en todos los terrenos: en el barrio, en la educación, en el deporte, en la salud, en la cultura, en la obra pública, en inclusión a través de las cooperativas. Hasta te diría que pasa por llevar la palabra de aliento al desprotegido. Desde allí logramos la representación y desde allí hablamos. De ir y estar con el trabajador en conflicto para ver qué mano le podemos dar para que su fabrica no se caiga como pasó en el caso de Massuh, donde logramos crear una cooperativa, como el caso de un club que está en quiebra desde la época neoliberal y le damos ayuda, igual que hacemos con la sociedad de fomento. En ese momento nos sentimos parte del pueblo, pero con un mandato popular muy fuerte que es defender esos intereses.
–¿Qué es para usted el poder?
–Para mí el poder es la representación de los intereses populares. Uno puede creer que ganó una elección y tiene poder, pero si ese poder que le dio el pueblo no lo ejerce con una representatividad genuina, defendiendo sus intereses, el poder se esfuma así como se lo dieron. Hay que sostener los intereses del pueblo para mantener el poder.
–¿Por eso impulsa una suerte de liga de intendentes afines al Gobierno?
–Es que debemos defender lo que hemos logrado en estos años y a la vez impedir el retorno de esas viejas políticas que nos llevaron al desastre. Hoy más que nunca el país corre serios riesgos de caer en viejas trampas. Por lo tanto debemos apoyar lo que está hecho e ir por más. Por más participación, por más inclusión, por más crecimiento.
–En la zona de Quilmes y alrededores han sido precursores de la recuperación de empresas a manos de los trabajadores. ¿Cuándo se crearon las primeras cooperativas?
–Nosotros creamos dos cooperativas a fines de los 80: la General Savio y la General Mosconi. Eran dos empresas metalúrgicas que habían entrado en quiebra. También impulsamos la recuperación de una empresa como Adabor, que se hizo cooperativa, ya en los 90. Era nuestra forma de defender los puestos de trabajo, aunque todavía no se hablaba de «empresas recuperadas». Luego apoyamos, y te diría que cobijamos dentro del gremio, a un puñado de empresas que se fueron cayendo desde el 2001. Les mantuvimos la obra social y les dimos apoyo técnico y de capacitación a través de acuerdos con la Universidad de Quilmes. Son en su mayoría metalúrgicas, pero también hay de otros rubros. La última fue el año pasado, la papelera Massuh, que ya está trabajando nuevamente e incluso exporta. En este caso el Gobierno nacional se involucró muy especialmente.
–También usted apoyó desde el municipio la creación de cooperativas de limpieza.
–El municipio tiene una Dirección de Empresas Recuperadas a cargo de un trabajador de una de ellas, pero también tiene una Dirección de Cooperativas y Finanzas Solidarias. Ese es el perfil que queremos impulsar. Es un modelo de inclusión que nos parece el más adecuado en muchas circunstancias. Aparte de las recuperadas tenemos cooperativas de trabajo, de vivienda, cooperativas que hacen tareas de producción como fabricación de ventanas, puertas, asfalto, generando trabajo en el área urbana. Algunas hacen instalaciones de agua, de gas, eléctricas. Otras hacen instalaciones, puesta a punto, mantenimiento eléctrico, y también tenemos cooperativas que hacen remodelación y conservación de las plazas. Estamos anotando 1800 compañeros con el plan Argentina Trabaja, que ahora se encuentran en proceso de capacitación.
–Desde la CGT usted tuvo oportunidad de relacionarse con sindicatos de todo el mundo. ¿Qué experiencia le dejó ese contacto?
–Yo representé a trabajadores argentinos en la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en la Fitim (Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica), la CIOSL (la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres). Pero también me relacioné con compañeros de todo el mundo, desde la CUT brasileña hasta organizaciones de Chile, Uruguay y Estados Unidos. Todo esto nos sirve para sostener una inserción en el mundo a través de integración de América latina en primer lugar. Siempre hemos estado desde la CGT y desde la UOM preocupados y trabajando por eso que el general Perón decía allá por 1945 del continentalismo y del universalismo. Universalismo es el proceso de internacionalización de la economía y continentalismo es el proceso de integración de unidad de América latina, del Mercosur, como un destino americano. Hoy no se concibe una economía aislada de los espacios internacionales. No se puede tener una economía aislada del mundo.
–¿No suena a globalización?
–Esos conceptos de aislacionismo han quedado superados por la historia, lo que no quiere decir que uno se entregue a las políticas neoliberales que le dicen que el Estado nacional no debe existir. El Estado nacional debe existir para fijar las formas en que se relaciona con el mundo, qué tipo de cooperación económica, de cooperación industrial, qué tipo de cooperación social se establece en los mercados comunes y qué tipos de políticas internacionales se pondrán en marcha para defender el mercado interno y la fuerza laboral propia. Frente a eso hay que tener mucho cuidado, porque con el afán de competir y ganar mercados, los más poderosos penetran en economías que no son de avanzada y en los mercados más pequeños o emergentes, y eso puede destruir fuerza de trabajo, lo que conlleva a consecuencias sociales muy fuertes.
–¿A eso apunta la creación del Idisa (Instituto para el Desarrollo Industrial y Social Argentino)?
–Efectivamente, lo inteligente es saber que existe una economía internacionalizada, que existe un mercado nacional, y que para cada uno de esos espacios hay que tener políticas adecuadas a las posibilidades de desarrollo del mercado interno y la capacidad tecnológica que tenemos, para competir en igualdad de condiciones. Hay que abrir la economía, pero de acuerdo con nuestra capacidad de competir. Esa es una idea que yo impulsé desde siempre y sobre todo en los 90, cuando todo se venía abajo. Al fin, hemos podido unir en ese mismo interés a la UOM, al sindicato de supervisores metalúrgicos (Asimra) y a la cámara industrial (Adimra).
–¿Será un centro de estudios? Porque para algunos medios sería algo así como una corriente interna en la UIA.
–El Instituto estará dirigido por el ex ministro de Economía Miguel Peirano y es una entidad de carácter fundamentalmente técnico. Elaborará análisis y realizará observaciones de tipo coyuntural y a largo plazo, que serán de suma importancia para los gobiernos, las universidades, el Congreso y las legislaturas. Son necesarias políticas sustentables de largo plazo, y en Idisa se apunta a eso: qué podemos hacer como país y de qué manera. En definitiva, cómo juntos –trabajadores y empresarios– podemos construir un futuro para nuestros hijos.
–¿Qué opina acerca de la lucha de la CTA por su personería y los nuevos sindicatos que van surgiendo en distintos espacios laborales?
–Creo que muchas cosas están cambiando en el mundo, y también está cambiando la cuestión sindical. No hay que tener miedo a la generación de espacios sindicales nuevos. Lo que sí me parece es que debemos tener cuidado de que no se convierta en un elemento para tratar de dividir a los trabajadores en representaciones minúsculas. Debemos ser muy conscientes de que cuando hay una actividad que por su propia dimensión y por su propio crecimiento merece tener una nueva representación gremial, hay que aceptarla claramente. Hay trabajadores de la actividad informática que antes no existían como actividad, entonces si se nuclean trabajadores de esa actividad en un sindicato hay que respetarlos. Lo que no se puede permitir es que haya 20 gremios dentro de una empresa porque eso debilita a los trabajadores frente al poder concentrado del empresario. A más concentración patronal necesitamos más concentración sindical y también una política gremial para contrarrestar el avance del poder empresario.
–La crítica es que hay una burocracia que atenta contra los intereses de los trabajadores.
–Eso no es cierto. Puede haber en una estructura gremial algunos a quienes los puedan cuestionar desde el punto de vista político o ideológico, pero ninguna organización gremial atenta contra los intereses de los trabajadores. Puede algún sector pretender usar al sindicato en una función que no le corresponde. Pero me parece que lo ideal es generar debate y que se decida con el voto y con la participación de los trabajadores. Lo que no se puede hacer es obviar el voto de los trabajadores. Eso nunca.
Revista Acción, 1 de Marzo de 2010
por Alberto López Girondo | Ene 1, 2010 | Sin categoría
Con un puñado de gestos y otras tantas frases cargadas de contenido, el presidente Barack Obama terminó por definir de qué lado se ubica en el intrincado juego en que se metió el día que asumió la presidencia, hace un año. El apoyo solapado al golpe de Estado en Honduras, la instalación de bases en Colombia, el rol en la cumbre de Copenhague y el anuncio del envío de más refuerzos militares a Afganistán fueron apenas el prólogo para lo que, de un modo más explícito, expresaron el mandatario al recibir el Premio Nobel de la Paz y su secretaria de Estado ante el acercamiento de algunos gobiernos sudamericanos al presidente Mahmud Ahmadinejad.
«Los instrumentos de la guerra tienen un rol a jugar en la preservación de la paz», sostuvo Obama en Oslo, sin inmutarse ninguno de los presentes, en el meduloso discurso con que intentó explicar las razones que asisten a Estados Unidos para usar la violencia en conflictos internacionales. Hillary Clinton no le fue en zaga, días más tarde, cuando amenazó a los mandatarios del sur del río Bravo: «Si desean coquetear con Irán, deben observar cuidadosamente cuáles podrían ser las consecuencias».
«Podría decirse que Obama ha avanzado todo lo que se podía avanzar desde la perspectiva tímidamente progresista que planteó, que es bastante poco –dice Gabriel Puricelli, analista político– Porque el consenso político en EE.UU. en la era Bush, pero sobre todo desde el 11 de setiembre de 2001, se corrió tan a la derecha que ni en la época del macartismo puede encontrarse un cuadrante tan radicalmente conservador, tan reaccionario como el actual».
Profesor de Historia de Estados Unidos en la UBA, Pablo Pozzi es fuertemente crítico de la gestión del demócrata, aunque considera que Obama «no puede hacer otra cosa. Estamos a casi 30 años de Ronald Reagan. No se debe perder de vista que en este período cambió el gobierno federal en EE.UU., que es fuertemente privatizado y que no tiene poder decisorio en gran parte de los temas en discusión. Baste pensar simplemente que la cantidad de mercenarios en Irak y en Afganistán, es casi el doble que la de soldados norteamericanos».
Francisco Corigliano, doctor en Historia y docente en Política Internacional en varias instituciones de la Argentina y el exterior, también observa un Obama esquivo a los cambios. «Tanto en política doméstica como externa los elementos de continuidad respecto del segundo mandato de Bush hijo son más notorios que los de ruptura. Y esta continuidad no sólo se debe al peso del complejo industrial-militar, sino también a la necesidad del Partido Demócrata de no aparecer demasiado concesivo en temas de defensa y seguridad nacional respecto a los republicanos».
Es curioso, pero ese concepto fue acuñado por el general Dwight Eisenhower, comandante de las tropas aliadas en la Segunda Guerra mundial, en su discurso de despedida de la presidencia, el 17 de enero de 1961. «La conjunción de un inmenso establecimiento militar y una gran industria armamentística es nueva en la experiencia americana. La influencia total –económica, política, incluso espiritual– se deja sentir en cada ciudad, cada capitolio estatal, cada oficina del gobierno Federal. (…) Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación haga peligrar nuestras libertades o procesos democráticos. (…) Sólo una ciudadanía alerta e informada puede imponerse al engranaje propio de la enorme maquinaria industrial y militar de defensa con nuestros pacíficos métodos y objetivos, para que la seguridad y la libertad prosperen juntas». Su sucesor, John Kennedy, sería víctima de ese mismo aparato en 1963. A su manera, todos los gobiernos demócratas que lo siguieron también resultaron acosados por este inmenso poder, en términos económicos, pero también como proveedores de mano de obra y desarrollo tecnológico.
«Es un karma con el que lidian al menos desde la administración demócrata de Jimmy Carter, defenestrada por la derecha republicana por su falta de eficacia en un operativo de rescate de rehenes norteamericanos en la embajada en Teherán, en 1979. Fracaso que, entre otros muchos factores, catapultó a Ronald Reagan a la presidencia en 1980», recuerda Corigliano. Obama decidió muy pronto no alejarse de esta línea, y sin haber mostrado demasiada lucha.
Política del garrote
En un capítulo de la vieja serie Sledge Hammer (virtualmente «garrote de madera»), que por estas tierras se llamó Martillo Hammer el protagonista, un detective brutal enamorado de su Magnum 44, hace un allanamiento no autorizado. Ante una prenda íntima encontrada en un mueble del sospechoso, su compañera policía pregunta: «¿Estás pensando lo mismo que yo?».
–No sé tú, estoy pensando en invadir Afganistán yo solo –responde, mientras mira embelesado su arma. Graciosa para la época, 1987, cuando ese país era una piedra en el zapato de la Unión Soviética y Washington apoyaba a los jefes tribales que se oponían a la invasión.
La comedia, que todavía puede verse en algún canal de cable, refleja no solamente el placer irracional por las armas, sino el deseo de expansión imperial que finalmente concretó Bush Jr. luego de los atentados del 11S. Obama también explicó «su» guerra, en una conferencia en la academia militar de West Point: más tropas, más acciones contra los talibán, instrucción a las fuerzas armadas locales y una fecha para el retiro total en 18 meses. «No sea otro presidente de la guerra», le había rogado Michael Moore en una carta abierta. De nada sirvió el pedido del cineasta.
«Plan McCrystal light», lo denominaron los medios estadounidenses. El general Stanley McCrystal comanda las fuerzas de EE.UU. y la OTAN en Afganistán. A fines de agosto presentó a Robert Gates, secretario de Defensa, el Commander’s Initial Assessment (Evaluación Inicial del Comando) ante el pedido de Obama de discutir una retirada más o menos honrosa. El acrónimo refiere al COIN strategy (Estrategia de Contrainsurgencia, aunque juega con un término que podría entenderse literalmente como «estrategia de la moneda»), el plan explicitado en 66 páginas que se plantea el envío de refuerzos para terminar con los talibán y el apoyo a políticas «antisubversivas», poniendo foco en la población más que en los militantes «insurgentes». Un método que diseñaron los franceses para Argelia y enseñaron a las fuerzas armadas sudamericanas en los años 70 con resultados demasiado conocidos. El «McCrystal light» sería una versión mínima: en lugar de 40 mil soldados pedidos, 30.000; en lugar de entrenar 240.000 tropas afganas, 120.000 y así.
Para completar el cuadro, el número de enero de la revista Vanity Fair publica un extenso perfil al creador y dueño de la agencia de «servicios militares» más grande del mundo: Blackwater. Erik Prince, heredero de una fábrica de autopartes en Michigan y ferviente militante católico, fue «comando especial» de la Marina en Irak en los 90 y allí trabó amistad con muchos Sledge Hammer. Desde entonces convirtió a su emprendimiento en una rentable empresa que facturó 1500 millones en Irak y en Afganistán.
El reportaje fue escrito por Adam Ciralsky, un ex abogado de la CIA, que le hizo juicio a la agencia porque, dice, trabó su ingreso al gobierno central por su origen judío. Prince (40 años y siete niños) se jacta de su método de enseñanza. Para el que aplica una escena de la película Taken (conocida aquí como Venganza), en la que Liam Neeson hace de un viejo agente secreto al que le secuestran su hija adolescente.
–No tengo el dinero. No sé qué hará usted, pero si no deja a mi hija lo buscaré, lo encontraré, y lo mataré –dice el personaje Bryan Mils, el espía retirado, a los secuestradores.
«Quiero que mis hijos entiendan los peligros que hay por allí. Y que sepan cómo respondería yo», explica Prince a Vanity Fair.
Esta nota provocó revuelo en los círculos progresistas ligados a los demócratas. La sospecha es que, tratándose del dueño de una agencia de mercenarios reporteado por un ex CIA, habría un intento de chantajear al gobierno.
Burocracia bélica
Dana Priest es periodista en el The Washington Post y ganó dos Pulitzer por trabajos de investigación, uno de ellos con su libro The Mission. Waging War and Keeping Peace with America’s Military. Allí muestra que la política exterior de Estados Unidos es dictada por el aparato militar. Porque tiene más cantidad de personal, está altamente capacitado y dura en su gestión mucho más que cualquier secretario de Estado.
«Mientras que a mediados de los ochenta el gasto militar de Estados Unidos no alcanzaba al 30% de los gastos militares mundiales, hoy es casi el 50%. El presupuesto de defensa equivale a la suma del resto de los 191 países miembros de Naciones Unidas», dice Juan Gabriel Tokatlián, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad John Hopkins y docente en la Universidad Torcuato di Tella.
Las cifras de este conglomerado son abrumadoras: más de 800 bases en todo el mundo, 440.000 soldados, un presupuesto 15 veces más grande que el destinado al resto de los asuntos exteriores y 200 veces más personal en el Pentágono que en el Departamento de Estado, sin contar a las tropas privadas, dan una idea de lo que se está hablando.
«Si hay un sector que creció en los últimos 20 años fue la burocracia militar. Y lo hizo invadiendo áreas de competencia de otros sectores del Estado. Además, tiene planes que van mucho más allá de los años que le pueden tocar a Obama. Es un ente autónomo que permanentemente tensiona con las autoridades civiles para tener mayores grados de autonomía», señala Puricelli, co-coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.
Corigliano añade otro elemento a tener en cuenta. «La incidencia de los lobbies étnicos, económicos y religiosos, y particularmente la derecha cristiana evangélica y los judíos ortodoxos, es muy fuerte. Sin dejar de lado el peso e influencia que la red de medios, los intelectuales y los think-tanks conservadores y neoconservadores tienen sobre la opinión pública. Algo que no es suficientemente contrapesado por la red de medios e intelectuales liberales (progresistas)».
Esta influencia se manifiesta en la concepción privatista predominante en la sociedad. «Cuando sucedió lo del huracán Katrina, la Armada no podía rescatar a las víctimas. Terminaron alquilando los barcos de Circle Line, una empresa turística, para que saquen a los tipos, turísticamente», ironiza Pozzi, para agregar luego que nada cambió desde entonces.
Algo que a Obama le quedó claro no bien quiso aprobar la Ley de Salud, que propone ampliar la cobertura para el 15% de la población de menores recursos. Para Corigliano, hay dos fuerzas opuestas que se juegan en ese tema. «Por un lado, el presidente pertenece a un partido que está claramente identificado con las medidas de estado de bienestar adoptadas por Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Harry Truman, John Kennedy y Lyndon B. Johnson, quien prometió erradicar la pobreza y dejó programas sociales como Medicare y Medicaid». Pero muchos de esos logros fueron barridos por la revolución conservadora de los 80 «a tal punto que Clinton y ahora Obama no pueden volver al grado de intervencionismo estatal y medidas progresistas que se adoptaron entonces. En buena medida por el impacto de la crisis económica pero también por el peso del Estados Unidos conservador».
Pozzi, doctorado en la State University of New York, lo analiza a su manera: «El plan de Salud que en 1992 quiso aprobar Bill Clinton era por lejos mucho mejor». Reconociendo también que el plan de Hillary Clinton era más ambicioso, Puricelli explica que Obama propuso una reforma que apenas subsidia a los privados para dar cobertura a 36 millones de norteamericanos que no la tienen. Aun así, «los lobbies particulares introdujeron cambios en la Cámara Baja, como el diputado Bart Stupak, que planteó una enmienda para que ningún subsidio del Estado pueda ser utilizado en el financiamiento de abortos».
«Actualmente los Estados Unidos tienen la distinción nada envidiable de ser la única gran nación industrial sin el seguro médico obligatorio», recordaba un artículo del diario Washington Post. Agregando que la frase pertenece al economista de Yale Irving Fisher «y fue dicha en diciembre. En diciembre de 1916».
Camino de centro
El mote de encabezar una gestión de corte socialista le cabe a Obama –según las usinas ultraconservadoras– por su postura ante la crisis económica. Se lo acusa de haber convertido a la General Motors (GM) en Government Motors, por ejemplo. Pero en sus últimos meses Bush había destinado varios miles de millones de dólares más para el salvamento de los principales grupos financieros.
«En términos económicos, Obama es claramente un centrista –dice Puricelli– y de hecho es donde ha demostrado más continuidad con la política de un centrista como Bill Clinton. Todo el equipo económico de Obama es de ahí». Podría agregarse que los colaboradores más íntimos de Obama creen firmemente en el libre mercado «y entienden que el estado capitalista está para evitar las crisis del capitalismo».
Pozzi añade que tanto republicanos como demócratas «han gastado casi un billón de dólares en subsidios al mundo financiero y todos dicen que la cosa mejoró. Pero no hay control, no se ha creado una Comisión de Seguridad de Acciones como hizo Roosevelt en su momento para controlar bonos basura o acciones truchas. ¿Cómo saben que el balance de Citibank mejoró si no tienen controles?».
El historiador sostiene luego que «la suposición de que Obama pueda hacer una política distinta nombrando a los mismos tipos que vienen haciendo la política económica en los últimos 30 años es inocente». Lo peor es que, según esta perspectiva, no puede hacer mucho más. «Cuando él dice “vamos a entregar dinero para paliar la crisis” dice algo equivocado. No tiene los canales para que ese incentivo llegue a los pobres. Todo pasa por los punteros municipales, hay un plata para gente que promete repartirla y la esperanza de que eso funcione. Pero sin instituciones estatales para lograrlo», agrega Pozzi.
«El Partido Demócrata es un aparato que se pone en funcionamiento sólo cuando hay elecciones», señala Puricelli. Recién en estos últimos años, dice, algunos estamentos liberales se han puesto a trabajar en una militancia más consecuente. Sobre todo en los estados de mayor tradición sindical y de luchas civiles. Pero, paradoja de los tiempos que corren, los republicanos siguen contando con el apoyo del electorado de mayor poder adquisitivo y también con el de los más pobres.
El premio Nobel de Economía de 2008, hasta no hace mucho ferviente apoyo de Obama, resumió el momento de un modo bastante sintético: «Pasó algo raro camino a un nuevo New Deal. Hace un año lo único que debíamos temer era el temor mismo; hoy la doctrina dominante en Washington parece ser “tengan miedo, mucho miedo”», analiza Paul Krugman.
En eso están.
Revista Acción, 1 de Enero de 2010
por Alberto López Girondo | Nov 15, 2009 | Sin categoría
Dice que cuando Néstor Kirchner le ofreció el cargo, en 2005, se justificó recordando su trayectoria en el campo de los derechos humanos. Ahora, luego de cuatro años al frente del Ministerio de Defensa, Nilda Garré, la primera mujer en ocupar esa cartera, siente que una parte importante de su tarea está cumplida con los cambios logrados en el Código de Justicia Militar y en los planes educativos, y con la definición de ciclos de planeamiento, algo impensable para las Fuerzas Armadas argentinas a lo largo de su historia más reciente. Pero al mismo tiempo, lamenta no haber logrado que la información en manos de efectivos militares sobre el período más oscuro de su pasado haya salido a la luz. No haber podido romper con los códigos de silencio corporativos que aún imperan entre los militares.
«Yo no estaba en el círculo más íntimo de Kirchner –recuerda Garré– aunque había apoyado su candidatura. Por eso me sorprendió cuando me dijo: yo con vos sé que puedo jugar de memoria en cuanto a principios, valores, objetivos y además porque has tenido una actividad muy clara en el tema de los derechos humanos y creo que en esa área hay que dar una señal muy clara que tu solo nombre lo da».
–¿Qué cambios le produjo este tiempo de gestión?
–Fui diputada muchos años, después me tocó ser embajadora en Venezuela, por poco tiempo. Pero hay cosas que a una la tocan. Este me pareció un desafío impresionante, excitante y creo que había una gran responsabilidad de los civiles en el área. Nosotros, por muchos años, por los enfrentamientos con valores e ideas de las FF.AA., delegamos la defensa en los militares, como delegamos la seguridad en la policía. En general, en la institución. El Estado no se metía, como si esta no fuera una de las políticas públicas que el Estado debe manejar. Algo insólito. Había una especie de pacto tácito: «Mientras no haya insubordinación, está bien, manejen el área». Lo que determinó un gran nivel de corrupción, porque no había transparencia, autonomía de funcionamiento, autonomía en las decisiones. Una de las fuerzas podía decidir comprar tanques pero no en función de un planeamiento, que es lo que estamos haciendo ahora.
–¿Cómo es ese planeamiento?
–Hay un Ciclo de Planeamiento que está definido por un decreto que firmó Kirchner en 2006. La idea es planificar qué clase de FF.AA. queremos, para qué, con qué diseño, con qué organización y con qué medios. Uniendo las hipótesis de conflicto que podemos tener, si las tenemos, veremos qué elementos es necesario comprar. Son decisiones que después tienen un efecto práctico. No queremos que este Ciclo de Planeamiento salga del capricho de una fuerza. Lo tiene que hacer el Estado Mayor Conjunto, que debe tener todos los roles posibles para que finalmente haya un funcionamiento conjunto de las fuerzas. Malvinas nos mostró el desastre profesional de nuestras fuerzas en ese aspecto.
–¿Cual diría que fue la dificultad más grande que enfrentó desde que asumió el cargo?
–Lo más grave, creo que es obvio, es el problema estructural, de los valores, de los principios. La idea sobre la institución, su rol, su papel y su historia que tienen la mayoría de los militares. Creo que ese es el problema más complejo: producir cambios estructurales, profundos, cuando hay un esquema de valores, de principios, de objetivos que van un poco a contramano de lo que son los valores de la sociedad. Un proceso de democratización de las FF.AA. requiere una colaboración de ellos, en la medida que opongan una resistencia por todo lo que arrastran, se hace más complicado.
–¿Nota que se hayan ido produciendo cambios?
–Algunos, los vinculados con su organización, funcionamiento, despliegue, están referenciados con los cambios muy importantes que ha habido en el mundo. La desaparición del conflicto Este-Oeste, el destierro de la doctrina de Seguridad Nacional, la desaparición de todo el esquema normativo, las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, más todo lo que pasó con el terrorismo de Estado, fueron determinando algunos cambios significativos. Pero había otros que exigían un redespliegue, un re–análisis de la función de las FF.AA. y por consiguiente de la capacitación y la profesionalización.
–¿Como cuáles?
–Por ejemplo, si tengo hipótesis de conflicto con los países limítrofes, despliego unidades del Ejército en las fronteras con Chile y con Brasil. Si eso desaparece tengo que analizar cuáles son las posibilidades de conflicto que puede tener la Argentina, con la limitación que tienen hoy las FF.AA. Porque de acuerdo con la ley sólo puede intervenir en caso de agresión estatal externa. Como no se visualiza ningún país que nos pueda atacar, entonces las FF.AA. requieren otra organización, otro despliegue y otros medios materiales.
–¿Cuál sería hoy la hipótesis de conflicto?
–Hoy no hay hipótesis de conflicto, esta es una zona de paz. Pero el aparato de defensa debe estar preparado. La Argentina hoy no tiene hipótesis de conflicto y los militares lo saben. Obviamente que si ponemos las FF.AA. a dedicarse a nuevas amenazas, a migraciones, como hacen algunos países de la región, ellos volverían a tener hipótesis para las cuales adecuarse. Pero las nuevas amenazas no son aceptadas hoy como materia de competencia de las FF.AA.
–Hace algunas semanas en algún diario se hacía referencia al rearmamentismo de países de la región, como Chile, Brasil, Venezuela.
–Pero eso obedece a otros motivos, no a un ataque inminente de ningún país. Argentina no tiene hipótesis de conflicto, esto no quiere decir que no tenga su sistema de defensa organizado, aceitado y eficiente para lo que hemos elegido, que es una opción defensiva. Tenemos que estar preparados para defendernos de cualquier ataque y debemos tener capacidad para defender nuestros recursos naturales, que son muy codiciados en el eventual caso de que tengamos algún tipo de intento de limitar nuestra disposición de ellos.
–¿Esa no sería una hipótesis de conflicto?
–No es una hipótesis la de los recursos naturales, porque no nos están atacando. Tenemos que estar preparados para defenderlos, este es otro tema. Nadie va a venir a discutirnos si encontramos petróleo en la plataforma continental o agua en el sur. No se vislumbra. Estamos hablando de corto y mediano plazo, dentro de 50 años no sé lo que puede pasar. Pero en el corto y mediano plazo esta es una zona de paz.
–¿Cuáles serían esas previsiones defensivas con la situación actual de Latinoamérica, entonces?
–En la región hay un proceso de cooperación y de integración bastante significativo, que se está dando sin tropiezos. Esto no quiere decir que la región sea absolutamente pacifica, pero en grandes líneas es una zona de paz. Cierto es que hay reclamos territoriales pendientes. Concretamente Bolivia que reclama su salida al mar, Chile y Perú tienen disputas costeras. Pero Argentina no tiene problemas limítrofes. Y Chile no se está rearmando para enfrentar a Perú, ni Perú está comprando algunas cositas como se dijo por ahí… Chile se rearma porque los recursos materiales que tiene son muy viejos, obsoletos, hay nuevas tecnologías, obviamente…
–¿Hay información a nivel ministerial entre los países?
–No entre todos. Chile y Argentina tienen un sistema de aviso cuando van a comprar algo, porque hay medidas de confianza mutua muy desarrolladas, que queremos ver de desarrollar en toda la región. ¿Chile por qué compra armas? Porque acumula una gran cantidad de plata en función de una ley que dejó Pinochet, la ley de Cobre se llama vulgarmente, que le da un tanto por ciento de la recaudación por la exportación del metal a las FF.AA. Entonces modernizaron todas sus cosas; tenían barcos de más de 30 o 40 años. Su flota nueva fue comprada a los ingleses.
–¿Hay demandas de los militares por esas cuestiones?
–Se sabe que no está en la política argentina plantearse ninguna carrera armamentista. Que no es necesario porque no hay ninguna inminencia de conflicto. Que no hay recursos en Argentina, que tuvo un colapso económico financiero muy grave en el año 2001. Que hay otras prioridades, como resolver los problemas de la pobreza. Y que nuestra definición es defensiva, por lo cual muchas armas que son claramente ofensivas no entrarían en el diseño de nuestras FF.AA. Esto no quiere decir que no tengamos que considerar alguna renovación, como los aviones Mirage, cuya vida útil está por vencer y entonces hay que sacarlos de servicio en poco tiempo más. Alguna de estas situaciones habrá que contemplar en el futuro, pero en forma muy medida, y tratando de basarnos lo más posible en el desarrollo de las industrias de la defensa, nacionales o regionales. Ahí hay un gran esfuerzo por la vinculación, con Brasil sobre todo y con Chile, que son los que tienen algún desarrollo industrial de defensa.
–¿En que instancia están esos proyectos?
–Tenemos en este momento un patrullero oceánico, que es un diseño conjunto que se hizo con Chile. Lo hicieron ingenieros de las FF.AA. de los dos países. Brasil no entró en el diseño porque quería imponerle mayor velocidad a los patrulleros de la que estimaban Argentina y Chile. Los chilenos hicieron la ingeniería básica, que se la compraron a los alemanes y nosotros hemos comprado a Chile esa ingeniería de detalle para el año próximo comenzar a producir el primero de esos patrulleros. Tenemos la obligación de controlar el espacio aéreo y los mares. Así que también desarrollamos con la empresa Invap el primer radar militar que se produce en la región. Porque necesitamos tener radares y aviones para controlar el espacio aéreo y patrulleros, que no son buques de guerra, para mostrar claramente nuestra voluntad de ejercer nuestros derechos soberanos sobre las aguas oceánicas. Además hemos recuperado la fábrica de aviones de Córdoba.
–¿Son políticas de Estado a nivel regional? Porque en dos años los gobiernos de Chile, Brasil y Argentina van a ser otros.
–Estimo que estas políticas tendrán una continuidad. Puede haber un país que en un momento le dé más énfasis que en otro, pero son tratados que unen a los países. Yo descarto que los cambios puntuales que pueda haber, por las elecciones en los diversos países, modifiquen de fondo esta política. Puede haber matices, por supuesto. Mayor énfasis, entusiasmo, en alguna reunión de Unasur, pero en líneas generales uno podría decir que va a haber continuidad. Y en nuestro caso con Chile, son varios años de aplicación de estas medidas de confianza mutua. Hemos firmado una cantidad de convenios que las ratifican, eso está en pleno funcionamiento. Hemos hecho una fuerza conjunta binacional, la Cruz del Sur, para actuar en operaciones de paz. Una fuerza binacional exige que los militares de los dos países que la integran, compartan doctrina, entrenamiento. Es una demostración de mucha confianza. A nivel de las FF.AA. las cosas están mejor que en otras burocracias de los dos países, donde subsisten un poco más las desconfianzas. Ahora estamos haciendo algo similar, un batallón más limitado en sus objetivos, con Perú, para desarrollar tareas de ayuda a la comunidad en Haití.
–¿Cuántas mujeres hay en las FF.AA.?
–Hay entre un 10% y 15% según la fuerza. Acá había solamente mujeres en las áreas de enfermeras, médicas, en el cuerpo profesional. A medida que las FF.AA., no sólo de la Argentina sino del mundo, empezaron a ver que necesitaban incorporar el recurso humano mujer, empezaron a tener una situación nueva que requería cambios culturales, organizativos y de infraestructura. Desde prever el baño para mujeres hasta guarderías. En el viaje de instrucción de la fragata Libertad, hoy hay que aprobar camarotes para mujeres, toda una lógica de espacios diferenciados. No estaban previstas licencias por maternidad con todo lo que eso implica. No había ninguna flexibilidad en horarios ni licencias en los casos de las madres con hijos menores.
–¿Aceptan que mande una mujer?
–Todavía las mujeres no han llegado a jerarquías muy altas, y si han llegado algunas es del cuerpo profesional, porque este proceso es muy reciente. Comenzamos con un Observatorio de Género que diagnosticó los problemas, después hicimos un Consejo de Género, con mujeres de la universidad, de organizaciones civiles, del Estado, más oficiales o suboficiales mujeres. Es muy raro que los suboficiales hablen cuando hay oficiales presentes. Probamos juntarlos para ver si se podía romper eso y funcionó. Hoy es un ámbito que discute los problemas que tienen las mujeres. También hay dificultades para ascender, porque las juntas de calificaciones las integran hombres, lo que no garantiza los derechos de las mujeres. Ahora estamos haciendo Oficinas de Género en las tres fuerzas. Empezó la Fuerza Aérea, que la organizó con una supervisión mínima del Ministerio, y la propusimos como modelo a las demás fuerzas, porque salió bastante bien. Ahí se recogen una cantidad de reclamos, preocupaciones, dificultades. Y hemos ido solucionando medidas claramente discriminatorias para la mujer. Eran cuestiones culturales, pero perjudicaban. Como por ejemplo, las guardias. Una mujer embarazada tiene que tener una limitación en el horario de guardia por la naturaleza de su situación. Estamos haciendo un plan nacional para instalar jardines maternales, que lo hacemos, en general, en convenio con las autoridades educativas de la jurisdicción. Pusimos mujeres en la junta de calificaciones para garantizar una presencia, una voz. Todo cambio profundo lleva tiempo.
–¿Y en el plano de los derechos humanos, como se perciben los cambios?
–Está claro para las FF.AA. la absoluta determinación y voluntad política de los tres poderes del Estado y hemos tratado de llevar al máximo la posibilidad de informar a los juzgados, de buscar la información. Tuvimos bastantes problemas al principio. Hubo demoras, escollos, obstáculos, pero hoy en día estamos logrando un mejor nivel de información. Hemos desclasificado información sobre las áreas de inteligencia de las fuerzas y estamos tratando de contestar todos los oficios judiciales con la máxima información posible. Y en paralelo hemos iniciado una tarea de concientización, de divulgación a través de seminarios, de charlas, publicaciones de clases. Algo que ayuda también es que todos los oficiales que estuvieron comprometidos ya no están en la fuerza. Puede subsistir algún caso a nivel generalato o un coronel muy antiguo, el resto es oficialidad más joven.
–Pero persiste un esquema corporativo.
–La corporación es fuerte, el espíritu corporativo y cierto grado de solidaridad persisten. La prueba está en que, a pesar de que yo creo que hoy se asume en la gran mayoría de los oficiales y suboficiales la política de derechos humanos, no tenemos denuncias. Aun los procesados no hablan, no cuentan cómo fue todo y qué información tienen. Hasta el momento hemos ubicado cosas puntuales, algunas que estaban archivadas, porque en un momento se llevaron registros detallados. Las FF.AA. son muy minuciosas en sus papeles y trámites. Eso fue destruido, escondido. En algunos casos hemos localizado cosas y las hemos entregado a la justicia, aunque no todo lo que hubiésemos querido, ni siquiera una porción importante de lo que tendría que haber habido. Pero acá hay una lógica, que se ve y la pude corroborar en muchos casos, de silencio sobre el pasado, aún en el marco de las autocríticas sobre lo que pasó. Nadie se presenta a denunciar.
–¿Y las nuevas camadas que ahora están en los cargos altos y medios?
–Sobre el pasado la mayoría va a respetar un tácito pacto de silencio. En general, ante cualquier situación de infracción, de delito que sucede dentro de la fuerza, la idea es que los trapitos se lavan adentro. Es una cosa muy perversa y lo hemos experimentado en muchos casos. Es muy difícil romper con eso, es un tema que se debe seguir…
–¿Cómo reaccionan en relación con los juicios?
–Argentina avanzó mucho, somos una referencia en la región. Se ha dado un proceso de gran profundidad que no es todo lo rápido que querríamos, que no es todo lo eficiente, pero la señal es que tiene que haber justicia, verdad y memoria. Estas tres palabras están instaladas y yo creo que en las FF.AA. se comprende esto. Sobre todo en los oficiales más jóvenes. Y en los más viejos, que tuvieron un grado de convivencia mayor con algunos de los que hoy están procesados, pueden tener una actitud más de decir «bueno, está bien, ya como señal está, deberíamos terminar esto». Algunos dirigentes políticos también lo dicen. Están hablando de reconciliación, pero no hay reconciliación sin justicia. El Gobierno no está en contra de la reconciliación de los argentinos, pero no sobre la base de la impunidad. La reconciliación tiene que ser sobre la base de la justicia. Esta gente ha agotado el debido proceso, con todas las garantías. Es así como los países civilizados resuelven sus problemas. Yo creo que en los más jóvenes es un tema que les es absolutamente ajeno, aunque se debe tener en cuenta que es un área endogámica, son familias.
–¿Y cómo reaccionan ante las charlas, los debates que promueve el Ministerio?
–No hay una reacción única. Algunos consideran que las FF.AA. o se integran a la sociedad, dan el salto cuali y cuantitativo de modernizarse, hacerse más flexibles, más rápidas en sus reflejos, o pierden una oportunidad histórica fundamental de actualizar las instituciones a las necesidades del siglo XXI. No pueden ser ya esas fuerzas pesadas, desplegadas capilarmente como a mediados de la década del 50. Deben hacer su planeamiento por capacidades y no por hipótesis de conflicto, que es otro de los desafíos que hoy estamos concretando. En ese sentido, creo que hay una gran cantidad de oficiales que aceptan este desafío y que entienden que tanto en el tema de los derechos humanos como en modernización de la educación, como en análisis de los nuevos temas, como en pautas culturales, es fundamental ir en paralelo con la sociedad. Pero está todavía un grupo que resiste a esto.
–Pero hay civiles –incluso antiguamente perseguidos– que entraron en los cuarteles a dar cursos o charlas.
–En algunos ámbitos se han dado debates. El primero fue la Marina, que invitó a Adolfo Pérez Esquivel con todo el almirantazgo y estuvo también Stella Calloni, que escribió el libro sobre el Operativo Cóndor, nada menos, y Horacio Ravena de la APDH, y se fue dando una charla que comenzó siendo durísima. El clima se cortaba con una tijera, pero después de que se expusieron las cosas, el diálogo duró como cinco horas. Se dijeron todas las cosas. Supongo que cada uno se habrá llevado su pedacito de verdad, que no era la verdad total todavía, pero al menos se escuchó al otro. Y la experiencia fue considerada, al menos por las autoridades de la Marina, importante, porque la repitieron todos los años. Hemos hecho un seminario en Casa Amarilla y se hizo una publicación sobre el tema de los valores y los principios en sintonía con la sociedad. Nosotros trabajamos esta idea de Ciudadano – Servidor Público – Funcionario Público de Profesión Militar, en ese orden. Fundamentalmente que sea ciudadano, que tenga los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos; después de que se asuma a sí mismo como funcionario público, que tiene que manejar presupuesto, bajo un mecanismo de control, de transparencia, como todos los funcionarios del Estado, y finalmente que tienen una profesión. Esto es algo que tomamos de los alemanes, que tuvieron un proceso de reconversión muy complejo, y nos pareció muy interesante.
–Pero también toman aspectos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
–Creemos que hay más formas de avanzar en esto, y nos interesa mucho el modelo norteamericano que elige a los futuros aspirantes a oficiales en las universidades. No hay una academia como acá, como el Colegio Militar, modulador de todo un mecanismo simbólico muy importante de una cantidad de pautas, sino, al revés, las FF.AA., el sistema de defensa, va y les propone ingresar a los estudiantes y hacen un entrenamiento físico militar corto. Hemos viajado a Estados Unidos, hemos visto cómo funciona y les hemos pedido que vengan a hablarnos sobre la cuestión. Queremos instalar el debate el año que viene. En Alemania hacen al revés: ellos tienen una Universidad de la Defensa. Seleccionan gente que sigue una carrera y después hacen un convenio, por diez años mínimo, para prestar servicio en las fuerzas. Eligen a los mejores y les proponen seguir la carrera, pero hay otros que terminan sus diez años y se van.
Revista Acción, 15 de Noviembre de 2009
por Alberto López Girondo | Nov 1, 2009 | Sin categoría
Fue la principal promesa de su campaña para llegar a la primera magistratura. Y, viniendo de un hombre de la Iglesia que había participado en los movimientos sociales de San Pedro, una de las regiones más pobres de Paraguay, era para creerle.
Justamente por eso, quizás, desde que Fernando Lugo llegó al poder, con una débil alianza política que le permitió derrotar al Partido Colorado, su principal lucha es contra un establishment decidido a no perder ninguno de los privilegios que construyó a lo largo de más de un siglo. Fundamentalmente desde la caída de Francisco Solano López, en 1870, que significó la destrucción del por entonces más desarrollado país de la América del Sur en manos de una coalición trinacional argentino-uruguayo-brasileña con apoyo de las potencias más importantes de la época.
Porque hasta ese momento, y desde 1810, Paraguay había ido construyendo, primero con José Gaspar de Francia y luego con los López, padre e hijo, una nación en que la tierra era un bien estatal, y su explotación se hacía en forma socializada.
Tras la derrota de Solano López, el país quedó devastado y los gobiernos que siguieron –absolutamente maniatados por sus vecinos más poderosos– fueron entregando las mejores tierras a inversores de todo el mundo a cambio de poco y nada. En 1880, por ejemplo, el 95% del territorio fue puesto a la venta para «honrar» deudas de la Gran Guerra. Y hacia 1900, 80 familias eran dueñas de la mitad del territorio cultivable.
Recién con la Revolución Febrerista, en 1936, se pondría en marcha un primer intento de reforma agraria, aunque no logró objetivos demasiado persistentes, ya que el general Rafael Franco duraría año y medio en el poder. En ese lapso se entregaron unas 200.000 hectáreas, apenas el 10% del plan original. Datos actuales indican que el 80% de las tierras están en manos del 2% de la población. Y que ese despropósito se terminó de consolidar durante los años de Stroessner en el poder, que «regaló» latifundios entre sus amigos.
La polémica
El presidente Fernando Lugo, en sus primeros seis meses de gestión, intentó cumplir su compromiso con la reforma agraria beneficiando inicialmente a 2.000 de las 300.000 familias campesinas pobres sin tierra. Su propuesta pasa por la compra de latifundios por el Estado a precio de mercado. En todo caso, a un precio que no implique considerarse que se trata de una expropiación y una enajenación de bienes, con lo que la controversia podría alcanzar peleas en estrados internacionales.
Alberto Alderete es el director del estatal Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert), un ente encargado de poner en práctica la reforma agraria. Es, entonces, uno de los principales blancos de la crítica opositora, que lo sometió a una agresiva interpelación en el recinto de Diputados. Fue, por tal razón, el primer acusado luego del anuncio de que irían a comprar unas 22.000 hectáreas a un productor brasileño en algo más de 30 millones de dólares.
«En los departamentos de San Pedro y Kanindeyú fueron asentadas las familias más necesitadas con la asistencia gubernamental en salud pública y educación
–explicó el funcionario, de origen socialista– y para fines de este año tenemos previsto ubicar en sus propias tierras a 4.000 familias».
Cada familia recibió un terreno rural de 10 hectáreas a un costo total de 7.200 dólares cada uno. El Indert planea adquirir 1.150.000 hectáreas que actualmente están en manos privadas, principalmente de terratenientes brasileños que cultivan soja, el principal rubro de exportación.
El problema es que el Indert carece de los fondos necesarios para llevar a la realidad las promesas electorales. Y en eso no son ajenos los legisladores de la oposición, que traban cuanto presupuesto se presente en ese rubro. «Necesitamos realizar el catastro nacional de propiedades pero aún no tenemos el dinero suficiente para cubrir su costo», se queja Alderete.
«No son solamente ministros y funcionarios del gobierno quienes están metidos hasta la gorra en esta vergonzosa operación de sobrevaluación de tierras a ser adquiridas por el Estado, sino el mismísimo Fernando Lugo, porque él estuvo atestiguando las conversaciones iniciales», acusan sin demasiado preámbulo en los foros antiluguistas.
En poco tiempo las denuncias contra Lugo –primero por paternidades no reconocidas en su momento y luego por acusaciones de corrupciones en su gobierno– han logrado tensar la cuerda al máximo en su gestión, al punto que si uno se dejara llevar por lo que muestran los medios de comunicación paraguayos, el ex obispo tiene las horas contadas en el Palacio de los López.
Porque el enfrentamiento con su vicepresidente Federico Franco es total, al punto que éste declaró taxativamente estar dispuesto a hacerse cargo del poder en cualquier momento y que rechaza de plano la orientación política que Lugo pretende para su gestión. Franco, por supuesto, está en contra –ahora– de cualquier intento de reforma agraria y en cuanto micrófono encuentra manifiesta su rechazo a la política social que intenta el ex clérigo.
Por eso el anuncio de la compra de los campos de un brasileño, Ulises Rodríguez Texeira, generó polémicas en la Legislatura (dominada por partidos poco amigos de Lugo), la Justicia (un aparato consolidado durante los 61 años de coloradismo) y los medios de comunicación (garantes del status quo). «Se va a pagar por esos campos por lo menos tres veces más de lo que valen. Es un negociado de enormes proporciones a costillas del pueblo» despotricaron al unísono.
«El sector rural siempre estuvo al servicio del gobierno para salir de este atolladero, pero si no hay paz en el campo no vamos a salir nunca de esta problemática», declaró en tono amenazante el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Juan Néstor Núñez, cabeza visible de un enfrentamiento total por el reparto de los recursos. «No tiene ningún sentido que el Estado paraguayo compre una propiedad pagando casi 6.000 dólares por hectárea de terreno aprovechable para laboreo agrícola», argumentó.
Según el hacendado, por grandes productores no piden nada a cambio de su contribución al erario público, «solo que nos dejen trabajar, que nos den la seguridad y la paz en el campo». Luego añadió con precisión que entiende por paz: «Al decir la paz en el campo, estamos hablando de la reforma agraria, que termine de una vez por todas el circo este que tenemos hoy. Acá no hay quien quiera llevar la reforma agraria verdadera».
Como si no fuera suficiente con este frente de combate, en los últimos meses se conocieron varios operativos cometidos por una organización que se conoce como Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), con actividad centralizada en la región de San Pedro, Concepción y Amambay. El grupo habría nacido al calor de las luchas campesinas no mucho antes de que Lugo llegara al poder, pero para muchos su existencia real es un enigma.
Cuestión de armas
El 31 de diciembre de 2008, el EPP se atribuyó el ataque a un cuartel militar de donde robaron armas y provocaron un incendio. La activista Carmen Villalba, presa en la cárcel del Buen Pastor, dijo también que este grupo fue el que colocó una bomba en el Palacio de Justicia en abril pasado. Según estos indicios, el EPP se declara marxista-leninista y reivindica a Rodríguez de Francia y los López. Y reclaman que «Fernando Lugo no defraude la voluntad popular».
El obispo de Concepción y Amambay, Zacarías Ortiz, es otro de los que aseguran que el EPP es una realidad instalada en la región desde hace por lo menos 5 años. El cardenal se animó a denunciar, incluso que si el presidente no lo combate, «es porque no le interesa lo que sucede o también está dentro». Bueno es recordar que Lugo fue expulsado de la Iglesia cuando decidió participar en la lucha política.
Ahora, el EPP es acusado del secuestro de un productor agropecuario, Fidel Zavala, por el que se pidieron inicialmente 5 millones de dólares de rescate. Por supuesto que también esta factura fue para el presidente. Que no había hecho demasiado por evitar las actividades de una célula guerrillera que está acusada de varios secuestros extorsivos. Incluso lo acusaron de tener relación con las Farc colombianas. Que no se había preocupado como correspondía por la aparición del ganadero.
Lugo salió al ruedo de las críticas declarando que sabe muy bien que «Zavala representa una nueva clase de empresarios que con eficiencia y modernidad desarrolla su actividad económica y al mismo tiempo constituye una nueva camada de la dirigencia gremial dentro del sector de la producción pecuaria».
«Mi gobierno no es ni será indiferente ante esta situación, estamos radicalmente en contra de este tipo de acciones que no tienen ninguna justificación humana ni siquiera política», recalcó el presidente.
Mientras tanto, no tuvo la misma difusión un hecho que para las organizaciones de derechos humanos es trascendente. Por esos mismos días las Fuerzas Armadas de Paraguay entregaron a la Justicia sus archivos sobre el terrorismo de Estado y el Plan Cóndor. Son cerca de 200 carpetas que se encontraron en sótanos del ministerio de Defensa donde habría elementos para probar los vínculos de militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay en le represión ilegal durante los años 70.
Revista Acción, 1 de Noviembre de 2009
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