por Alberto López Girondo | Ene 1, 2013 | Sin categoría
El acto se convirtió con los años en un homenaje no sólo a la figura del Libertador venezolano sino al proceso de cambios que inició Hugo Chávez Frías cuando llegó al poder en 1999. Por eso, resaltó esta vez la ausencia del líder carismático en el 182º aniversario de la muerte de Simón Bolívar, la primera vez que falta en estos 13 años.
Ministros y funcionarios acudieron al Panteón Nacional en Caracas con una mezcla de alegría por el reciente triunfo electoral en las elecciones regionales –el primero también sin Chávez azuzando a los electores– y desazón por el momento que vivía el presidente, operado por cuarte vez de un cáncer en la zona pélvica.
El triunfo coloca al chavismo como la única fuerza en condiciones de gobernar el país pero según algunos analistas, al mismo tiempo entierra definitivamente al «puntofijismo» y despliega sobre la abrumadora mayoría del territorio venezolano el proyecto socialista, refrendado en octubre y consolidado en diciembre, mientras Chávez luchaba por su vida en una clínica de La Habana.
«Nuestra revolución bolivariana afortunadamente ha significado y significa el despertar del ideal de este grande de América, del más grande de los grandes, del gran libertador Simón Bolívar, que hemos venido a rendirle homenaje», dijo Nicolás Maduro al término del acto. Unos días antes, el propio Chávez había ungido a su canciller y vicepresidente como un virtual heredero político en caso de que no pudiera volver a ocupar el cargo tras la intervención quirúrgica. Y como la Constitución estipula que si no podía asumir el mandato que logró en octubre, se convoque a elecciones en forma inmediata, Chávez dijo que Maduro debía ser votado como si fuera su última voluntad.
Casi con un pie en la escalerilla del avión que lo trasladó nuevamente a Cuba, Chávez había dejado la certeza de que la operación era lo grave que luego se confirmó, y que esa situación ameritaba no dejar librado al azar el procedimiento de reemplazo que exige la Carta Magna que él mismo logró aprobar ni bien ingresó al Palacio de Miraflores. Una ola de estupor recorrió entonces no sólo Venezuela sino toda América Latina, que entiende el rol protagónico que encarna el venezolano como punta de lanza de un proceso de cambios en el subcontinente. Los mensajes de adhesión emocionados de todos los presidentes y las cadenas de ruegos en toda Venezuela fueron muestra suficiente de ese peso humano y político.
La designación de Maduro como su candidato no fue una sorpresa. Canciller durante los últimos 6 años, Maduro, ese apacible hombre alto y de grueso bigote que sustituyó al presidente en los últimos actos ante los organismos regionales, con 50 años recién cumplidos, es un leal chavista con sólidos antecedentes como dirigente gremial en su juventud, cuando fue chofer de ómnibus.
Parecía un «tapado» pero mostró la pasta de conductor también de procesos políticos difíciles cuando le tocó dar los primeros informes sobre la salud de Chávez y en un discurso que comenzó con lágrimas de emoción y se fue encendiendo de a poco, terminó fustigando actitudes hostiles (miserabilidades, se diría en esta tierras) de la oposición ante el estado de salud presidencial.
Maduro representa el ala más política del chavismo, en un entorno en que la gran mayoría de los gobernadores electos provienen del sector militar, como Chávez. Incluso el otro posible candidato a portar «el bastón de mariscal», Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, también pasó por la Academia Militar y participó del frustrado golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez que catapultó a la fama a Chávez.
Tal vez una señal para analistas de la oposición que ahora intentan hurgar en la interna del chavismo para resaltar diferencias y enfrentamientos que den materia para generar divisiones dentro del partido gobernante. Probado que a Chávez sólo lo puede derrotar la enfermedad, también buscan que el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) se desgaje ante la derrota de un proyecto opositor que puede lograr el triunfo.
Mesa tambaleante
Es que la situación en que quedó la Mesa de Unidad Democrática (MUD), conformada en 2008 con el propósito de superar a Chávez en las urnas, no es halagüeña. Lo reconoció Henrique Capriles, el derrotado en las presidenciales que, sin embargo, pudo retener la gobernación de Miranda en diciembre, convirtiéndose en el único opositor neto que gobierna un estado. «Vienen tiempos duros para la oposición», señaló ese día el juvenil representante de MUD. Porque hay que decir que en las regionales, esa coalición pretendía mantener los 8 estados que computaba a su favor, algunos de ellos gobernados por ex chavistas.
Por otro lado, el PSUV ganó en bastiones hasta entonces reacios, como el estado petrolero de Zulia, Carabobo, Nueva Esparta y Táchira. «El avance del chavismo refleja un avance ostensible e irrefutable del plan del socialismo del siglo XXI de Chávez, quien además fue el ganador de las presidenciales de hace apenas dos meses», le dijo a la agencia Efe, contundente, el analista y consultor político Alberto Aranguibel, quien además integra el equipo de propaganda del oficialismo. «Toca reconocerle también al chavismo un triunfo cualitativo, como es el avance del socialismo como proyecto de país y esto destaca en una nación donde el apoyo al socialismo nunca pasó del 6% del electorado durante el puntofijismo», abundó el especialista, recordando el período previo a la llegada de Chávez al poder, que consistió en la alternancia consensuada entre la Democracia Cristiana (Copei) y Acción Democrática (AD), que se repartió el poder desde la caída de Marcos Pérez Jiménez en 1958. El politólogo Nicmer Evans, profesor de Ciencia Política de la Universidad Central de Venezuela (UCV), también citado por Efe, afirma que Venezuela «efectivamente enterró al puntofijismo, con la estocada definitiva en Zulia, Táchira y Nueva Esparta, cuyos gobernadores están vinculados con o son parte de estos dos partidos (AD y Copei)».
Problemas de la oposición
Elides Rojas, jefe de redacción del diario venezolano El Universal, al que no se puede tildar de oficialista, escribió en un artículo reproducido en Buenos Aires por La Nación, que la MUD fue estructurada alrededor de más de 30 partidos políticos con el objetivo de derrotar al oficialismo por la vía electoral y «desplazar a Hugo Chávez» de la presidencia. Se proponía, insistió, «rescatar los principios fundamentales de la democracia y encaminar a la Nación definitivamente hacia el desarrollo» con un programa a largo plazo. «Muy bien, en principio –destaca Rojas– Pero enfrenta un problema muy serio. No gana elecciones».
«Producto de las repetidas derrotas, ahora la oposición enfrenta otra crisis que obliga a los partidos a revisar la organización, sus proyectos, sus propuestas y hasta sus liderazgos ante un partido oficialista cada vez más fuerte y con todos los poderes públicos en las manos de Chávez. Una lucha en desventaja que hasta ahora presenta frutos sólo en el ámbito de la imagen», lamenta el columnista.
Cualquiera diría que Capriles, luego de derrotar al ex vicepresidente Elías Jaua por casi 50.000 votos de diferencia en Miranda, debiera ser el candidato natural para ejercer el liderazgo de la oposición, en vista de que es el único opositor neto que ganó al chavismo. «Yo me siento feliz y contento por nuestro pueblo de Miranda. Los mirandinos estamos de fiesta, pero hay otros estados en que no logramos el objetivo. Nuestros líderes perdieron un juego, pero no son menos líderes hoy de lo que eran ayer. Ese sueño que tenemos lo vamos a alcanzar, este es un momento difícil, pero en cada momento difícil siempre surgen las oportunidades», enfatizó Capriles, juntando nuevamente a una tropa diezmada por la derrota.
El panorama en su propio distrito, sin embargo, no es tan promisorio como pareciera mostrar un análisis a vuelo de pájaro. En primer lugar, deberá enfrentar por primera vez una legislatura con mayoría del PSUV. En segundo lugar, como recuerda la periodista Luisana Colomine, docente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, su techo político se estanca y tiende a la baja. En las regionales de 2008, por ejmplo, Capriles obtuvo 583.795 votos contra 506.753 de Diosdado Cabello. En diciembre pasado, fue reelecto gobernador con 582.305 votos, es decir, 1.490 votos menos que en 2008. «Desde esta perspectiva la oferta socialista representada en Elías Jaua, no puede considerarse perdedora, pues registró 534.937 sufragios, es decir, un incremento de 28.184 votos con relación a 2008», sintetiza Colomine. Cierto es que a diferencia de las elecciones de octubre, donde la asistencia a las urnas de la ciudadanos trepó al 80%, esta vez el presentismo no superó por mucho el 50%.
Pero aún así se explica que la desazón en estos momentos de Venezuela no envuelve solamente al oficialismo por Chávez, sino tal vez mucho más a la oposición, que se topa con un proyecto que está vivito y coleando y da señales contundentes de que tiene futuro.
Revista Acción, 1 de Enero de 2013
por Alberto López Girondo | Ene 1, 2013 | Sin categoría
Hace poco más de un año el ecuatoriano Pablo Celi de la Torre llegó a Buenos Aires, una ciudad en la que dice sentirse particularmente a gusto, para ocupar el cargo de subdirector del Centro de Estudios Estratégicos del Consejo de Defensa Suramericano. Una suma importante de títulos académicos –sociólogo, politólogo, doctor en Filosofía, doctor en Ciencias Políticas Internacionales, investigador y autor de estudios y publicaciones sobre relaciones internacionales, seguridad y políticas de defensa– y el ejercicio de la docencia en universidades e institutos de formación de fuerzas armadas revelan que Celi de la Torre es un experto en el tema de seguridad regional. Y su designación llegó cuando los países latinoamericanos comenzaron a pensar en diseñar políticas comunes que impidan llegar a instancias bélicas entre naciones hermanas, y eviten caer en la repetición de escenarios como los de los 70, cuando para los uniformados el principal enemigo estaba fronteras adentro. Regían entonces políticas pergeñadas desde la Escuela de las Américas a la medida de las necesidades estratégicas del Pentágono, que provocaron un divorcio entre las fuerzas armadas y los pueblos, muy difícil de revertir.
Lo primero que aclara el funcionario regional desde su despacho en la Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner es que no hablará, por cuestiones inherentes a su cargo, de situaciones particulares de cada país ni de los gobiernos. Lo segundo, que no están sentando las bases para la creación de una OTAS, una Organización del Atlántico Sur, similar a la que Estados Unidos y Europa mantienen en el norte, pero sin participación de las potencias imperiales.
–¿Cuál es el principal objetivo del Consejo de Defensa?
–Partimos del aprovechamiento compartido de recursos donde hay asimetrías nacionales. Un caso importante, un proyecto que ya está aprobado por Unasur y en proceso de ejecución, es la construcción del primer avión de entrenamiento, que se va a realizar en Argentina con la participación de todos los países de la Unasur, lo que sería un primer ejemplo de cooperación en la industria militar. Sobre esto hay otro ejemplo que son los ejercicios Unasur. Ya no sólo se hacen ejercicios militares con EE.UU. como en el pasado, binacionales. Hoy hay un ejercicio militar conjunto de Unasur, con participación de todas las fuerzas armadas de la región a nivel de planificación estratégica. Esto nos da la medida de que en el corto tiempo de existencia del Consejo de Defensa se han tomado medidas muy realistas, muy verificables y que, de hecho, van creando también mucha confianza. En el pasado proclamábamos un discurso unitario del continente entero, pero todas las fuerzas armadas funcionaban con hipótesis de conflicto bilaterales, es decir, de uno con su vecino y viceversa. En este momento, el objetivo es que las fuerzas armadas tengan una planificación estratégica, una concepción doctrinaria, un sistema de capacitación, un sistema de relacionamiento en función de los principios políticos a los que los países están arribando.
–¿Cuál es la concepción doctrinaria?
–Es un concepto que incluye desde la determinación de cuáles son los intereses comunes de la región en el campo de la seguridad, cuáles son los escenarios en los que se inserta la región, hasta cómo definir, por ejemplo, qué entendemos por seguridad regional, un primer concepto básico. Y hasta dónde llega la región desde el punto de vista de la seguridad, cómo pensamos a Suramérica.
–¿Hasta dónde llega en términos físicos o en términos estratégicos?
–Las fronteras de una región dependen de cómo la región se inserta en los procesos mundiales. La idea es partir de un concepto estratégico de inserción global, superando lo que fue una reiterada visión de Suramérica privilegiadamente vinculada con Norteamérica, para llegar a una Suramérica inserta en el contexto de las relaciones globales desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista comercial, tecnológico, con el tema de la seguridad y la defensa respondiendo a la misma lógica de inserción global. Lo que significa también que los países puedan aproximar sus visiones para tener actuaciones conjuntas con un libreto común en organismos como Naciones Unidas, en otras instancias en la región o en el hemisferio. Este es un primer concepto duro, el concepto de seguridad regional.
Un segundo concepto fundamental es cómo la defensa apoya la seguridad. La defensa no es autónoma. Las estructuras de defensa están ligadas con el uso y la organización del aparato militar. No pueden tener autonomía, deben estar subordinadas a una visión de la seguridad, a un concepto de la seguridad. Esto es, cómo las estructuras militares de estos países se insertan en una visión regional de Suramérica; todo esto ligado con que podamos determinar en conjunto cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, cuáles son los espacios de oportunidad que nosotros encontramos en el plano de la seguridad internacional. Este es un tema muy importante, porque esta definición es la que va a marcar en última instancia la orientación de las políticas de seguridad. Aquí los países están haciendo un esfuerzo muy significativo para poder aproximar sus definiciones. Hasta hoy cada país define sus riesgos y sus amenazas. El objetivo es poder identificar cuáles son comunes y, por tanto, cuál puede ser la base para una acción compartida para esto que llamamos una seguridad cooperativa.
–¿Cómo se implementa la seguridad cooperativa?
–Unasur es un proceso que tiene sus fases, que van progresivamente de lo que constituye el acuerdo respecto de un conjunto de medidas de confianza hacia la construcción de una institucionalidad más sistémica de cooperación. La conformación del Consejo de Defensa Suramericano es la expresión institucional de un proceso de transformaciones muy profundas en las relaciones entre los países de la región. No existe una estructura institucional precedente; es más, había una ausencia de espacio institucional para estructurar una cooperación interestatal en estos ámbitos. La propia aparición del Consejo de Defensa Suramericano es una muestra de confianza, una muestra de que hemos avanzado en las relaciones interestatales. Los países ya no ven la seguridad regional desde la hipótesis de conflictos bilaterales, desde esa vieja noción de entenderla como requisitos de fuerza, proyecciones unilaterales de las fuerzas de los países, desde la hipótesis de amenaza o de la disuasión agresiva, sino más bien desde el principio de la cooperación.
–El hecho de cooperar implica en sí un cambio radical de la perspectiva de quién es el enemigo del que uno tiene que defenderse.
–El Consejo de Defensa Suramericano no es una alianza militar, no es un sistema de seguridad o de defensa de acción colectiva. La misión del Consejo de Defensa no es la predeterminación de enemigos, la predeterminación de conflictos, las hipótesis de guerra, las hipótesis de agresión; no es partir de esta hipótesis negativa sino partir de un acompañamiento positivo a los procesos de integración regional. ¿Qué significa esto? Que las estructuras de seguridad y defensa deben acompañar los procesos de consolidación de la cooperación en el campo económico, en el campo político, en el campo social y, por lo tanto, ¿de qué tienen que ocuparse la seguridad y la defensa? Del acompañamiento y el cuidado de los recursos sociales, naturales y estratégicos. El concepto, entonces, de seguridad y defensa va más allá del ámbito exclusivamente militar. Esto es lo que ha permitido que el Consejo de Defensa sea un espacio de diálogo, de intercomunicación de políticas de defensa nacionales. No existe hoy una política de defensa regional, existen políticas de defensa nacionales y un espacio de cooperación entre ellas. En esta perspectiva y con el objetivo de aproximar estas políticas, de encontrar sus puntos de acuerdo, el Consejo adoptó la decisión de crear un Centro de Estudios Estratégicos como un espacio donde los países puedan concurrir con representaciones oficiales para trabajar instrumentos analíticos, instrumentos metodológicos, propuestas conceptuales, propuestas doctrinarias, hacia lo que sería la configuración de un pensamiento estratégico compartido.
–¿Los integrantes del Centro de Estudios del Consejo de Defensa son militares, son civiles, forman parte de la burocracia en alguna de las áreas afines de los países?
–El Centro tiene una estructura de trabajo permanente integrada por delegados de cada país. Estos delegados pueden ser civiles o militares y están designados por el ministro de Defensa de cada nación. La intención es que, ya sean civiles o militares, tengan experiencia en seguridad, en defensa, en políticas de defensa, una formación académica o institucional que los familiarice con este tipo de temas. Estos delegados forman un equipo de trabajo permanente que ejecuta las demandas del Consejo de Defensa.
–¿Cómo funciona?
–Hay un manual de funcionamiento del Centro de Estudios Estratégicos con tres áreas de trabajo. La primera tiene que ver con definiciones de política y defensa, la segunda es el área que se refiere a la institucionalidad de la defensa, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, una tercer área son los estudios prospectivos. Por ejemplo, el Centro va a realizar estudios sobre Suramérica 2025, es decir, sobre la perspectiva de los recursos estratégicos de la región en ese horizonte. Además de estas tres áreas de trabajo, el Centro ha asumido algunas funciones adicionales; una de ellas es ser la instancia técnica para la ejecución del Registro Suramericano de Gastos en Defensa. La idea es no solamente tener un registro sino una lectura de esos datos desde la perspectiva de la integración. Un registro que, por ejemplo, toma el gasto militar en relación con el PIB, en relación con los presupuestos estatales, en relación con el número de efectivos de las fuerzas armadas, en relación con la población. Una serie de variables que van integrando una lectura del gasto en defensa que además va a formar parte de una base de datos regionales. Lo valioso es que se sustenta en el presupuesto oficial y ejecutable. Y que se basa en una metodología compartida, de tal manera que todos los países informan con las mismas categorías, lo cual hace que sea homologable y comparable la información. Es, sin duda, la primera y la mayor experiencia a nivel mundial de una región que presenta en conjunto la información de gasto militar.
Revista Acción, 1 de Enero de 2013
por Alberto López Girondo | Dic 28, 2012 | Sin categoría
El 1º de enero de 2003 se iniciaba un proceso político que marcaría profundamente la historia de Brasil y de América Latina. Ese día, un obrero metalúrgico surgido de las capas más pobres de su país, juraba como presidente en el Palacio del Planalto. Su discurso inaugural era toda una definición y todavía conmueve desde Youtube: «Yo, que tantas veces fui acusado de no tener un título universitario, consigo mi primer diploma, el título de presidente de la República de mi país.» Como una puñalada fríamente calculada, sin embargo, este décimo aniversario encuentra al líder sindical ante la encrucijada de terminar juzgado por delitos de corrupción de los que no hay pruebas. Pero que por esas cuestiones de la política, tampoco parece relevante que las haya. Después de todo, hombres de su más estrecha confianza en el Partido de los Trabajadores ya fueron condenados sin que las evidencias fueran un detalle que frenara al Supremo Tribunal de Justicia.
A lo largo de su historia, Brasil nunca se había vinculado mucho con el resto de los países de la región. Más bien, puesto como un freno al poderío de la corona española en el continente americano, siempre se había mantenido al margen. Cuando las tropas napoleónicas invadieron la península ibérica, en 1808, Juan VI de Braganza huyó a Río de Janeiro, donde instauró la capital provisoria de su reino. Las demás naciones americanas, mientras tanto, comenzaban el movimiento revolucionario que devino en cruzadas independentistas. Para 1822, en plena guerra contra la restauración del absolutismo, el hijo de Juan, Pedro I, se declaraba independiente y anunciaba la creación del Imperio del Brasil. La República nacería en 1889, un año después de que se aboliera la esclavitud.
El gobierno del PT siguió una tradición integracionista que los gobiernos populistas del continente y de su propio país habían intentado sin éxito, y que encuentra su pico en Getulio Vargas en los 50. Lula vino a poner fin a ese aislamiento que perjudicaba tanto a los brasileños como al resto de los latinoamericanos, y fue artífice a la vez de este momento tan particular que vive la región desde entonces, a partir de que Hugo Chávez profundizara su modelo tras la intentona golpista de 2002 y la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada en marzo de 2003.
Pero la gestión de Lula estaba contaminada por una contradicción original difícil de eludir. Cuando la dictadura se fue, en 1985, había dejado un par de leyes fundamentales para cuidarse las espaldas y mantener los privilegios de la clase dirigente a resguardo de cualquier cambio democrático. Entre ellas, estableció una ley de amnistía que todavía hoy traba el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el golpe de estado de 1964. Crímenes que padecieron algunos de los creadores del PT junto con Lula, como José Dirceu, e incluso la actual presidenta Dilma Rousseff.
Lula, en cambio, no había padecido la persecución de los militares porque estaba ocupado en otros temas: había terminado sus cursos de tornero y se recuperaba de un accidente con una prensa hidráulica que le había destruido el dedo meñique de la mano izquierda durante un turno nocturno en la fábrica de carrocerías Fris Moldu Car.
Esos sectores de izquierda revolucionaria se encontraron con la dirigencia gremial que hacia fines de los años’70 se nucleaba alrededor del líder nacido en el nordeste de Brasil. En 1980, Lula fue artífice de una huelga de 40 días en el cordón industrial de San Pablo y fue detenido y procesado por las autoridades de facto. Pero, obedientes de Washington, los dictadores lo dejaron en libertad. Podría ser todo lo peligroso que aseguraran los uniformados, pero cuando el sindicalista polaco Lech Walesa era la avanzada occidental en el corazón del imperio soviético, que un aliado de Estados Unidos mantuviera preso a un gremialista no estaba nada bien visto.
Nueve años después, Lula fue candidato a presidente por primera vez. Una feroz campaña mediática que no ahorró miserias, al punto de acusarlo de racista porque le habían descubierto una hija no reconocida con una mujer negra, el favorito de los medios Fernando Collor de Mello asumió en 1990. A los dos años renunció en medio de un juicio iniciado en el Congreso por corrupción. El PT –que ya había probado un nuevo modo de gestión al ganar varios municipios, como Porto Alegre y San Pablo –fue entonces uno de los principales acusadores.
Lula perdería dos veces más la presidencia, contra un otrora intelectual progresista devenido en defensor de las ideas neoliberales, Fernando Henrique Cardoso. Fue José Dirceu, un perseguido político de la dictadura, quien se dio cuenta de que debía traspasar otra traba impuesta por los militares y aceptar sumarse a un sistema de alianzas si querían que el sindicalista combativo pudiera al fin calzarse la banda presidencial. Pero algunas de esas alianzas a la larga se convirtieron en letales.
Porque Dirceu, jefe de gabinete de Lula, resultó acusado en una causa abierta a raíz de las denuncias de un oscuro diputado de uno de los partidos que se sumaron a la coalición gobernante, Roberto Jefferson.
La conservadora y muy influyente revista Veja desnudó en 2005 un escándalo de desvío de fondos y lavado de dinero en la empresa de Correos, dirigida por un miembro del partido de Jefferson, designado como parte de los acuerdos electorales. Con tal de salvar el pellejo, Jefferson no dudó en denunciar a la misma revista que en el Congreso había recibido algo así como cuatro millones de dólares a través de un esquema de pagos mensuales (mensalão) para votar las leyes del PT. Jefferson admitió no tener ninguna prueba, pero siguió con el ventilador prendido apuntando al resto de los aliados del PT.
Jefferson resultó condenado a diez años de reclusión, pero fue beneficiado por lo que en Brasil se conoce como «delación premiada» con una reducción de un tercio de la sentencia. La denuncia le costó entonces la cabeza a Dirceu y al entonces presidente del PT, José Genoino. En la volteada caía también otro personaje oscuro, ligado al mundo de los negocios, Marcos Valerio, sospechado de haber facilitado los pagos a través de su agencia publicitaria.
Este año la causa despertó de su letargo, acicateada por los medios que pedían «una condena ejemplar» para «limpiar» la política brasileña, en coincidencia sospechosa con las elecciones regionales en las que el PT logró imponerse en distritos clave como San Pablo, gracias a la crucial incursión de Lula a favor de su candidato Fernando Haddad.
Hubo disidencias entre los jueces supremos, porque no había pruebas concretas de delito: según los acusados el dinero girado a los legisladores era el pago de deudas contraídas por sus partidos durante la campaña, como ha sido habitual desde la vuelta a la democracia en Brasil. Alguno de los magistrados, como Carlos Ayres Britto, reclamó cambiar el modelo de negociación en vigencia. «El sentido de las alianzas es el de su transitoriedad», sostuvo, para criticar lo que llamó las alianzas ad aeternum, «que implican un condicionamiento material a la hora de las votaciones». Otro juez desestimó una acusación proveniente de un testigo tan poco creíble.
Pero el primer juez negro en la historia de la Corte Suprema brasileña, Joaquim Barbosa, se ganó su momento de gloria mediática al sostener la acusación hasta sus últimas consecuencias con el argumento de que si ese sistema corrupto existió, la máxima dirigencia del partido no lo podía ignorar.
Dirceu fue condenado a siete años y once meses de cárcel, Genoino a seis años y once meses. Sobre Valerio recayó la mayor condena: 40 años a la sombra. Por eso no extraña que a pocas semanas de la sentencia se decidiera a prender el ventilador. ¿Y dónde lo iba a hacer sino ante Veja? Allí declaró que Lula no solo sabía en qué consistía el mensalão, sino que se benefició en forma personal. En busca, claro está, de reducir su sentencia en premio a su delación. O de que el PT haga algo para evitarle su ominoso futuro. Barbosa ya dijo que corresponde investigar al ex tornero. La falta de pruebas no parece un obstáculo.
Rodeado de sudorosos trabajadores de la industria, en el cordón paulista donde encontró su lugar en el mundo, Lula dijo lo suyo. «Un canalla (por Valerio), hablando mal de mí en una sala con aire acondicionado, va a perder. Hay gente que piensa que soy un burro. Pero yo sé el juego que plantean. Ellos (el establishment) gobernaron Brasil desde que Pedro Alvares Cabral llegó aquí (en 1500) y no aceptan pacíficamente lo que logramos en ocho años de gobierno».
Después atribuyó los ataques al éxito de su gestión, que por otro lado es innegable. «Sólo existe una posibilidad de que me derroten –desafió–, que trabajen más que yo.» Algo poco probable en gente que mantuvo la esclavitud hasta las puertas del siglo XX.
Tiempo Argentino, 28 de Diciembre de 2012
por Alberto López Girondo | Dic 21, 2012 | Sin categoría
Existe una categoría de extranjeros malhechores que fabrican opio y lo traen a nuestro país para venderlo, incitando a los necios a destruirse a sí mismos, simplemente con el fin de sacar provecho (…) Ahora el vicio se ha extendido por todas partes y el veneno va penetrando cada vez más profundamente (…) Por este motivo, hemos decidido castigar con penas muy severas a los mercaderes y a los fumadores de opio, con el fin de poner término definitivamente a la propagación de este vicio.» Para las autoridades chinas, esa carta de Lin Hse Tsu a la reina Victoria era toda una revelación. No por la monarca británica, la mayor potencia del mundo en ese año de 1839, sino porque la dinastía gobernante, Qing, no estaba acostumbrada a dar explicaciones.
Pero era el imperio más poderoso hasta entonces y China estaba probando el amargo sabor de la decadencia, al punto de que para la milenaria nación se iniciaría con esa primera Guerra del Opio lo que se llamó el Siglo de las Humillaciones. La cosa había comenzado así: China tenía mucho para ofrecer a los anglos, como el té, la seda y la porcelana. Pero no había muchos productos que interesaran a los asiáticos, que mantenían sus mercados cerrados al comercio con Occidente y no permitían la instalación de embajadores. De modo que Londres tenía un déficit permanente que sólo podía equilibrar con la venta de la adormidera que se cultivaba en regiones cercanas.
La primera guerra fue entre 1839 y 1842, la segunda y definitiva, entre 1856 y 1860. Confrontar las fechas con la historia argentina puede ser todo un desafío: en 1858 el emperador Daoguang tuvo que aceptar condiciones de paz severísimas con Inglaterra y sus aliados por las cuales tuvo que permitir el comercio del narcótico, cedió territorios como Hong Kong al Reino Unido y Macao a Portugal, permitió la apertura de puertos para el comercio irrestricto y, como frutilla de postre, abrió la libre navegación por el río Yangtsé. Esto fue a seis años de que Urquiza derrotara a Rosas con ayuda extranjera y acordara la libre navegación de los ríos interiores, y a trece de la Batalla de Obligado.
Pero la historia de las adicciones y su estrecha relación con las prohibiciones y el equilibrio fiscal no empezó con ese incidente. Ya a principios de 1600 el comercio del tabaco enfrentaba a prohibicionistas –cuando aún no se conocía su relación con el cáncer– con los recaudadores. El paradigma tal vez sea Jacobo I de Inglaterra, que escribió «A Counterblaste to Tobacco», un alegato contra el consumo de la planta americana en sus versiones fumables o aspirables en rapé. «Su desaprobación no le impide aumentar los impuestos que pesaban sobre el tabaco cuarenta veces por encima de los precios fijados por la Reina Isabel I», según indica en su página web la British American Tobacco , una de las multinacionales predominantes en el actual mercado mundial.
Para la época de la Guerra del Opio, los grupos puritanos de Estados Unidos comienzan su prédica contra el consumo de opio, según recuerda el español Antonio Escohotado. El especialista anota en uno de sus textos que ya en 1832 la Rosengarten and Co –origen de la Merck, Sharpe & Dohme– fabrica morfina y poco más tarde Parke-Davis y Bayer producen gran parte de los opiáceos y la cocaína que se vende en ese país. Para 1869 el negocio es floreciente y parece no tener techo. Fue el año del nacimiento del Partido Prohibicionista, creado por Toby Davis en Michigan.
El lobby que ejerce el PP hace que en 1905 Theodore Roosevelt pida al Departamento de Estado la creación de tres comisiones para investigar «el mal», destaca Escohotado. Los debates fueron feroces, porque involucraban la vida privada de las personas y el derecho a la privacidad, uno de los pilares de la sociedad estadounidense. El demócrata Francis Burton Harrison llegó a proponer, incluso, que se prohibiera la Coca Cola, la Pepsi-Cola y «todas esas cosas que se venden a los negros del sur». La Asociación Médica Americana, mientras tanto, advertía que el abuso de drogas sólo se podría controlar a través de la educación. «Con ese criterio –dijeron– habría que prohibir los automóviles, porque pueden matar a las personas.»
El momento de gloria del PP fue en 1919, cuando lograron imponer la XVIII Enmienda en la Constitución de los Estados Unidos, que prohibía el consumo de alcohol.
«Esta noche, un minuto después de las doce, nacerá una nueva nación», dijo en ese momento el senador Andrew Volstead, el principal impulsor de la a norma que, por tanto, llevó su nombre. «El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno», se ilusionó.
Para 1932, en plena crisis económica posterior al crack de 1929, Franklin Delano Roosevelt prometía en su campaña presidencial terminar con la desocupación, poner el país nuevamente en marcha… y terminar con la Ley Seca, que ya había demostrado no sólo que era ineficaz, sino que además había generado una camada de gángsters que había lucrado con la venta ilegal de licores. Cuando asumió, en 1933, las arcas del Estado estaban exhaustas, de modo que se juntaron las dos coincidencias para conseguir voltear la XVIII Enmienda y ponerle un impuesto importante a las bebidas alcohólicas. La misma medida que Jacobo I aplicó a los tabacos.
La lucha contra las drogas se convertiría más tarde en uno de los más formidables argumentos con los que el nuevo imperio extendió sus tentáculos por todo el mundo y diseñó políticas represivas «para combatir el nuevo flagelo de la humanidad». En 1982 el presidente Ronald Reagan declaró la guerra a las drogas y seis años más tarde la Convención de Viena, a instancias de Naciones Unidas, endureció medidas de control en todo el ciclo de la elaboración. Lo que no figura en ese expediente es la relación entre ocupación militar estadounidense y aumento de la producción, teniendo en cuenta que el Pentágono tiene tropas desplegadas en Afganistán y Colombia. Pero esa es otra historia.
Luego de la matanza en la primaria de Newtown, Connecticut, la clase dirigente de Estados Unidos se ve en la obligación de dar alguna respuesta a esa otra adicción de los Estados Unidos –el gran consumidor de droga de Occidente– como es el uso de armas. Adicción protegida en este caso por una enmienda constitucional. La Segunda, para más datos. Posterior solamente a la que asegura la libertad de culto y de prensa.
El presidente Barack Obama prometió crear una fuerza de tareas al mando de su vicepresidente, Joe Biden, para estudiar medidas que impidan muevas masacres. El debate repite argumentos de la Ley Seca, sólo cambia el «mal», que ya no es el consumo sino los «límites a la libertad y las garantías constitucionales». Esta vez el mandatario promete llegar hasta el hueso, con una comisión que realmente llegue a algo, aunque sin modificar la sacrosanta Segunda Enmienda. «El hecho de que se trate de un problema complejo no puede seguir siendo una excusa para no hacer nada –dijo Obama–, el hecho de que no podamos evitar todo acto de violencia no significa que no podamos reducirla progresivamente y evitar la peor.»
Los temas en análisis por este equipo –que como especificó, el presidente tendrá que hacer un informe que sirva y no un dossier para «cajonear»– incluyen el acceso a la salud mental, la seguridad en las escuelas y la educación. El corolario debería ser alguna forma de prohibición de venta de armas semiautomáticas o de asalto.
César Gaviria fue presidente de Colombia y uno de los fundadores de la Comisión Global sobre Drogas. «Yo era prohibicionista», admitió recientemente en un congreso científico, como si fuera un adicto recuperado, para concluir: «Debe cuestionarse si la prohibición no genera corrupción y violencia en la sociedad.» En esa misma línea, el uruguayo José «Pepe» Mujica piensa que si el Estado se convierte en proveedor de marihuana, esas miserias pueden ser combatidas con mayor provecho. Pero las críticas que levantó su propuesta lo hicieron bajar un cambio y ordenó debatir más las cosas. La sociedad aún no está madura para entender su propuesta, evaluó.
Cuando hay tanto dinero y poder en juego, las adicciones generan respuestas contradictorias. Y las prohibiciones se terminan acomodando según como soplan los vientos.
Tiempo Argentino, 21 de Diciembre de 2012
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