El 2025 comienza con aumentos en los precios de todos los servicios –gas, electricidad, agua– y combustibles, con lo que el costo de los boletos de transporte también se incrementará más temprano que tarde, a pesar de que, según las cifras oficiales, la inflación viene en baja. El año nuevo ya se había anunciado con malas noticias por el desguace y el desmantelamiento de áreas claves del Estado, comentaba el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, en una asamblea del gremio para tratar los despidos en la exEsma y el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti. No se había cumplido una semana de esta nueva hoja del almanaque cuando el Gobierno le dio una vuelta más de tuerca a la tormentosa relación con Venezuela: mientras reclamó ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención del gendarme Nahuel Gallo, arrestado desde el 8 de diciembre en algún lugar de Caracas no revelado, Javier Milei recibirá al antichavista Edmundo González Urrutia, al que reconoce –al igual que países europeos y EE.UU.– como presidente de Venezuela, cuando el próximo viernes Nicolás Maduro será investido con un nuevo mandato.
Parecen muchos temas para tan pocos días, pero se sabe que la gestión paleolibertaria actúa con urgencias para implementar sus políticas. Para remachar en caliente, como se suele decir, o simplemente para cambiar los ejes de la sociedad antes de que las variables económicas dejen de resultar favorables. Y ojo que Milei no se anda con vueltas a la hora de explicar su estrategia. Ya lo dijo en el cierre del Coloquio de IDEA, la ONG empresarial, en el encuentro que se realizó en Mar del Plata en octubre pasado.
«Teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera, de lo que estaba ocurriendo», dijo esa vez, con un guiño canchero y sin sonrojarse.
Parece que en este verano pretende repetir aquel impacto y comenzó con despidos en todas las áreas del Estado y especialmente en las relacionadas con la defensa de los derechos humanos y los Espacios de la Memoria. Sitios que la sociedad fue recuperando para resaltar los valores con que buscó construir la democracia luego de los años del horror de la dictadura cívico-militar.
La dupla ganadora del balotaje de noviembre de 2023 era rotundamente negacionista, con un candidato a presidente que resaltó en cada ocasión su rechazo a las políticas desarrolladas por Raúl Alfonsín desde el 10 de diciembre 1983, y Néstor y Cristina Kirchner en este siglo. Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, por lo demás, desplegó su carrera política reivindicando a los condenados por crímenes contra la humanidad.
Las notorias diferencias que fueron creciendo entre ellos en este año y monedas nunca borraron, y puede aventurarse que no lo harán, esa coincidencia de matriz.
Lo que para un mandatario que hace gala de elementos de la lógica para ridiculizar a quienes se oponen a su línea de pensamiento –con términos como «falacia ad hominem», propios de manuales de escuela secundaria–, estos días marcaron también groseras contradicciones, solo explicables por la banalidad esencial de sus argumentaciones.
Veamos: que las fuerzas de seguridad impidan el acceso a los edificios destinados a mantener la llama de los derechos humanos, en los mismos sitios donde se produjeron las peores atrocidades, espacios que siguen una línea que en Europa se desarrolló tras la Segunda Guerra Mundial y para mantener el permanente recuerdo de la barbarie nazi en los campos de exterminio.
❗Repudiamos el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos en la ex ESMA, impidiendo el acceso a trabajadores y trabajadoras, en el marco de los despidos masivos. Lo hacen con el uso de personal policial donde funcionó un centro clandestino y hoy existe un espacio de memoria pic.twitter.com/3pSfNhf4xW
Que luego de los incidentes con el Gobierno de Maduro –que llegaron al punto de un generarme argentino detenido por intentar su ingreso irregular en Venezuela, en condiciones difíciles de explicar para las autoridades nacionales– la cancillería recurra al la Corte Penal Internacional (CPI) se convierte en un despropósito. Más aún, cuando la ministra Patricia Bullrich, jefa de la institución en la que reporta Nahuel Gallo, habla de «desaparición forzada» del joven a manos del «régimen de Maduro». Y que lo catalogue de «crimen imprescriptible para los autores», al mismo tiempo que desde otros rincones de esa gestión se analizan mecanismos para liberar a los condenados de la última dictadura.
Denunciamos desde nuestra Cancillería ante la Corte Penal Internacional al régimen de Maduro por la desaparición forzada de nuestro gendarme Nahuel Gallo. Crimen imprescriptible para los autores. No vamos a permitir que el régimen tome de rehén a Nahuel.
Por si esto fuera poco, la CPI es el mismo tribunal al que adhiere Argentina, donde tiene rango constitucional, y que recibió fuertes críticas de la Casa Rosada en noviembre a raíz de la orden detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de lesa humanidad en Gaza. Lo que evidencia una ostensible doble vara, aunque en el contexto actual de las relaciones internacionales, habrá que reconocer que no desentona tanto.
Declaración de la República Argentina en defensa de Israel
La República Argentina manifiesta su profundo desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el…
Para un Gobierno que se basa en irritaciones varias diseminadas en las redes sociales, provocaciones calculadas y el ejercicio pertinaz de la simulación, el despido de la subsecretaria de Turismo, la segunda del titular de esa área, el excandidato peronista Daniel Scioli, aparece como otra puesta en escena de pretendida austeridad. Yanina Martínez viajó a Londres y cayó mal que hubiera desoído la orden presidencial de no salir de vacaciones al exterior. Por otro lado, Bullrich explicó su visita a Disney en que era una vieja promesa a sus nietos para «cuando terminaran la primaria». El vocero Manuel Adorni irá por esos lares también. Él aseguró que hace diez años vacaciona con su familia en Miami y no era cuestión de cambiar las costumbres.
En este rubro marquetinero habría que anotar al retiro de la custodia a la exprimera dama Fabiola Yañez en Madrid. En este caso, Bullrich respondió públicamente a una orden de Milei para proceder en un asunto que lo preocupa, dice, como es el uso que se les da a los impuestos de los ciudadanos, que, afirma, deben ser «para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura».
Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia. https://t.co/0qjuFTRBp5
La idea de que la disolución de la Unión Soviética fue una catástrofe para el espacio socialista pero también para Estados Unidos no es nueva. Analistas de fuste como el francés Tierry Meissan sostienen que incluso la falta de un enemigo enfrente, como era el bloque comunista, dejó a Occidente sin un incentivo para sostener su unidad. Y en el caso estadounidense, dejó –entienden– a la principal potencia planetaria en riesgo de una guerra civil porque su cohesión interna estaba amalgamada en torno a un objetivo al que finalmente llegó sin la guerra con la que soñaban sus estrategas. La realidad de EE.UU. de estos últimos años da ejemplos en favor de esa tesis, lo que explicaría el rol que intenta cumplir Donald Trump en esta particular trama.
No es novedoso tampoco sostener que el presidente argentino adhirió a esas estrategias extremas para cimentar su imagen política en un contexto como el de la crisis económica que asolaba al país. Y desde el 10-D de 2023 busca consolidarla para aplicar sus políticas regresivas en modo «aturdimiento colectivo». En ese período, tanto él como funcionarios y adherentes del oficialismo, descargaron en forma recurrente agravios y descalificaciones hacia opositores políticos, sectores sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos, entre muchos otros. Las agresiones manifestadas en la ciudad suiza el 23 de enero, sin embargo, generaron las masivas marchas del 1 de febrero en todo el país. No siempre es gratis agraviar.
El fuego y sus circunstancias Todo el debate generado en torno a esa alta dosis de ira del jefe de Estado fue en paralelo al avance de las llamas en la cordillera patagónica. En esta instancia, el Gobierno nacional –con el inestimable aporte de los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut, y Alberto Weretilnek, de Río Negro– tiraron la pelota afuera para no hurgar en las responsabilidades del desastre ambiental, social y económico que se extiende desde San Carlos de Bariloche hasta El Bolsón y Epuyén. Al igual que el «seguidismo» característico de Milei sobre Trump –como el anuncio de retiro de organizaciones internacionales como la OMS o la Comisión de Derechos Humanos la ONU–, la Casa Rosada buscó culpables antes que soluciones. Así había hecho días antes el magnate inmobiliario, culpando a los demócratas por los incendios en Los Angeles.
En esta parte del continente se apunta a los mismos que en su anterior paso por el Ministerio de Seguridad había designado Patricia Bullrich: las comunidades mapuche. Un enemigo más fácil de reconocer y un pueblo que desde la recuperación de la democracia venía logrando mínimas, aunque importantes, reivindicaciones territoriales y culturales. Como se recordará, en enero de 2016 Bullrich comenzó a hablar de una organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y los medios nacionales señalaron a Facundo Jones Huala como su «violento» líder.
Desde entonces la RAM estuvo a mano para caratular cualquier incidente en esas regiones, donde el que aparece como dueño y señor de voluntades y fuerzas de choque es el inglés Joe Lewis, quien en abril pasado fue condenado en Nueva York a tres años de libertad condicional y el pago de 5 millones de dólares de multa tras haberse declarado culpable del uso de información confidencial para hacer negocios bursátiles. La RAM y Jones Huala volvieron a la escena en esta nueva etapa, con una detención del lonko mapuche de menos de 24 horas, el 19 de enero, tras haber sido acusado de intento de robo de un auto, que no pudo probarse ante la fiscalía.
A medida que los incendios se extendían, ni Torres ni Weretilnek hablaban de cómo frenar el infierno, ni de si se debía a cuestiones climáticas, falta de previsión o la necedad de algún turista o, como finalmente se demostró, a un hecho intencional.
EL BOLSÓN: ESTAMOS ANTE UN HECHO INTENCIONAL Y DELICTIVO
La Policía de Río Negro, el Fiscal de Turno y peritos accedieron a los puntos donde comenzó el fuego. En uno de ellos se encontró una botella de vidrio, que será peritada para determinar su vinculación con el incendio.… pic.twitter.com/yBExy5qaDR
LOS DELINCUENTES QUE INCENDIAN NUESTRA CORDILLERA VAN A TERMINAR TODOS PRESOS
Hoy, después de estar en Epuyén acompañando a las familias damnificadas por el incendio, estuvimos presentes en un nuevo foco ígneo que estaba siendo rápidamente apagado por los Bomberos, luego de que,… pic.twitter.com/xAej0wstT2
No le pusieron nombre a los supuestos autores, pero a los pocos días se registraron incidentes en la comisaría de El Bolsón cuando un grupo de pobladores fueron a reclamar por la detención de tres brigadistas y fueron apaleados por parapoliciales a caballo. El intendente de esa ciudad de la Comarca Andina, Bruno Pogliano, dio la vuelta de tuerca que faltaba al hablar de terrorismo.
Bullrich, a todo esto, anunciaba que el Gobierno nacional declarará a RAM como organización terrorista. Fue el mismo día que la cartera a su cargo pasó de ser Ministerio de Seguridad de la Nación a Ministerio de Seguridad Nacional. «No es solo un cambio de nombre, es una transformación profunda en la forma de entender la seguridad en nuestro país». Posteó en sus redes la funcionaria, para afirmar luego que la prioridad «será la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo».
EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN AHORA ES EL MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL: UNA NUEVA ERA CONTRA EL CRIMEN
Argentina tiene, por primera vez, un Ministerio de Seguridad Nacional. No es solo un cambio de nombre, es una transformación profunda en la forma de entender la…
Como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno de George W. Bush desplegó una guerra global contra el terrorismo, amparado en la llamada ley USA Patriot (rebuscado acrónimo en inglés por «Ley para Unir y Fortalecer a Estados Unidos Proveyendo las Herramientas Apropiadas Requeridas para Impedir y Obstaculizar el Terrorismo»), muy criticada porque otorga poderes especiales al Gobierno federal para realizar escuchas telefónicas y vigilar las comunicaciones electrónicas, entre otras cuestiones.
Nunca hubo consenso sobre qué debe entenderse como terrorismo porque algunas de las definiciones les cabrían a acciones que suelen cometer las grandes potencias. El proyecto de Milei-Bullrich también recurre a un enemigo al que acusar de promover el terror. Puede ser el kirchnerismo, el radicalismo, la comunidad LGTBQI+, el socialismo-comunismo… o los mapuches por los incendios en el sur.
Recién hace 20 días que volvió a la Casa Blanca y Donald Trump ya le dio vuelta a las relaciones internacionales como a una media. A simple vista, sus movidas, aceleradas e impetuosas, tienen algo de «estrategia del loco», eso de hacer creer que el tipo no está en sus cabales para que lo dejen hacer porque oponerse puede ser peor. Pero raspando un poco la superficie hay algunas certezas que resultan claras. Por lo pronto, en el «patio trasero» logró que Canadá y México se encargaran de poner más vigilancia en las fronteras, deportó unos 5000 inmigrantes latinoamericanos y retiró al país de organizaciones como la OMS al tiempo que anunció sanciones contra el Tribunal Penal Internacional por haber condenado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a su extitular de Defensa, Yoav Gallant. Este sábado, por otro lado, Hamás entregó a otros tres rehenes que estaban en su poder desde el 7-O de 2023 e Israel liberó a 183 prisioneros palestinos mientras en el mundo se sigue cuestionando su propuesta «inmobiliaria» para Gaza y los países europeos se preparan para nuevos aranceles a sus productos. Además, por si fuera poco, levantó el avispero en organizaciones como la USAID, habitual fuente de financiación de planes injerencistas en todo el mundo. Todo junto y en tan poco tiempo indican un método que confirma los objetivos que se fijó el 47º presidente estadounidense y pretende desplegar antes de que se termine su período de gracia de 100 días que se otorga a todo gobierno que inicia. La vigilancia fronteriza es una vieja demanda de los sectores ultraconservadores expresada en foros como el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, que también establece hojas de ruta contra la perspectiva de género, recortar fondos federales y modificar formas de financiamiento de la educación para sostener los programas de tinte religioso-antediluviano. La recuperación industrial que Trump pretende no es algo nuevo ni original pero si que suena a desesperada. La globalización, tan seductora para el establishment estadounidense desde la disolución de la URSS, con su trasfondo de financierización internacional, provocó una lenta pero persistente modificación de la base industrial de EE UU. Convertido, gracias al dólar como moneda de cambio y reserva, en el centro mundial de las finanzas, el gran negocio ya no era producir, sino comprar hecho y sostener los enormes déficits que se fueron acumulando cada año mediante la fabricación del producto que mejor les sale: el dólar, como ya advertía hace 23 años el francés Emmanuel Todd en Después del imperio: Ensayo sobre la descomposición del sistema estadounidense. Planes de reindustrialización los hubo con GW Bush, Barack Obama y con Joe Biden. Pero no resulta tan fácil cambiar el eje de negocios que prosperan haciendo dinero con dinero y sin transpirar. Por lo demás, como ya señalaba entonces Todd, en las universidades de EE UU egresan menos ingenieros que abogados y economistas. De allí que ante una guerra como la de Ucrania, la solución que sale de la caja de herramientas de Washington sean las sanciones, ya que no están en condiciones de producir armamento en cantidad ni calidad equiparable al de Rusia. El caso es que los beneficiarios de ese sistema son países de la UE, China y sus socios de América del Norte -México y Canadá- ya que las industrias proveedoras se trasladaron allí por los menores costos y los beneficios que reciben. Traer de nuevo a esas industrias lleva, como ve Trump, a una guerra que ninguno de sus antecesores quiso o pudo aplicar y él no estuvo en condiciones en su anterior gestión. Ahora espera que, más loco y con más apoyo electoral, pueda cambiar el rumbo. De allí que se rodee de los magnates (oligarcas) de las únicas industrias en que EEUU está en el pelotón de vanguardia en el mundo: la tecnología digital y la Inteligencia Artificial. El grano en el trasero le salió cuando a una semana de su jura se conoció que una empresa china, DeepSeek, había desarrollado una aplicación de IA abierta, mucho más efectiva y sobre todo económica que ChatGPT o cualquier otra conocida. Lo más destacable de este golpe es que para el desarrollo se utilizó un chip Nvidia H800, de menor potencia que los H100, pero que eran lo más a lo que podían acceder por las sanciones contra China (ver aparte). La inteligencia humana superó en este caso a la estulticia de creer que se puede poner freno al desarrollo con abogados y financistas. Lo mismo ocurrió con los castigos a Rusia por la guerra en Ucrania: terminaron incentivando el comercio en el área BRICS+, el centro de Asia. Y en monedas locales. Trump fue muy claro en su discurso de inauguración: «A partir de este momento, el declive de Estados Unidos ha terminado», dijo, reconociendo públicamente la decadencia del país. Por esos días también prometió aranceles estratosféricos para los países que piensen en usar otra moneda que no sea el dólar y a los BRICS+. Y envió a su canciller, Marco Rubio, a explicar en América Central de qué viene esta Doctrina Monroe Siglo XXI. América First no oculta que esta región sería el último reducto ante un eventual nuevo reparto del mundo. Nada nuevo bajo el sol. La misma lucha que desde hace dos siglos.
La propuesta inmobiliaria para Gaza
En una nueva etapa de los acuerdos por el cese al fuego entre Hamás y el gobierno de Israel, Or Levi, Eli Sharabi y Ohad Ben Ami, tres hombres de 34, 52 y 56 años respectivamente, fueron entregados a las autoridades israelíes mientras se cumplía el quinto intercambio de prisioneros. Pero la noticia de la semana fue el encuentro de Benjamin Netanyahu y Donald Trump en Washington.
Fue en ese momento que el presidente de EE UU habló de su «solución inmobiliaria» para la Franja de Gaza: que los palestinos se vayan de ese territorio a cambio de dinero y la promesa de viviendas permanentes en Egipto o Jordania. «Estados Unidos tomará el control y seremos dueños de ella. Y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas en este sitio», comentó ante las barbas del premier israelí, que en cuanto pudo aclaró que «no hace falta que las tropas estadounidenses vayan, nosotros nos haremos cargo».
Esta oferta de completar la limpieza étnica a cambio dólares no es nueva pero nunca había sido explicitada de un modo tan despojado. Luego del asesinato de cerca de 50.000 gazatíes y la destrucción de casi toda la región, ¿quién podría aceptar una propuesta semejante? Ni siquiera en el resto del mundo hubo aceptación a esa idea.
«Gaza es un infierno en este momento y lo ha sido por mucho tiempo», dijo Trump, que en lugar de visualizar la responsabilidad del hombre que tenía sentado a su diestra, firmó una Orden Ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos del Tribunal Penal Internacional de La Haya por condenar a Netanyahu y a su ministro Yoav Gallant por delitos de lesa humanidad contra la población palestina.
La inquina de Donald Trump contra el “estado profundo”, como se conoce a los recovecos burocráticos que manejan aspectos de la política exterior del país más allá de quién esté en la presidencia, se cobró estos días una pieza de fuste al anunciar el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID en inglés). Este organismo, creado por John F. Kennedy en 1961, estuvo detrás de centenares de operaciones en todo el mundo y especialmente en América latina contra gobiernos tildados de enemigos del imperio. Entre ceja y ceja de la izquierda, sorpresivamente ahora en la picota de la gestión republicana –por haber accionado en contra de “amigos de Trump”– muchos de sus ancestrales chanchullos salen a la luz por boca de los actuales funcionarios, y el encargado de meter mano en el asunto es Elon Musk como titular del Departamento de Estado de Eficiencia Gubernamental (DOGE en inglés).
Ahora los principales medios de EE UU salen en defensa de las acciones de la USAID asegurando que su cierre afectará “la ayuda humanitaria” que realiza en países donde Washington no es ajena a los conflictos. Pero además, salen a la luz datos hasta ahora cuestionados como información manipulada. Como por ejemplo que en la nómina de la USAID figuran pagos a no menos de 6200 periodistas de todo el planeta, a 279 sociedades civiles y a más de 700 medios privados.
Según WikiLeaks, USAID usó caso 500 millones de dólares de manera encubierta de una ONG secreta financiada por EE UU, Internews Network (IN), que “trabajó con 4291 medios de comunicación, produciendo en un año 4799 horas de emisiones que llegaron a 778 millones de personas y capacitando a más de 9000 periodistas”.
El sitio fundado por el australiano Julian Assange agrega que IN tiene sedes en más de 30 países y que la directora, Jeanne Bourgault, “trabajó en la embajada de Estados Unidos en Moscú a principios de los años ’90, donde estaba a cargo de un presupuesto de 250 millones de dólares, y en otras revueltas o conflictos en momentos críticos, antes de pasar formalmente de USAID a IN”. La USAID también estaba en la mira de amigos de la actual administración. Es el caso del canciller de Hungría, Peter Szijjártó, quien dijo a Fox News que fue utilizada contra el primer ministro Viktor Orban por Joe Biden, que “no podía digerir que no estuviéramos listos para renunciar a nuestros intereses nacionales». Otro que se quejó de la agencia fue el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. “La mayoría de los fondos de la USAID se canalizaban hacia grupos de oposición, ONGs con agendas políticas y movimientos desestabilizadores». Y añadió: «‘Periodismo independiente’ no es más que un eufemismo para decir ‘nuestros jefes están en la oscuridad’». El mandatario colombiano Gustavo Petro, a su vez, denunció que en su nación la USAID destinó unos 260 millones de dólares en su contra. Gran parte de esos recursos tenían como destino temas de género, medio ambiente. El secretario de Estado Marco Rubio declaró que hay cosas que hizo bien la USAID a lo largo de su historia, pero que otras no. Se entiende, dadas las características del gobierno de Trump, cuáles son las buenas y cuáles las malas.
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