por Alberto López Girondo | Mar 7, 2014 | Sin categoría
Pronto se cumplirá un siglo del 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria era asesinado en Sarajevo, hoy capital de Bosnia-Herzegovina. Esa fecha aparece en los libros como el inicio de la Primera Guerra Mundial. Si alguien hubiese consultado al Oráculo de Delfos, como hizo en la antigua Grecia Creso, el rey de Lidia, antes de dar batalla a los persas en el año 546 antes de Cristo, la respuesta podría haber sido incluso más clara: «Si entras en guerra, no uno sino cuatro imperios caerán, uno quedará al borde de la desaparición, otro buscará venganza y un tercero se esparcirá por el mundo.» La respuesta para Creso fue que uno solo caería, y no lo pensó dos veces. La profecía se cumplió, pero a favor de los persas. Si lo hubieran pensado mejor hace 100 años, tal vez muchos de los horrores que se vivieron entonces en Europa podrían haberse evitado. Pero los intereses económicos, como se sabe, suelen ser más poderosos que las razones.
Esa contienda que envolvió a las mayores potencias europeas es, al decir del historiador británico Orlando Figes, una suerte de continuación de otra que se había iniciado en 1854 en las costas de Crimea, y que comenzó como una lucha de tintes religiosos por el acceso a los lugares sagrados de Jerusalén, entre el Imperio de los Zares y el de los Otomanos. Aquella vez también hubo enfrentamientos en los Balcanes, pero la batalla central, la que todavía hoy conmueve al espíritu ruso, fue en Sebastopol, donde hoy está la principal base rusa en el Mar Negro. Del lado de los turcos estuvieron franceses y británicos, y los zares fueron derrotados, pero pudieron sostenerse todavía medio siglo más en el poder, lo mismo que los sultanes en Estambul.
A comienzos del siglo XX, los jugadores seguían siendo los mismos, pero Alemania e Italia, ya unificadas, buscaban su lugar bajo el sol. Fue así que el Imperio Austro-húngaro –el archiduque era el heredero de la casa los Habsburgo– se alió con el Reich del káiser Guillermo II y la Italia de Víctor Manuel III, en lo que otro historiador inglés, Eric Hobsbawn, clasificó como Triple Alianza –junto con la Turquía imperial– en contra de la Triple Entente, conformada por el Reino Unido, el Imperio Ruso y la Francia de la Tercera República.
Durante esos cuatro años terribles, en los que murieron quizás hasta 30 millones de personas, fueron devastadas Francia e Italia, y en el camino Turquía perdió sus territorios en los Balcanes y los zares fueron eliminados por la Revolución Soviética de octubre de 1917. Ucrania jugó entonces un papel importante, porque por un corto período quedó en manos de Alemania, que la necesitaba desesperadamente como proveedora de alimentos.
La consecuencia geopolítica de la guerra fue el rediseño del mapa europeo, con el nacimiento de varios países, como Hungría o la primera república polaca, y de otros ya inexistentes como Yugoslavia y Checoslovaquia. Pero también emergería un imperio de carácter global, Estados Unidos, que entró en la contienda cuando las cartas ya se jugaban a favor de los aliados, en abril de 1917. La Gran Bretaña que quedó era un fantasma ajado de sus épocas de esplendor.
Alemania, destruida en1918, terminó devorada por los ganadores y se fue deslizando hacia el partido nazi, que finalmente llegó al poder en 1933. Italia, si bien había resultado triunfante en los papeles, no «aprovechó» las ventajas del éxito y acabó en manos del fascismo, en 1922. Turquía se encaminó a una república ceñida a Anatolia y una punta de Europa, más allá del estrecho de Bósforo, y buscó estabilizarse al precio del genocidio del pueblo armenio. Un antecedente de lo que comenzaría 21 años más tarde en Europa, en otro capítulo, más brutal aún, de esta batalla nunca resuelta por el control del continente.
La caída de la Unión Soviética fue un nuevo punto de inflexión para el mundo y particularmente para la utopía socialista. Nuevas naciones aparecieron incluso en territorios más lejanos como los asiáticos. La última guerra de los Balcanes, en los ’90, fue el epílogo no menos cruento del asesinato del archiduque. La desaparición de Yugoslavia se llevó millones de vidas y nuevos genocidios enlutaron el centro de esa Europa que se jacta de portar el faro de la civilización y los Derechos Humanos.
Pero como la historia nunca se detiene –cosa de volver a desmentir a Francis Fukuyama–, continuamente siguen aflorando hilachas de viejos conflictos. Y Crimea vuelve a estar en el eje de las preocupaciones mundiales. Basta fijarse en un mapa para ver que Rusia no tiene otra salida al Mar Mediterráneo que no sea a través del Mar Negro, cruzando el Bósforo. Caso contrario, un barco debe dar la vuelta por el Mar del Norte. La península de Crimea cumple allí un rol fundamental como puerto de control, vigilancia y salida ágil de cualquier armada.
No se está hablando de geopolítica pasada de moda. Por barco se sigue haciendo el 80% del comercio mundial, y más aún, por mar circulan los cargamentos de combustible que mueven la economía y, además, se desplazan pertrechos bélicos de todas las potencias con aspiraciones. Si no que lo digan los británicos, que mientras pudieron controlar los mares, fueron imperio. La base rusa de Sebastopol articula con la de Tartus, en Siria, territorio que, como los de Asia Menor, formó parte del Imperio Otomano hasta el fin de la Primera Guerra.
La dirigencia rusa sabe que si quiere volver a jugar en las grandes ligas, debe impedir el cerco de bases que la OTAN desplegó en la Europa del Este tras la implosión de la URSS. En este esquema, Ucrania vuelve a representar un punto crucial para Moscú. Más aún si se tiene en cuenta que atraviesan ese territorio un par de gasoductos por los que circula el 20% del gas que entibia a los europeos en sus crudos inviernos.
Rusia, el gran proveedor, bombea a través de tres grandes tuberías, la Nord Stream, que va directo a Alemania; la Yamal, por Bielorrusia; y la Soyuz, que atraviesa Ucrania. Por este acosado país cruzan 175 mil millones de metros cúbicos cada día; por las otras dos tuberías, 95 mil millones. No hace falta mencionar la importancia que tiene para Europa contar con el control de esos caños prodigiosos. Ni tampoco el enorme poder de presión que le da a Moscú, cosa que ya probó en dos ocasiones en lo que va de este milenio.
El derrocado presidente, Víktor Yanukovich, primero se mostró dispuesto a aceptar un acuerdo con la UE que lo alejaba de Moscú. Putin le puso los puntos sobre las íes y los vaivenes del mandatario terminaron por enardecer a una capa de la población que no sólo es proeuropea, sino que tiene terribles recuerdos de la época estalinista –se recomienda leer Tierras de Sangre, del historiador Timothy Snyder– y alimenta aún rencores contra todo lo que suene a ruso. Una condición ideal para alimentar un golpe blando, ciertamente, sobre todo si se repara en que Yanukovich no tiene un historial demasiado presentable y, además, sólo aprendió a hablar ucraniano a los 52, cuando se perfiló para dirigir al país.
El exiliado presidente forma parte de una oligarquía que, crecida al calor de la URSS, estaba en el lugar justo y en el momento adecuado para quedarse con las riquezas que el estado soviético había creado y dejó a la iniciativa privada a principios de los ’90. Es de la región de Donéts, una de las más industrializadas y con fuertes riquezas mineras y carboníferas. Cuentan que en su pasado pasó un par de temporadas en prisión por robos al estado socialista y que sus amigos movieron los hilos para borrarlo de su legajo cuando fue ascendiendo en la burocracia. Los negocios lo llevaron más lejos y terminó enfrentado con los intereses de quien ahora aparece como la ganadora en esta puja por el control del país, Yulia Timoshenko.
La mujer, por vía de un matrimonio ventajoso, se acercó al poder soviético en los ’80 y luiego mostró sus dotes de empresaria, primero con una cadena de alquiler de videos y luego en el negocio más seguro y rentable que pueda pensarse en esa región: una compañía proveedora de gas. Su marido, Alexandr Timoshenko, fue uno de los oligarcas del Dniéper, pero terminó escapando del país envuelto en una serie de escándalos. Ella fue sentenciada a siete años tras la firma de un cuestionado contrato con Rusia cuando era premier. Por supuesto, todo es según el cristal con que se mire y, por lo demás, ninguno en este juego es inocente ni mucho menos impoluto.
La legislatura de Crimea apura un referéndum para la anexión a Rusia, echando más leña al fuego de una confrontación que viene creciendo desde hace meses. Crimea, poblada por habitantes de origen ruso, perteneció al imperio zarista desde 1783. El ex mandamás soviético Nikita Kruschev la cedió a la República de Ucrania en 1954, cuando se cumplía un siglo de aquella guerra.
Kruschev había nacido en una zona fronteriza, había crecido al amparo del Partido Comunista Ucraniano y necesitaba de esa fortaleza para emprenderla contra el estalinismo justo a la muerte del líder. La cesión no fue inocencia socialista; más bien parece un gesto de alguien que también creyó, a su manera, en el fin de la historia.
Tiempo Argentino, 7 de Marzo de 2014
por Alberto López Girondo | Mar 1, 2014 | Sin categoría
Favorito para la reelección, el presidente Juan Manuel Santos está enfrentado con quien fue su mentor, Álvaro Uribe, y con la derecha, que sabotea los acuerdos con las FARC. A menos de cien días de las elecciones presidenciales –que se llevarán a cabo el 25 de mayo y en las que aparece como favorito para lograr la reelección– Juan Manuel Santos tuvo que reemplazar la cúpula de las fuer-zas armadas tras un nuevo escándalo
dentro de las filas castrenses. Esta última turbulencia comenzó a desplegarse luego de que a principios de febrero la revista Semana publicara información muy detallada y documentada sobre espionaje de miembros de Inteligencia del Ejército colombiano a los negociadores por la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en La Habana, y luego continuó con la publicación de contratos amañados y coimas para jefes militares.
Detrás de esta nueva ronda de chuzadas (pinchaduras telefónicas, como se las conoce en el país de García Márquez), está la mano siempre presente del ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, y, junto con él, de todos los que tienen mucho más por perder que por ganar con el fin de una guerra civil que ya lleva cuatro décadas, más de 100.000 muertos y cerca de 4 millones de desplazados.
La primera vez que se levantó polvareda con el espionaje telefónico fue durante los últimos meses de la gestión Uribe, cuando el mismo semanario publicó que desde una oficina del Departamento Administrativo de Seguridad, la temible policía secreta DAS, se había vigilado al sucesor de Uribe, el propio Santos, y a sus allegados más íntimos.
Si bien Santos había sido ministro de Defensa del ultraderechista Uribe y le cabe su responsabilidad en el cuestionado ataque a un campamento de las FARC en Ecuador que costó la vida del entonces líder guerrillero Raúl Reyes y otros 16 integrantes del grupo el 2 de marzo de 2008, desde que llegó al poder dio un giro hacia posiciones políticas más «civilizadas». Por empezar, asumió en medio de una escalada belicosa de Uribe contra el venezolano Hugo Chávez, que, gracias a la intervención del ex secretario de Unasur, Néstor Kirchner, pudo saldarse con un encuentro entre ambos el mismo día del cambio de mando, el 7 de agosto de 2010.
Desde entonces, con sus altibajos, no solo mejoró la relación entre Colombia y Venezuela, sino que el propio Chávez fue un factor determinante para el inicio de conversaciones de paz serias y positivas con las FARC, primero en Oslo y desde setiembre de 2012 en La Habana. Pero la espada siempre afilada de los uribistas y de los grupos más reaccionarios dentro del espectro político-militar colombiano pende sobre todo este proceso de un modo dramático.
El procurador
En este contexto es que se deben enmarcar las actitudes de un personaje tan controvertido como retrógrado: el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado. Miembro convencido del Partido Conservador, es un militante católico desde su más tierna infancia. Por ejemplo, participó, cuando todavía no tenía 24 años, el 13 de mayo 1978 –día de la Virgen de Fátima– de una quema de libros organizada por la sociedad San Pío X en su Bucaramanga natal. El abogado y jurista lo explicó cuando tuvo que dar cuenta de su pasado ante la comisión del Senado que debía aprobar su designación como Procurador, en setiembre de 2009. Dijo, entonces, que efectivamente, con un grupo de compañeros de escuela, habían salido a quemar libros y publicaciones que consideraban pornográficos. Alguien rescató la octavilla de invitación a ese acto, que catalogaba a ese material de «revistas pornográficas y publicaciones corruptoras» y convocaba al acto incendiario para las 8 de la noche de ese día en el parque San Pío X «en desagravio a Nuestra Señora, la Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra». Su tesis doctoral en la Universidad Santo Tomé, de Bogotá, del año 1979, tenía el sugestivo título de «Presupuestos fundamentales del Estado Católico». No hace falta agregar que es un ferviente opositor al matrimonio igualitario y a la legalización del aborto.
Pero al margen de extremismos, la cuestión no es tanto cómo y por qué un fundamentalista accede a un puesto tan delicado en cualquier sistema democrático. El tema de fondo es que, tras la reforma constitucional de 1991, el cargo ofrece la oportunidad de deshacerse de enemigos políticos o ideológicos con precisión quirúrgica y pasando por sobre la voluntad de los ciudadanos. Porque, oculto bajo el argumento de que un régimen político democrático debe contar con una institución que vele por la transparencia y la ética públicas, se le dieron a la Procuraduría las potestades no sólo de destituir al más encumbrado dirigente ejecutivo o legislativo, sino de inhabilitarlo para cualquier cargo público sin derecho a una demanda en una instancia superior.
En tal sentido, el récord que acumuló Ordóñez es impactante: desde 2009 se «sacó de encima» a 981 alcaldes, 709 concejales, 59 gobernadores, 18 diputados, 12 senadores y 10 representantes. Argumenta que los hay de todos los partidos. Sin embargo, los casos más sonados fueron el de la senadora Piedad Córdoba, destituida en 2010 e inhabilitada por 18 años a raíz de sus contactos con las FARC, y el de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, acusado de «desprivatizar» el servicio de recolección de residuos de la capital.
Córdoba sigue siendo una de las más enconadas luchadoras por la pacificación en el país y, en ese sentido, mantuvo reuniones con representantes de la guerrilla para acordar condiciones de de diálogo con el gobierno. Algunos de esos contactos, según el enfervorizado fiscal, estaban registrados en la computadora que había pertenecido a Raúl Reyes y que fue encontrada en el ataque a territorio ecuatoriano.
Desprivatizador expulsado
El segundo caso de relevancia fue el que en diciembre pasado recayó sobre el alcalde de Bogotá. Petro fue exonerado del cargo en el que lo había puesto el electorado bogotano e inhabilitado para la función pública por 15 años. ¿Su delito? Se habían vencido los contratos para la recolección de basura, y Petro decidió implementar un sistema público. Las empresas contratistas –alguna de ellas incluso de origen argentino– que según contrato debían dejar el servicio pero también los camiones que estaban utilizando, hicieron una chicana judicial para demorar la entrega de los vehículos. Durante una semana de transición, el gobierno capitalino no tuvo cómo recoger los desperdicios y la bella ciudad amaneció con montañas de basura acumulada en las calles, hasta que la cosa se solucionó contratando otros camiones privados. Para la Procuraduría, la «desprivatización» fue motivo suficiente para considerar como desastrosa la administración de Petro y expulsarlo del gobierno. Y, además, para alejarlo de cualquier pelea posterior en la arena política por tres lustros.Si la expulsión de Córdoba era leída como un ataque a la posibilidad de acuerdos con la guerrilla para poner fin a más de cuatro décadas de matanzas, la causa contra Petro lo terminó de confirmar: el alcalde había sido militante del grupo M-19 y pasó dos años preso hasta que, nuevamente en libertad, fue uno de los firmantes de los acuerdos que permitieron en 1987 el primer proceso de pacificación en ese país. Convertido en partido político como Alianza M-19, el grupo fue diezmado por ataques que le costaron la vida a la cúpula partidaria; entre ellos, a un candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, en 1990. Un año más tarde, sin embargo, Petro y el resto de los militantes que quedaban fueron partícipes de la reforma constitucional que, paradojas mediante, elevó el cargo de Procurador poco menos que al de un dictador sin posibilidades de ser vetado.
De allí que, ni bien se supo de la destitución del alcalde, los negociadores de la guerrilla en La Habana, de la mano de Iván Márquez, amenazaron con retirarse de la mesa de diálogo. No era para menos: entre la amplia agenda de debate, uno de los puntos más relevantes para cualquier acuerdo es el de la reinserción de los guerrilleros en la arena política. Si dejan las armas es, obviamente, para continuar su lucha por medios de una agrupación política. Si desde un estamento del Gobierno como es la Procuraduría se sabotea esta posibilidad, no queda mucho más por discutir. Por otro lado, los antecedentes de lo que había pasado con el M-19 y los ataques sufridos por los movimientos políticos afines (ver recuadro) no son cuestiones menores.
Para colmo de males, la prensa reveló que desde la tapadera de un restaurante en Bogotá se espiaban las conversaciones de los negociadores del gobierno ante las FARC. Podría haber resultado entendible que lo hicieran con los guerrilleros; después de todo, el aparato montado con apoyo del Pentágono para combatir a los grupos insurgentes –hay otra pata que es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que quiere entrar también en el diálogo– cuenta con los elementos más sofisticados para vigilar los menores intersticios de la sociedad en su conjunto. Entre ellos están los dispositivos para rastrear o interceptar cualquier comunicación electrónica, como demostró Edward Snowden sobre las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense en todo el mundo.
Lo curioso es que también «chucen» a los enviados del gobierno de Santos; una prueba de que el actual presidente no es confiable para los que manejan los hilos detrás del poder en Colombia, y una señal de preocupación para quienes esperan acuerdos de paz duraderos y respetados en ese país.
Antecedentes a tener en cuenta
La ex senadora Pilar Córdoba, una de las fundadoras de Marcha Patriótica, una agrupación que busca canalizar las expectativas de la centroizquierda y de quienes aspiran a pacificar el país y terminar con la sangría que sufre la población desde hace décadas, denunció la muerte de una treintena de militantes sólo en 2013.
Cuando a fines de los 80 el M-19 firmó un acuerdo de paz con las autoridades colombianas, también hubo una masacre contra quienes pretendían insertarse en un sistema político que dejara espacio para todas las ideas.
Pero el antecedente más grave de lo que puede ocurrir si los acuerdos de las FARC y el gobierno de Santos no resultaran respetados por los grupos más extremistas de la derecha datan de mediados de los 80. Para esa época se había creado el partido Unión Patriótica (UP) como el canal para que los grupos guerrilleros pudieran integrarse al sistema democrático. Formaron parte de él miembros del movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), del ELN y de las FARC pero también participó el Partido Comunista Colombiano (PCC). Grupos ultraderechistas asesinaron en un corto lapso a dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 5.000 militantes de base.
Cualquier acuerdo implica, hoy día, una amplia amnistía para los guerrilleros, que cargan con procesos judiciales de toda laya. En este contexto, el presidente Santos logró aprobar una ley denominada Marco Jurídico para la Paz. El inefable procurador Ordóñez declaró que esa normativa «es un instrumento mediante el cual se privilegia al victimario y se sacrifica a la víctima en el altar de la impunidad». No pudo evitar que se aprobara, pero sabe cómo hacer para boicotearla.
Revista Acción, 1 de Marzo de 2014
por Alberto López Girondo | Feb 28, 2014 | Sin categoría
La oposición faltó a la cita con el presidente Nicolás Maduro, argumentando que sólo acepta un encuentro para hablar de pacificación «con una agenda de asuntos relevantes al interés nacional, y con la participación de un tercero de buena fe, nacional o internacional, que facilite, garantice y, de ser necesario, medie, para que ese diálogo sea fructífero». El mandatario interpretó inmediatamente que la dirigencia más radicalizada de la MUD no quiere la paz y busca seguir empiojando las calles y provocar de ese modo reacciones peligrosas para el sistema democrático en ese país.
La cuestión, como se viene diciendo desde estas páginas, excede a Venezuela y se enmarca en el proceso de autonomía que vienen desarrollando los países de la región. De allí que no sea inocente la exigencia de la oposición no sólo de insistir en desconocer el triunfo del chavismo tanto en abril como en diciembre pasado, sino en pedir un mediador externo. En realidad, son dos caras de la misma moneda: «No nos sentamos con un gobierno ilegítimo. Tanto lo es que sólo aceptamos hablar de pacificación con alguien de afuera», sería la traducción del reclamo de la MUD. Suena a esa necesidad que tienen algunas parejas de recurrir a una terapia de ayuda ante una crisis de convivencia. Normalmente, el primer punto será determinar cómo se elige al profesional. Si es por el ofrecimiento de alguien relacionado con uno u otro «contendiente». La experiencia indica, por otro lado, que en el mejor de los casos el terapeuta puede lograr que no se maten, pero no siempre evitará el divorcio.
En ese camino, el gobierno de Panamá, en manos del empresario Ricardo Martinelli, pidió una reunión de la OEA para debatir la situación venezolana. Tal vez en este intríngulis haya un trasfondo fundamental para entender qué se juega en las calles venezolanas. Porque la Organización de Estados Americanos, la entidad formada en 1948 a gusto y necesidad de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, últimamente dejó de tener el peso político y sobre todo ideológico que solía.
Como muestra baste decir que ya no podría quitar la membrecía a Venezuela como sí pudo hacerlo con Cuba en 1962. Pero tras la reincorporación de la isla caribeña en 2009, a insistencia del resto de los países latinoamericanos, a fines de enero pasado, por primera vez tuvo que viajar a La Habana un secretario de la OEA. Y nada menos que para asistir a una cumbre del organismo creado para vaciarla de sustancia, la CELAC, la última contribución de Hugo Chávez a la integración americana… sin Estados Unidos ni Canadá.
El canciller Elías Jaua apuró un viaje a los países del Mercosur para explicar personalmente a los diversos mandatarios cuál es la situación venezolana desde la óptica del Palacio Miraflores. Hasta ahora el gobierno de Maduro había elegido intentar una solución a la crisis política por sus propios medios, entendiendo que recurrir a los instrumentos de protección democráticos de los distintos estamentos regionales podría interpretarse como una muestra de debilidad.
La CELAC todavía no tuvo su bautismo de sangre, como quien dice, pero la Unasur, que nuclea a 12 naciones sudamericanas, probó su eficacia para detener la intentona golpista de la media luna del Oriente boliviano en 2009, y luego el putsch policial contra Rafael Correa en 2010. Era natural que ahora apareciera como paso imprescindible para reforzar a la democracia en Venezuela. Y a eso enfila la minigira de Jaua. Por eso pide una reunión de la Unasur, que es el organismo natural, entre pares, donde debatir su caso.
Ese pedido de Jaua llega al mismo tiempo que desde la OEA se abortaba la convocatoria a los representantes de cada país en su sede de Washington para expresarles el pedido panameño de llamar a una cumbre de cancilleres. La explicación oficial de esta marcha atrás merece entrar en el catálogo de las excusas más sorprendentes: cuando fue realizada la convocatoria, el presidente del Consejo Permanente, el dominicano Pedro Vergés, no se encontraba en el edificio para recibirla, y las normas formales establecen que el funcionario debe estar físicamente presente para recibir el petitorio a una reunión. La suspensión de esta iniciativa es sin fecha. Lo que oculta tamaña puntillosidad es que no había quórum para que los delegados de Estados Unidos y Canadá pudieran «meter baza» en ese foro afín a sus intereses, para debatir la problemática de un adherente rebelde. Y que el rechazo venezolano tiene su peso.
Ayer también se conoció un informe del Departamento de Estado que advierte sobre «la impunidad, las restricciones a la libertad de prensa y la debilidad de los sistemas judiciales» en los países andinos. Un dossier «muy oportuno» que refleja la posición oficial del gobierno de Barack Obama sobre cuestiones muy sensibles para la opinión pública, y que le permite al canciller estadounidense, John Kerry, mostrarse «ecuánime», ya que cuestiona tanto a las autoridades de Ecuador y Bolivia como a las de Perú y Colombia. Ni qué decir sobre Venezuela. Tanto cabe una crítica por la «ineficiencia del sistema judicial» colombiano como la violencia contra mujeres y niños en el Perú. A Bolivia, un país en permanente tensión con Washington, le achaca «problemas de Derechos Humanos» por mala aplicación de la ley debido a las condiciones carcelarias de los imputados o condenados.
Como es de imaginar, sobre Venezuela destaca «limitaciones prácticas en las libertades de expresión y de prensa» y acusa al gobierno de «utilizar el sistema judicial para intimidar y perseguir de manera selectiva a líderes de la sociedad civil que son críticos con el gobierno». Un muy conveniente rosario de reproches para abonar los argumentos de la oposición venezolana, replicado en estas tierras por sectores de la derecha, que cada vez muestran un sesgo más antichavista como reflejo de su inveterado antikirchnerismo. Como la presidenta apoya a Maduro, analizan, es conveniente estar con la oposición para no aparecer como furgón de cola del populismo latinoamericanista.
Si es lícito desplegar sospechas en torno de quienes son los que tienen algo por ganar con un crimen, el gobierno de Obama está mostrando en los últimos tiempos una eficacia en política exterior que ya envidiaría George W. Bush. Porque lo hace sin entrar en una guerra declarada e incluso reduciendo presupuesto. Cierto es que tuvo que «besar la lona» en su deseo de intervenir en Siria. Pero se desquitó con creces del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania, donde se supo que Kerry planteó el nombre del que debía ser el nuevo primer ministro, cosa que la dirigencia ucraniana cumplió al pie de la letra.
Tras haber «perdido» en el encuentro de la CELAC en La Habana, podría decirse que se tomó revancha en Sudamérica, haciendo temblar al gobierno brasileño con marchas violentas en las calles, y ahora mantiene en vilo a los impulsores de la integración ensayando un jaque temerario contra el sucesor de Hugo Chávez.
Que la jugada en Venezuela excede los límites del país se verifica también en que, tras el ingreso del último integrante del Mercosur, todavía los miembros del club atlantista no lograron juntarse en una cumbre, un encuentro que se viene demorando desde el intrincado retorno de Paraguay luego de las elecciones que llevaron al poder a Horacio Cartés.
La derecha argentina –pero también las de Paraguay y Uruguay– viene coqueteando, todavía de un modo elemental pero pertinaz, con la Alianza del Pacífico (AP), ese conglomerado de tinte neoliberal que integran Chile, Perú, Colombia y México. Los medios concentrados muestran a la AP como la panacea para todos los males de la economía vernácula. Aunque ocultan que se ofrece como continuadora de la idea del ALCA, la «regional» que capotó en Mar del Plata, en 2005, a instancias de Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva.
Se entiende que el gobierno de Maduro apueste a tratar el hostigamiento a su gestión en la Unasur. Que no será un estricto mediador ni un terapeuta de pareja, pero sí puede servir como freno para las apetencias antidemocráticas de la oposición, tal como lo demostró en los casos boliviano y ecuatoriano. No pudo cumplir un mismo rol en Paraguay para defender a Fernando Lugo, y esa deuda todavía se paga. Pero se supone que ese fracaso también debió de enseñar, aunque en medio del fárrago cotidiano esto aún no sea fácil de determinar.
En este delicado tablero regional, Maduro, está claro, no iría a la OEA para no volver a legitimar su existencia. ¿Irían Henrique Capriles o Leopoldo López a la Unasur, donde deberían comprometerse a acatar las reglas del juego latinoamericanista?
Tiempo Argentino, 28 de Febrero de 2014
por Alberto López Girondo | Feb 21, 2014 | Sin categoría
Las cartas están sobre la mesa. A nadie escapa la importancia política y estratégica que tiene Venezuela para el resto de América Latina y sobre todo para esta etapa del proceso de integración regional. Por eso, los actores de esta trama están poniendo toda la carne en el asador en su intento de modelar el futuro próximo de la región luego de una década de avances que parecían indefinidos. La cruda realidad es que el camino para la construcción de la Patria Grande es largo, sinuoso y está plagado de obstáculos. Sin embargo, es bueno verificar que quienes se oponen a esta necesidad inexorable de los pueblos latinoamericanos no tienen el menor interés en dejar que las cosas transiten plácidamente. Por eso no les preocupa el costo en vidas humanas que pueda dejar la controversia. Como que entre ellos están los cultores de cuanta matanza hubo en este sufrido continente.
La escalada de violencia en Venezuela, no por casualidad, comenzó muy poco después de que el gobierno lograra un triunfo importante en las municipales del 8 de diciembre. Presentada como un plebiscito por la oposición unificada detrás de la MUD, el resultado demostró que una amplia mayoría de la población apoya al chavismo y le dio una diferencia de nueve puntos sobre la oposición (48,69 a 39,34%). Luego del ajustado triunfo de Maduro en abril de 2013 (apenas 1,49% a favor), la tentación de dar un batacazo electoral que permitiera apurar un referéndum revocatorio era grande. Pero no pudo ser y ya no tenían espacio para denunciar fraude, porque la oposición ganó en distritos clave como nunca antes.
Recuerda mucho a lo que ocurrió en el Chile de Allende, cuando el 4 de marzo de 1973 se renovaba el Parlamento. El médico socialista había llegado al poder en 1970 con un muy ajustado margen (1,33% sobre el segundo, aunque sumando el 36,62% de los sufragios). Los cambios que a pesar de esa exigua diferencia había implementado despertaron los peores instintos de la derecha, acostumbrada a cumplir con sus deseos e intereses o, en el peor de los casos, a manipular a los gobiernos que se intentaran rebelar. Casi tres años después, esperaban obtener dos tercios del congreso para hacerle juicio político a Allende. Pero la oposición unificada no pudo superar el 52 por ciento. Lo relevante fue que la Unidad Popular oficialista alcanzó el 46%, diez puntos más que cuando llegó al Palacio de la Moneda.
Como se sabe por los documentos desclasificados del gobierno estadounidense, el Departamento de Estado, entonces a cargo de Henry Kissinger, juntó las cabezas de la derecha más retrógrada y de los medios afines para boicotear desde el primer día al gobierno socialista, generando el caos económico y el escamoteo de productos esenciales, condiciones necesarias pero no suficientes para que la sociedad perdiera capacidad de reacción. Aun así, había apoyado a Allende. No tardaron mucho más de seis meses para hundir al país en un océano de sangre.
Una década antes, en Brasil, João Goulart –que era el vicepresidente de Jânio Quadros y había llegado al poder en 1961 luego de su renuncia y con las facultades políticas mermadas tras un acuerdo bajo presión de militares formateados en la Escuela de la Américas– convocó a un plebiscito para legitimarse ante la ciudadanía. El referéndum no era en apoyo de Goulart; buscaba el acuerdo popular para volver al presidencialismo o continuar con un parlamentarismo a la europea que los uniformados habían forzado con la pistola en la nuca. El 6 de enero de 1963, ganó la propuesta de Goulart por alrededor del 78% (9,4 millones de votos contra 2,1 por el Parlamento). Poco más de un año después, y ante la popularidad que alcanzaba el gobierno con sus medidas progresistas, los militares se sentaron en el Planalto, de donde no se irían hasta 1985. Goulart murió en la provincia argentina de Corrientes en diciembre de 1976. En pocas semanas se confirmará si fue asesinado en el marco del Plan Cóndor, como las presunciones indican.
Otro dato a tener en cuenta es que el golpe de ese año, 1976, en la Argentina, se produjo con un gobierno desprestigiado y en un clima de violencia política, pero cuando se acercaban las elecciones que la desgastada presidenta había anunciado para fin de año como un modo de aliviar la crisis. Y cuando el progresismo avanzaba electoralmente.
En todos los casos, hubo sectores claves de la sociedad que no podían hacerse del gobierno por las buenas y recurrieron a militares formados en la ideología de la Seguridad Nacional en Panamá para mantenerse en el poder. Y con un sólido apoyo de los medios más influyentes (el año pasado, O Globo hizo un mea culpa, tardío aunque sugestivo, de su apoyo a la interrupción democrática del ’64).
Cada golpe cruento siguió el mismo libreto, como para no dejar lugar a dudas. La derecha latinoamericana no es democrática y no tiene problemas en recurrir al genocidio con tal de imponer sus intereses. Como colofón, los medios concentrados bailan la misma terrorífica serenata. Y la frutilla del postre: no pueden lograr sus objetivos sin el apoyo externo. Sin este sustento no serían nada.
Algo de eso se ve cotidianamente incluso en editoriales de diarios «serios» como The Washington Post y The New York Times, que suman barro al lodazal en que ubican al populismo, al chavismo en general y a Nicolás Maduro en particular. Desde los medios locales y también en el resto del mundo, un coro de horrorizados actores periodísticos y políticos siguen este guión sin cuestionarlo. Sin rascar un poco en la información que aparece para ver qué tanto de verdad guardan.
Por supuesto que son indefendibles la muerte y el caos. El caso es quién los promueve o, para ser más precisos, a quién beneficia el crimen. Y habrá que coincidir que perjudican principalmente al gobierno de Maduro. Hay influyentes comunicadores que se rasgan las vestiduras hablando del peligro que representa «una sociedad dividida, en medio de una grieta social de imprevisibles consecuencias». Si el sistema es la democracia y en las urnas el oficialismo venezolano salió airoso hace apenas 73 días, ¿qué es lo que se discute en las calles? ¿De qué dictadura hablan, cuando en 15 años de gestión el chavismo fue a las urnas 16 veces y perdió sólo una? Con ese tono de políticamente correctos, desde todas las fronteras sostienen que debe primar el diálogo. Es cierto, en democracia debe primar el diálogo. ¿Cómo se hace para sentar a la misma mesa que Maduro a los opositores que no lo reconocen como presidente porque dicen que ganó en comicios fraudulentos? ¿Por qué esquivan ese dato esencial para comprender el dilema venezolano?
Que la situación política en el país es dramática, nadie lo duda. Que incluso la situación socioeconómica es preocupante, tampoco. Pero está claro que la política de la derecha es respirarle al chavismo en la nuca para hacerle cometer errores. Y sobre todo, para no dejarlo gobernar, con lo cual el caos puede ser aun mayor. No discuten si Maduro es o no el hombre adecuado. La estrategia opositora busca impedir que construya su propio espacio. La sombra de Hugo Chávez es enorme y su figura irremplazable. Pero una buena gestión del sucesor que eligió en su última aparición pública puede construir consensos suficientes como para profundizar la obra que dejó inconclusa. Y eso es precisamente lo que intentan evitar los opositores, tanto el que hasta ahora lideró al sector, Henrique Capriles (que funge de civilizado dirigente, una suerte del Lonardi de la Fusiladora argentina de 1955), como el ahora preso Leopoldo López (el duro de la historia, quizás el Aramburu venezolano).
Es probable que sea un error político, como piensan algunos, haber apresado al ex alcalde de Chacao, porque así se lo convierte en un héroe. Para otros, puede ser una jugada para que salga a la luz como el extremista que es, de modo que termine siendo perjudicial para su propio partido.
Tiene razón Dilma Rousseff en preocuparse por los actos de vandalismo que se puedan generar en las calles brasileñas de aquí al Mundial de Fútbol y más allá. Brasil sufrió como pocas veces en su historia manifestaciones violentas, amparadas en errores de gestión del PT, pero peligrosamente desestabilizadoras. Tiene razón también Rafael Correa cuando advierte sobre la necesidad de estar atentos a los golpes blandos en la región. A esa escalada de tensiones que poco a poco hace crecer la tentación por el facilismo de aceptar una salida por arriba del laberinto. Y mucha más razón tiene cuando recuerda que no se pueden sostener semanas de violencia sin un fuerte financiamiento detrás.
Se suele decir irónicamente que en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajadas de Estados Unidos. Hoy se podría agregar que no hay manifestaciones violentas en las calles de Estados Unidos porque allí no hay embajadas de Estados Unidos ni pululan ciertas ONG de apoyo a la democracia.
Tiempo Argentino, 21 de Febrero de 2014
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