por Alberto López Girondo | Abr 15, 2014 | Sin categoría
Comienza otra etapa para la institucionalización en la Europa comunitaria, y muchos temen que no sea un inicio demasiado auspicioso. El 25 de mayo, los ciudadanos de los 28 países de la Unión Europea votan en elecciones parlamentarias. La futura Eurocámara será el colectivo legislativo con las mayoras atribuciones desde que en el Viejo Continente se decidió dirimir las cuestiones entre las naciones por vías civilizadas. Pero entre los ultraderechistas que abrirán las sesiones en el edificio Louise Weiss, en Estrasburgo, habrá un conglomerado tan disperso como rebelde, conformado por ultraderechistas, independentistas y descontentos que genéricamente pueden ser catalogados como «euroescépticos». El crecimiento del Frente Nacional de Marine Le Pen en las municipales francesas y de grupos xenófobos en Holanda o en Gran Bretaña terminó de levantar las alertas. Pero la cosa no es nueva.
El Tratado de Lisboa, que prevé entre sus fundamentos darle más atribuciones al Parlamento Europeo, nació como un desesperado plan B luego del fracaso en el intento de aprobar una Constitución Europea una década atrás. El proyecto original consistía en que la Carta Magna continental se votara en referendo en cada uno de los estados miembros y que la aceptación fuera unánime. Todo iba bien hasta que franceses y holandeses rechazaron masivamente la Constitución (69 y 63% en contra respectivamente) entre mayo y junio de 2005. De nada valió el voto en el resto de las naciones.
Fue entonces que los líderes comunitarios decidieron encarar otro camino, menos democrático pero más efectivo: imponer las mismas normativas de una ley fundamental para regir los destinos de los 500 millones de habitantes de la Unión Europea, pero aprobada sólo por los gobiernos, cosa de garantizar que no hubiera incómodas fisuras ciudadanas.
Así fue que en el impresionante Monasterio de los Jerónimos de Belem, en la capital lusitana, en diciembre de 2007 se firmó el Tratado que, en cierto modo, ahora se ve sometido a escrutinio parlamentario. Porque el actual Congreso Europeo, elegido en 2009, tenía la mitad de las responsabilidades legislativas que tendrá el que se vote en algunas semanas. Además, la crisis económica y social que atraviesa a la región no hizo más que profundizar las desconfianzas y el rechazo en grandes capas de la población hacia un organismo que en teoría nació para sumar voluntades detrás de un objetivo común desde fines del siglo XX.
La futura Eurocámara tendrá más prerrogativas para cuestiones legales y aspectos de la vida común de las personas, pero hay un dato que es clave: también se pondrá en vigencia por primera vez la elección del presidente de la Comisión Europea –una suerte de gabinete de ministros que detenta el poder ejecutivo continental–, facultad hasta ahora reservada a los estamentos palaciegos. Esta asamblea elegirá al jefe de Gobierno como se suele hacer en los estados parlamentarios, por acuerdos políticos en la legislatura. De allí que las encuestadoras vengan trabajando a full desde hace meses en cada uno de los actuales 28 países integrantes de la UE para detectar el mínimo cambio de tendencia que oriente o tranquilice espíritus, y que muchos analistas digan este es el «el adiós a la peor generación de directivos europeos, y el primer paso inequívoco hacia la Europa parlamentaria», como sostiene el «europeísta» e investigador en la Universidad de Londres Dídac Gutiérrez.
Conviene decir, también, que los partidos políticos que participan de esta puja son conglomerados a nivel regional que nuclean a las principales líneas políticas. Así es que hay un Partido Popular Europeo (PPE) que, a la manera del conservadurismo español, representa a la derecha institucional; y un Partido Socialista Europeo (PSE), de tendencia socialdemócrata, más partidos de izquierda más radicalizada y agrupaciones «verdes». Actualmente hay una mayoría «popular» en el congreso continental, aunque el presidente de la Comisión Europea es el socialista alemán Martin Schultz.
Los sondeos de las principales agencias encuestadoras –es el caso de PollWatch– dan un empate técnico entre el PPE y el PSE, con 212 escaños para cada uno en el futuro congreso, que contará con 751 miembros. Los partidos «escépticos» serían la tercera fuerza, si es que deciden juntar posiciones, y podrían sumar cerca de 150 bancas; un peso no desdeñable y suficiente para dificultar la aprobación de cuestiones clave en medio de una crisis que no parece tener fin. No obstante, no es nada que una alianza razonable de europeístas de los diferentes pelajes no pueda enfrentar.
Xenófobos
Cuando los análisis van a la sintonía fina aparecen algunos datos que preocupan hacia adentro de cada país y al conjunto en cuanto a la presión que los grupos menos integracionistas puedan ejercer hacia cada ciudadanía. Por ejemplo, en Francia, donde el socialismo recibió una dura derrota en las municipales, crece el movimiento xenófobo encarnado por Le Pen, que puertas adentro sumó cerca de un 7%, pero de cara a las europeas tiene un porcentaje de adhesión del 22%, apenas un punto y medio menos que el derechista UMP, del ex presidente Nicolas Sarkozy y tres más que el PS, por lo que ya es la segunda fuerza electoral del país galo.
En Gran Bretaña pasa algo similar. El laborismo, enrolado en el PSE, obtendría 30% de los votos, pero el UKIP, Partido por la Independencia del Reino Unido, sumaría 25 puntos, lo mismo que los «tories». Su líder, Nigel Farage, es un furibundo antieuropeo que reclama alejarse definitivamente de la UE en pos de «independizarse» de utopías que sólo perjudican a Gran Bretaña. Propone, sin ambages, un plebiscito que obviamente ningún gobierno a esta altura desea implementar. «La UE es un viejo sombrero raído; una solución de 1970 para un problema de 1940 que ha sobrepasado su fecha de caducidad», dice Farage.
El Partido por la Libertad de Holanda, el otro país díscolo en los referendos de 2005, marcha primero en las encuestas en ese país, con 17%, y muy cerca está el centroizquierdista Demócratas 66, con el 16% de las simpatías. El mentor del PL (PVV, su siglas en neerlandés) es Geert Wilders, un xenófobo que propone prohibir el Corán y el uso del burka, cerrar las escuelas islámicas y, de ser posible, deportar a islamistas «peligrosos».
La situación en Alemania, que aparece en el centro de las protestas tanto de los grupos de izquierda como del nacionalismo más rancio en virtud de su rol en la crisis económica que afecta a los países del sur, ofrece aristas para el análisis. Lo más probable, de acuerdo con los sondeos previos, es que la mayoría de los 96 curules que tiene asignada la «locomotora de Europa» se repartan entre el PPE y el PSE (40 y 26% respectivamente), pero viene en crecimiento un grupo menos propenso a la integración, Alternativa para Alemania, que no concitó más del 4,7% de los sufragios en los últimos comicios internos –que no le permitieron lograr una banca en el Bundestag por muy poco–, pero podría llegar al 7% en las continentales.
La APA (AfD en alemán), fundada por Bernd Lucke, profesor de macroeconomía de la Universidad de Hamburgo, representa a todos aquellos quejosos de los millonarios rescates a los países en quiebra. Consideran que Alemania es un país ordenado y eficiente que finalmente se tiene que hacer cargo de salvar la ropa de los menos competitivos. Por eso, directamente propone expulsar a las naciones en crisis de la eurozona para que no «contaminen» al resto, y, de paso, volver al marco y enterrar al euro, acusado de los males que preocupan a los germanos.
El Partido de la Libertad de Austria (FPO en el original) es otro de los euroescépticos, desde la extrema derecha xenófoba y al borde varias veces de que algunos de sus miembros fueran acusados de pronazis. Ahora está en tercer lugar, con 21% de los votos, pero muy cerca de populares y socialistas.
Decisiones apuradas
En Grecia, seguramente el país más devastado por una crisis a la que no son ajenos bancos y organismos alemanes, marcha primera en las pesquisas la coalición de izquierda Syriza, que tiene a la cabeza a Alexis Tsipras. Fuerte crítico de la política de socialistas y conservadores, Tsipras fue moderando su discurso y, de una posición proclive a abandonar el euro como única forma de resolver el problema de la deuda pública, ahora propone anular el memorando firmado con la troika y negociar en mejores condiciones de pagos, como hizo Argentina desde 2004.
En tercer lugar marcha en España la alianza Izquierda Unida, que también proponía una salida del euro, aunque ahora reclama negociar la pertenencia en condiciones menos onerosas para la población española. IU tiene un 14% de votos, por debajo de populares y socialistas. El problema con España viene de sus propias entrañas: los catalanes plantearon un plebiscito independentista para el 9 de noviembre que, por lo pronto, la UE ya dijo que será considerado ilegal; esto es, que no reconocerá como miembro a Cataluña si el resultado es positivo. Escocia también tiene agendada una consulta independentista para el 18 de setiembre, pero esa cuestión también deberá dirimirse puertas adentro, porque ni catalanes ni escoceses pretenden salirse del paraguas paneuropeo.
Como sea, en vista del clima inestable que avizoran los estrategas políticos de la UE, las actuales autoridades ejecutivas y parlamentarias aceleran decisiones consideradas clave para el futuro de la integración regional, pero que podrían resultar trabadas ante una asamblea hostil. Así es que la dirigencia apuró la firma de un acuerdo para acelerar el mecanismo de resolución bancaria que disponga los recursos nacionales en un fondo único. Al mismo tiempo, urge al Mercosur para la firma de un tratado de libre comercio que se viene demorando por la reticencia argentina a aceptar que Europa mantenga subsidios a la producción agrícola
Representantes de la UE recorrieron los países sudamericanos para concretar ese convenio fundamental, como dijeron sin tapujos, para sentarse en otras condiciones frente a Estados Unidos por el denominado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) que, según se entusiasman en Washington, significará unir los centros económicos y comerciales más poderosos del mundo en un solo mercado. Organizaciones sociales y políticas europeas vienen denunciando los riesgos para la UE de aceptar las condiciones que fija la Casa Blanca. Se parece mucho a los cuestionamientos que recibió en su momento el ALCA en esta parte del mundo.
Ronda de candidatos
Uno de los problemas «colaterales» que preocupan a la dirigencia europea es el de la participación en los comicios. Normalmente, las elecciones no concitan mayor atención y la asistencia no suele llegar ni al 50% de los ciudadanos en condiciones de votar. Esta vez se conformarían con un 40%.
De todas maneras, la ronda de candidatos está a pleno, por más que falten pequeños detalles en cada país. Así, el Partido Popular Europeo ofrece como aspirante a la presidencia de la Comisión Europea a Jean-Claude Juncker. El luxemburgués fue presidente del Eurogrupo entre 2005 y 2013 y es una de las figuras de la centroderecha continental.
Los socialistas llevan como representante a la CE al actual presidente, Martin Schulz, quien es eurodiputado desde hace 20 años. La Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, un sector de la derecha federalista –que impulsaría de buena gana la creación de los Estados Unidos de Europa–, se encolumna detrás del belga Guy Verhofstadt. El hombre tiene en su CV un libro publicado, Por Europa, escrito junto con el «verde» y ex líder estudiantil del Mayo del 68 Daniel Cohn-Bendit.
El Partido Verde Europeo, en tanto, lleva a Ska Keller y José Bové. Reconocido activista de la llamada «antiglobalización» y con inserción en los sectores agrarios franceses, Bové comparte preferencias con Keller, que ganó las primarias con un récord de votos.
La Izquierda Europea encontró en el griego Alexis Tsipras al candidato ideal para representar un europeísmo de corte solidario, un sitial al que la socialdemocracia renunció hace tiempo a un costo que en cada país se cuenta en millones de votos, que peligrosamente se acercaron al extremismo derechista y no al progresismo.
Revista Acción, 15 de Abril de 2014
por Alberto López Girondo | Abr 11, 2014 | Sin categoría
El jesuita holandés Frans van der Lugt tenía 75 años y hacía 48 que ejercía el sacerdocio en Siria. Residía en Homs, una de las ciudades que más sufren la guerra civil en ese país. Jan Stuyt, secretario de la Orden de los Jesuitas de los Países Bajos, confirmó este lunes que «un hombre vino a buscarlo, lo sacó de la casa y le disparó dos balazos en la cabeza, en la calle, frente a su casa». Francisco, el primer jesuita en dos milenios de cristianismo en coronarse Papa, expresó de inmediato su «profundo dolor» por el brutal asesinato del misionero y rezó por que «callen las armas y se ponga fin a la violencia» para llegar «a la paz a través del diálogo».
Van der Lugt fue uno de los más fieles seguidores del precepto de «meter los pies en el barro» que desde que llegó a la Santa Sede pretende imponer el pontífice argentino. La muerte del cura holandés, aunque no están claras las circunstancias, ocurre en un momento en que la Iglesia pelea nuevamente un rol de liderazgo mundial, algo que hasta el 13 de marzo de 2013, cuando hubo fumata blanca en Roma por Jorge Bergoglio, nadie en su sano juicio podría haber imaginado.
Porque la catarata de denuncias de pedofilia y los sucesivos escándalos con la llamada Banca de Dios, el Instituto de Obra Religiosa, habían dejado a la imagen vaticana en su peor momento en siglos. No por nada había renunciado Joseph Ratzinger.
El papado de Bergoglio de entrada se centró en una operación de cambio de una imagen de Iglesia corrupta, cerrada en sí misma y alejada de los fieles. Las sospechas de los sectores más progresistas de la región era que Francisco, a pesar del nombre elegido –tan ligado a la versión más «populista» del cristianismo romano– podría encubrir un papel similar al que el polaco Karol Wojtyla realizó con total éxito para ayudar a demoler el régimen soviético, primero en su patria –con la ayuda invalorable de la CIA y del gobierno de EE UU-–y luego en la propia Unión Soviética.
De acuerdo a esta interpretación del asenso del hincha de San Lorenzo al trono de San Pedro, Francisco llegó para poner freno y limar poco a poco a los gobiernos progresistas que en los últimos diez años llegaron al poder en América Latina. De la mano de ONG y servicios secretos apoyados por Washington, por supuesto. Pero también de los millones de católicos que pueblan esta región y no ven con buenos ojos ciertos cambios inspirados en las ideas cristianas incluso, pero que obligan a limitar privilegios en muchos casos ancestrales.
De un modo que, hay que admitir, es magistral, Bergoglio supo dar vuelta la percepción social de la Iglesia y poco a poco fue haciendo movidas que la muestran nuevamente si no en el centro de las discusiones, al menos sentada en la mesa chica. Que con pocas horas de diferencia hayan visitado el Vaticano el presidente de Estados Unidos y la reina de Gran Bretaña es todo un símbolo del lugar que los líderes tradicionales le dan a la más vieja institución de Occidente.
Como el gran «tiempista» que es, el Papa también cambió a algunos de los personajes más cercanos a Benedicto XVI, que habían sido protagonistas de los escándalos o los habían ocultado con fruición. En el IOR terminó casi dejando las cosas como estaban, aunque con algunas variantes que tienden a un cierto grado de transparencia. Pero como secretario de Estado de la Santa Sede, el segundo de la Curia, su brazo derecho y con un grado de importancia similar a un primer ministro en un país democrático –o más bien canciller– decidió llamar al que por cinco años fuera Nuncio en Venezuela, el italiano Pietro Parolin. Sorprendió por varias razones y una de ellas es por la edad del elegido, 58 años, un joven para los cánones eclesiásticos.
La explicación que esgrimieron analistas de todo el mundo fue que tradicionalmente si el Papa no es italiano, debe serlo el jefe de su gobierno. Y que además, Parolin es uno de los hombres mejor preparados para el manejo de las relaciones internacionales del Vaticano. Como que desde que se ordenó sacerdote, en 1980, se puso a estudiar diplomacia y seis años después, cuando tenía 31, comenzó una brillante carrera en la Santa Sede. Se ocupó de las relaciones con Nigeria y México y abrió canales de diálogo con Vietnam. El canciller papal, que faltó a su propia asunción el 15 de octubre pasado porque tuvieron que hacerle una intervención quirúrgica menor –de la que no se dijo mucho– habla italiano, inglés, francés y español. Más aún, desde que el argentino está en el Vaticano asegura que el castellano es el idioma del momento a nivel internacional.
Pero fue Ratzinger quien lo había nombrado Nuncio en Caracas. El cargo es el equivalente a embajador del Papa ante el presidente. Era la época de Hugo Chávez y según lo recuerdan, nunca comulgó del todo con el líder bolivariano, pero tampoco se colocó al lado de sus enemigos. Después de todo, Chávez nunca se declaró ateo e incluso en sus últimos tiempos se acercó cada vez más a la fe. Parolin estaría, a la muerte del mandatario venezolano, destinado a un papel más importante en ese país al que llegó como un desconocido y se fue como un especialista en sus luchas internas.
Ayer comenzaba la ronda de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y los sectores de la oposición venezolana más amistosos con una solución pacífica a la crisis. Luego de más de un mes de violencia callejera, con un saldo de 40 muertos, una fuerte intervención de una comisión de Cancilleres de la Unasur finalmente logró un acuerdo de los opositores para sentarse a buscar líneas de salida civilizada junto con el presidente bolivariano.
Los tiempos no dan ya para que la OEA sea el organismo rector de las políticas latinoamericanas. Esa fue la primera mala noticia que se vieron obligados a aceptar los representantes del antichavismo. Y que tampoco está el horno para pedir «un mediador». Pero por eso de que negociar implica también conceder, el gobierno venezolano debió admitir que estos encuentros se hagan en presencia de un «testigo de buena fe» como se lo denominó. Cumplen esa tarea tres ministros de Relaciones Exteriores latinoamericanos –Colombia, Ecuador y Brasil– y un representante del Vaticano. El gobierno y la oposición acordaron la figura de Parolin como a alguien potable. Componedor, según piden los antichavistas, un tercero privilegiado para el oficialismo.
El Vaticano aceptó de inmediato la oferta que lo pone nuevamente como eje de la política internacional. La Santa Sede, desde las bulas papales que repartieron el continente americano entre españoles y portugueses a fines del siglo XV, siempre ocupó un estrado central en la región, que se conquistó con una mano en la Biblia y otra en la espada. Siglos más tarde, Juan Pablo II se apersonó para evitar una guerra entre Argentina y Chile por el canal de Beagle, en 1978.
Al primer encuentro en Venezuela no fue Parolin, quizás porque se reserva la llegada para cuando haya algo que firmar, si es que lo hay. Sí estaba anunciada, en cambio, la presencia de su remplazante en la nunciatura, el también italiano Aldo Giordano. El hombre tiene 60 años –otro «pibe» en términos vaticanos– con experiencia diplomática como observador en el Consejo de Europa, en Estrasburgo. Dato a tener en cuenta: Giordano tiene un doctorado en el pensamiento de Friedrich Nietzche, el filósofo alemán que anunció la muerte de Dios. Chávez, así como se acercó al cristianismo visceral se había hecho un ávido lector de Nietzche, según confesó varias veces.
Otro antecedente de Giordano es que el año pasado, estando en Venezuela, publicó el libro Otra Europa es posible, los cristianos y las perspectivas para el Viejo Continente Ideal. Señal que es capaz de entender de qué viene la mano de la integración regional.
Es de esperar que todos cumplan su cuota parte en la pacificación de Venezuela. Propios y ajenos, componedores y nietzcheanos. Y que Bergoglio, ahora que logró readaptar a la Iglesia que dirige, no falte al desafío histórico que se le presenta.
Y que en lugar de ser un Juan Pablo Tercero se ponga el humilde sayo de Francisco para no contrariar a los millones de latinoamericanos que aspiran a una Iglesia comprometida con los pobres y en contra de los privilegios. ¿Lo hará?
Tiempo Argentino, 11 de Abril de 2014
por Alberto López Girondo | Abr 4, 2014 | Sin categoría
Leonarda Dibrani es una adolescente gitana de origen kosovar de 15 años que estudiaba en Doubs, cerca de la frontera con Suiza. Su caso trascendió porque fue expulsada del país en setiembre pasado junto con su familia por no tener los papeles de residencia en regla. Sus compañeros de estudios organizaron ruidosas marchas y concitaron la adhesión de alumnos de escuelas de todo el país reclamando que le permitieran regresar al colegio.
La presión se hizo sentir y finalmente el presidente François Hollande aceptó que volviera para retomar sus estudios. Pero insistió en que no dejaría que los cinco hermanos Dibrani y su padre cruzaran la frontera en sentido inverso. Obviamente, era una solución traída de los pelos que no podría resultar. «No abandonaré a mi familia, el presidente no tiene corazón, no ha comprendido para nada la situación», se quejó la chica.
El entonces ministro del Interior, Manuel Valls, responsable de la medida, no quería aflojar un tranco. Y en un documento de 24 páginas que colgó de la Web de la dependencia, señaló que la expulsión de los Dibrani estaba justificada porque estaban afincados de manera ilegal y ninguno de los recursos que presentó Resat, el padre, habían sido considerados como admisibles.
En una entrevista a radio France Inter, Valls no dudó en asociar a los gitanos con «la mendicidad y la delincuencia», y propuso como solución el desmantelamiento de sus campamentos y la expulsión. Valls, curiosamente, no es nacido en Francia sino en Cataluña y es un reconocido hincha del Barça y de los toros. Pero se ve que a él la legalidad le vino más fácil.
Por varios días, el caso se mantuvo en los medios, luego fue decayendo. No es para menos: las encuestas probaban que el 74% –si, tres de cada cuatro ciudadanos, como se lee– aprobaba la postura del ministro Valls y un 65% rechazaba la posibilidad de que el gobierno dejara volver a la familia gitana. El dato fue tenido en cuenta por todos los sectores políticos y principalmente por Hollande.
El corrimiento a la derecha del electorado francés fue agua para el molino de Marine Le Pen, del Frente Nacional. Hija del polémico fundador del partido, Jean-Marie, alguna vez condenado por negacionista del Holocausto y por decir que la ocupación nazi de Francia no había sido «particularmente inhumana», Le Pen padre llegó a disputar la segunda vuelta presidencial de 2002 contra Jacques Chirac.
Su hija se metió en política con intenciones de aggiornar al partido («desdiabolizar», en sus términos) y ganó puntos haciendo expulsar del FN a un dirigente que apareció en una foto haciendo el saludo nazi. En las municipales de la semana anterior el partido de Le Pen ganó en once grandes ciudades, algunas de ellas tradicionales bastiones del socialismo, y arañó el 7 % de los sufragios. Su discurso proponía, entre otras cosas, una consulta para una reforma del Código Penal. Los ciudadanos deberían decidir entre una cadena perpetua de cumplimiento efectivo y la pena de muerte para los delitos más graves.
Hollande, que ya venía dejando en el camino sus promesas electorales en el campo económico –está cada vez más parecido a Nicolás Sarkozy– convocó a Valls para el cargo de primer ministro en lugar del más progre Jean-Marc Ayrault. No se decidió por la docencia para explicar a la población que hay valores que debieran honrar a una sociedad como la francesa, por haber sido precursora. Pudo más el resultado del comicio pero sobre todo escudarse en que se pueden perder votos si no se hace lo que la sociedad reclama. A partir de valores propagados por los medios, aunque tengan escaso rasgo humanitario.
Esta forma de hacer política es la que llevó poco a poco a que los republicanos estadounidenses y esa sociedad en general se hayan corrido más a la derecha, si cabe. Apurados por el grupo Tea Party, ese sector anárquico pero poderoso al que no le tiembla la pera a la hora de proponer las ideas más retrógradas, no tuvieron empacho en poner freno a las iniciativas más progresistas de Barack Obama. Jugaron fuerte con el rechazo a la ley de salud y llegaron al bloqueo financiero del Estado, acompañados por el resto de los republicanos que no quisieron arriesgarse a ir contra el supuesto electorado. Un electorado presuntamente nacido de los medios de comunicación derechizados, que también ofrecen solo eso que se supone que el público quiere, sin pensar demasiado en las consecuencias.
Dos multimillonarios, David y Charles Koch, suelen financiar iniciativas como las de Tea Party, un conglomerado de militantes sin líderes aparentes pero con poder de fuego para limar el prestigio de cualquier dirigente con medio gramo de sensatez. Es cierto que son los tiempos que corren, pero son tiempos peligrosos. Y para el Tea Party una de las cuestiones fundamentales es que los ricos paguen cada vez menos impuestos, bajo el argumento de que con el dinero de los contribuyentes los populistas «financian a gente que no quiere trabajar».
El plan de salud, en este contexto, es malo porque beneficia a personas que debieran haberse preocupado por conseguir los fondos que le permitieran tener un plan adecuado. El Estado, para esta derecha ultra-individualista, es el socio molesto que derrama la plata del ciudadano demagógicamente en los bolsillos de los que menos tienen cuando «Hombre, cada uno tiene lo que se merece porque así lo establece el plan de Dios». Palabras más, palabras menos.
EN ARGENTINA. Por esos lugares, la discusión por el rol del Estado va por caminos paralelos, con las diferencias del caso. La última «moda» resulta ser la justificación del linchamiento. El argumento es que quien salió a robar debió prever las consecuencias, la gente honesta está harta y el Estado está ausente. Más sencillo imposible.
El Estado del que hablan es un Estado al que sólo atribuyen un rol punitivo. Y lo dicen dirigentes que mucho tienen que ver con la desaparición de ese otro Estado, orientado a la financiación de la salud o la educación o el desarrollo de los sectores más vulnerables. Con lo que resulta que entienden al Estado como simple garante de la seguridad y la vigilancia de los bienes habidos más que en la resolución de las inequidades o simplemente de la creación y mantenimiento de las fuentes de trabajo. Sin ir más lejos.
Un par de preguntas: ¿Cuándo está ausente el Estado, cuando no vigila en la calle o cuando no garantiza techo, salud, educación y trabajo para los habitantes? Si se tiene en cuenta que más del 60% de los crímenes se producen entre personas que se conocen o familiares y no en ocasión de robo ¿El Estado también debe vigilar en cada casa, en cada habitación? ¿Y cuando el Estado es el criminal, como pasó en la dictadura?
Por eso no llama la atención que el diputado Sergio Massa hubiera hecho coincidir una gira por Estados Unidos con el aniversario del golpe más sangriento en la Historia argentina. Y mucho menos que entre las personas a las que entrevistó hayan estado funcionarios del Banco Mundial, el departamento de Estado, la OEA y hasta el ex alcalde neoyorquino Rudolf Giuliani –cultor de la tolerancia cero en materia penal– o algún miembro del grupo Tea Party como el representante de Arizona Mat Salmon. Tampoco que el ex intendente de Tigre haya publicado fotos con cada uno de ellos, orgulloso, en su cuenta de Tweeter.
También estuvo en algunos think tanks de la derecha mundial, como el Council on Foreign Relations (CFR) tal vez la organización estadounidense no partidista, dedicada a la política exterior, más influyente tanto en Estados Unidos como en los sectores conservadores del continente.
Algunas visitas pueden entenderse como protocolares y para mostrarse aupado por los centros del poder, la política es así. Pero otras, realmente, ¿Qué necesidad? A menos que sea una muestra más de que estamos en presencia de un candidato que forma parte de ese selecto grupo que sigue al pie de la letra los dictados de las encuestas. Las que por otro lado reflejan fielmente el run run de los medios, sin filtro, cortapisas ni intervención docente alguna. No sea cosa de remover las olas y se pierda audiencia. O votos.
Dicen por allí que el Tea Party ya se instaló en Francia y podría afirmarse que avanza en Argentina. Amparados en que, parafraseando un término muy común en televisión, los rasgos humanitarios «no garpan» en estos días.
Pregunta final: ¿No será que necesitan forzar un Estado punitivo porque el juego es eliminar todo resquicio de Estado protector?
Tiempo Argentino, 4 de Abril de 2014
por Alberto López Girondo | Mar 31, 2014 | Sin categoría
El 20 de marzo de 2003 una coalición formada a las apuradas por el entonces presidente George W. Bush cumplía el sueño que había desvelado a su progenitor: invadir Irak. El argumento para la avanzada contra el líder Saddam Hussein era «desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, poner fin al apoyo brindado por Hussein al terrorismo y lograr la “libertad” del pueblo iraquí», razones expuestas en una asamblea de la ONU donde se buscó el apoyo internacional a la intervención por el secretario de Estado, Colin Powell, el general de cuatro estrellas que en 1991 había dirigido la Operación Tormenta del Desierto, el primer intento estadounidense de apropiarse de las reservas petrolíferas del país, en 1991.
George W. encontró la excusa –para convencer a un puñado de gobiernos amigos y neutralizar las quejas de los ciudadanos bienpensantes– en la paranoia desatada por los ataques del 11 de setiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York. Irak aparecía en este contexto como un capítulo necesario en la batalla contra «el eje del mal». El primero había sido Afganistán, año y medio antes. La alianza invasora, que logró anuencia en la ONU, fue secundada por un exultante Tony Blair, a la sazón primer ministro británico y un no menos entusiasmado José María Aznar, presidente del gobierno español y furibundo representante del ala más neoliberal dentro de la dirigencia europea, a la vez que impulsor de ese ideario en el resto del planeta. La historia viene a cuento en estos días en que el clima prebélico se enseñorea en Ucrania y las campañas destituyentes buscan un objetivo similar en Venezuela. No es casual que el dúo Aznar-Bush haya también protagonizado el golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002 y fueran los únicos en reconocer al efímero gobierno surgido de esa intentona. Irak, en tanto, se convirtió para Estados Unidos en la representación de un fracaso que atormenta a la dirigencia política, que ahora no encuentra la forma de justificar otra invasión ante el temor de que las cosas se le vayan de madre, como ocurrió en esas últimas incursiones armadas. Esto se hizo evidente en la respuesta del presidente Barack Obama ante el parate al que lo obligó el ruso Vladimir Putin el año pasado sobre una posible intervención en Siria; una debilidad que ya había mostrado en la secundaria participación que Washington tuvo en el derrocamiento de Muammar Khadafi en 2011.
Para España, Irak también es una piedra en el zapato, aunque, por otro lado, ofrece oportunidades de negocios que, en el marco de la colosal crisis económica de la península, son unas de las pocas salidas para algunas de sus empresas golpeadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
Periodistas go home
Grupos de periodistas de todo el mundo se habían afincado en Bagdad a poco de la invasión para cubrir en vivo y en directo el acontecimiento, pero Estados Unidos había aprendido del fracaso de Vietnam, y el Pentágono no tenía entre sus planes dejar que los periodistas estuvieran metiendo las narices en donde podían resultar molestos. Porque una cosa es la «libertad de prensa» como estrategia de marketing político y otra es revelar los bárbaros procedimientos usuales en toda guerra que escandalizarían a cualquier ciudadano que se precie de civilizado.
El 8 de abril de 2003, un carro de combate se acercó peligrosamente al Hotel Palestine, de Bagdad, que alojaba a numerosos periodistas de todo el mundo. Según el informe oficial, una compañía del comando de la 3ª División de Infantería del Ejército estadounidense repelía un ataque desde la otra orilla del río Tigris, justo en la misma línea del hotel. Un tanque M1 Abrams disparó su cañón, que impactó directamente en el edificio. Hubo tres bajas por demás elocuentes hoy día: un periodista ucraniano, Taras Protsyuk; un jordano, Tarek Ayub; y un español, el camarógrafo José Couso Permuy.
Después saldrían a la luz algunos datos impactantes. El primero y más perturbador, que no había armas de destrucción masiva en Irak. Luego, que el ataque al hotel fue una provocación que dio resultados: no hubo muchos periodistas más hurgando entre las tropas invasoras. Finalmente, que Couso era un trabajador que estaba en Irak con un contrato basura del canal Telecinco. Y finalmente –a través de una filtración de WikiLeaks–, que el embajador de Estados Unidos en España, el cubano anticastrista Eduardo Aguirre, presionó al gobierno para que parara toda investigación. Sin embargo, la causa terminó en manos de un juez, Santiago Pedraz, quien desafió el «orden establecido» y ya en 2007 procesó a los tres tanquistas –el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Woldrford y el teniente coronel Philip de Camp– por un delito contra la comunidad internacional. Tres años más tarde ordenó la detención de los militares acusados de crímenes de guerra, por lo tanto imprescriptibles. Ese exhorto fue dictado bajo la jurisdicción universal para combatir delitos contra la humanidad; una legislación que le había permitido al juez Baltasar Garzón perseguir crímenes cometidos por las dictaduras de Argentina y Chile.
No obstante, ocurre que esta España que votó al Partido Popular de Aznar y depositó en el gobierno a Mariano Rajoy, decidió que no quiere más problemas con aliados poderosos por hacer justicia donde quiera que se hubiesen cometido tropelías contra el género humano. Así, este 15 de marzo entró en vigor una ley que limita la aplicación de la justicia universal, motivada por la respuesta del gobierno chino contra un magistrado que aceptó la denuncia de un ciudadano de Tíbet contra ex mandatarios de China a los que imputa de genocidio. El único juez que desafió, hasta ahora, ese verdadero aval a la impunidad, es precisamente Pedraz, que sigue sin aceptar que el caso Couso se pierda en el olvido.
El infierno de cada día
En diciembre de 2011, el presidente Obama cumplió a su manera con una de sus promesas electorales y evacuó a los últimos soldados estadounidenses que quedaban en Irak, aunque dejó contingentes de «contratistas» privados que abultan el plantel de la embajada en Bagdad hasta una cifra que ronda los 18.000. Así como Vietnam fue un baldón en la historia bélica de Estados Unidos para las generaciones anteriores, Irak es una afrenta para la sociedad actual. Obama llegó al gobierno montado en la irritación que aún hoy provoca esa incursión que, además, fue hecha sobre una mentira.
Según el sitio www.costofwar.com, en la aventura iraquí murieron 4.801 soldados regulares de Estados Unidos y 1.455.590 nativos del país asiático, mientras que la cifra de desplazados por la violencia trepa hasta los 2 millones en un país de 33 millones de habitantes.
La incursión estadounidense profundizó las diferencias en un territorio pergeñado por el imperio británico en torno a tres comunidades poco propensas a formar una unidad: una mayoría musulmana chiíta (60%), una minoría sunnita (20%) y una región que corresponde a parte de la mayor nación sin territorio propio del mundo, los kurdos. Saddam era sunnita y durante su mandato ese sector tenía una influencia decisiva. Los estrategas de Washington buscaron una salida «democrática», haciendo aprobar una Constitución y armando elecciones para conformar un gobierno parlamentarista, con un primer ministro y un presidente como símbolo de la unidad, a la manera de un rey europeo. Hoy, ese cargo lo ocupa el kurdo Yalal Talabani. Los sunnitas nunca aceptaron ir a las urnas y protestan por ser discriminados, además de que el antiguo partido oficialista, el Baath, tiene prohibido ocupar cargos públicos.
Desde entonces se mantiene una guerra civil larvada, con atentados casi cotidianos que dejan un tendal de víctimas, que las autoridades atribuyen a sunnitas y que los medios internacionales ya casi ni registran. Según cálculos de la ONU, 8.868 personas murieron en 2013, víctimas de este tipo de ataques, de las que 7.818 eran civiles, en lo que constituye la mayor cifra de víctimas en cinco años, y sólo este año unas 140.000 personas tuvieron que dejar sus casas en la provincia de Al Anbar, acosados por la violencia.
La ONU también alerta sobre la vecina Siria, donde fuerzas rebeldes apoyadas por Occidente intentan derrocar al gobierno «baathista» de Bashar al Assad a un costo en vidas humanas que supera en tres años los 144.000 . Una comisión de ese organismo computó cientos de grupos extremistas en Siria; entre ellos, el Estado Islámico de Irak y del Levante (EIIL), acusado de cometer las mayores atrocidades.
Dentro de Irak las cosas no son mejores, y miembros de una de la agencias de seguridad que ofrecen mercenarios –la ex Blackwater, actual Adcademi– fueron acusados de utilizar a niños para saciar las apetencias sexuales de sus «contratistas». Por estas semanas se debatía la «ley Jaafari», que retrotrae los derechos de la mujer y permite que un hombre pueda tener de esposa a niñas de hasta 9 años. En Estados Unidos, mientras tanto, el gobierno federal dio su aval a un estudio de la Universidad de Arizona sobre el uso de la marihuana para tratar el trastorno de estrés postraumático en ex combatientes. La Administración de Asuntos de Veteranos de Guerra estima que sufre ese mal entre un 10% y un 20% de los soldados que vuelven de Irak y Afganistán.
Pero aparte del petróleo que fluye a raudales desde sus entrañas, Irak es una fuente de oportunidades única. «El país ha salido de una guerra civil salvaje y necesita importarlo todo», señalaron hace no mucho empresarios españoles, emocionados con la posibilidad de reconstruir todo lo que la guerra viene destruyendo desde hace casi 11 años. Un programa de inversiones de aquí a 2017, aprobado por el gobierno del primer ministro Nuri al Maliki, proyecta destinar más de 356.000 millones de dólares para rubros como la construcción, los servicios, la agricultura, la educación, el transporte y la energía. Ninguno de los viejos aliados se quiere perder el negocio.
Piratas petroleros en Libia
Desde el asesinato de Muammar Khadafi, en octubre de 2011, Libia es una tierra en llamas. Al igual que Irak, el país africano era un mosaico que sólo el liderazgo del líder podía mantener unido. Por supuesto que entre los objetivos de la coalición europeo-estadounidense no estaba mantener la paz ni la unidad territorial. Por eso, desde hace tres años, Libia es un polvorín, lo que se pudo percibir en setiembre de 2012, cuando el embajador de Estados Unidos, Christopher Stevens, moría en un ataque en Benghazi, la capital de Cirenaica. La región, rica en petróleo, había sido clave para desestabilizar a Khadafi y ahora busca independizarse para no tener que compartir sus ingresos con el resto del territorio. El 10 de marzo último, el Parlamento de Libia –un órgano legislativo provisional, como lo es aún todo el gobierno de ese país– destituyó al primer ministro, Ali Zeidán, y designó en su lugar al titular de Defensa, Abdullaa Al Zani. Las razones muestran en profundidad el estado de la nación.
Unos días antes, un buque cisterna, el Morning Glory, partía del puerto de Sirte cargado de petróleo que no había sido declarado al gobierno central. El premier acusó a secesionistas de Cirenaica de pretender burlar el control del estado central y también al gobierno de Corea del Norte de apoyar a los «rebeldes» a los que ahora vincula con el «antiguo régimen». Pero el resto de los parlamentarios lo acusó a él de no tener capacidad de liderazgo para mantener la unidad del país. Esperan que su sucesor pueda hacerlo a punta de pistola, sólo que los rebeldes también tienen armas y entre sus planes no figura entregarlas. Comandos de la Marina de Guerra estadounidense tomaron el control del petrolero una semana más tarde. Norcorea negó que ese buque estuviera bajo su bandera, como se dijo al principio y, por lo que declararon los captores, la nave circulaba «sin nacionalidad conocida». Todavía nadie dijo para qué empresa era la carga, que en realidad es lo que importaría.
Revista Acción, 31 de Marzo de 2014
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