por Alberto López Girondo | May 2, 2014 | Sin categoría
Desde 1931 Japón mantenía bajo su control la región de Manchuria, en el noreste de China, donde dejaron al último emperador, Pu Yi, en la única ocasión que tuvo el póstumo descendiente de la dinastía Qing de aparecer gobernando, aunque fuera como títere. Para 1940, a la belicosa dirigencia nipona se le hacía imprescindible ocupar el sudeste asiático, cosa de garantizar la provisión de suministros y petróleo.
Estados Unidos ya se había expandido hacia el Pacífico y en simultáneo con la guerra contra España que terminó con la ocupación de Cuba y Puerto Rico, en 1898 se anexionó al archipiélago de Hawaii. No podía demorarse mucho el estallido de un conflicto entre ambas potencias. Algo de eso percibió el Imperio del Sol Naciente cuando en 1941 el gobierno de Franklin Roosevelt ordenó trasladar la Flota del Pacífico de San Diego a Pearl Harbour.
Los bárbaros crímenes cometidos por tropas japonesas en Nankin –cuarto de millón de personas asesinadas entre diciembre de 1937 y febrero del ’38– no habían despertado mayores prevenciones de Washington, que seguía vendiendo petróleo a Tokio. Recién en julio del ’41, unos días después de que la Alemania nazi iniciara la invasión a la Unión Soviética, la Casa Blanca embargó las ventas de combustible a Japón. En diciembre de ese año, el fulminante ataque a Pearl Harbour fue la excusa perfecta para que Estados Unidos le declarara la guerra al Eje, lo que terminó de inclinar la balanza a favor de las Naciones Unidas –como se autodenominaron los Aliados– en la Segunda Guerra.
En unos días se van a cumplir 20 años de la jura de Nelson Mandela a la presidencia de Sudáfrica. Un triunfo aplastante en las primeras elecciones libres en la historia del país pusieron en el gobierno al líder de la población negra, que había pasado 27 años preso durante el régimen del apartheid. Había sido condenado a cadena perpetua por traición en junio de 1964 en un juicio que se proponía demostrar la fortaleza de la minoría blancoeuropea ante la mayoría de la población negra. La ONU, que ya no sólo representaba a las cinco potencias involucradas en la contienda, condenó la sentencia contra Mandela y la dirigencia de la Congreso Nacional Africano (CNA) y pidió sanciones contra el régimen. Pero en plena Guerra Fría el castigo resultó difícil de implementar. Los afrikaners, como se denomina a los criollos sudafricanos, podían ser racistas y antidemocráticos, podían incluso pretender desarrollar un proyecto atómico, pero eran anticomunistas convencidos. Y además, en ese año crucial, los negros de Estados Unidos también tenían que enfrentar la brutal discriminación dentro de su propio territorio.
Para colmo, el reciente golpe en Brasil abrió las puertas a una alianza furiosamente anticomunista que incluiría en los ’70 a las dictaduras argentina y chilena con Pretoria. Del apoyo de estas naciones y de Israel y Estados Unidos se nutrió el régimen supremacista para zafar de penalidades en la Asamblea de la ONU. Porque además, en 1974, la Revolución de los Claveles había liberado a las colonias portuguesas de Angola y Mozambique, y las tropas sudafricanas fueron imprescindibles para sostener la contrarrevolución en el sur del continente. Los países árabes quisieron ser consecuentes y le decretaron un embargo petrolero, pero Pretoria recibió el combustible de Irán, que todavía estaba en manos del Sha Reza Pahlevi, otra pieza de colección en el rosario de los delitos de lesa humanidad y al mismo tiempo un sólido bastión de los intereses occidentales.
La revolución islámica en Irán trastocó el escenario en el centro de Asia a principios de 1979. En diciembre de ese mismo año el Kremlin decidió la invasión a Afganistán, que se convertiría en el Vietnam de los soviéticos. Esa vez, Estados Unidos, ya bajo la administración de Jimmy Carter, se acordó de sancionar al ocupante y la medida más estridente sin dudas fue el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. No todos los aliados naturales de Washington estuvieron de acuerdo en ausentarse de lo que serían las primeras olimpíadas en un país comunista. Algunos jugaron a dos bandas: aceptaron plegarse a la medida punitiva pero dejaron en libertad de acción a sus deportistas. El caso de Argentina fue curioso. En esa época, el principal mercado para las exportaciones locales era el soviético, tras los acuerdos firmados durante el gobierno democrático de Perón. Pero la dictadura debía declarar un anticomunismo irreductible, de modo que siguió vendiendo trigo, aunque los atletas se quedaron en casa. En total 58 países adhirieron al boicot.
No llegó a haber sanciones contra el hitlerismo en 1936, cuando se disputaron los Juegos de Berlín. Y razones había, porque los nazis ya habían dictado las leyes antisemitas, un preanuncio de la barbarie que desataría luego. Las olimpíadas habían pretendido ser una carta de presentación de las virtudes alemanas y en tal sentido descolló el trabajo creativo de la propagandista oficial, la cineasta Leni Riefensthal. Pero la historia le daría una estocada a Hitler y el estadounidense Jesse Owens se convertiría en el símbolo de ese certamen. El atleta negro se llevó cuatro medallas y les hizo morder el polvo a los representantes del hombre ario.
Tampoco hubo sanciones contra los militares argentinos en el Mundial de 1978, que había sido programado cuando el país se encaminaba hacia la democracia luego de las dictaduras sesentistas. Por eso los verdugos apuraron el exterminio, algo que también exigió el secretario de Estado Henry Kissinger, aunque por otras razones. Es que cada día le resultaba más difícil a la Casa Blanca hacer la vista gorda ante las atrocidades de la dictadura.
Ante la escalada en Ucrania, una de las ex repúblicas soviéticas, la Unión Europea y Estados Unidos aplicaron sanciones al gobierno de Vladimir Putin. Son medidas punitivas más que nada centradas en personas ligadas al gobierno pero de dudosa efectividad. Las sanciones en general tienen esa característica: son más que nada medidas simbólicas. Que tanto muestran actitudes principistas como son el avance para justificar intervenciones posteriores.
Europa y Washington avanzaron así sobre el gobierno de Muhamar Khadafi en Libia y el de Bachar al Assad en Siria, con suerte dispar. El «canciller» norteamericano John Kerry también amenaza con sanciones a Sudán del Sur ante lo que, dijo, pueda convertirse en una nueva matanza en tierras africanas, a 20 años del genocidio en Ruanda (que nadie evitó, por cierto). El bloqueo a Cuba, que nació en 1960, supone consecuencias incalculables en términos sociales y económicos a los cubanos y les complica la vida a los estadounidenses que quieren viajar o comerciar con la isla. Pero no logró cambiar el sistema.
Si algo muestra este pequeño recordatorio es que a pesar del cambio de siglo y de que algunos de los conflictos del siglo XX se extinguieron, lo que subyace es una disputa entre los de siempre por el dominio de una región clave en términos geopolíticos y también de un insumo vital para la marcha de la economía de cualquier nación, el combustible.
Ya no existe la Unión Soviética, las tropas rusas se fueron de Afganistán y ahora quedan algunos uniformados norteamericanos luego de que una vuelta de campana histórica que el Pentágono aprovechó tras los atentados a las Torres Gemelas. Irán, que recibió ingentes sanciones en estos años, está intentando negociar una salida elegante a su proyecto nuclear.
El presidente Barack Obama, por un lado, acaba de hacer una gira por Asia en la que prometió apoyos y ventajas comerciales, continuando con una estrategia que comenzó hace más de un siglo. Vladimir Putin, por el otro, planta bandera montado en los temores a una nueva invasión desde el oeste, siguiendo una herencia genética que viene de más lejos aún. A su vez, la canciller germana Angela Merkel intenta quedar bien con Dios y con el Diablo. No sea cosa de verse envuelta en otra guerra en ese peligroso sector de la Europa central donde tanta sangre corrió por siglos.
Al mismo tiempo se abroquelan, en distinto grado, los países emergentes que están llamados a ser el polo de atracción principal del siglo XXI: Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, los BRICS. Si Estados Unidos no logra interponerse en su camino, como pretende. Por eso preocupa la amenaza de Kerry de aplicar sanciones al gobierno de Nicolás Maduro si no avanza el diálogo de paz con la oposición en Venezuela.
Tiempo Argentino, 2 de Mayo de 2014
por Alberto López Girondo | May 2, 2014 | Sin categoría
Costa Rica es un país plagado de peculiaridades que, fiel a esa tradición, inicia este 8 de mayo una nueva etapa en su vida institucional. A partir de ese día, un presidente –hasta fines del año pasado desconocido para la mayoría de la población, y que como irónicamente dicen «le ganó a un fantasma»– gobernará por fuera del bipartidismo que rigió los destinos de esa nación en los últimos 60 años. Y enfrentará el desafío de fijarle, si cabe, un nuevo objetivo a una población que se mostraba orgullosa de ser la democracia más sólida al sur del Río Bravo, sin fuerzas armadas, y hasta se permitía el lujo de ser mediadora en conflictos regionales por el prestigio de sus dirigentes.
Pero, como todo en la vida, el desgaste y la falta de horizontes renovados llevaron a que el gobierno de Laura Chinchilla, el segundo en continuado del Partido Liberación Nacional (PLN), terminara con tal descrédito que arrastró a todo el sistema político, y ni siquiera su natural oposición, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), logró la alternancia. Es así que el favorito para los comicios que se desarrollaron el 2 febrero pasado fue el izquierdista José María Villalta, por sobre el oficialista Johnny Araya Monge, alcalde de San José desde 1998.
Pero la primera vuelta fue toda una sorpresa, porque alguien que para los encuestadores aparecía en cuarto lugar en los sondeos y representaba el «relleno» que todo proceso electoral suele presentar terminó en primer lugar, con casi 31% de los votos. Luis Guillermo Solís Rivera, un historiador y especialista en ciencias políticas, se instaló así como la gran revelación, al superar por más de un punto al Lord Mayor de la capital costarricense y al aplastar al candidato izquierdista, la promesa de los sectores más progresistas del país. Lo que vino después no dejó de sorprender tampoco. Sacudidos por el inesperado resultado, los sectores más conservadores y el establishment de la pequeña nación centroamericana buscaron de inmediato reposicionarse para no quedar mal parados ante lo que se venía. Y lo que se venía, según los nuevos análisis –también las encuestadoras tuvieron que afilar el lápiz tras tildar al representante del PAC de ser el «candidato del margen de error»– era un triunfo importante de Solís.
Fue tal el espasmo, y tan acelerado, que de inmediato Araya salió a anunciar que se bajaba del balotaje; algo imposible en los términos de la Constitución de Costa Rica, que obliga a dar batalla a los dos más votados hasta el final. Sucede que los grupos económicos más concentrados decidieron retirar el apoyo no sólo verbal sino monetario al oficialista, que solapadamente denunció la «traición» al declarar que se había quedado sin fondos para proseguir la campaña. Cuando la Corte ratificó que le gustara o no habría segunda vuelta, «aclaró» que en realidad se bajaba de la campaña pero no de la pelea. Fue entonces que desde la derecha se dijo que el representante del Partido Acción Ciudadana (PAC) competía con un fantasma. Como fuera, el 6 de abril Solís fue votado por casi 1,3 millón de ciudadanos, un par de puntos menos que el 80% del total del electorado, aunque con una abstención del 43%. Fue el candidato más votado en la historia de la Segunda República y el primero en superar el millón de sufragios en un país que hoy tiene 4,8 millones de habitantes. La sorpresa se trasladó a los medios de comunicación internacionales, que se preparaban para un triunfo de la izquierda por pocos puntos, pero no tenían en la mira al académico. Y recién allí salió a la luz quién es Solís Rivera, ex jefe de Gabinete de la cancillería durante el primer mandato de Oscar Arias Sánchez, del PLN, entre 1986 y 1990. Desde ese lugar participó del proceso de pacificación en Centroamérica, atravesada por la guerra civil en Guatemala y los ataques contra la revolución sandinista en Nicaragua. Luego, desencantado por el perfil de las sucesivas dirigencias y los oscuros procedimientos para la elección de candidatos en el partido que en 2010 puso en el poder a Chinchilla, se alejó en 2005 mediante una carta que hoy resulta reveladora. «Creemos en la empresa privada como instrumento legítimo y necesario para la generación de riqueza, pero en la obligación de que ésta contribuya solidariamente con el desarrollo nacional. Creemos en un Estado eficaz y eficiente, pero también en un Estado fuerte, regulador y capaz de neutralizar los efectos perversos del libre mercado». Luego se integraría al PAC, fundado poco antes.
Solís Rivera, que asumirá el cargo a poco de cumplir los 56 años, es hijo de Vivienne Rivera Allen, que integró el núcleo fundador de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR). Su padre, Freddy Solís, heredó una zapatería familiar y gracias a la política estatal durante los años 50 pudo erigir una pequeña industria del calzado en San Pedro de Montes de Oca. Allí, en el simbólico barrio Roosevelt, creció el nuevo presidente costarricense. El flamante mandatario se recibió de historiador en la UCR, luego hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Tulane, Estados Unidos. Allí trabó relación con sectores de la intelectualidad «latinoamericanista» y, ya como docente, dictó cursos en la UCR y en las universidades norteamericanas de Michigan y de Florida, y también en FLACSO. Su extenso currículum agrega tareas en el consejo editorial de las revistas Foreign affairs y Global governance.
Los desafíos
Tras haber estado en contra de la firma de los Tratados de Libre Comercio con Washington en 2006, ahora dice que es hora de volver a analizar ventajas y desventajas. Hizo campaña prometiendo hacer el esfuerzo de bajar el costo de la electricidad en un país que tiene empresa estatal y que genera la energía por medios hidroeléctricos casi en su totalidad.
Entre los desafíos que le esperan está también el de resolver una cuestión limítrofe con Nicaragua que se ventila en La Haya y la firma de un concordato con el Vaticano. Es que la Constitución, tan progresista en muchos aspectos, establece como religión del Estado al catolicismo y la firma de un acuerdo con la Santa Sede permitiría ir hacia un Estado laico, como también prometió.
Pero quizás su mayor problema vendrá por el lado de resolver los problemas económicos. El país creció menos de lo previsto y la pobreza se plantó en un 20%, sin avances durante la gestión Chinchilla; una presidencia acusada además de no haber combatido la corrupción, o incluso de haberla tolerado.
Por si fuera poco, la empresa Intel, fabricante de microchips instalada en Belén de Heredia desde 1996, con un plantel de 3.000 trabajadores y que representa el 20% de las exportaciones costarricenses, anunció que cerrará su planta para trasladarla a Vietnam.
Revista Acción, 2 de Mayo de 2014
por Alberto López Girondo | Abr 25, 2014 | Sin categoría
Desde los originarios «pactos preexistentes» de la vieja Constitución de 1853 hasta el del Bicentenario que propuso el recién asumido gobierno de Cristina Fernández en 2008 –pasando por el Gran Acuerdo Nacional que la dictadura de Alejandro Lanusse quiso imponer al peronismo en los 70– mucha agua corrió bajo los puentes. Sin embargo, para grandes sectores de la dirigencia política y empresarial, la panacea para todos los males sigue estando en los míticos Pactos de La Moncloa, al que ahora agregan el promovido por el mexicano Enrique Peña Nieto hace un par de años.
Para agregar algo de «achuras» a este asado, tanto dirigentes como comunicadores sociales suelen incorporar el ejemplo de modelos económicos que figuran como exitosos en el prospecto de recomendaciones para los gobiernos de turno y los que puedan venir. El problema es que la realidad raras veces es como quisieran esos cultores del espejismo y con frecuencia, incluso, es totalmente opuesta al discurso de cúpulas más habituadas a manipular datos que a responder a problemáticas concretas.
Muchos de esos temas volvieron a estar en el tapete a raíz del documento que el llamado Foro de Convergencia empresarial presentó como plataforma para la futura gestión presidencial. Más allá de reclamos puntuales y la perspectiva desde la que se analiza este momento del país, se destacan los comentarios ad hoc tanto de dirigentes como de periodistas afines. Que los hubo en abundancia.
«Este documento no da detalles de las medidas. Proponemos que nuestros equipos técnicos trabajen con los equipos técnicos de los partidos políticos y así se definan las propuestas. Necesitamos pactos como el de México o el de La Moncloa», señaló en conferencia de prensa Miguel Blanco, presidente de IDEA, una de las instituciones que adhirió a la propuesta con más fervor.
Ricardo Romano –subsecretario general de la Presidencia en el segundo mandato de Carlos Menem, (1995 -1999) y ex vicepresidente de la Internacional Demócrata de Centro (IDC)– escribió en una columna en Infobae que «los Pactos de La Moncloa consagraron la supremacía del conjunto respecto de los intereses de la parte. El punto de partida fue la coincidencia en el diagnóstico respecto de la situación del país».
El Pacto de La Moncloa –por el palacio madrileño donde atiende el presidente del gobierno español– fue un compromiso multipartidario de la dirigencia peninsular en un momento clave de su historia moderna. La muerte del dictador Francisco Franco implicaba que desaparecía el hombre que por 39 años había gobernado con mano de hierro tras haber ganado la Guerra Civil. Por tal razón, firmaron el Partido Comunista, el PSOE, el franquismo y el centrista Adolfo Suárez «recientemente fallecido y muy homenajeado por su contribución a estos entendimientos (…que comprendieron…) que no había futuro sin unidad», acota Romero. Parte central del Pacto es que no se volvería a un proyecto republicano sino a una monarquía, la de Juan Carlos de Borbón.
Es por lo menos extraño que sigan vendiéndolo como un «modelo», cuando es evidente que desde hace tiempo el Pacto ya no es garante del progreso económico que durante un cuarto de siglo vino a representar para los españoles, algo evidente desde la crisis de 2008. Pero sobre todo resulta increíble que sus propagandistas escamoteen que también trastabilla en su intento de mantener la unidad nacional. Basta decir que en Madrid se discute por estas horas cómo enfrentar el referéndum independentista que los catalanes convocaron para el 9 de noviembre próximo. Cómo mantener la unidad de la nación, claro.
A diferencia del de La Moncloa –que «aguantó» algo más de 40 años– el Pacto por México fue firmado ni bien el PRI volvió a poder con Peña Nieto, en diciembre de 2012. Propone también una hoja de ruta tanto en lo económico como en lo social y político que la dirigencia debe apoyar más allá de cambios electorales. Pero a un año de andar, el PRD, el movimiento de izquierda liderado por Cuauhtemoc Cárdenas y el ex jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, decidió dar un portazo en protesta por un proyecto de reforma política que, dicen, no cumple con las condiciones consensuadas y sobre todo contra una ley energética que amenaza a la propiedad pública de la petrolera estatal Pemex. El espejo que devuelve el pacto mexicano tampoco resulta tan alentador.
Otro gran ejemplo para latinoamericanos desprevenidos es el de países con «una gran solidez institucional», como Costa Rica y Chile, lo que según esta visión idílica, asegura per se inversiones y prosperidad.
El país centroamericano tuvo una corta guerra civil que en 1949 culminó con la firma de otro pacto, el Ulate–Figueres, por Otilio Ulate Blanco y José Figueres Ferrer, los dirigentes que acordaron resolver los conflictos mediante la lucha política y se repartieron la presidencia alternativamente hasta 1974.
Curiosidades del caso: Figueres Ferrer era hijo de catalanes y su lengua materna fue el catalán. A pesar de haber sido militar y protagonista del golpe que devino en la contienda, fue luego el responsable de haber abolido el ejército en ese país. Casado en dos ocasiones –ambas con norteamericanas– uno de sus hijos, José Figueres Olsen, también llegaría a ser presidente, entre 1994 y 1998.
Una de sus mayores «obras» fue su participación para introducir a Costa Rica en el exclusivo club de los elaboradores de microchips. Fue así que logró que en diciembre de 1996 Intel anunciara la radicación de una planta de Ensamble y Prueba. Eran los tiempos del Pentium II y la localización fue motivo de debate en todo el continente.
En Argentina, muchos dirigentes lamentaban semejante pérdida para el país, que iba ingresando en lo peor del proceso neoliberal, mientras Domingo Cavallo dejaba el gobierno de Menem y crecía exponencialmente la desocupación al ritmo de las empresas que se deslocalizaban hacia otros horizontes. Pero donde más «castigó» aquella decisión empresarial fue en Chile, que había estado compitiendo por esa bendita planta. Así lo cuenta Daniel Vásquez Barría, asesor en Tecnologías de la Información y Comunicación del gobierno chileno: «Corría el gobierno de Eduardo Freí Ruiz Tagle, en la época de los 90 éramos los jaguares de Latinoamérica (cuando) Intel decidió crear una planta de procesadores en Latinoamérica, y los dos países candidatos eran Chile y Costa Rica (…); por el lado chileno jamás nadie aceptó la culpa por la pésima negociación del país, pero en Costa Rica las negociaciones las hizo personalmente el presidente del país, en una visión que marcó la productividad y economía del país para siempre».
Tanto la empresa, con base en Santa Clara, en California, como analistas de toda laya, coincidieron en que Costa Rica entraba a jugar en las grandes ligas y dieron sus explicaciones para el milagro. Mike Forrest, el gerente general de la firma en ese pequeño país, dio sus razones para explicar la presencia la nación centroamericana: «Hay cosas básicas que buscamos para fabricar. Una de ellas es la educación, que es un componente clave. Además, se trata de la democracia más longeva de la región y cuenta con una adecuada legislación fiscal.»
«¿Por qué escogió Intel a Costa Rica para construir su primera planta en América Latina?», se preguntaba en enero de 1997 Rigoberto Stewart, presidente del Instituto para la Libertad, una ONG de corte liberal. «Algunos dicen que se debe a la alta calificación de nuestra mano de obra, la estabilidad social del país, las favorables condiciones de vida y la cercanía a Norte América.”
Costa Rica, que en 2007 aprobó un TLC con Estados Unidos en referéndum y mantiene como estatales a las empresas de telecomunicaciones y proveedoras de electricidad, pasó a ser centro de inversiones tecnológicas, con Hewlett Packard a la cabeza. Y fue la envidia de sus vecinos, a pesar de que, como Stewart señalaba hace 17 años, «Intel ingresará al país bajo el régimen de Zona Franca, lo que implica que operará como si no estuviera en Costa Rica: no pagará impuestos ni aranceles y gozará de otros beneficios. Además, el gobierno le otorgó un nivel tarifario preferencial, mediante el cual el monopolio estatal le venderá el servicio eléctrico a un costo de 0,05 dólares por kilovatio, a pesar de que el costo real es de 0,069 dólares, situación que representará un subsidio anual de unos 3,8 millones de dólares».
Tanto no estaba ubicada en el país que hace unos días confirmó que se va de Costa Rica. No por problemas internos del país, según aclararon los voceros de Intel. Sucede que la empresa viene con un par de ejercicios a pérdida y encuentra más conveniente trasladar su planta costarricense a Vietnam. Intel representaba casi el 6 % del PBI «tico» y el 20% de sus exportaciones. Deja en la calle a 1500 trabajadores especializados. Detrás de ella también se va el Bank of América, que expulsará a 1500 personas de su sede de servicios, también en la zona franca.
Luis Guillermo Solís, un historiador y docente universitario –que quebró el bipartidismo iniciado con Figueres padre con un sorpresivo triunfo y asumirá la presidencia de Costa Rica el próximo 8 de mayo– es considerado un progresista «moderado». Comienza su gestión con un problema que ningún nuevo pacto va a solucionar.
En Chile, el otro «modelo» exitoso, Michelle Bachelet volvió al gobierno con la promesa de cambiar un sistema educativo privatista, para lo cual deberá hacer una reforma impositiva. Ya envió al Congreso un proyecto para cambiar la ley electoral que diseñó Pinochet. Debería celebrar que el país se salvó de la planta de Intel.
Tiempo Argentino, 25 de Abril de 2014
por Alberto López Girondo | Abr 20, 2014 | Sin categoría
El 24 de abril se cumplen 99 años del inicio del genocidio armenio, cuando al menos un millón y medio de seres humanos fueron asesinados a lo largo de ocho años por el gobierno de los «jóvenes turcos», en el ocaso del Imperio Otomano. Claire Mouradian visitó Buenos Aires invitada al congreso llamado precisamente «En vísperas del centenario», que organizó el Centro de Estudios de Genocidio de la Universidad Tres de Febrero con la Fundación Memoria del Genocidio Armenio, en el Centro Cultural Borges. La académica franco-armenia es directora de investigación en el CNRS, el centro de estudios científicos francés, y docente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (EHESS). Autora de Cáucaso, tierra de imperios y De Stalin a Gorbachev, historia de una república soviética, Armenia, era una buena oportunidad para que Tiempo Argentino mantuviera una charla en relación con la conflictiva actualidad de la región.
–Llama la atención el título de la conferencia que dio, «El telegrama como herramienta de genocidio».
–La idea era demostrar que el telegrama que hoy es considerado como medio de comunicación de la modernidad, de un tipo de sociedad que avanza, de un tipo de administración, de organización del país, fue también el centro de la organización del genocidio armenio, lo que demuestra la modernidad del genocidio. Es una pieza que demuestra un proceso industrial en que se desarrolló esa matanza. No había cámaras de gas pero sí a través del telégrafo se transmitían órdenes y también fue un elemento útil para la desinformación.
–¿Cómo es eso?
–Había telegramas secretos, reales, encriptados, pero también otros que eran totalmente contradictorios y diferentes. Talaat Pashá, el ministro del interior turco, que dio la orden de exterminio y dirigía todo, mandaba una serie de órdenes verdaderas que luego se destruían. Y otra serie de telegramas camuflados o con desinformación. Eso es utilizado por el negacionismo para decir que no es verdad que se hubieran dado las órdenes. Sin embargo, se sabe que tanto Talaat como Enver Pashá, el ministro de Guerra, y Said Halim Pashá, el primer ministro, tenían un telégrafo en sus despachos y el sultán Abdul Hamid tenía en el palacio su propio telégrafo.
–¿Fue la primera vez que la tecnología sirvió para la muerte masiva?
–Cada época tiene su propia tecnología disponible para la muerte. Toda tecnología puede servir para el bien o para el mal, depende de cómo se use y quién la use. Lo que muestra la historia del genocidio es que esa tecnología sirvió para ese momento en la administración del genocidio y para el ocultamiento.
–¿Cómo está hoy la situación del revisionismo en Turquía?
–Existe más bien el negacionismo. Aunque con las nuevas tecnologías, antes las autoridades podrían decir lo que querían, pero ahora está Internet y los medios masivos, y ya no es tan fácil.
–No debe ser casualidad que el premier Erdogan desdeñe y prohíba Twitter y YouTube…
–De hecho, Turquía tiene toda una serie de problemas entre los que el genocidio armenio ocupa un lugar más. Ellos tienen que resolver cuestiones con los kurdos, los drusos, los alevíes, los musulmanes, los griegos. Pero las capas intelectuales y gran parte de la sociedad civil comprendieron que hay temas de los que deben hacerse cargo. No por los armenios sino por ellos mismos, porque son temas que atañen a la democracia, es una cuestión que hace a la paz. Hay una lucha entre ellos a raíz de esa lucha y se ven progresos en la sociedad civil pero no en las instituciones. Porque el Estado gasta millones en el negacionismo, sobre todo en Estados Unidos, Francia, Argentina y la sociedad se radicaliza, por un lado muy a favor y otros muy en contra de admitir el tema.
–Pero Turquía quiere entrar en la Unión Europea.
–(Ríe) En ese caso yo pediría asilo en Argentina.
–Es que toda esa parte del Cáucaso cada tanto reaparece como un lugar inestable. Basta pensar en las implicancias de la crisis que se viene desarrollando en Ucrania.
–Esa región, así como el Medio Oriente y los Balcanes, están sufriendo las consecuencias del fin de los imperios. Al desaparecer los imperios coloniales (por el Imperio Otomano y el Zarista) y la Unión Soviética, cada uno de estos pueblos trata de encontrar su lugar bajo el sol, sus derechos. Los que perdieron, ahora quieren recuperar sus zonas de influencia. Rusia llegó al Cáucaso hace cinco siglos, desde la conquista de Kazan y Astrakán, en la desembocadura del río Volga en el mar Caspio. Después de haberse tomado cinco siglos para conquistar esa región, no la va a abandonar en pocos años.
–Turquía fue tradicionalmente un freno para los zares.
–Sí, pero también era un imperio conquistador. Están allí los que son conquistadores con los conquistados y los que miran de afuera. Es una zona donde se cruzan muchas tensiones, entre antiguos imperios y los imperios actuales, las religiones –musulmanes, cristianos, judíos–, el Este y el Oeste, la Guerra Fría. Es una zona de identidades múltiples, no hay una identidad clara.
–Como quien dice, una suerte de choque de civilizaciones.
–Un choque contradictorio. Hay armenios de Armenia, hay armenios del Cáucaso, conquistados por Moscú en la época soviética. De hecho, hoy en Moscú hay dos millones de trabajadores armenios, pero también azeríes, los llamados «piel negra», que cuando están en Occidente se los considera rusos o soviéticos. Es una región inestable por los juegos de guerra, el ajedrez que continúa de otra manera la Guerra Fría.
–¿Habrá alguna solución sin una guerra devastadora?
–(Ríe) Yo soy sólo historiadora, no política ni vidente. Como ciudadana, pienso que la mejor solución sería una federación, porque son pueblos complementarios con una historia en común. Pero nadie quiere una federación, tienen malos recuerdos de la época zarista, la época estalinista. La federación se asocia a la Unión Soviética y tiene terribles recuerdos. Karabagh (un enclave de mayoría armenia en Azerbaiyán) es un problema para nosotros los armenios, pero ¿Quién quiere realmente la paz en Karabagh? El gobierno utiliza la cuestión armenia y azerí como un tema de la seguridad antes de las elecciones, pero no como una cuestión democrática. Los oligarcas del comercio prefieren una situación inestable por cuestión de «business», los mercaderes de armas prefieren la guerra para vender armas. Los diplomáticos prefieren un conflicto para hacer diplomacia. Los grandes poderes prefieren la inestabilidad porque hacen gerencia.
–La paz no resulta sexy.
–No les sirve ni a los comerciantes del tráfico, ni a los mercaderes, ni a los diplomáticos porque pierden su trabajo, ni los grandes políticos ni los grandes poderes. A ninguna persona le conviene, salvo al pueblo común. En la Turquía de hoy día, las jóvenes generaciones y las generaciones medias no han visto armenios. Hay 80 millones de habitantes allí y unos 50 mil criptoarmenios. En Azerbaiyán tampoco han visto armenios, y antes vivían juntos. Le cuento una historia: en 2004, mientras participaban en un curso patrocinado por la OTAN en Budapest, un oficial azerí, Ramil Safarov, asesinó con un hacha mientras dormía a Gurgen Margaryan, un teniente del ejército armenio. Fue condenado a cadena perpetua pero en virtud de convenios internacionales, Safarov fue extraditado a Azerbaiyán en 2012. Allí fue recibido como un héroe, fue indultado por al presidente Ilham Aliyev, y ascendido de grado. ¿Cómo se puede restablecer la confianza para lograr la paz de ese modo? Y la comunidad internacional es ambigua en esto. En Europa había un proyecto de Partenariado Oriental del Cáucaso, una especie de asociación económica y cultural para acercar a los países caucásicos a la Unión Europea. El plan para Azerbayán era que se convirtiera en una especie de Suiza, un país ideal. Ellos les dijeron que para resolver el conflicto con Armenia debería apelarse al derecho a la integridad territorial. Pero a Armenia le pide resolver los conflictos de acuerdo a la autodeterminación de los pueblos, ¿entonces? Armenia tiene un problema con la energía eléctrica, porque hay una central, Medzamor, cerca de la frontera con Turquía, que sufrió las consecuencias de un terremoto en 1988. Producía el 40% de la electricidad del país. Armenia está bloqueada y no consigue recibir energía pero tampoco quieren que se abra la central. Rusia ayudó a abrirla. Ahora (en diciembre pasado, al mismo tiempo que el presidente Vladimir Putin apuraba la firma de un convenio con Viktor Yanukovich lo hacía con el gobierno armenio) se cerró un acuerdo aduanero con Moscú. Iba en paralelo con el que ofrecía la Unión Europea también a Ucrania. Pero la UE no ofrecía ni dinero ni apoyo. Por otro lado, la UE, 40 años después, todavía no logró que Turquía se vaya de Chipre, y Chipre está en Europa. Y además, Armenia no tiene ni gas, ni petróleo, ni riquezas. Armenia hoy no confía ni en Turquía ni en Azerbaiyán, ¿Qué otro camino tiene?
–¿Cuál es el futuro del pueblo armenio, entonces?
–Le cuento cuál es la diferencia entre optimista y pesimista: el optimista dice «qué terrible, no podemos estar peor». El pesimista dice «pero sí, pero sí». En Armenia el pesimista aprende el turco, el optimista aprende el inglés y el realista aprende la kalashnikov (juego de palabras entre aprender y a prender, a tomar, por el fusil). Otras personas dicen que cambiarían una historia gloriosa por un mejor emplazamiento geográfico. Los armenios se mantuvieron cristianos y soportaron las invasiones de persas, medos, azeríes, bizantinos, árabes, selyúcidas, otomanos, drusos, soviéticos, y estamos ahí. A través de la historia vemos que el país se ha reducido pero la población se ha dispersado por todo el mundo. Si Armenia ha sobrevivido es porque eran pequeños reinos y no un Estado nación. Cuando cayó Nínive, el imperio asirio desapareció, mientras que Armenia, cuando caía un centro resurgía otro. Y la diáspora por un lado puede ser una perdición, porque muchos se van asimilando y las nuevas generaciones devienen franceses o argentinos o estadounidenses. Pero también es una fuerza, porque los partidos políticos armenios se crearon en la diáspora, al igual que el primer diario armenio, que se editó en la India. «
«La idea de patria sin patria»
Oficialmente, dice Mouradian, en Armenia viven 3 millones de personas, «pero la cifra real es menor, quizás de 2,5 millones». La diáspora es, sin dudas, mayor. Hay unos 2 millones en Rusia, 400 mil en Francia, algo más de 100 mil en Argentina.
–¿Cuál es el secreto de la sobrevivencia del pueblo armenio?
–Buena pregunta. Por un lado la religión nacional y el alfabeto y una idea nacional temprana. La fuerza que tiene la lengua es llamativa, la idea de patria sin patria. Hay gente que en lugar de la cruz colgada al cuello tiene un alfabeto. Y yo creo que la fuerza de los voluntarios es mayor que la fuerza de los mercenarios. Subsiste la idea de que hay una patria, más allá de que hayan ido alguna vez. Es más la fuerza del pensamiento que la fuerza material. Honestamente yo no sé si el armenio va a sobrevivir, pienso que la situación es muy difícil porque es muy débil frente a los imperios.
–¿Hay una idea de volver a la tierra prometida?
–Los que volvieron alguna vez se encontraron con que el país ideal era una cosa y el real, otra.Y muchos se van asimilando a donde nacieron.
Tiempo Argentino, 20 de Abril de 2014
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