por Alberto López Girondo | Oct 24, 2014 | Sin categoría
Si hay una virtud que propios y ajenos le reconocieron a la gestión del ex presidente Néstor Kirchner fue la forma en que modificó la Corte Suprema de Justicia. Aquel tribunal que avaló el desguace del Estado y obvió los modos espurios con que se consiguieron las mayorías legislativas para el proyecto neoliberal del presidente Carlos Menem, cambió rotundamente cuando, entre las primeras acciones que tomó el gobierno de Kirchner, promovió un juicio político a los miembros de la denominada «mayoría automática» del menemismo.
Se hacía eco de un reclamo popular que llegó a las puertas del Palacio de Justicia, donde también se escuchó el «que se vayan todos». Como se recordará, Menem amplió entre gallos y medianoche la cantidad de jueces supremos de los 5 con que tradicionalmente había funcionado el tribunal a 9. Un sencillo expediente que le permitió –tras la renuncia de los jueces Jorge Antonio Bacqué y José Severo Caballero, en rechazo a la súbita medida– designar a 5 jueces propios, con lo que tomó el control del máximo organismo judicial del país. Por eso el reclamo surgido el 20 y 21 de diciembre de 2001 incluía a la Corte.
La novedad que incorporó Kirchner fue que se autolimitó en las atribuciones que la Constitución le dejaba al presidente y mediante el decreto 222 de 2003 creó un mecanismo por el cual los postulantes a jueces del máximo tribunal deben someterse a un sistema de impugnación público. El Poder Ejecutivo publica los antecedentes del candidato elegido en los principales medios de comunicación del país para que cualquier ciudadano pueda hacer las impugnaciones que considere oportunas. Luego, el Senado debe aprobar la designación con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Un avance en la senda de la transparencia que figura aún hoy en el haber del fallecido ex mandatario.
Así llegaron a la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Reemplazaron en sucesivos ingresos a algunos que habían elegido retirarse antes que someterse al veredicto legislativo, como Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López y otros que fueron destituidos por el Congreso: Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor.
Si algo caracterizó a la Corte de la era kirchnerista es que nunca se la pudo tildar de afín al Gobierno. Más bien, en muchos casos los miembros que para los analistas políticos podrían considerarse más cercanos al Ejecutivo, como es el caso de Zaffaroni, votaron en sentido contrario a las aspiraciones del Gobierno nacional.
La muerte de Argibay y de Enrique Petracchi con pocos meses de diferencia y el anunciado retiro de Zaffaroni en enero de 2015, cuando cumple 75 años, plantean el fin de una etapa. El cambio se cursa en medio de disputas electorales que se adelantan aunque falta mucho para las elecciones presidenciales. Desde la oposición, con el senador radical Ernesto Sanz a la cabeza, se apresuraron en sostener que el gobierno debería abstenerse de designar al reemplazante de Zaffaroni. El argumento, sin asidero legal, consiste en que no le corresponde nombrar un juez porque es un gobierno que está en el segmento final de su mandato. Para que Fernández de Kirchner deje el cargo faltarán en enero once meses y ningún artículo en la Constitución dice que hay un fin de gestión antes de que venza el período para el cual un gobierno es electo.
Este clima de fin de época adelantado, más como expresión de deseos que como realidad, hizo tropezar a encumbrados precandidatos, como el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; el diputado bonaerense Sergio Massa; el santafesino Hermes Binner o el mencionado Sanz. Representantes de espacios diferentes pero que convergieron en prometer la derogación de leyes sancionadas por el Congreso Nacional durante las gestiones kirchneristas. Massa fue más lejos y dijo haber formado una comisión dentro de su espacio, el Frente Renovador (FR), integrada por miembros de su equipo económico junto con la diputada Graciela Camaño para «desarmar el tejido de chavismo normativo» que, según el ex alcalde de Tigre, fue creando el kirchnerismo. El líder del FR ya se había puesto a la cabeza de las críticas contra el proyecto de reforma del Código Penal, que se había elaborado mediante un equipo de trabajo conformado por representantes del PRO, el socialismo, la Unión Cívica Radical y el justicialismo. Como sea, el «discurso derogador» levantó críticas desde el oficialismo, que alertaron sobre la verdadera intención de los dirigentes que promovieron esa consigna. « ¿Sobrevivirán la movilidad jubilatoria, las asignaciones sociales, seguirán los planes Procrear y los planes de empleo joven?», deslizó de un modo nada inocente el diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. «Es importante precisar de qué leyes hablan, porque eso «revela al pueblo qué derechos piensa quitar la oposición y revela las omisiones que tienen que ver con los derechos humanos», abundó el abogado laboralista.
De inmediato, los precandidatos opositores intentaron salir de una trampa a la que nadie los había empujado. Se revisarán leyes, dijeron, pero no las medidas que afecten a las clases populares, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por ejemplo. Desde el FR desafiaron entonces a que el Gobierno imponga la AUH por ley. Todos prefirieron decir que mantendrán YPF en manos estatales y que el sistema de jubilaciones no volverá a caer en manos privadas, pero nadie desmintió que entre las leyes revisables está la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Un dato adicional: los precandidatos aspiran a unir cabezas para definir las candidaturas cuando se hagan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Otra ley cuestionada en su momento pero a la que todos ahora encuentran virtudes y a la que recurrirán en la medida en que no hay liderazgos lo suficientemente sólidos como para obviar ese escalón en la búsqueda de consensos partidarios.
Alto en el cielo
El lanzamiento desde la Guayana Francesa del satélite Arsat 1 motivó también la satisfacción del oficialismo por el significativo logro de una política de apoyo al desarrollo científico, y demostró, una vez más, la importancia estratégica de la fuerte presencia estatal en esta materia. Por otra parte, quedaron expuestos ciertos planteos en clima preelectoral. A principios de setiembre, Macri, que encarna abiertamente el discurso neoliberal, había dicho que «hay mucho despilfarro. Nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Hacen empresas tecnológicas que no hacen falta, se generan empresas satelitales que no funcionan». Unos días antes, el 31 de agosto, Sergio Massa había publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente: «Pagarles el 82% móvil a los jubilados no, poner una heladera en órbita sí». Un mensaje irónico sobre las decisiones del gobierno de Cristina Fernández. Por entonces se ultimaban los detalles del inminente lanzamiento del satélite, el primero fabricado en Argentina con tecnología propia y que se fue desarrollando gracias al impulso de los técnicos e ingenieros que trabajan en INVAP, una empresa estatal de alta tecnología creada en 1976 con recursos del gobierno de Río Negro y de la Comisión de Nacional Energía Atómica. El proyecto Arsat representa un desafío porque pone al alcance del país productos y servicios cuya adquisición en el exterior requiere importantes recursos. Adquirir la capacidad de producirlos localmente instala al país en un escenario de alta presencia internacional. Por caso, si Brasil pudo desarrollar la fábrica de aviones Embraer es porque también supo aprovechar este nicho. INVAP, en tanto, tiene en producción el satélite Arsat 2, planifica el Arsat 3 y ya fabricó radares y exportó equipos de medicina nuclear.
No fueron pocos los medios que primero trataron de invisibilizar el lanzamiento del satélite, pero cuando advirtieron el alto nivel de audiencia que alcanzaban los canales donde se transmitía en directo, se dieron cuenta de su error. Al igual que había ocurrido en el festejo del Bicentenario y como sucede cotidianamente en Tecnópolis, subsiste un renovado sentimiento de orgullo nacional que el Gobierno supo interpretar mejor que la oposición. Macri, Massa y los demás precandidatos, entonces, también aplaudieron el esfuerzo y la pericia de los trabajadores de la empresa estatal y celebraron el acontecimiento. Lo mismo hicieron los medios, aunque sin tanto entusiasmo. Cristina Fernández, por su parte, no perdió la ocasión de ironizar diciendo que el satélite no se podrá derogar.
Revista Acción
Octubre 24 de 2014
por Alberto López Girondo | Oct 24, 2014 | Sin categoría
El domingo se plebiscitan dos proyectos políticos que atraviesan América Latina casi desde que este puñado de naciones inició su vida independiente. Uno vinculado a clases dominantes y el otro, a las grandes mayorías. En ambos casos, el núcleo político que desafía al establishment es un conglomerado de partidos y sindicatos creados en el curso de los últimos 40 años. En ambos casos, llegaron al gobierno luego de varios traspiés electorales. El precio pagado, además, se hizo sentir e interpela en términos ideológicos hacia el futuro.
El Frente Amplio es una construcción que comenzó en Uruguay en febrero de 1971, cuando esta parte del mundo estaba atravesada los embates de la Guerra Fría y los militares se formaban en la Escuela de Panamá, donde la materia principal era la identificación del enemigo como quien luchaba por los derechos sociales y las reivindicaciones populares.
Gran parte de los militantes del FA fueron presos o debieron exiliarse durante la dictadura. Con el retorno de la democracia, en 1984, y con su líder histórico Líber Seregni de candidato, nunca superó el 22 % de los votos. Escasos como para subir a la cima pero suficientes como para dar testimonio. Dos veces fue candidato y dos veces perdió el médico oncólogo Tabaré Vázquez, aunque el Frente seguía creciendo y en 2004 dio el batacazo: ganó en primera vuelta con casi el 51 por ciento. Era la primera vez en 174 años que alguien por fuera de los tradicionales partidos ocupaba democráticamente el gobierno. Un golpe difícil de asimilar para la derecha uruguaya.
En Brasil la historia fue diferente. El golpe militar de 1964 arrasó con lo que quedaba del Estado Novo creado por Getulio Vargas en 1930 y los intentos progresistas de Juscelino Kubischek y Joao Goulart de principios de los ’60. Los viejos gremios ligados al varguismo también se esfumaron en medio de un golpe feroz que había llevado a la cárcel a líderes guerrilleros como la actual presidenta Dilma Rousseff o José Dirceu.
Eso evitó grandes conflictos gremiales en los primeros años del régimen militar, pero a la vez facilitó la creación de nuevos sindicatos, más influidos de propuestas socialistas y marxistas. En ese marco fue ascendiendo en el cinturón industrial de San Pablo el liderazgo de un joven e impetuoso dirigente metalúrgico, Lula da Silva, que por una de esas casualidades del destino, había perdido parte del índice de su mano izquierda en una prensa hidráulica en el mismo año en que se produjo el golpe.
Para 1980, Lula fundaba el Partido de los Trabajadores, una herramienta política a la que se fueron adosando dirigentes e intelectuales de izquierda que en muchos casos ya comenzaban a retornar al país con la tenue apertura que permitía para entonces la dictadura. En abril de ese año, Lula encabezó una huelga de 41 días en las fábricas automotrices y terminó preso y procesado.
Otra vez la Guerra Fría se coló en la historia de estos pueblos: en octubre de 1978 el polaco Karol Wojtyla había sido ungido Papa. Indisimulable anticomunista, Juan Pablo II se reunía semanalmente con el jefe de la CIA, William Casey, para analizar la situación detrás de «la cortina de hierro». También comenzaban los tiempos del neoliberalismo, de la mano de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña.
La gran apuesta de la agencia de inteligencia –y de la Casa Blanca– era un líder también metalúrgico, aunque polaco, Lech Walesa. El hombre había creado Solidarnosc (Solidaridad), y dirigía las protestas contra el régimen comunista. Era el primer sindicato opositor en un país del bloque soviético y la punta de lanza de la ofensiva sobre la Unión Soviética que los estrategas de Washington encontraron para perforar el mundo del socialismo real.
Walesa, católico militante, fue el estandarte del «mundo libre» en contra de la «opresión comunista». ¿Podía, en ese contexto, un aliado incondicional de Estados Unidos como Brasil tener entre rejas a otro metalúrgico que reclamaba derechos? Así fue como Lula fue liberado y terminó desprocesado.
Tras la primera ronda electoral luego del retiro de los militares, el PT decidió que era hora de participar en la lucha por el poder desde la democracia establecida. Tres veces se presentó Lula y tres veces perdió contra candidatos de la derecha, en 1989, 1994 y 1998. El sistema electoral pergeñado por los dictadores no dejaba demasiados resquicios por donde llegar al gobierno. Como detalle a anotar, las últimas dos derrotas del PT fueron ante Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), un intelectual de fuste en los movimientos progresistas de los ’60 que debió exiliarse pero terminó siendo defensor del modelo neoliberal tres décadas más tarde.
Fue en ese contexto que grupos internos del PT, entre los cuales Dirceu fue quizás el más influyente, resolvieron aliarse con sectores tradicionales para dejar de ser un partido testimonial. Fue así que el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) se convirtió en el principal socio del laborismo brasileño. El PMDB es la continuación del movimiento «opositor» legalmente aceptado por el régimen militar y en tal sentido resultó el ganador del primer comicio tras la dictadura, en 1985. Sarney era el candidato a vicepresidente de Tancredo Neves, el abuelo de Aécio, el mismo que ahora disputa la presidencia con Dilma.
Pero Tancredo enfermó tras la elección y murió antes de poder asumir.
Mediante la coalición con sectores centroderechistas, el 1º de enero de 2003 por primera vez un obrero industrial podría llegar al gobierno en un país americano. Pero allí comenzarían también algunos de los problemas que arrastra esta nueva reelección para el PT. Dirceu y encumbrados dirigentes del partido, entre ellos el tesorero, resultaron acusados de pagos irregulares a partidos afines para sacar las leyes que necesitaba el gobierno de Lula. La causa se inició en 2005 con la denuncia de uno de los personeros de esos socios políticos y generó ríos de tinta en los medios concentrados, entre ellos la revista Veja.
Culminó con la condena de todos ellos por la Suprema Corte, en 2012.
Cuando Dilma sucedió a Lula, en enero de 2011, sabía que el tema de la corrupción sería un asunto central en su gestión. Por eso obligó a renunciar a todo funcionario que resultara acusado de no ir por el camino correcto. De ese modo, se fueron siete ministros en el primer tramo de su gestión. Todos de partidos aliados. Las condenas a Dirceu y al presidente del PT José Genoino golpearon de lleno en el partido de Lula.
El tema de la corrupción fue, como se esperaba, central en la campaña tanto en la primera vuelta como en la segunda. Pero en ese sentido, nadie quedó exento de acusaciones, como la presidenta se encargó de recordar en los debates televisados a su oponente, quien fuera gobernador de Minas Geraes y a quien le caben también las generales de la ley.
En Uruguay, los avances que logró el FA no se vieron manchados por denuncias y el inefable José Mujica, resistido por algunos sectores de la sociedad en su momento debido a su pasado guerrillero y sus gestos inusitados, deja el cargo con una imagen favorable del 80%, la misma que tenía Lula cuando entregó la banda presidencial.
Tabaré, un socialista moderado, lleva once puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el representante del Partido Blanco Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle. El tercero en discordia, Pedro Bordaberry, es hijo del dictador civil Juan María Bordaberry, quien siendo electo presidente dio un golpe institucional en 1973.
Como eje de todas las campañas, aparte de la corrupción y la inseguridad –en Uruguay hay también un referéndum por la baja en la edad de imputabilidad– figura en lugar destacado la cuestión social. Todos los opositores prometen dejar este esbozo de Estado de bienestar nacido al calor de los gobiernos de Lula y el primer Tabaré. Todos se presentan, también como «lo nuevo».
El recuento de esta historia muestra que nada hubo de nuevo bajo el sol en Brasil y en Uruguay hasta los gobiernos del PT y el FA. Pero que deberán renovar lo nuevo para que esa bandera no la enarbole la derecha, vaciándola de contenido. Un gran porcentaje de los votantes estaba en la escuela primaria cuando lo nuevo llegó al poder, tal vez necesiten más persistencia en el mensaje para percatarse de cómo eran las cosas antes. Y de cómo pueden volver a ser en cualquier momento.
Tiempo Argentino
Octubre 24 de 2014
Ilustró Sócrates
por Alberto López Girondo | Oct 18, 2014 | Sin categoría
Los proyectos para hacer un canal transoceánico en Nicaragua no son nuevos. Pero desde que el gobierno de Daniel Ortega aprobó la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, la dirigencia panameña comenzó a preocuparse por un molesto competidor que, ahora sí, amenaza su exclusividad para la comunicación marítima entre el Pacífico y el Caribe. Por un lado se lanzaron a analizar cuáles podrían ser sus pérdidas de concretarse el proyecto, teniendo en cuenta que ya tenía en marcha la ampliación del canal propio, que acaba de cumplir 100 años de funcionamiento. Pero también para intentar de alguna manera convencer a los inversores de que el mejor negocio es quedarse con los viejos conocidos.
La primera novedad que trascendió llevó tranquilidad a la «opinión pública» panameña: el costo de tamaña obra treparía hasta cerca de 70 mil millones de dólares y la construcción se demoraría una década al menos, con lo que en términos prácticos no resultaría en una competencia a corto plazo. Y como diría John Maynard Keynes, «a largo plazo todos estaremos muertos».
Sin embargo, a medida que el gobierno nicaragüense avanzaba con los anuncios y presentó el documento firmado a favor exclusivo del Concesionario chino Wang Jing, la calma dejó lugar a una zozobra creciente. Si China está metida en el asunto, evaluaron, la situación tiene visos de ser una cuestión estratégica. Y el recuerdo de lo que implicó la construcción del actual canal en Panamá atormentó a aquellos descendientes de quienes durante décadas habían luchado por recuperar el control del emprendimiento de manos de Estados Unidos.
Es que el primer proyecto de construcción de una vía para evitar el largo camino hacia el estrecho de Magallanes para trasladarse en barco hacia el Atlántico tiene algunos componentes clásicos en las luchas imperiales. Hace algunas semanas recordaba el diario español El país un libro del holandés JanGeert van der Post, «El largo y sinuoso camino», donde se hace un prolijo estudio sobre los 72 proyectos de canal en Nicaragua, aprovechando las ventajas que ofrece en extenso Gran Lago de Nicaragua como para que el tramo de sección sobre tierra firme sea mínimo en territorio nicaragüense para pasar de un mar a otro.
Desde Napoleón…
El historiador de los Países Bajos señala en ese texto que ya desde las guerras napoleónicas surgió la idea de acortar camino para el creciente comercio internacional devenido tras la primera expansión global del capitalismo, hacia principios del siglo XIX. Para 1849 Cornelius Vanderbilt, uno de los empresarios estadounidenses más poderosos, había obtenido una concesión para construir un cruce interoceánico.
El propio Napoleón había encargado en 1799 estudios a un ingeniero francés para construir un canal en el istmo de Suez que conectaría el Mar Rojo con el mediterráneo, cosa de apurar el comercio con el Asia desde Europa sin pasar por las Américas. De hecho, el primer proyecto elaborado con los cánones ingenieriles modernos fue del año 1847. Ese desarrollo fue el que tomó el célebre Ferdinand de Lesseps, quien lo presenta a las autoridades egipcias como de una empresa a su cargo en 1852. El Canal de Suez fue inaugurado el 17 de noviembre de 1866, con el estreno mundial de la opera Aída, de Giusseppe Verdi.
Sería Lesseps quien intentaría convencer al gobierno de Colombia de la construcción de un canal similar en el istmo de Panamá, por entonces una provincia colombiana y también el símbolo de la unidad latinoamericana tras el Congreso Anfictiónico panamericano promovido por el Libertador Simón Bolívar en 1826. En 1878 se firma en Bogotá un convenio para poner en marcha ese proyecto monumental.
En una saga de escándalo, corrupción e intrigas, la obra se fue tiñendo de sospecha y de hecho la empresa fundada por Lesseps fue a la bancarrota en 1888, arrastrando a inversores y dirigentes políticos de la Tercera República francesa. Para fines del siglo el polémico empresario había muerto y los acusados de desfalco resultaron absueltos. Pero el proyecto seguía interesando a las potencias del momento, por su implicancia para el comercio internacional.
El Big Stick
Entre la quiebra de la compañía francesa y el ingreso de Estados Unidos en el negocio y en la apropiación del proyecto final, el gobierno de Teddy Roosevelt, el presidente estadounidense famoso por su política del Big Stick (el Gran Garrote) , forzó la independencia de Panamá ante el rechazo de Bogotá al traspaso del proyecto original. Es así que tras la creación del nuevo estado, Panamá, en 1903, la construcción se acelera y la inauguración se produciría en agosto de 1914. Con una salvedad: el usufructo del canal era a perpetuidad para Estados Unidos, la soberanía del territorio alrededor de la vía navegable era también exclusiva y además, los buques estadounidenses tenían el derecho a cruzar gratuitamente, no así los que circulaban bajo otra bandera.
Esto creó un territorio partido al medio con una población de origen estadounidense que se autodenominaba «zonians». En ocasión de celebrarse el centenario del canal, el fotoperiodista español Matías Costa hizo un extenso reportaje sobre los que quedan de ese grupo de nativos de un país que ya no existe y que gozó mientras pudo de un paraíso irrepetible. Lo tenían todo al alcance de la mano y subvencionado por el gobierno estadounidense.
« El lugar era administrado por una única e inmensa corporación, la Compañía del Canal de Panamá (PCC en sus siglas en inglés), que, financiada por el Departamento de Defensa, creó una especie de falansterio: eran autosuficientes y no existía la propiedad privada, sino un régimen de usufructo. La compañía se hacía cargo de las escuelas, hospitales, clubes, cines y oficinas de correos, y protegía a sus ciudadanos de modo paternalista. Tenían su propia policía, sus propios jueces y fiscales, que no obedecían a las leyes de Estados Unidos, sino a las de la Administración del Canal. Todos los productos de consumo básico tenían la etiqueta de la compañía, en todos los despachos colgaba el mismo calendario y en cada mesa se usaba el mismo pisapapeles. Cualquiera no podía ir a vivir allí, había listas de espera y quien no cumplía las normas a rajatabla era expulsado de la zona.», anota Costa.
Pero todo se fue al diablo cuando el gobierno de Jimmy Carter cedió ante el impùslo de un mandatario con ímpetu nacionalista como Omar Torrijos y firmó un acuerdo en 1979 por el cual le otorgaría la soberanía del canal y su explotacuión al país centroamericano en 1999.
El proyecto de Nicaragua, sin embargo, se mantenía latente por las ventajas que otorgaría al tráfico mundial en momentos en que los grandes petroleros y los buques de carga fueron creciendo a niveles que ya no hacían viable el viejo canal. Fue así que se comenzó con el plan de ampliación en Panamá, en 2007, a un costo estimado entonces de poco más de 5200 millones de dólares financiado por créditos de los principales bancos de fomento internacionales. El plan es construir un canal paralelo y nuevas exclusas para duplicar la capacidad de transporte.
¿Mayores costos?
A principios de este año, un incidente casi paraliza las obras, cuando el consorcio que integra la constructora española Sacyr, que en Argentina llegó a tener participación en el paquete accionario de Repsol YPF, planteó mayores costos para su parte de las obras, lo que implicó el rechazo del gobierno de Ricardo Martinelli. A su reemplazo por Juan Carlos Varela, en julio pasado, la situación se había normalizado sin que se difundieran los términos del convenio al que arribaron las autoridades. En concreto, la empresa española se comprometió a entregar las obras en 2016.
Pero en ese transcurso se hizo patente el interés de China en no perder el «barco de la historia». Fue así que el empresario Wang aparece al frente de un consorcio denominado H K Nicaragua Canal Development Invest Co. Ltda, empresa constituida en Hong Kong para llevar adelante el emprendimiento a un costo que estimaron en 40 mil millones de dólares, pero que podría subir un 50%, según analistas panameños.
Las críticas sobre el proyecto y quienes lo llevan a la práctica se parecen mucho a las que envolvieron al viejo Lesseps y sus aliados en el gobierno francés de fines del siglo XIX. Se dice que el empresario es un aventurero que no tiene ningún tipo de aval para lanzarse a semejante aventura. Que el gobierno de Ortega se embarca –nunca mejor aplicado el término- en un proyecto irrealizable.
El ex canciller Fernando Núñez Fábrega le dijo a la web de BBC Mundo hace unos meses que «es más fácil llegar a la Luna a que se construya un canal en Nicaragua». El actual administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, y otros funcionarios del gobierno panameño coincidieron en las críticas. «No es viable un segundo canal en Centroamérica» dijo Quijano, y lamentó que «compartir el negocio no sea bueno para ellos (por los nicaragüenses) ni para nosotros».
Los ejemplos que ponía Quijano parecen demoledores. «Desde que lo iniciaron los franceses (1881) a la fecha de terminar la ampliación, habremos excavado y dragado 545 millones de metros cúbicos. Ellos tienen que excavar y dragar por lo menos 10 veces, en cinco años. Calculamos que esas obras costarán unos 70.000 millones de dólares, no 40.000 (como estima Managua)».
Entre los fundamentos técnicos, insistió el administrador panameño, «ese canal mide más de tres veces que el nuestro: 80 kilómetros versus más de 230 kilómetros. Esto implica que excavando podrían llevarse más de 10 años. Asimismo, hablan de que la inversión es de $60,000 millones, cifra al menos 10 veces superior a la ampliación en curso de nuestro canal». Mientras tanto, la Asamblea nicaragüense aprobó su construcción y los estudios ambientales comenzarían a principios de 2015.
Octubre 18 de 2014
por Alberto López Girondo | Oct 17, 2014 | Sin categoría
“Una revolución está viniendo –una revolución que será pacífica si somos lo suficientemente sabios; compasiva, si nos preocupamos lo suficiente; exitosa si tenemos suerte– pero una revolución que está llegando, queramos o no. Podemos influir en su carácter pero no podemos alterar su inevitabilidad.» El 9 de mayo de 1966, el entonces senador Robert F. Kennedy explicaba así ante la Cámara Alta estadounidense las reflexiones de su gira por el «patio trasero» latinoamericano. La frase fue rescatada en estos días por Information Clearing House (http://www.informationclearinghouse.info/), un sitio no partidario con información «que no publica la CNN«, como se jactan.
La Asamblea General de la ONU eligió ayer a cinco nuevos miembros rotativos para el Consejo de Seguridad. Si hay un dato de relevancia para la región es que Venezuela logró 181 votos para ocupar un lugar en la primera votación, entre las 193 naciones que participan del organismo. A España, otro país que aspiraba a un lugar, le costó un poco más y necesitó de tres rondas para imponerse sobre Turquía.
Como se sabe, las plazas permanentes están en manos de las cinco naciones que se declararon ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rusia –como continuadora de la Unión Soviética–- China, Gran Bretaña y Francia. Otras diez bancas se reparten entre el resto de los países, cada una por un período de dos años y en representación de las diferentes regiones. La renovación de esos sitiales es de a mitad por año, de manera que los cinco nuevos miembros deberán compartir parte de su mandato con Chad, Chile, Jordania, Lituania y Nigeria. Argentina cede su lugar a la Venezuela de Nicolás Maduro, el sucesor del líder bolivariano Hugo Chávez.
Los analistas coinciden en que entre los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo Consejo de Seguridad figuran los conflictos en África, Medio Oriente y Ucrania. A los que se agrega la crisis económica y últimamente la falta de respuestas globales a la epidemia de ébola, que parece haberse convertido en un grave problema en la medida en que se extendió del África pobre hacia España y Estados Unidos.
La postulación de Venezuela, como era de esperarse, había despertado críticas de la derecha internacional. La congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, una anticrastrista visceral, había alertado a sus pares que la nominación del país sudamericano «tendrá serias consecuencias para la seguridad global y los intereses de Estados Unidos». La representante republicana por Florida, argumentó que ahora Venezuela se convertirá en «un golpe de propaganda para Maduro y sus titiriteros, el régimen Castro». Por supuesto que Ros-Lehtinen, cubano-estadounidense, no estuvo sola en esta virulenta crítica.
Uno de quienes la acompañó fue el venezolano Diego Arria, quien fuera embajador ante las Naciones Unidas y candidato presidencial por la derecha en Venezuela. Arria se quejó de que «un régimen como el venezolano, que tiene un record olímpico de violaciones a los derechos humanos, que se ha opuesto a todas las resoluciones de la Asamblea General que tienen que ver con la paz, que es algo muy serio, tenga ahora el compromiso de naciones de Latinoamérica y el Caribe de apoyarlo, pagándole de cierta manera la ayuda que reciben».
Si es por desoír las decisiones de la ONU, en lo que afecta a Argentina es evidente la sordera de Gran Bretaña para sentarse a discutir la soberanía de Malvinas. Estados Unidos es campeón en este rubro y sin dudas el más flagrante de los «olvidos» es el fin del bloqueo a Cuba, un pedido refrendado cada año por una aplastante mayoría de estados miembros del organismo –los rechazos se cuentan con los dedos de una mano- y que incluso va alcanzando consenso dentro de los mismos EE UU.
Precisamente el The New York Times publicó una encendido alegato por el levantamiento del embargo a la nación caribeña. Fue quizás el más grande argumento desde que fue instaurado el castigo a la revolución cubana, en 1961. Sobre todo porque proviene de uno de los medios más influyentes en la dirigencia política estadounidense.
Claro que el NYT no podía aparecer apoyando al gobierno de La Habana. Y si bien sostiene que “en conjunto estos cambios demuestran que Cuba se está preparando para una era post-embargo”, dice que el “régimen” sigue “acosando disidentes” y critica que “el proceso de reformas ha sido lento y ha habido reveses”. De todas maneras el periódico le da ideas a Barack Obama, al recordarle que la Casa Blanca no necesita respaldo del Congreso para reanudar las relaciones diplomáticas. A su vez, le avisa que “un acercamiento a Cuba ayudaría a mejorar las relaciones de EE.UU. con varios países de América Latina y a impulsar iniciativas regionales que han sufrido como consecuencia del antagonismo entre Washington y La Habana”.
El tono sinuoso del editorial despertó críticas en el propio Fidel Castro, quien definió a la movida como un intento de obtener «el mayor beneficio para la política» interna de Estados Unidos, sumido en una realidad grave y en medio de una “compleja situación, cuando los problemas políticos, económicos, financieros y comerciales se acrecientan”.
Más allá del artículo del líder de la revolución cubana en el Granma, el NYT se hace eco de un clamor que va creciendo fronteras adentro. Es que los descendientes de los primeros “gusanos” no conservan el mismo odio al gobierno surgido en 1959 tras el triunfo de la guerrilla. Y además, la crisis económica en muchos sectores estadounidenses hace ver las ventajas que ganarían en poder comerciar con la isla.
Por otro lado, desde el punto de vista ideológico no hay defensa posible del embargo. Salvo que el orgullo nacional del principal imperio de la tierra todavía se considere herido por la afrenta de aquellos barbudos entre los cuales fulguraba el argentino Ernesto Che Guevara. A esto apunta el reverendo Jesse Jackson, alguna vez precandidato demócrata a la presidencia, quien llamó a terminar con el bloqueo desde las páginas del Chicago Sun-Times. «La oposición implacable del gobierno de Estados Unidos a la presencia de Cuba en las reuniones hemisféricas, ha ofendido prácticamente a todos nuestros vecinos», dijo.
«El embargo contra Cuba se ha mantenido en gran medida por dos razones. En primer lugar, (Fidel) Castro avergonzó a la CIA y los guerreros fríos, frustrando sus intentos de invadir la isla, desestabilizar el régimen y asesinarlo», finalizó el religioso.
Documentos desclasificados del gobierno demuestran que el propio Robert Bob Kennedy había promovido el levantamiento de la prohibición de viajar a Cuba cuando era procurador de Justicia, en diciembre de 1963, poco después del asesinato de su hermano John. RFK consideraba entonces que la medida aprobada durante la administración de JFK no resultaba coherente «con nuestros criterios de sociedad libre y contrastaría con cosas tales como el Muro de Berlín y los controles comunistas a esos viajes».
Otros documentos desclasificados que salieron a la luz estos días hablan de la intervención de la CIA en el asesinato del Che en Bolivia, el 8 de octubre de 1967, cuatro años después del pedido de RFK al Secretario de Estado, un año después del informe al congreso sobre su viaje a América Latina y uno antes de que fuera asesinado a tiros tras haber ganado la nominación como candidato a presidente por los demócratas. Toda una parábola.
Esa revolución que los Kennedy querían sofrenar o conducir mediante la Alianza para el Progreso, siguió su marcha en Cuba y se fue extendiendo al resto del continente de diversas maneras y en distintos grados. El Chile de Salvador Allende fue uno de los casos más emblemáticos. Los golpes de los ’70 y los genocidios cometidos por las dictaduras militares fueron la respuesta que llegó desde Washington.
El ALCA, la nueva Alianza para el Progreso, fue enterrada en Mar del Plata en 2005. Para entonces, Evo Morales se disponía a ocupar la presidencia de Bolivia, Chávez estaba en todo su esplendor, Néstor Kirchner comenzaba a mostrar sus cartas regionales y Lula da Silva ponía en marcha sus primeros planes sociales.
El domingo pasado, el ex líder cocalero ganó por tercera vez una elección presidencial. Con una mayoría que le suma dos tercios del parlamento tras ocho años de gestión. De pronto, el indígena que aprendió a hablar castellano en una escuela argentina cuando su padre venía a hacer la zafra, que para algunos no sería capaz de gobernar un país complejo como Bolivia, es visto por los capitales internacionales como rubio y alto –incluso en nada revolucionario semanario británico The Economist escribió artículos laudatorios sobre su figura– y batirá un récord en el tradicionalmente combustible asiento presidencial boliviano.
Ya lo había avisado Bob Kennedy. Se venía una revolución en América Latina. Con sus diferencias y algunos retrocesos, pero ya sin la “ayuda” estadounidense. Un dato a tener en cuenta.
Tiempo Argentino
Octubre 17 de 2014
Ilustró: Sócrates
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