por Alberto López Girondo | May 17, 2015 | Sin categoría
El colombiano Rodrigo Rojas Orozco es administrador de Empresas y tiene un posgrado en Geopolítica. Pero en un país como Colombia, para alguien que no quiere quedarse al margen de lo que sucede y busca la forma de contribuir a la solución, una opción razonable es especializarse en Negociación de Conflictos. Es lo que viene haciendo Rojas Orozco desde la organización Pax, y en un tema poco caminado en los noticieros: la violencia paramilitar asociada a las grandes explotaciones mineras en un área muy sensible de la frontera con Venezuela.
«Hace 25 años que estamos en Colombia –dice el asesor para Asuntos Humanitarios y de Paz de la ONG holandesa, de visita en Tiempo– y ocho en que tratamos específicamente la cuestión minera, tanto desde el aspecto de la seguridad humana como de los Derechos Humanos.»
–¿Qué los llevó a interesarse en esa cuestión?
–Hace más o menos unos 12 años el gobierno de Álvaro Uribe tomó la decisión de reprimarizar la economía colombiana y nos volvimos dependientes de nuestras exportaciones de carbón y petróleo y de níquel en la costa, más las expectativas de grandes explotaciones de oro en la Cordillera de los Andes. Abrieron las puertas a las grandes mineras internacionales, algunas de ellas con una reputación bastante discutible, y hoy el 54% de las exportaciones de Colombia es petróleo y carbón y el café pasó a un segundo nivel.
–Ustedes elaboraron un informe sobre el apoyo de las multinacionales mineras a los grupos paramilitares en el que entrevistaron a víctimas e incluso a mercenarios. ¿A qué conclusiones llegaron?
–Las primeras explotaciones fueron en la zona del Caribe, al norte del país, y se van expandiendo a Catatumbo. Todo es cerca de la frontera con Venezuela. Esto ha generado una serie de problemas sociales y la conformación de grupos paramilitares. Tenemos denuncias y pruebas de que algunas de estas empresas, la Glencore, Prodeco y la Drummond, financiaron y apoyaron a un grupo paramilitar, el Frente Juan Andrés Álvarez, que generó más de 2600 muertos, miles de desaparecidos y casi 59 mil desplazados, campesinos que tuvieron que salir de la región corridos por la violencia.
–El año pasado hubo marchas y huelgas de campesinos de Catatumbo, ¿Tienen que ver con eso?
–No, esos eran campesinos cocaleros, pero algunos están pensando que también ellos se salgan de esa zona para apoderarse de la explotación. Venezuela tiene de ese lado mejores vías de comunicación y podría facilitar la salida al lago Maracaibo de la producción, lo que reduciría los costos del trasporte.
–Caracas denuncia acciones paramilitares en la frontera.
–La producción de carbón permitió una gran concentración de paramilitares y los venezolanos denuncian que hay infiltración y que alguna fue con fines de atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro.
–¿Los grupos fueron financiados por las empresas?
–Fueron apoyados por las empresas pero luego tomaron su propia dinámica y lograron una enorme influencia en la política local. Hay acciones de control social pero también de expoliaciones, fundamentalmente de la tierra.
–¿Quiénes las conforman?
–Hay mercenarios de EE UU que han participado. Hay una persona muy especial, James Adkins, que fue jefe de la base de la CIA de los Contras en Honduras y después responsable del departamento de seguridad de la Drummond y en la embajada de EE UU
y terminó como asesor militar en Irak. De estas personas hay varias, veteranos de la guerra de Irak contratados como asesores y técnicos, pero también colombianos.
–¿Qué pruebas tienen que los relacionen con las empresas?
–Hay denuncias y declaraciones orales y por escrito bajo juramento de campesinos, líderes paramilitares y antiguos contratistas de las empresas mineras. Según las denuncias, los paramilitares iban a la empresa, comían allí y recibían financiación a través de los contratistas. El problema es que hubo abogados no relacionados con nosotros que hicieron demandas en juzgados estadounidenses para pedir reparación a las víctimas. Perdieron en primera y segunda instancia en tribunales en Atlanta. Los jueces dicen que no hubo relación directa entre las casas matrices con los paramilitares. Pero sí la hubo de parte de los administradores locales. Es un mecanismo utilizado por otras empresas.
–Una de ellas es la bananera Chiquita Brands, que viene ganando en otros tribunales estadounidenses donde fue demandada por apoyar a paramilitares en Colombia.
–Lo más grave es que están utilizando contrademandas contra los abogados que los están demandando. Están unificando una misma estrategia para acallarnos y que no podamos seguir demandando para implicarnos en causas por conspiración bajo los términos de la Ley Rico (Una ley federal del año 1970 para combatir la extorsión por parte de organizaciones criminales. RICO es la sigla en inglés para «ley contra las organizaciones corruptas y de influencia mafiosa»). Allá es una figura muy grave. Queda latente la amenaza de demandarnos si insistimos en la denuncia. El hecho es que si no lo denunciamos la situación sigue o empeora, no nos podemos callar.
–¿Las multinacionales financian a autoridades políticas?
–Hay un maridaje de las elites locales con las empresas, algunos de los directivos son sobrinos, primos, tíos, hermanos de los políticos locales que manejan los gobiernos departamentales.
–¿Hacen algún tipo de acciones para mostrar otro rostro ante la sociedad?
–Ahorita han tenido que contratar periodistas y relaciones públicas porque el mayor éxito de ellos era invisibilizar la situación. Para que no se supiera nada de lo que pasaba. Lo que hemos hecho fue visibilizar su lado oscuro.
–¿Este tema no forma parte del dialogo de paz en La Habana?
–No. A Cuba llevaron a algunas de las víctimas del conflicto, pero no a las de las multinacionales. Nosotros creemos que estas multinacionales son responsables, les tienen que decir a las víctimas la verdad, los tienen que reparar y les tienen que dar una garantía de no repetición. La exigencia de nosotros es que por lo menos se reúnan con las víctimas. No se puede hablar de acuerdos de paz si hay situaciones como es el caso del departamento del Cesar, con una población de un millón de habitantes donde hay 403 mil víctimas registradas, el 40%. Nosotros creemos que el tema de las victimas tendría que tener más peso en esas conversaciones. Y que hay una responsabilidad social, política, judicial y también de los empresarios en la financiación del conflicto que no se ha tocado mucho. Me llamó la atención que en Argentina se empezó a investigar a los empresarios que se enriquecieron con la dictadura. En el caso de Colombia la guerra fue una forma de acumulación primaria y secundaria y lo sigue siendo. Se habla de cárcel para guerrilleros, para los militares, pero no ha habido un juzgamiento a los empresarios. El Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Santos, Sergio Jaramillo, habla de 13 mil empresarios que se beneficiaron de la guerra. Es un tema latente que va a tener que salir.
–¿Tienen miedo por represalias en relación con el trabajo que están haciendo?
–La sociedad civil quedó muy destruida, fue muy golpeada por asesinatos, desapariciones, hubo muchos delitos sexuales. Y aún queda terror en la población, personas que requieren asistencia social, hay familias muy traumatizadas y les estamos dando asistencia jurídica para su reclamación. Pero el temor es a la criminalización de la protesta social, a que empiecen a juzgar y condenar a los dirigentes sociales y a los que de alguna manera protesten contra esas formas de minería. A eso le tengo más temores que a la muerte.
Tiempo Argentino
Mayo 17 de 2015
por Alberto López Girondo | May 15, 2015 | Sin categoría
Tal vez la culpa de todo la tenga Edward Snowden, el analista de Inteligencia que denunció el espionaje global realizado por la NSA, el organismo de Inteligencia electrónica estadounidense. Porque entre los documentos que reveló el joven de 31 años –que debió exiliarse en Rusia para preservar su salud– figuran los que demuestran que entre los objetivos de la NSA estaba la petrolera de bandera brasileña Petrobras y el correo personal de la presidenta Dilma Rousseff.
El escándalo estalló en setiembre de 2013, semanas antes de la programada gira de Dilma a Washington en la que sería la visita más importante que recibiría ese año el presidente Barack Obama. La respuesta del gobierno brasileño fue contundente y representó un desaire inusual para la Casa Blanca: Dilma suspendió el encuentro que se llevaría a cabo en octubre de ese año y pidió explicaciones sobre el incidente. Obama tragó saliva y esbozó tímidas disculpas diplomáticas. Faltaba menos de un año para el Mundial de Fútbol y todavía Brasil refulgía en el firmamento de las potencias como una joya inmaculada, y tras dos exitosas gestiones, Lula da Silva había podido colocar a su sucesora en representación del PT, el partido que había fundado en los ’80. En agosto, Snowden había pedido asilo en Rusia ya que en su nación le espera una biblioteca de cargos judiciales, el más grave de los cuales es por traición a la patria, lo que implicaría la pena de muerte.
Poco tiempo después, «casualmente», se extendieron por todo el país una cadena de manifestaciones contra los gastos en la Copa del Mundo que sorprendieron a propios y ajenos. Faltaban pocos meses para que comenzara a rodar la bola en los estadios construidos a todo vapor y fue un momento difícil de manejar para el oficialismo. Tras el fracaso de la verde-amarelha se iniciaba una dura campaña electoral para renovar mandato. El PT logró ganar en segunda vuelta, aunque con un margen mucho más estrecho que en otras ocasiones. También resultó reducida la cosecha de legisladores, un dato que no sorprendió porque siempre para gobernar el PT necesitó de aliados como el PMDB, el partido heredero de la formación centroderechista tolerada por la dictadura militar. Pero ya las nubes del vendaval de denuncias por corrupción en Petrobras habían mostrado toda su virulencia.
Cómo fue que la petrolera –que había crecido hasta ser la cuarta empresa del mundo en su rubro y la décima entre las multinacionales en 2013, tras el descubrimiento de los inmensos yacimientos submarinos del Pre Sal– cayó al puesto 416 que hoy ostenta puede ser la crónica de un «carpetazo” monumental o el reflejo de una puja sin cuartel por los recursos fundamentales del país.
Es que tras una dura pelea en el congreso el gobierno había logrado –hace justo dos años– destinar el 75% de las regalías petroleras a planes de educación y el 25 restante a salud en todo el país. Un logro que dejaba fondos fijos para sustentar un proyecto político de envergadura destinado a cambiar para siempre el rostro del Brasil sumergido. En el último balance, la firma computó pérdidas por 8800 millones de dólares en 2014, y poco más de 2000 mil millones bajo el rótulo de quebrantos debidos a la corrupción durante ocho años.
El avance de las investigaciones judiciales, azuzadas por oportunas publicaciones en los medios más influyentes del establishment, tiene a Dilma en jaque desde que asumió su segundo mandato. Se trata de un caso que, como lo presentan los periódicos, apesta por donde se lo mire porque involucra a dirigentes políticos de todos los sectores e incluso salpica al ex presidente Lula da Silva y a la propia Dilma Rousseff. Pero apesta también porque las pruebas reales y concretas para condenar a los imputados no abundan. Gran parte de la acusación se basa en los dichos incriminatorios de un cambista, Alberto Youssef, implicado en el caso que con tal de morigerar su condena por blanqueo de dinero «prendió el ventilador» contra un puñado de ex socios, grandes empresarios y funcionarios de la empresa y del gobierno. De allí la indignación de Lula este martes. «Es inaceptable que una gran democracia como la de Brasil, con 200 millones de habitantes y una de las mayores economías del mundo, se haya transformado en rehén de un criminal notorio y reincidente», publicó el metalúrgico en su página de Facebook.
Como para no protestar, por menos que eso ya había sido condenado en 2012 José Dirceu, quien fuera su jefe de Gabinete y arquitecto de las alianzas que lo llevaron al poder. El fallo del Supremo Tribunal Federal lo sentenció a algo más de siete años de prisión inculpado de haber organizado un esquema para financiar el apoyo de partidos amigos y no tanto para la aprobación de las leyes que necesitó el PT. Lo sustancioso es que fue sentenciado a pesar de que, como reconocieron los jueces máximos, no había evidencias documentadas del ilícito, sólo declaraciones y sospechas que, para los magistrados de la mayoría que firmó el fallo, sonaron creíbles.
Ahora, al menos, hay un balance de Petrobras que le pone cifras al desfalco y además Pedro Barusco, ex gerente de Sete Brasil, una empresa ligada a Petrobras, devolvió unos 57 millones de dólares que, dijo, eran desvíos de fondos, depositados en Suiza. Una bolsa demasiado importante como para que ingresara a las arcas públicas por simple generosidad o una maniobra política.
La situación con Petrobras (el petrolão) tiene similitudes con el llamado «mensalão», el que llevó a la celda a Dirceu. La denuncia es por haber financiado en forma irregular a partidos o dirigentes para aceitar la aprobación de leyes que el gobierno necesitaba para avanzar en su proyecto político. Una trampa, en todo caso, en la que se habría embretado el oficialismo en su afán de cambiar las cosas en el marco de normativas pergeñadas por la derecha para que precisamente nada pueda cambiar.
Ahora en el Congreso aparecieron voces teñidas de virtud que despotrican por el escándalo Petrobras. Pero las denuncias implican a las caras visibles del PT como del PMDB y hasta de partidos menores. Que la gestión de Dilma iba a estar teñida con este perfil se avizoraba desde que remplazó a Lula. En sus primeros dos años en el Planalto, Rousseff desplazó a siete ministros denunciados por distintos casos de irregularidades. La mayoría no eran del PT. Pero no alcanzó con ese gesto firme, o quizás fue visto como señal de debilidad. Lo interesante es que como forma de paliar este momento aciago, la presidenta intentó cambiar la Ley Electoral, cosa de transparentar la voluntad popular. Y para salir del atolladero económico, envió a las cámaras leyes de ajuste y la propuesta para un nuevo juez en la corte. Ninguna de ellas le fue aprobada aún. Curiosa parálisis en momentos en que a nadie se le ocurriría apurar medidas con el recurso de un sobre.
En Chile, el gobierno de Michelle Bachelet también enfrenta una arremetida por denuncias de corrupción y tuvo que cambiar su Gabinete para recuperar aire político. El personaje más notorio es su hijo y la esposa del vástago, imputados por tráfico de influencia en créditos para la compra-venta de terrenos. Pero los escándalos trasandinos envuelven a dirigentes de todos los partidos, oficialistas y opositores, con empresas que financiaron las carreras políticas de varios.
El caso que afecta a la presidencia repercutió en un juzgado donde una empresa querelló a su nuera por estafa. Las ganancias logradas con información privilegiada sobre modificaciones en la urbanización de la zona fueron fenomenales… Ayer la firma compradora de los terrenos en cuestión recibió la devolución del dinero invertido de manos Natalia Compagnon –la esposa de Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet– y asunto arreglado. Claro que el escándalo dejó mal parada a la mandataria, que había logrado reformar leyes fundamentales para el avance de la democracia en Chile. Entre ellas la ley electoral, la tributaria y la de educación venidas del pinochetismo.
El costo de ir por más democracia es alto y los carpetazos están a la orden del día, como bien mostró Snowden. Por eso es necesario caminar con pies de plomo.
Tiempo Argentino
Mayo 15 de 2015
Ilustró Sócrates
por Alberto López Girondo | May 5, 2015 | Sin categoría
Si algo dejó la VI Cumbre de las Américas de Panamá fue la comprobación de que Estados Unidos ya no puede imponer su voluntad sobre el resto de los países del continente como solía hacerlo hasta hace 10 años. Lo supo Barack Obama, quien en su último encuentro como mandatario estadounidense debió aceptar no solo que Cuba existe, sino que debía hacerse cargo del reclamo de los gobiernos latinoamericanos para una nueva relación con los vecinos a los que despectivamente su secretario de Estado, John Kerry, todavía llama «patio trasero».
Como una parábola perfecta para el inquilino de la Casa Blanca, en su primera participación en este encuentro de presidentes, en 2009, recibió de Hugo Chávez un ejemplar de Las venas abiertas de América Latina, libro clave de Eduardo Galeano para entender el despojo que durante siglos padecieron los pueblos al sur del Río Bravo. En Panamá, varios de sus colegas le recordaron en diferentes tonos y sin mencionarlo explícitamente que América Latina había cambiado. Como para que la muerte de Galeano, unos días más tarde, sonara a cierre de una etapa que ya parece irreversible para la región.
Esta serie de rondas de jefes de Estado americanos, que comenzó en Miami en 1994 para poner en marcha el proyecto neoliberal expresado en el Consenso de Washington, viró 180 grados en Mar del Plata en 2005. Allí, al enterrar el Área de Comercio de las Américas (ALCA), frente al propio George W. Bush, la integración latinoamericana comenzó a andar.
Hay varios acontecimientos que no se pueden entender sin ese paso inicial. En principio, sería justo preguntarse hasta qué punto la crisis que se desató primero en Estados Unidos y que luego se extendió a Europa no tuvo su origen en la clausura de ese proyecto pensado para beneficio de la economía estadounidense en detrimento de los pueblos latinoamericanos.
Es más evidente, en cambio, que la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) hace 8 años, y luego la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es la consecuencia más directa e irrefutable de este avance. En ambos casos, las organizaciones cumplieron un rol destacado en defensa de la democracia y del estrechamiento de lazos entre los pueblos sin la participación de los países sajones, Estados Unidos y Canadá. Un hecho del que tomaron en cuenta los estrategas de Washington para decidir que Obama diera un paso que los 10 presidentes que lo antecedieron no se atrevieron a dar: sentarse a conversar con el gobierno de la Revolución Cubana para intentar restablecer relaciones diplomáticas.
Esta nueva era convirtió la OEA, el organismo del que había sido expulsada Cuba en 1962, en una cáscara vacía. Lo mismo que las cumbres presidenciales. ¿Qué sentido tiene un encuentro de jefes de Estado de países que poco y nada tienen en común, salvo que comparten la región con la principal potencia económica y militar del planeta?
El sentido se lo dieron en Panamá los líderes regionales que le pusieron al presidente estadounidense «los puntos sobre las íes», como se dice popularmente. Fueron categóricos especialmente Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales. Obama se ausentó en dos ocasiones, una cuando Nicolás Maduro le reclamaba por haber calificado a Venezuela como una «amenaza a la seguridad de Estados Unidos». La otra cuando habló Cristina Fernández, que hizo una encendida defensa de la dignidad cubana para soportar el embate norteamericano durante más de 60 años pero que también habló de Malvinas, otra causa latinoamericana contra un aliado de Washington.
A los pocos días, Obama envió al Congreso la recomendación de retirar a Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. Y prometió hacer lo necesario para levantar el embargo. No las tiene fácil el presidente de los
Estados Unidos con un Legislativo opositor en el último tramo de su gestión. Sobre todo porque la voz cantante entre los republicanos la tienen representantes extremos del Tea Party, como Marco Rubio y Ted Cruz –precandidatos a suceder a Obama en 2017– e Ileana Ros Lehtinen, de origen cubano.
Se entiende entonces el pedido de Raúl Castro de creer en las buenas intenciones de Obama.
Revista Acción
Mayo 1 de 2015
por Alberto López Girondo | May 2, 2015 | Sin categoría
El futuro de las relaciones exteriores argentinas en el contexto del proceso electoral que se avecina fue el disparador para una charla que bajo el título convocante de «Más integración regional o cambio de rumbo», organizó Tiempo en la Feria del Libro. Al encuentro en la Sala Juan Rulfo asistieron los especialistas en política internacional Ricardo Aronskind, Carlos Escudé y Khatchik DerGhougassian.
Abrió el debate Aronskind, economista y magister en Relaciones Internacionales. La pregunta inquietante de la que partió fue clara y contundente: «¿Por qué no hay más integración y por qué existe una probabilidad de cambio de rumbo?» Su análisis no fue menos perturbador. El primer lugar, dijo, las elites regionales no tienen interés en la integración. «Los partidos de centro o de derecha están en contra o plantean alternativas como la Alianza del Pacífico, que son un amontonamiento de países ligados a la economía estadounidense».
Luego, el también docente en la UNGS, UBA, UNSAM y Flacso anotó una lista de déficit en el proceso de unidad regional. Entre ellos señaló a lo que llamó «alma dividida de Brasil», que por un lado parece intentar sumarse al resto de los vecinos mientras que por el otro apuesta a «aliarse al elenco estable de potencias intermedias internacionales» entre las que están las que conforman el grupo BRICS. Que a principios de 2014 Brasil no haya mostrado la mínima intención de querer ayudar en la crisis de reservas que padecía la Argentina para el experto es toda una señal.
Economista al fin, Aronskind fue muy crítico de la posición argentina en relación a los socios menores del Mercosur, y especialmente Uruguay. “La política proteccionista en ese sentido es un error. Si un empresario local tiene que protegerse de Uruguay debe cerrar las puertas. La integración es superior a ese empresario”, sostuvo.
Otra cuestión pasa por esa suerte de comodidad ideológica de pensar que tras el No al ALCA en noviembre de 2005 el proceso de integración era indetenible. Es que Estados Unidos no iba a descansar en esa derrota parcial, como lo demuestra la historia reciente.
Escudé, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Yale con más de 20 publicaciones y docente invitado en Harvard y Madrid en los ’90, disparó, por oposición, que en realidad América Latina «es la región más integrada del planeta». Y que precisamente por serlo, es que resaltan ese tipo de dificultades. Como prueba, Escudé señala que «entre Tijuana y Ushuaia hay 10 mil kilómetros a lo largo de los cuales se habla el mismo idioma”. Es como si entre Lisboa y Shanghai se hablara un mismo lenguaje, resaltó.
Esa es la razón para el que fuera asesor del canciller Guido Di Tella en el gobierno de Carlos Menem y teórico del realismo periférico que explica que especialmente el cono sur sea la región más pacífica del mundo. «Entre Argentina y Chile nunca hubo una guerra en 200 años de historia y con Brasil solo hubo una de baja intensidad entre 1825 y 1828». Eso, destacó, fue décadas antes de la unificación tanto de Alemania como de Italia. Y recordó que tras ese proceso político europeo, franceses y alemanes protagonizaron tres guerras, dos de las cuales «fueron las más holocáusticas (sic) en la historia de la humanidad».
Escudé agregó que este proceso integrador latinoamericano, que mira en cierto modo como modelo al europeo, está hecho en base a una iniciativa regional, mientras que Alemania y Francia fueron forzadas a la unidad por Estados Unidos, que no estaba dispuesto a tolerar nuevas carreras armamentistas y conflictos bélicos en el viejo continente. «La integración europea fue fruto del miedo», concluyó.
Cerró el encuentro Khatchik DerGhougassian, doctor en Estudios Internacionales de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida. El docente en las universidades de San Andrés y Lanús acotó que en Latinoamérica hay una suerte de costumbre de «multiplicar las siglas y las cumbres» que al principio generan mucho entusiasmo pero “terminan en una oficina y no se habla más”.
En tal sentido rememoró lo que fue el continente desde la crisis de 2001. «El giro a la izquierda indicó que algo pasaba en América Latina», y la creación de la Unasur elevó esperanza de que se podría «institucionalizar una iniciativa estratégica». Luego el No al Alca fue el principal capital político para la construcción de grandes proyectos de infraestructura, como gasoductos y hasta un Banco del Sur. Pero esos proyectos están bastante estancados en general, más aún en un momento en que al crecimiento económico es bastante menor en líneas generales.
DerGhougassian destacó que aún no se sabe qué ocurrirá tras la nueva amistad entre el presidente Barack Obama y el gobierno de Cuba, un país que siempre fogoneó la unidad continental. Pero llamó a considerar dos cuestiones que sobrevolaron todo el debate: si es por hablar un lenguaje común, el llamado mundo árabe podría ser un buen ejemplo de integración y eso dista mucho de ser cierto. Y Rusia, desde el zarismo y puntualmente durante la Unión Soviética, integró con infraestructura a naciones disímiles bajo una misma identidad. Ambos resultados, sintetizó, marcan la dificultad de la empresa que buscan los sectores más progresistas de la región.
Tiempo Argentino
Mayo 2 de 2015
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