por Alberto López Girondo | Oct 28, 2015 | Sin categoría
Fue Manuel Vázquez Montalbán, el notable periodista y escritor catalán que creó la saga del detective Pepe Carvalho, quien acuñó la frase. La usó como título de un artículo que publicó en 1978 para la revista La Calle y lo repitió para el diario El País, dos jóvenes apariciones surgidas del renacimiento de la democracia en España tras la muerte del dictador Francisco Franco. El concepto ilustra ese momento de fastidio y desilusión que se vislumbraba al percibir que la cohesión que había dado lugar la lucha contra la tiranía entre los sectores progresistas y de izquierda de la sociedad se iba diluyendo ante la certeza de lo cotidiano. Esa unidad tangible por donde se iba colando el descontento al descubrir que las promesas no se parecen a las realidades, que lo concreto se da de bruces con lo ideal. La misma imagen la utilizó 18 años después en la novela El Premio, cuando un personaje, Alma Pondal, le dice, amargamente, a Marga Segurola: «Oye, que contra Franco estábamos mejor».
El planteo de Vázquez Montalbán era que en tiempos de la dictadura «había una claridad de objetivos y una totalidad de expectativas que compensaban los disgustos inherentes a la lucha contra un régimen fascista».
En aquel verano del 78 en que reflexionaba el autor de Yo asesiné a Kennedy y Asesinato en el Comité Central, entre otras joyas, nació el nuevo régimen constitucional que ahora mismo languidece hacia su desaparición en su Cataluña natal. Sin pretender comparar los momentos históricos, sería oportuno hacer un giro a la frase aplicable a la Argentina de estos días. Una Argentina atravesada por el resultado de la elección del domingo pasado, y en la que desde muchos sectores surgen críticas, cuestionamientos, revelaciones y desazones de todo calibre. Sobre todo de entre quienes desde la izquierda o el progresismo dudan entre el voto en blanco o la inasistencia electoral. Incluso entre quienes se sienten desgarrados o desilusionados ¿Contra quién estaremos mejor los argentinos? Lo que lleva a otra cuestión: ¿A quién se le podrá reclamar qué cosa en este futuro tan cercano?
¿Estaremos en mejores condiciones de defender conquistas y exigir derechos contra Mauricio Macri o contra Daniel Scioli? Quizás esa sea la clave para el 22-N. Entender claramente qué se gana y qué se pierde, y que para comer durazno hay que bancarse la pelusa.
por Alberto López Girondo | Oct 23, 2015 | Sin categoría
La campaña presidencial está al rojo vivo. Es que luego de ocho años se avizora un «cambio de ciclo», como marca el rito en un país que se jacta de respetar la alternancia en el poder. Y eso que las elecciones –en Estados Unidos, claro- serán dentro de un año. Pero entre los republicanos no se percibe a esta altura un líder capaz de canalizar las expectativas y el único que parece despertar cierta ilusión entre los sectores conservadores, el empresario Donald Trump, es lo suficientemente polémico como para resultar un «piantavotos» en potencia. El heredero natural sería Jeb Bush, el tercero de la dinastía Bush en aspirar a la Casa Blanca, pero por ahora su candidatura se muestra deslucida.
Por el lado de los demócratas, que con Barack Obama habían logrado «correr el arco» algunos centímetros con el primer afrodescendiente en llegar a la presidencia, el anuncio de que el actual vicepresidente Joe Biden no se presentará a pelear un espacio calmó las aguas de la ex secretaria de Estado y ex primera dama, Hillary Clinton. Y tranquilizó también a los estrategas partidarios, que temen por su propio «fantasma», el senador por Vermont, Bernie Sander, demasiado a la izquierda de lo que la media estadounidense estaría dispuesta a aceptar. Así como en 2008 resultó mejor opción Obama, ahora la oferta pasaría por dar lugar a la primera mujer que podría sentarse en el sillón de Washington.
Como las fichas ya están jugadas, era previsible que los medios conservadores, que son los que más audiencia cosechan en aquellos distritos, comenzaran desde temprano una tarea de zapa para destruir la imagen de la esposa del ex presidente Bill Clinton. Por eso ni bien se difundió que la ex canciller estadounidense había usado su correo electrónico personal para mantener comunicación oficial, todos los cañones apuntaron contra ella, que había dejado el gobierno en febrero de 2013.
Tanto fue el escándalo generado por la oposición y los medios que finalmente en septiembre el departamento de Defensa aceptó –no le quedaba otra- un fallo de la Corte que reclamó la publicación de unas 55 mil páginas con los correos de la ahora aspirante presidencial. Hubo una parte considerada como de máxima seguridad que quedó en secreto, el resto ya son de dominio público.
Pero la ofensiva republicana no terminaba en cuestionar la supuesta fragilidad de Hillary Rondham Clinton para custodiar la seguridad de la Nación. Y así fue que iniciaron una embestida para que se presentara a dar explicaciones por el atentado al consulado en Bengazi de septiembre de 2012 que costó la vida del embajador estadounidense en Libia, Chris Stevens, y otros tres diplomáticos. La iniciativa buscaba respuestas no solo por la falta de previsión sino sobre la información que se dio entonces, ya que en el primer momento el gobierno de Obama había rechazado la hipótesis de que se trataba de un golpe terrorista y señaló a un exceso durante una marcha política.
Poco importa para este análisis abundar en la respuesta de Hillary, que se presentó ayer ante una comisión creada ad hoc en el Capitolio. Allí asumió su responsabilidad por el hecho, dijo que se hizo lo mejor posible para reforzar la seguridad y recordó que «no existe riesgo cero» para los funcionarios de EE UU en el exterior. Lo interesante es que los demócratas denunciaron una operación republicana que solo busca enlodar la carrera de Clinton hacia la Casa Blanca sin el menor fundamento. Así fue que el representante por California Adam Schiff protestó porque el comité, creado hace 17 meses, ya gastó 4,7 millones de dólares de los contribuyentes sin haber llegado a conclusión alguna. En tal sentido, la agencia dpa recordaba que otro congresista por California, el republicano Kevin McCarthy, había reconocido que la comisión se había creado para «bajar a Clinton en las encuestas». Algo que su colega Trey Gowdy, titular del comité, negó rotundamente. Como corresponde, por otro lado.
Donde la publicación de los controvertidos mails dejó mucha tela para cortar fue del otro lado del Atlántico. El domingo pasado, el conservador Mail on Sunday (Correo del domingo, casualmente) publicó algunos correos de Hillary Clinton donde aparecen pruebas irrefutables del «pacto de sangre» que había hecho el primer ministro Tony Blair en 2002 con el presidente George W. Bush para terminar con el líder iraquí Saddam Hussein y ocupar Irak con una alianza anglosajona. El material consiste en una serie de memorandos donde se revelan comunicaciones entre el que fuera secretario de Estado, Colin Powell, con su jefe donde le cuenta la disposición del premier laborista para emprender un ataque combinado contra quien consideraba «una amenaza real» para la seguridad mundial. El pacto se realizó, según los memos, al cabo de una reunión entre el británico y el estadounidense en el rancho de los Bush en Crawford en Texas.
A esta altura semejante revelación puede parecer extemporánea. Pero en Gran Bretaña repercutió de un modo significativo. Es que Blair siempre había negado ese macabro acuerdo realizado un año antes de la invasión, de la que todavía se están pagando las consecuencias a nivel regional y hacia dentro de la sociedad. Más aún, el líder laborista se pasó todo 2002 y el principio de 2003 asegurando que la salida a la crisis creada contra el gobierno de Hussein era política y que no tenía entre sus planes hacer entrar en guerra a los británicos.
Las sucesivas negativas de Blair se sumaron a desaguisados durante su gobierno y el de su sucesor, Gordon Brown, para la pérdida de liderazgo de su partido frente al electorado durante el último lustro. De hecho, el laborismo eligió hace una semanas para liderarlo a un personaje bastante más inclinado a la izquierda como Jeremy Corbyn, un notorio opositor a la intervención armada en Irak –si llega al 10 de Downing Street prometió pedir perdón por la incursión armada- y que se declara cercano a los gobiernos progresistas latinoamericanos, todo un dato por esos lares. Este martes, otro súbdito británico como el recién electo primer ministro canadiense Justin Trudeau, ni bien ganó la elección dijo que iba a iniciar en camino del regreso para las tropas de su nación de Irak.
Pero hay más: ante las protestas reiteradas contra Blair en la sociedad y sobre todo de familiares de soldados caídos en combate desde hace 12 años, las autoridades tuvieron que salir a enfrentar los reclamos. Se sabe que cuando un gobierno quiere que algo NO se descubra, lo más conveniente es crear una comisión, y eso fue lo que hizo el primer ministro Brown en 2009. El grupo que se dedica a investigar este caso quedó a cargo de sir John Chilcot, un respetado ex funcionario público no partidista.
Poco fue lo que se avanzó en este tiempo al punto que hace unos meses el actual primer ministro, el conservador David Cameron, dijo que estaba perdiendo la paciencia y urgió a que Chilcot diera un informe sobre la situación. La Comisión Chilcot lleva gastados 10 millones de libras (casi 15 millones y medio de dólares) y todavía no acusó a nadie. Chilcot se demora y dice que el caso es complicado por todos los intereses involucrados. En tanto, los familiares de víctimas del conflicto exigen contar con el informe final antes de fin de año, caso contrario prometen llevar el caso al Tribunal Superior de Londres.
Hillary Clinton fue la autora de un proyecto de reforma sanitaria que no pudo poner en marcha durante la gestión de su esposo (1993-2001) y que, con enmiendas y disminuciones forzadas por los republicanos, pudo concretar Obama, en uno de los pocos y endebles triunfos de su mandato. No se puede decir que Clinton sea más progresista que el actual presidente ni que represente una amenaza para el establishment. De hecho, en política exterior, su sucesor John Kerry, fue el que tuvo a su cargo la reanudación de relaciones con Cuba y el acuerdo nuclear con Irán. Sus mails tal vez tengan más información sensible que a esta altura no haga más que confirmar lo que ya se sabía. Aún así, a Hillary ya le mostraron que el camino al Salón Oval, donde alguna vez Bill tuvo un desliz con una becaria, está sembrado de cascotazos.
Tiempo Argentino Octubre 23 de 2015
Ilustró Sócrates
por Alberto López Girondo | Oct 19, 2015 | Sin categoría
A fines de setiembre pasado, el gobierno logró aprobar un proyecto de ley que busca proteger la tenencia de las acciones de empresas privadas en poder del Estado al impedir que se puedan enajenar esos bienes sin los votos de una mayoría calificada de dos tercios de cada cámara legislativa. La normativa crea además la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE).
El Estado nacional se quedó con un importante paquete accionario de firmas particulares que estaba en poder de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) cuando estatizó el sistema previsional, en octubre de 2008. Era una cartera que las AFJP habían adquirido en el marco de una ley dictada por el menemismo, y se trataba de inversiones previstas en ese modelo para la capitalización de empresas con los aportes de los trabajadores.
Más allá de reiteradas denuncias sobre el valor excesivo al que muchas de esas acciones fueron adquiridas y sobre la ventaja de las inversiones realizadas, la nueva legislación dejó en manos del llamado Fondo de Garantías una cartera con 9% de acciones de Aluar, 20% de Molinos, 27% de la productora de limones San Miguel, 11% de Petrobras, 26% de Siderar, 20% de Banco Galicia, 64% del Banco Hipotecario, 25% de Nordelta y 9% de Clarín, entre otras.
En total son 46 empresas y en 27 de ellas el Estado tiene directores. Es un paquete que refuerza los recursos que los trabajadores depositan en la Anses para su futuro y que al mismo tiempo le sirve al Estado para tener una voz dentro del directorio de algunas de las firmas más importantes del país.
Para el gobierno de Cristina Fernández, la ley es un anticuerpo contra las privatizaciones y, a la vez, un símbolo de su gestión contraria al neoliberalismo. Para la oposición es la pretensión de digitar la política del futuro gobierno e impedirle que, en caso de necesidad, busque fondos frescos. Esa fue la misma argumentación que en los 90 se usó para liquidar el patrimonio de los argentinos.
Revista Acción Octubre 15 de 2015
por Alberto López Girondo | Oct 19, 2015 | Sin categoría
La detención del comisario inspector santafesino Gustavo Pereyra es apenas la punta de un iceberg de incalculable profundidad que atraviesa a la sociedad en todos sus estamentos. Eso es, ni más ni menos, el problema de las vinculaciones entre las bandas del narcotráfico y las instituciones estatales. Un tema que se terminó metiendo en la agenda de la campaña electoral pero que desde hace tiempo golpea profundamente en organismos de seguridad y políticos de todos los sectores. Porque la situación en la Policía de la provincia de Santa Fe no es nueva y, además, es un espejo de situaciones similares en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, como para sospechar que nadie está exento de resultar salpicado por ese oscuro paradigma que no solo impacta en la Argentina sino que es un tema candente en otros países de la región, aunque lejos en la comparación con la situación local, como México y Colombia.
Para corroborar esta aseveración, esos mismos días se comenzaba a sustanciar el juicio político contra Julio Novo, fiscal general del distrito de San Isidro, acusado de encubrir a una banda de narcotraficantes, la misma causa por la que fue desplazada la procuradora general de Buenos Aires, María del Carmen Falbo. El caso data de 2009 e involucra a agentes policiales y funcionarios judiciales y desliza sospechas sobre dirigentes políticos comunales bonaerenses.
En Córdoba, mientras tanto, el Tribunal Oral Federal Nº 2 rechazó a fines de setiembre un nuevo pedido de excarcelación presentado por el ex jefe de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía cordobesa, Rafael Sosa, a la espera del juicio oral y público por el denominado «narcoescándalo». El proceso se inició en 2013 cuando en un programa de TV de Canal 10 un informante de la Policía denunció a la jefatura de esa dependencia por complicidad con bandas de narcotraficantes. El gobernador José Manuel de la Sota, peronista disidente, tuvo que cambiar entonces la cúpula policial. Lo mismo se vio obligado a hacer un año antes el mandatario santafesino, Antonio Bonfatti, del Partido Socialista. Y en un paralelo notable prosigue el juicio contra el exjefe de la Policía provincial, Hugo Tognoli, quien en octubre de 2012 había saltado a la fama cuando resultó acusado de haber encubierto a narcotraficantes, de amenazas y de haberse enriquecido con este tipo de complicidades con quienes debería haber combatido. Junto con Tognoli están sentados en el banquillo dos exfuncionarios de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones y el ex subjefe de Inteligencia de la policía provincial, José Luis Bella.
En el caso del también santafesino Pereyra, conocido como Gula, de 54 años, fue procesado por la jueza Alejandra Rodenas, quien le trabó embargo por 100.000 pesos. La acusación es por haber integrado una banda que se dedicaba a cometer homicidios, extorsión y amenazas de la que formaban parte otros miembros de la fuerza junto con una familia vinculada con el delito conocida en Rosario como «Los Monos». La Justicia lo acusa de poner a disposición de la banda «información reservada y secreta» que les permitía mantenerse fuera de la órbita de la ley y escapar a tiempo de procedimientos que el comisario no podía evitar sin verse involucrado. Es decir, acciones realizadas en el marco de las funciones para las que la sociedad le pagaba su sueldo.
Acusación por televisión
Un hecho que conmovió a la sociedad en 2008 fue el llamado triple crimen de General Rodríguez. El 16 de agosto de ese año un lugareño encontró tres cadáveres en un zanjón a un costado de la ruta 6, en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Los cuerpos de Sebastián Forza, de 34 años; Damián Ferrón, de 37; y Leopoldo Bina, de 35, habían sido acribillados con saña y una verdadera muestra de violencia típica de los homicidios mafiosos. Se supo que estaban vinculados con el tráfico de efedrina, un principio activo de origen vegetal para medicamentos vasodilatadores pero al mismo tiempo precursor de anfetaminas.
La trama sobre esas muertes permanece entre las sombras, aunque fueron condenados Víctor y Marcelo Schillaci como partícipes necesarios y los hermanos Christian y Martín Lanatta como autores materiales de los asesinatos. En tanto permanece prófugo Esteban Pérez Corradi, considerado uno de los mayores proveedores de efedrina a los carteles mexicanos. El caso volvió a la escena de un modo impactante una semana antes de las PASO cuando el periodista Jorge Lanata consiguió entrevistar a su casi tocayo Martín Lanatta en la prisión y a otro de los implicados, José Luis Salerno, exsocio de Ferrón, una de las víctimas. Ambos aseguraron que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sería el autor intelectual de los homicidios. Unos días más tarde, Salerno se desdijo en sede judicial, mientras que tanto familiares como el abogado de Lanatta aseguraron que en ningún tramo del juicio en su contra había dicho algo en ese sentido. Pero la sospecha quedó instalada, sobre todo desde que el que fue secretario de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) entre 2004 y 2011, Ramón Granero, terminó procesado y a punto de ir a juicio oral en una causa por tráfico de efedrina iniciada en el despacho de la jueza María Servini de Cubría.
Otro caso oscuro es el del doble homicidio de dos ciudadanos colombianos en la playa de estacionamiento del shopping Unicenter, del partido bonaerense de San Isidro, ocurrido en julio de 2008. Hubo una denuncia del exdiputado provincial Marcelo Saín, que se sumó a otra del entonces fiscal de San Isidro, Luis Angelini. Ambos consideraron que el fiscal Julio Novo y dos de sus subordinados no hicieron sino obstaculizar las investigaciones para determinar quiénes habían sido los responsables de la matanza registrada en un lugar muy concurrido y en el estilo de las ejecuciones que se ven en las películas de narcos colombianas.
Angelini sospechaba que las maniobras de Novo tenían como objetivo encubrir las vinculaciones entre los asesinatos de los colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un exjefe de la Fuerza Aérea argentina, condenados y presos en España luego de que les encontraran una tonelada de cocaína en su avión. Angelini fue más lejos y afirmó que «existe una inmensa actividad institucional estatal claramente dirigida a encubrir graves delitos de acción pública que ocultan, a su vez, una enorme trama de narcotráfico nacional y supranacional» y apuntó directamente contra «una multiplicidad de agentes de competencia decisiva que integran el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires». La jueza que investigó esta denuncia es Sandra Arroyo Salgado, exesposa y querellante a nombre de sus hijas en la investigación por la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman.
Miradas contrapuestas
En este clima de denuncias y sospechas contra fuerzas policiales y funcionarios de algunos de los organismos estatales, en el marco de las repetidas «guerras» de narcos en distintos distritos del país, el tema se coló en la campaña electoral y no solo por la denuncia contra Fernández. Es así que Sergio Massa, el candidato del frente UNA, aliado con el cordobés De la Sota, mostró el perfil más duro en la lucha que proponía contra la droga, mientras que Mauricio Macri, de Cambiemos, se sumaba a la propuesta de combate de ese flagelo, pero no llegó a proponer, como el exintendente tigrense, usar a las Fuerzas Armadas para enfrentar a las bandas de narcotraficantes. Fernández, candidato a la gobernación bonaerense, defendía, en tanto, otro perfil y reclamaba no penalizar el consumo sino poner el eje en tratar los casos de adicciones como una enfermedad, un aspecto que desde la otra vereda parecía no ser tan tenido en cuenta. La posición extrema de Massa de llevar tropas militares a las villas y clausurar las fronteras despertó críticas desde lo legal –la legislación vigente impide que las fuerzas de defensa puedan intervenir en acciones interiores, que deben estar a cargo de fuerzas de seguridad como la Policía y la Gendarmería–, pero también reflotó los antecedentes de otros países, donde ese recurso no hizo sino agravar la situación. Sobre todo por el poder corruptor que muestra el dinero que produce el negocio de las drogas.
El propio Saín, director de la flamante Escuela Nacional de Inteligencia, salió al cruce de esas propuestas. Señaló que el candidato responde a directivas de la embajada estadounidense, el país que promueve desde hace por lo menos cuatro décadas la guerra al narcotráfico. Así, en un reportaje publicado por Tiempo Argentino, reconoció que no hay una gran ciudad donde no haya una red criminal dedicada al tráfico y la distribución de algún tipo de droga «con la particularidad de que (las redes) son regenteadas por el propio Estado, porque son reguladas policialmente».
El exjuez y exministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, recordó a su vez que una semanas atrás un grupo de académicos, dirigentes sociales y políticos y organizaciones no gubernamentales presentaron un Documento de convergencia en que destacan que «las drogas son un síntoma de algo mucho más hondo y su eventual superación requiere afrontar dilemas y retos estructurales que lo nutren y multiplican». Y agregan que «la intervención de las Fuerzas Armadas agravaría las consecuencias, en términos de violencia y abusos (…) que se observan en otros países de América Latina».
Guerra perdida
En 2013 la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que integran los expresidentes César Gaviria, de Colombia; Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, y Ernesto Zedillo, de México, entre otros, llegó a la conclusión de que es necesario buscar otras soluciones para el problema de la droga y el narcotráfico porque «la guerra contra las drogas» fue una «guerra perdida» que acarreó costos incalculables.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto reconoció este hecho cuando aseveró que «los escasos resultados obtenidos en décadas obligan a un cambio de paradigma». El mandatario, del PRI, sucedió en el cargo a Felipe Calderón, del PAN, que al llegar al Palacio de los Pinos, en 2006, había desatado una guerra sin cuartel recurriendo al Ejército. El resultado no puede ser más aleccionador: en ese lapso la tasa de homicidios aumentó un 300%, se registraron unos 60.000 muertos y más de 26.000 desaparecidos. El caso de los estudiantes de Ayoztinapa, hace un año, es el más dramático: los chicos quedaron en medio de una disputa entre bandas narcotraficantes del estado de Guerrero y en su desaparición están implicados policías, militares y hasta el alcalde de la localidad de Iguala, José Luis Abarca, del PRD, el partido de la izquierda que había formado Cuauhtémoc Cárdenas y del que luego se abrió, antes de que esta trama siniestra saliera a la luz.
Revista Acción Octubre 15 de 2015
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