por Alberto López Girondo | Jun 5, 2016 | Sin categoría
El último tramo del proceso de destitución de Dilma Rousseff no estará exento de las turbulencias que arrastró el segundo mandato de la presidenta brasileña. La debilidad de Michel Temer, su infiel compañero de fórmula, es tan patente que las soluciones desesperadas que está proponiendo lo dicen todo. Por un lado, la revelación de grabaciones a dirigentes de su partido y a por lo menos dos ministros, que debieron renunciar tras dos semanas de gestión, pusieron sobre el tapete que el objetivo final del derrocamiento de Rousseff era más cortar de cuajo con la causa por corrupción en Petrobras, en el que todos están inmersos, que cuestionar la ética de la representante del PT.
Eso determina el apuro por concluir lo antes posible el procedimiento que la aleje definitivamente del poder, ya que cada día que pasa el escándalo enchastra cada vez más a Temer y sus secuaces. Por eso Renan Calheiros -uno de los implicados en las «bandas de sonido» que el ex directivo de la petrolera Sergio Machado grabó con anuencia de la fiscalía- se niega a acelerar el trámite: no quiere quedar más expuesto aún. Los senadores que se necesita para echar a Dilma están demasiado justos y con un par que cambie de idea la mandataria vuelve al Planalto. Y eso es una amenaza latente hoy día.
Temer, en tanto, como ha venido sucediendo en la política brasileña desde el fin de la dictadura, trata de comprar voluntades en la administración pública, los uniformados y el poder judicial. Contra la presión mediática para que el PT aceptara ajustes, ahora se incrementa en 58 mil millones de reales el presupuesto para destinarlo incluso a los bolsillos de miembros del Ejército. Además se crearon más de 14 mil cargos en el gobierno federal cuando la promesa «a los mercados» era reducir 4000 puestos.
por Alberto López Girondo | Jun 5, 2016 | Sin categoría
El ex canciller uruguayo Luis Almagro es el hombre clave en la embestida de la Organización de Estados Americanos contra el gobierno de Venezuela. Desde el miércoles, tras una declaración final alejada de su deseo, recibe los ataques de los sectores progresistas pero también de la oposición venezolana porque no logró imponer la Carta Democrática que reclamaban los más acérrimos antichavistas. Primó, al fin de una jornada muy acalorada en Washington, la mesura –sustentada por los representantes argentinos, al principio los más duros– y el texto final recomienda negociaciones entre todos los sectores para calmar los ánimos en un momento que muchos temen podrían desembocar en una guerra civil.
El presidente Nicolás Maduro fue especialmente enérgico contra el secretario general de la institución acaudillada por Estados Unidos: «Venezuela no es dominada por la OEA ni por la basura del secretario general Almagro», dijo. El documento final, una salida consensuada promovida por los ex jefes de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, de España, Panamá y República Dominicana respectivamente, fue desairado por la oposición. «Nosotros no podemos sentarnos allí en esa mesa con los ex presidentes y mediadores (…) hasta tanto aquí en nuestro país las señoras rectoras del Consejo Nacional Electoral no respeten la Constitución y le pongan fecha a la validación de las firmas» para el referéndum revocatorio que busca para poner fin al mandato de Maduro.
El tema de fondo es el procedimiento de destitución que contempla la Constitución de la República Bolivariana, promulgada en el primer gobierno de Hugo Chávez. Desde que la oposición derrotó ampliamente al oficialismo en diciembre pasado, la crisis que ya arrastraba el sucesor de Chávez se profundizó porque los líderes de la derecha se propusieron avanzar con el viento de cola hacia el cambio de régimen en ese país, alentados por el triunfo de Cambiemos en Argentina y por el rol que tomó la nueva cancillería local en contra de Caracas.
En Buenos Aires, el diputado del PSUV Héctor Rodríguez Castro, quien fuera ministro del Poder Popular con el líder bolivariano, explicó el dilema en que se debate en estos momentos la democracia venezolana. «Ellos (por la nueva mayoría en la Asamblea Nacional) quisieron hacer una ley de amnistía que liberaba a presos comunes, incluso por delitos de narcotráfico, por eso la rechazó el Tribunal de Justicia», señaló en una rueda de prensa.
Rodríguez también explicó la posición del gobierno sobre el tema del referéndum. «Es una figura que está en la Carta Magna y que nadie discutió antes». Pero, resaltó, el reglamento tiene características que no se han cumplido aún. En principio, estaban en condiciones de pedir el revocatorio desde el 11 de enero, cuando pasó la mitad de mandato de Maduro, «pero no lo hicieron porque entre ellos no están de acuerdo en si la mejor forma de derrocarnos era esa o la presión social». Esto, apunta el legislador, provocó una demora en la junta de firmas del 1% de la ciudadanía, que están el la etapa de revisión que la ley permite. Luego faltaría, si esa instancia es avalada por la justicia, recolectar adhesiones del 20% del electorado para avanzar otro escalón. «Así se hicieron 15 referendos, uno de ellos presidencial, y nunca hubo rechazo al procedimiento. Sucede que los tiempos esta vez se les escapan. Eso los desespera». Ese ventarrón de la derecha continental, calcula Rodríguez, podría amainar luego del golpe en Brasil y finalmente también bajaría la presión contra Maduro.
por Alberto López Girondo | Jun 3, 2016 | Sin categoría
La designación de Susana Malcorra en la Cancillería fue una de las sorpresas que deparó el nuevo presidente. La mujer, con un pasado en empresas privadas, venía de ser jefa de Gabinete del secretario Ban Ki-Moon en la Organización de las Naciones Unidas y no figuraba en la lista de aspirantes. La decisión de Mauricio Macri se muestra ahora con nitidez: Malcorra es su apuesta para ocupar el cargo que Ban dejará a fines de año. Una jugada ambiciosa que puede darle una resonancia similar a la de Jorge Bergoglio como papa, pero más amistosa.
Malcorra representa ese «volver al mundo» que vira 180 grados en relación con la política exterior del kirchnerismo. Así, mientras en 2003 Néstor Kirchner se unió a Lula da Silva para consolidar los vínculos que construyeron el modelo de integración regional, la primera visita del nuevo canciller brasileño, José Serra, fue a Buenos Aires para tejer una alianza en sentido opuesto. Macri y el presidente provisional Michel Temer, uno surgido de elecciones y el otro de una operación legislativa, son proclives a un acercamiento estrecho con Estados Unidos y la Unión Europea y a cambiar al perfil del Mercosur.
En el marco de la geopolítica, esto cuestiona las relaciones con China. Pero el gigante asiático es el principal comprador de los productos más rentables de los dos países. Y si el golpe en Brasil suena a ofensiva contra la influencia china, negocios son negocios y ya hubo guiños para calmar las aguas. De hecho, cuando Macri anunciaba la candidatura de Malcorra, la canciller completaba una gira que la había llevado por Gran Bretaña, Rusia y China. Con cada uno de estos países hay temas por aclarar, y cada uno de ellos es clave para su designación. Son miembros del Consejo de Seguridad y el veto de uno solo de los cinco (los otros son Francia y Estados Unidos) haría caer la postulación de esta ingeniera rosarina de 61 años.
La relación más delicada, sin embargo, es con Londres. La disputa por las Malvinas fue uno de los caballitos de batalla del kirchnerismo y, ni bien asumió, Macri propuso «desideologizar» todo. Lo que implica, para él, abandonar la idea de un mundo multipolar para acercarse a los poderes que atienden en Washington y Bruselas.
¿El gobierno del Reino Unido daría el visto bueno a una candidata argentina? Macri tuvo un intercambio amable y discreto con el premier David Cameron en Davos. No se habló de Malvinas, se dijo a la prensa, y se supone que el diálogo fue en inglés, lengua a la que no le teme el mandatario argentino.
El anuncio de la candidatura de Malcorra coincidió con uno del titular de la petrolera británica Rockhopper Exploration plc, quien aseguró que habían encontrado pruebas de que en el área marítima Sea Lion, al norte del archipiélago y en un territorio que Argentina reclama como propio, habría unos 1.000 millones de barriles de crudo.
En otra época, esto habría significado una protesta encendida del gobierno nacional, ahora mereció apenas un artículo periodístico. La canciller ya había declarado que las islas no son el tema principal en la relación con Londres. Unos días antes se había dejado transcender que se evaluaba restituir vuelos hacia Malvinas y dar asistencia sanitaria a los pobladores, algo que fue suspendido desde 2003.
Otro modelo
Con ser un tema crucial para la argentinidad –el reclamo por las islas figura en la Constitución Nacional de 1994 y hace unas semanas un fallo de la onu aceptó que la plataforma marítima argentina incluye a las Malvinas– hay otros aspectos que muestran la profundidad de los cambios implementados en el Palacio San Martín desde el 10 de diciembre.
Ya lo había dicho en campaña, pero desde ese día arreció el embate contra la administración de Nicolás Maduro. Para el gobierno, siguiendo el planteo de la secretaría de Estado de ee.uu., la República Bolivariana es un régimen reñido con la democracia que mantiene presos políticos. Fue tanto el fervor antichavista que Malcorra tuvo que salir a morigerar el reclamo de aplicar la cláusula democrática contra Caracas en el primer encuentro de presidentes del mercosur al que le tocó asistir a Macri, en Asunción.
Que la gestión de Cambiemos es contraria al proceso de integración iniciado por Hugo Chávez, Kirchner y Da Silva queda también patente en todo el proceso destituyente contra Dilma Rousseff. Es cierto que el primer viaje de Macri fue a Brasilia para «presentarse» con la presidenta. Pero estos gestos son hijos de la necesidad más que del deseo. Como dijo Malcorra, «cuando Brasil estornuda, a Argentina le agarra neumonía» y esta alianza estratégica es fundamental para el país. Más bien, es tal vez la única política de Estado en la que coinciden tirios y troyanos.
Sin embargo, es obvio que hay más simpatía entre Macri y cualquier gobierno que no sea del pt. Por eso la Casa Rosada fue la primera en reconocer implícitamente al gobierno provisorio con frases de ocasión sobre la institucionalidad de la movida que desplazó a Rousseff. Lo mismo haría luego Washington.
Este primer salvavidas diplomático fue respondido con premura por Serra, dos veces derrotado en presidenciales por el pt y crítico despiadado del mercosur. Serra representa los intereses de la burguesía paulista que juega sus fichas a la tradicional alianza con Estados Unidos. El mercosur al que aspira, igual que Macri, es el que permitiría acuerdos comerciales por fuera del organismo regional.
De allí que esta nueva Argentina busque ser país observador de la Alianza del Pacífico, el modelo de integración fomentado desde Washington que incluye a Chile, Perú, Colombia y México. Una plataforma para llegar a los acuerdos transatlántico y transpacífico que pretende Obama antes de dejar el Salón Oval, en enero de 2017, y resulta una etapa superior del alca, sepultado en Mar del Plata en noviembre de 2005 en las narices de George W. Bush.
Resta saber si estas nuevas amistades y las que negocia Malcorra entre los países del Consejo de Seguridad alcanzarán para que la canciller se convierta en la sucesora del coreano Ban. También, si se diluirán las denuncias contra Malcorra por el ocultamiento de abusos sexuales a menores cometidos por Cascos Azules en África. Teniendo en cuenta la declaración de principios contra la suspensión de Rousseff de países de la unasur y la celac, si la canciller Argentina pretende representar a América Latina en la onu como lo hizo el peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991, va a tener que trabajar mucho hasta la votación, que se realizará en octubre.
Revista Acción
Mayo de 2016
por Alberto López Girondo | Jun 3, 2016 | Sin categoría
Que el sistema de justicia está entre los principales reclamos de la sociedad parecería una exageración. Sería más aceptable decir que la inseguridad o el empleo figurarían el primer lugar en cualquier encuesta. Porque los casos de robos violentos ocupan la mayor parte de los noticieros; aunque últimamente, la ola de despidos a todo nivel preocupa a los argentinos a nivel personal, aunque los canales llenan espacios con casos de corrupción vinculados especialmente al gobierno anterior. Sin embargo en cualquiera de estas situaciones el ciudadano de a pie reclama justicia. Tanto la víctima de un hecho violento como el despedido sin justa causa o el espectador impávido frente a una maquinita que cuenta desaforadamente billetes o ante la revelación de cuentas en paraísos fiscales.
Y precisamente esta es uno de las fallas más flagrantes en el sistema político argentino. El Poder Judicial está en crisis y como fruto de esa crisis, su credibilidad está entre las más bajas de la historia. «¿Entran por una puerta y salen por la otra?» dice el comentarista con los labios fruncidos de indignación. «Es una operación mediática en mi contra», se queja el dirigente envuelto en una causa judicial. «Que la justicia investigue», se desentiende el funcionario acosado por denuncias. La sensación es que un buen abogado y sólidos contactos con el Poder Judicial garantizan impunidad. Y los intentos por dar transparencia y efectividad a uno de los tres poderes del Estado chocan con una realidad contundente: si hay un consenso en la sociedad es que los jueces investigan solo a los que dejan el poder, que un empresario que evade impuestos y vacía una empresa nunca paga y que el habitante de un barrio privado con dinero no suele quedar preso por homicidio. ¿Habrá forma de resolver la cuestión?
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intentó reformas al Código Penal y pudo ponerle punto final al Código Civil y Comercial. En el primer caso ese intento se frenó porque el diputado Sergio Massa logró colar la cuestión de la punitividad de delitos ligados al narcotráfico como eje de su campaña y ante un escenario en que arreciaban mediáticamente los casos de inseguridad, muchos de los mismos que habían apoyado la reforma se echaron atrás y se obligaron a bajar el tema de la agenda.
Donde sí hubo avances fue en el Código Procesal Penal, que montado en el cambio de paradigma hacia un sistema de acusación para dejar atrás el sistema inquisitivo, puso a la defensiva al establishment mas tradicional del Poder Judicial. «La idea de un sistema acusatorio con un fiscal protagonista del proceso, con un juez que no investigue y con un defensor que pueda defenderse de la contraparte y no también de los jueces, nunca pudo cumplirse porque lógicamente estamos ante jueces omnipotentes que no quieren resignar su poder», dice Felix Crous, fiscal de la Procuración General de la Nación y uno de los fundadores de la Asociación Civil Justicia Legítima, quien acota que el actual sistema inquisitivo resulta en la práctica ser «muy útil para aquellos que quieran conseguir la simpatía, hospitalidad y beneplácito» de esos magistrados.
Este comentario genera tres apuntes al margen: que modelo judicial es mejor, por un lado, y qué jueces integran ese club del rechazo a la reforma y quiénes son los encargados de conseguir las simpatías judiciales. A la primera pregunta se puede responder que, como suele ocurrir en derecho, hay media biblioteca de un lado y media del otro.
Inquisición
El sistema inquisitivo, que por su nombre despierta inmediato resquemor, proviene del Derecho Romano Germánico y luego de una institución católica de triste fama como lo es la Inquisición. Un juez se arroga el derecho de iniciar una investigación sin necesidad de que hubiera denuncia o acusación previa alguna. Es el sistema que rigió desde la colonia en los países que estuvieron bajo el dominio español o portugués y por eso integraba el corpus legal instituido.
El proceso acusatorio, en cambio, tiene su origen en los países británicos y nació en el marco de una cultura que buscó formas de impedir los abusos del poder monárquico sobre los ciudadanos. A primera vista parece un modelo más amigable con el ejercicio de la democracia. Sin embargo, hay quienes sostienen que en países como los sudamericanos -donde desde hace un par de décadas se viene imponiendo en sus sistemas judiciales a instancias de las reformas propuestas por el Banco Mundial- puede encerrar la paradoja de que si la víctima de un hecho no tiene dinero para investigar o no encuentra eco en la fiscalía, su caso puede quedar impune. El ejemplo que se pone es que en ninguno de estos países la investigación de los crímenes de lesa humanidad se inició a instancias del Poder Judicial. «El secreto es que tanto en un sistema como en el otro, algún estamento debe investigar, caso contrario, no estamos haciendo justicia», sería el resumen de esta posición.
De todas maneras, en el derrotero hacia un sistema acusatorio no parece haber escollos. Tanto Justicia Legítima como el proyecto que quedó en el freezer y el que ahora impulsa el gobierno de Mauricio Macri, se basan en el nuevo rol que se les asigna a los fiscales. De allí que muchos crean que la efervescencia que se vive en el edificio de Comodoro Py 2002, la sede de los tribunales federales, sea la manifestación de la resistencia tenaz a cualquier cambio. Una trinchera desde donde esos doce magistrados que llevan adelante los casos de corrupción del sistema político nacional buscan que todo siga como está. Para mantener en sus manos vidas y haciendas de todos los funcionarios, electos y no, de los gobiernos que han sido, de los que son, y eventualmente de los que vendrán.
Lealtades
Pero desde fines de 2014 el sólido sistema de lealtades creadas en torno a los 12 jueces federales asentados en Buenos Aires crujió de un modo inesperado a partir del desplazamiento del patriarca de los espías nacionales, Jaime Stiusso. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues que el ex jefe de la SIDE era el hombre que durante décadas había canalizado la necesidad del sistema político en encontrar respuestas en el Poder Judicial, un método que la exmandataria decidió cercenar de cuajo.
El cambio de gobierno podía haber implicado nuevas relaciones con el poder de los irónicamente llamados «doce apóstoles» de Retiro. Pero la diputada Elisa Carrió, seguramente la principal gestora del acuerdo entre la UCR y el PRO que dio vida a Cambiemos, sostiene con fervor una tesis contraria. Para la dirigente chaqueña, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, es la cabeza de un equipo de operadores judiciales que mantiene las riendas del poder político dentro del sistema judicial, «Los jueces de la servilleta» se los llamó en aquellos tiempos.
«El presidente de Boca Juniors interfiere en la Justicia con el consentimiento del Presidente”, dijo Carrió en un programa de televisión, para agregar luego, mirando a cámara con el ceño fruncido: «Angelici, no maneje la Justicia Federal porque voy a ir contra usted. Yo tengo una relación excepcional con el presidente Macri, pero nunca voy a acordar con nadie la impunidad ni el manejo político de la búsqueda de la justicia».
La legisladora señala no solo al titular del equipo xeneixe en ese entorno oscuro de presiones, sino al vicepresidente 3 de Boca y ex vicerrector de la UBA, Darío Richarte, y al secretario de Finanzas de la actual AFI, Juan José Gallea. Todos ellos estuvieron el la SIDE de Fernando de la Rúa, terminaron salpicados con el pago de sobornos en la llamada causa Banelco y nunca se fueron del todo de los organismos de inteligencia nacional, a los que ahora volvieron oficalmente.
Pero hay coincidencia en que si bien la denuncia de Carrió, un tema que era vox populi antes de que ella lo difundiera, se basa en hechos reales, lo que se verifica en estos momentos es una suerte de rebeldía del Poder Judicial. Una rebeldía que pone en jaque a la dirigencia política y para algunos, incluso, al modelo de convivencia democrática. «Comodoro Py es como un Estado libre asociado a la República Argentina», deslizan las lenguas más afiladas en los tribunales federales.
Enrique Zuleta Puceiro es uno de los impulsores de este ambicioso plan de reforma judicial que el gobierno de Macri envió al Congreso, el proyecto Justicia 2020. El docente universitario y encuestador reconoce el ambiente levantisco entre los jueces más conservadores, pero al mismo tiempo cree que este proyecto tiene muchas posibilidades de llegar a buen puerto.
«Son cuestiones que se vienen debatiendo en la sociedad desde la época de Raúl Alfonsín y que ahora se pueden poner en marcha porque este es un gobierno sin amplia mayoría legislativa», considera. Para Zuleta Puceiro, los proyectos que se presentaron el tiempos del kirchnerismo «resultaron conflictivos porque hubo ciertos puntos álgidos que fueron exacerbados al extremo» y eso volteó los consensos que se habían alcanzado. En esto, Crous difiere: «resulta en algún punto hasta contradictorio uno con el otro». El tema de controversia más dramático, cree, es en la reforma del Ministerio Público.
DIsparen sobre la Procuradora
La Constitución de 1994 creó una Procuraduría General como un órgano extrapoder en el Estado nacional. Pero las leyes constitutivas quedaron para resolver en el futuro. En estos 22 años hubo algunos avances hasta que la ley del kirchnerismo definió una institución con un poder ahora cuestionado por el propio presidente y su ministro de Justicia. Germán Garavano es hombre de la Fundación Fores, el Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia, un think tank creado en tiempos de la dictadura para elaborar proyectos sobre el único de los poderes que no se presenta a comicios en los sistemas democráticos occidentales. En Fores y con la dirección de Garavano se elaboró el proyecto 2020.
«En lo que hace a los fiscales, el proyecto busca recortar el poder de Alejandra Gils Carbó», se queja Crous, haciéndose eco de las protestas de toda la oposición a las fuertes presiones que sufre la procuradora por parte de Cambiemos . Tanto Macri como Garavano no se anduvieron con vueltas: pidieron públicamente que Gils Carbó diera un paso al costado y ante la negativa enviaron un proyecto ley que literalmente desguaza su cargo en cuatro subprocuradores.
Zuleta Puceiro no coincide en que ese plan tenga como único objetivo forzar al renuncia de la funcionaria, pero señala que en todo caso «es una propuesta, y para que salga aprobada deberá contar con consensos legislativos. Toda reforma que en ese área se establezca deberá contar con consensos, es la única forma de que permanezcan en el tiempo». La mesura del encuestólogo tiene un fundamento: el proyecto no cuenta con un apoyo contundente entre los radicales, los principales socios políticos del macrismo, pero no lo pueden decir abiertamente para no crear fisuras puertas adentro de la alianza gobernante. Ya tenían bastante con Carrió y ahora margarita Stolbizer se sumó a las críticas en este hecho puntual.
Nuevo corpus
Pero el proyecto Justicia 2020 apunta a algo más que la Procuraduría. Se trata de un corpus legal que integran 140 leyes dividido en 7 ejes y que incluye al Consejo de la Magistratura, el organismo también creado en 1994 para el control y la designación de jueces y que nunca cumplió debidamente su función. La última reforma de 2013 fue cuestionada porque «torció» la balanza hacia un lado que el establishment leguleyo y la oposición de entonces no aceptaron. Es otra de las deudas pendientes de la democracia que no termina de consolidar un funcionamiento adecuado a las necesidades de la ciudadanía.
En las últimas semanas dos magistrados severamente cuestionados como Norberto Oyarbide y Raúl Reynoso renunciaron a sus cargos cuando sus casos estaban en la mesa de entradas del Consejo de la Magistratura. El caso de Oyarbide es más conocido: era uno de los «jueces de la servilleta» y lleva años de denuncias por actuaciones irregulares, cuando no escandalosas. Reynoso pareció como un adalid de la lucha antidrogas en Salta hasta que se descubrió su connivencia con las bandas de narcotraficantes. La renuncia no evitaría una investigación por su responsabilidad penal, pero como en el caso de su par porteño, le deja a salvo una onerosa jubilación, lo que despertó las quejas de algunos de los integrantes de ese cuestionado organismo. Un editorial del diario La Nación previo a conocerse esa definición dejaba muy en claro la sensación que despertaba en los sectores incluso afines a Cambiemos. Una definición a la que no sería ajeno el titular de Boca Juniors: «(Si se acepta su renuncia, Oyarbide) se habrá burlado una vez más de la ley y de la ética judicial. Se reirá de todos los ciudadanos y será un pésimo ejemplo para todos los corruptos, empezando por muchos de sus pares». El editorialista buscaba que Macri dejara seguir el curso de los hechos en el Consejo de la Magistratura. Pero aceptó la renuncia al otro día de enviada.
Luego, Garavano dijo en un reportaje a Clarín que esperaba que hubiera nuevas renuncias en el Poder Judicial. Así podría entenderse el apuro en los casos Oyarbide y Reynoso. Podría entenderse como una señal para que otros se bajen sin necesidad de derramamientos de sangre.
Custodios del poder real
Una de las características del sistema judicial en los países democráticos occidentales es que, según define el académico Roberto Gargarella, «se trata de un poder contramayoritario».
El modelo actual nace de la Revolución Francesa y de la independencia estadounidense. En ambos casos, cuenta la historia, los jueces hicieron lo posible para bloquear cualquier reforma. Una cosa era cambiar el sistema político y otra amenazar la propiedad privada. Y una democracia verdaderamente reivindicativa no solo proclamaría la igualdad ante la ley sino también la igualdad de oportunidades y la justa distribución de la riqueza.
Un gobierno de mayorías que siguiera sin cortapisas la voluntad de los votantes que lo llevaron al poder estaría impulsado a avanzar sobre las inequidades en que la sociedad está inmersa. Un espinoso asunto, sobre todo en tiempos de revulsión social. El Poder Judicial fue el encargado de impedir que este tipo de justicia se consumara.
«Desde entonces se aplicó una interpretación de la división de poderes basada en un paradigma diferente -señala Gargarella en un trabajo académico-: el de los sistemas de contrapesos». Es decir, el concepto de que cada uno de los poderes observe el comportamiento de los otros de un modo vigilante. El problema es que una verdadera mayoría es efectiva, y por tanto más peligrosa para los poderes fácticos, cuando logra controlar el Ejecutivo y el Legislativo. Es entonces cuando se juega la carta del Poder Judicial. El único que en el país no se somete al escrutinio de las urnas, que dura en su cargo en forma vitalicia y que incluso mediante una acordada de los tiempos del menemismo, no paga impuesto a las ganancias.
Este rol que se atribuyen los magistrados podría servir para explicar el hecho de que los gobiernos populares se terminan enfrentando al Poder Judicial en la medida en que pretenden avanzar en reivindicaciones sociales. Lo sufrió Franklin D. Roosevelt, que forzó la renuncia de jueces de la Suprema Corte que se oponían a sus reformas keynesianas. Lo sufre el PT en Brasil, a manos de un juez que se mostró como militante en contra de la presidencia de Dilma Rousseff y al mismo tiempo , sin que se le ocurriera que podría ser incompatible, ordenó llevar por la fuerza pública el ex mandatario Lula da Silva. Como para demostrar que es más poderoso que el líder más carismático de su país en más de medio siglo.
De allí el peso que tienen el toda América Latina las ONG que tratan las cuestiones judiciales y la importancia que se da a la formación de cuadros judiciales a través de organismos fomentados desde Estados Unidos.
Revista Acción
Mayo de 2016
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