por Alberto López Girondo | Sep 7, 2016 | Sin categoría
El asesinato la semana pasada del viceministro de Régimen Interior boliviano, Rodolfo Illanes, a manos de cooperativistas mineros, parece haber colmado el vaso en la relación del gobierno de Evo Morales con ese sector de trabajadores que fueron parte de la base que lo llevó al poder en 2005. Así, el Gabinete en pleno aprobó un paquete de resoluciones que dan un drástico giro a las normas vigentes.
En primer lugar se anunció que las autoridades van a revertir las concesiones mineras a cooperativas que suscribieron contratos con empresas privadas. Además, se plantea reintegrar al Estado aquellas áreas cedidas a cooperativas que no hayan sido explotadas. Por otro lado, y reafirmando la ley que desencadenó la protesta de los cooperativistas, el gobierno insiste en la obligación de dar los beneficios sociales y laborales que les corresponden a sus trabajadores y a dar información sobre su producción e ingresos.
“El Gabinete hizo una evaluación de la actividad productiva del sector cooperativista minero, experiencia que en muchos casos fue apoyada y fomentada en momentos del neoliberalismo y que ha generado una estructura que privilegiaba y beneficiaba principalmente a sectores privados y una élite cooperativista”, justificó el ministro de Minería, César Navarro. El bárbaro crimen de Illanes se produjo en el marco de protestas contra la ley que permite la sindicalización de los trabajadores de cooperativas que no forman parte de la sociedad. La policía no intervino cuando el funcionario, que había ido a negociar, fue retenido por los manifestantes. Argumentaron que los mineros tenían dinamita, una práctica que convirtió a ese gremio en el motor de las protestas sociales.
Tiempo Argentino
Setiembre 4 de 2016
por Alberto López Girondo | Sep 7, 2016 | Sin categoría
El gobierno venezolano afirma que mediante acciones preventivas logró evitar una masacre y desarmó un golpe de Estado que comenzaría a desarrollarse a partir de la marcha que se llevó a cabo el jueves en Caracas. Según la canciller Delcy Rodríguez ese plan «era la reedición del plan del año 2002», cuando el entonces presidente Hugo Chávez fue separado del poder por una horas y reemplazado por dirigentes empresarios después de una gran marcha opositora.
Previo a la llamada Toma de Caracas, que terminó a la noche con un cacerolazo y la promesa de nuevas manifestaciones, se produjo la detención de dirigentes opositores acusados de tener material explosivo y fueron desmantelados campamentos de grupos paramilitares cerca del palacio presidencial de Miraflores donde, resaltó la funcionaria, hallaron armas de guerra y un fusil con mira telescópica. Entre los detenidos por el Servicio de Bolivariano de Inteligencia (Sebin) figuran los dirigentes políticos Carlos Melo y Yon Goicoechea.
Un reporte del Comando del Palacio Presidencial al que tuvo acceso Tiempo analiza que en la multitudinaria marcha del 1S «la oposición logra una gran movilización, luego de años sin hacerlo. Teniendo el resultado electoral del 6D a cuestas, nadie duda que tengan gente. Pero el chavismo contra muchos pronósticos, realizó actos a casa llena en todo el territorio nacional en días previos y hoy llenó a reventar la joya de la corona, la avenida Bolívar de Caracas». Luego detalla que esas acciones anunciadas el viernes por el gobierno permitieron desactivar «detonantes de violencia» a raíz de lo cual la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) «desvió totalmente el propósito político de su convocatoria. El revocatorio no fue el protagonista. (Las) carreras presidenciales de (Henrique) Capriles y (Henry) Ramos Allup desviaron el sentido de todo, pues ‘protesta’ es distinto a ‘acto político’. Esas peleas internas por el micrófono y discurso final, terminaron por colocar a (el secretario de la MUD, Jesús) Chúo Torrealba en el podio».
El informe destaca luego que «el desbarajuste del aparataje de violencia previamente montado, desarmó (literalmente) a la MUD. Enviar a la gente a cacerolear a sus casas no agradó a muchos de los seguidores quienes ya tenían meses sometidos a un discurso viral de violencia. A los opositores se les convocó a marchar empleando la glorificación del enfrentamiento, con triunfalismo, con la promesa de la revancha como estímulo, bajo promesas de resultados inmediatos. Al escuchar a Chúo, desarmado, la decepción se impuso».
El documento de la Sala de Análisis de la presidencia venezolana avizora a continuación que «son altamente probables situaciones violentas dispersas. Seguramente los ‘lugares históricos’ de la derecha en muchas ciudades o sitios emblemáticos de las guarimbas de 2014, vuelvan a ser lugares donde la violencia concurra hoy. Voluntad Popular (el partido del detenido Leopoldo López) es un factor altamente activo en esa segunda agenda».
Y culmina sosteniendo que «la calle como forma de presión no funciona acorde a sus expectativas (de la oposición), menos todavía si están encarrilados a la no violencia una vez que anticipadamente les desactivan sus aparaticos de muerte».
Tiempo Argentino
Setiembre 4 de 2016
por Alberto López Girondo | Sep 7, 2016 | Sin categoría
La destitución de Dilma Rousseff tenía una estricta agenda que los conspirados siguieron con precisión quirúrgica: tenía que abrirse el impeachment antes del inicio de las Olimpíadas de Río, y culminar el proceso final antes de la cumbre del G20 en China. El 5 de agosto no debía cumplirse el sueño del líder del PT, Lula da Silva -que en su momento de auge político internacional consiguió atraer para América Latina el mayor de los certámenes deportivos- con su sucesora en el gobierno. Hubiese significado darle un espaldarazo en medio del acoso mediático y judicial a que era sometida Dilma Rousseff desde que juró su segundo mandato, en enero de 2015.
El 5 de setiembre, en cambio, el que se sacará la foto consagratoria con Barack Obama y los líderes del mundo desarrollado en Hangzhou tenía que ser Michel Temer, «el destituyente». Y a eso viajó presuroso el ahora presidente, para buscar el respaldo en el gigante asiático que no puede lograr en su país, donde tiene una imagen negativa del 68% según la última encuesta de Ipsos.
Curiosa cumbre la que enfrentan los chinos, con un puñado de jefes de gobierno que estrenan cargos en medio de situaciones no demasiado claras. El caso de Temer es el más paradigmático y el jefe del PMDB -el partido de centroderecha que acompañó al PT en estos últimos doce años y se dio vuelta cuando comenzaron a soplar nuevamente vientos neoliberales- ahora encuentra el rechazo de los medios internacionales más influyentes, algo que en su país natal no le ocurre porque si llegó a ocupar el cargo fue por la presión constante de los grupos brasileños sobre la anterior gestión. Tanto el New York Times como Le Monde, que no se pueden tildar de «petistas», rechazan la forma en que la democracia brasileña resulta afectada por el golpe parlamentarios contra Dilma.
Está también el caso de la primera ministro británica, Theresa May, que llegó al 10 de Downing Street no por elecciones populares sino luego del referéndum para que el Reino Unido deje la Unión Europea, y uno que entra casi por la ventana, Mariano Rajoy. España es un invitado de cortesía a estas cumbres ya que su país no forma parte del G20.
Rajoy llega con un cargo altamente cuestionado y luego de recibir el segundo cachetazo a su investidura y ante la perspectiva de ir a una tercera elección general en menos de un año. De todas maneras, se reunirá con Temer para hablar de inversiones y prometer acercamientos que difícilmente se puedan cumplir bajo su mandato. El que en este contexto parece más «prolijo» sería el argentino Mauricio Macri, que si bien está en medio de manifestaciones en su contra en su país por su política económica, al menos puede vanagloriarse de que llegó al poder mediante el voto ciudadano.
Mientras tanto en Brasil las calles volvían a llenarse de manifestantes que en forma espontánea salían a protestar por el golpe institucional contra la presidenta elegida por 54 millones de votos hace apenas dos años. Nuevamente hubo represión policial con bombas lacrimógenas y gas pimienta en Río de Janeiro y San Pablo.
La represión es la única arma fuera de la protección mediática con que cuenta Temer para imponer un plan económico que echa por tierra con todas y cada una de las políticas inclusivas que mantuvo el PT (ver columna aparte). El poder de los medios en Brasil es de tal magnitud que en una conferencia que dio el viernes desde el Palacio de la Alvorada, que deberá dejar en un par de semanas, Dilma Rousseff reconoció que su partido se dio cuenta tarde de la influencia decisiva de «cuatro o cinco grupos de medios» sobre el conjunto de la sociedad. O Globo, de la familia Marinho, fue clave para limar el poder de su gestión, y luego forzar el imaginario popular para aceptar la destitución.
O Globo había reconocido y asumido culpas por el apoyo al golpe de 1964 cuando se cumplieron 50 años de aquel otro atentado contra la democracia, que llevó al poder a una brutal dictadura militar que mantuvo en cautiverio y torturó a la ahora ex presidenta, por entonces militante de un grupo armado.
La parábola de todo este proceso de impeachment es que aquellos militantes habían apostado por la lucha política en 1985 y así pudieron llegar a cargos durante el periodo que acaba de concluir, como en cierto modo resaltó Dilma Rousseff, y se quedan con el sabor amargo de que la derecha nunca acepta perder el control social. Ni aun cuando en estos años la gran burguesía ganó dinero como pocas veces en su historia.
En Shanghai, ni bien llegó desde Brasilia para el encuentro del G20, el canciller de la gestión de Temer, José Serra -dos veces derrotado en las urnas por el PT- se permitió sermonear a sus vecinos regionales, al responder una pregunta sobre el enfrentamiento con el gobierno uruguayo en torno al Mercosur. «Tengo certeza de que nuestras relaciones con Uruguay mejorarán, pero no tengo la misma certeza respecto de Venezuela o frente a las medidas adoptadas por Ecuador y Bolivia (que retiraron sus embajadores de Brasilia), que se están dando un tiro en el pie de ellos mismos. Espero que tengan madurez para aprender de la experiencia democrática brasileña», dijo sin inmutarse. Serra gestiona esa foto de Temer con Obama porque la considera clave para consolidarse ante el escenario internacional.
Para Obama la foto también puede ser importante. Es su último G20 y cuando asumió, en 2009, Estados Unidos venía de sufrir un duro golpe con el NO al Alca que entre Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez le propinaron a su antecesor George W. Bush en Mar del Plata en 2005. Sin decir «agua va» durante su gestión se iniciaron los golpes parlamentarios primero en Honduras, ese mismo año, luego en Paraguay en 2012 y ahora en Brasil. En el medio, en Argentina ganó un amigo de Estados Unidos, abrió relaciones con Cuba y aprieta el lazo con Venezuela. Una forma de entregar el poder con el «patrio trasero» -como no olvida su secretario de Estado John Kerry- bastante ordenado. No podría pedir mucho más.
Tiempo Argentino
Setiembre 4 de 2016
por Alberto López Girondo | Ago 28, 2016 | Sin categoría
El presidente Evo Morales sostiene que el brutal asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, forma parte de un plan golpista alentado por la derecha en alianza con dirigentes de las cooperativas mineras. Cuando todavía Bolivia no sale de su estupor por la barbarie de la que fue víctima Illanes –un abogado de 58 años que fue torturado hasta la muerte durante por lo menos seis horas y cuyo cuerpo fue encontrado a la vera del camino de Oruro a La Paz, envuelto en una frazada–, la sensación es que el gobierno saldrá fortalecido en una disputa que superó todos los límites aceptables en un régimen democrático, pero tras pagar un costo altísimo.
El conflicto con los cooperativistas mineros nucleados en la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) se fue potenciando luego de que se promulgara una ley que permite la creación de sindicatos en las unidades de explotación minera. Se trata de un reclamo de cientos de miles de trabajadores contratados que no gozan de ninguno de los beneficios de los asociados, y significa un resabio capitalista no admisible en el mundo del trabajo social. Pero el cooperativismo minero aparece cuestionado también por otros reclamos bien distantes del idealismo originario.
«No solamente tenemos la tarea de organizarnos para defender derechos colectivos, sino también recuperar el principio de lucha antiimperialista y anticapitalista para enfrentar la dominación externa”, dijo el mandatario al presentar la ley 149, hace un par de semanas. Morales estaba acompañado por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma.
La respuesta de la dirigencia cooperativista fue el corte de rutas, como la que va de Oruro a la capital boliviana. Illanes, viejo conocedor del mundo cooperativo y de la industria minera, quería dialogar para descomprimir una situación que complica el gobierno, que viene de sufrir la derrota en un referéndum a principios de año y el embate de una oposición que, sin un líder para disputar hegemonía, hace ruido mediático suficiente como para “embarrar la cancha”. En el marco de esa disputa, dos manifestantes cayeron baleados con proyectiles de plomo.
El gobierno aseguró que los efectivos tenían postas de goma y acusa de la balacera a “fuego amigo”. Pero esas muertes exacerbaron las protestas contra la represión y a su llegada, Illanes fue retenido bajo la amenaza de que, ante otra ofensiva policial, ya tenían un féretro destinado para él. Cuando se supo que otro cooperativista había sido baleado, el hombre fue apaleado y según la autopsia, murió de un derrame cerebral por aplastamiento.La policía no intervino porque los mineros, señalaron voceros que piden el anonimato, utilizan dinamita en sus acciones de protesta.
¿Qué reclaman los cooperativistas? La Ley 149 establece que los trabajadores contratados tienen derecho a sindicalizarse. Que una cooperativa tenga empleados no está contemplado en entidades que se forman para proveer trabajo a sus afiliados, sí en instituciones de servicios.
Los mineros han sido por décadas el motor de los grandes reclamos sociales en Bolivia. Pero en los ’80, al tiempo que el gobierno desactivó su empresa minera, las privadas se fueron alejando de los yacimientos menos productivos. Hay que tener en cuenta que el Cerro Rico, de Potosí, lleva casi cinco siglos de explotación. Hoy día, la minería aporta el 4,5% del PBI boliviano, representa el 25% de sus exportaciones pero ocupan a solo 1,5% de la población.
Se estima que hay unos 120 mil cooperativistas en unos 1700 emprendimientos que suman en empleos indirectos unas 300 mil personas, para un sector laboral donde también hay explotaciones privadas y estatales que tienen más rendimiento, según datos aportados por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB).
El régimen laboral en las cooperativas es de superexplotación personal y familiar en yacimientos desgastados que otorgan mineral de muy baja ley. Que además termina en gran parte malvendido a empresas privadas o multinacionales que pagan en función del precio internacional del mineral y no del costo productivo. Y que por otro lado tienen los elementos para “devaluar” el material por su baja concentración.
En las minas trabajan menores –tradicionalmente se dice que las mujeres “traen mala suerte”– y personal contratado. Los mineros fueron aliados de Evo y mucho hicieron para su llegada al poder, en 2006. Desde entonces hubo un aumento en los precios de los comodities que benefició también a las cooperativas, que lograron poner a algunos de sus representantes en el gabinete y hoy tienen un puñado legisladores propios en el Congreso.
Pero esos buenos tiempos parecen agotados. Lo que se verifica hoy día es que la dirigencia cooperativista se plantea asociarse a inversores privados o alquilar las concesiones que les otorga el Estado, algo que la ley no permite. Se estima que hay por lo menos 40 yacimientos que explotan privados por un acuerdo ilegal con cooperativistas.
Mientras tanto el gobierno fue implementando mayores controles ambientales, lo que repercute en un sector que es uno de los más contaminantes. Ante la baja internacional en los precios, los cooperativistas reaccionaron de un modo “neoliberal”.
Buscan mayores beneficios fiscales, rebajas en el costo de la energía eléctrica y rechazan destinar ingresos al cuidado ambiental, plantean la posibilidad de contar con socios privados y tampoco quieren que sus trabajadores tengan representantes gremiales. Tres cuestiones que, dicen desde La Paz, “un gobierno de izquierda no puede aceptar”.
¿Qué hará el gobierno? El asesinato de Illanes le obliga a endurecer el discurso contra los cooperativistas, que de inmediato levantaron los cortes de ruta. Ayer Evo habló desde Cochamba, el mismo lugar donde había anunciado la Ley 149. «Ahí estaba la derecha. Textualmente dijeron ‘apoyamos a las cooperativas mineras porque está defendiendo la capitalización’. Revisen los periódicos. Revisen las entrevistas», recomendó.
En su entorno confían en que la dirigencia cooperativista está detrás del golpe, pero que las bases están con el gobierno. Y son mayoría.
Tiempo Argentino
Agosto 28 de 2016
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