por Alberto López Girondo | Mar 9, 2017 | Sin categoría
El presidente Juan Manuel Santos lo calificó como un momento histórico y es de esperar que no se equivoque. Este miércoles comenzó el período de “dejación de armas” de las FARC y esto, sumado al inicio de conversaciones de paz con la otra fuerza guerrillera de Colombia, el ELN, puede significar –como dice el himno nacional de ese país caribeño– que finalmente cese “la horrible noche” que en más de medio siglo acabó con la vida de más de 220 mil colombianos y dejó 45 mil desaparecidos y casi siete millones de desplazados. Pero no todos apuestan por la paz en la tierra de Gabriel García Márquez.
A partir de ahora y hasta el 31 de mayo, unos 7000 guerrilleros deberán cumplir con una serie de ritos bajo la observación de las Naciones Unidas para ingresar a la vida política de ese país sin ese instrumento que en algunos casos los acompañaron desde que nacieron. Así lo contó uno de ellos, Emiro Suárez, a la agencia AFP: «De tantos años cargar arma, dejarla le deja a uno como inseguro».
Razones no le faltan al guerrillero. En este proceso de pacificación, durante el año 2016 fueron asesinados más de cien militantes sociales que de alguna manera pertenecen al espacio político afín a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según Amnistía Internacional, en ese año casi tres de cada diez defensores de los Derechos Humanos asesinados en el mundo eran colombianos. El recuerdo de la desmovilización para incorporarse a la Unión Patriótica (UP) en los ’80, con el saldo de 3500 militantes asesinados, es una espada pendiente sobre la cabeza de cada uno de los combatientes y hay algo más de dos centenares de “farianos” que son remisos a desarmarse y salir a la luz.
La difícil construcción de confianza lograda en las conversaciones de paz que se desarrollaron en La Habana tuvo un traspié político que también pesa a la hora de pronosticar el éxito de este pacto. El referéndum para la aprobación del documento final, que se realizó el 2 de octubre del año pasado, arrojó un 50,22% por el NO y un 49,77% por el SÍ, aunque con apenas un 37, 28% de participación. Fueron menos de 50 mil votos que implicaron una dura derrota para los promotores de una paz duradera y que le dieron alas al expresidente Álvaro Uribe, decidido opositor al diálogo, que ahora pretende volver a postularse en 2018 con el programa de reformular el acuerdo finalmente aprobado por el Congreso.
El documento final dio origen a una línea de acción que desde el D –el 1 de diciembre pasado– fijó dos fechas clave: D+90 –el miércoles que pasó– y el plazo final para el desarme, 31 de de mayo o día D+180. En este lapso, los guerrilleros se deben reportar en campamentos ubicados en las 26 Zonas y Puntos Veredales Transitorios de Normalización reconocidos para la “dejación”, término acuñado para un procedimiento que para la guerrilla no debía insinuar una renuncia a la lucha sino la voluntad de resolver mediante la política los viejos reclamos de participación, igualdad y democracia plena que buscaron desde 1964 por la vía armada.
Para la más rancia derecha colombiana, acaudillada por Uribe, debió ser una “entrega” en las condiciones fijadas por un Estado represivo que busca la condena de los guerrilleros a los que acusa de todos los crímenes cometidos en este más de medio siglo de beligerancia.
Una misión de la ONU verifica ahora la dejación del armamento junto con miembros de la insurgencia y deposita el material en cajones de acero reforzado con capacidad para entre 70 y 100 armas, sellados con candados de seguridad y alarmas. Cada elemento es identificado, registrado y se le incorpora un código de barras que da cuenta de su origen y del titular «nombre de guerra» del que efectivo lo tenía.
Que este puede ser el inicio de otra era para Colombia lo reflejan las encuestas. Un último estudio de la estadounidense Gallup indica que la guerra ya no figura entre los principales problemas que acosan a los colombianos, sino la corrupción o la economía. Así, la imagen favorable de la dirigencia política cayó desde diciembre de un modo significativo. En este marco, Santos tiene hoy día un 71% de rechazos y solo un 24% de aprobación, mientras que Uribe es repudiado por el 46% de los encuestados pero recibe loas del 49 por ciento. Lo curioso es que las FARC tienen un 19% de imagen positiva, más que el Congreso, que tiene el 14%, y es el único colectivo que no bajó su nivel de aprobación ciudadana. Impensable que un grupo guerrillero pudiera tener semejante apoyo ciudadano, lo que eleva la alarma entre sus enemigos históricos.
Envalentonado con el ajustado pero impactante triunfo en la consulta de octubre y alertado los últimos sondeos, Uribe propuso a sus fieles “acudir a la calle y a los procesos electorales para modificar acuerdos, enfrentar el riesgo Castro-Chavista, bajar impuestos, gasto público, introducir austeridad, apoyar sin timideces el emprendimiento privado y acompañarlo de un gran avance educativo relevante a la iniciativa juvenil de crear riqueza, ciencia, cultura y deporte”. No olvidó, claro, mencionar que para él «la derrota del narcotráfico tiene que pasar por revisión de la impunidad a los cabecillas de FARC» y que las negociaciones del gobierno con la guerrilla “han contribuido a sustituir la Constitución por el acuerdo con el terrorismo”.
Entre las razones de Uribe y los sectores sociales que lo acompañan hay un alto componente ideológico, pero también intereses muy claros. Así lo señala Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático Alternativo e hijo de Manuel Cepeda, asesinado en 1994 en aquella masacre de integrantes de la UP. “La guerra ha sido un mecanismo de acumulación de riqueza y poder político (…) Hay sectores de la clase dirigente que no quieren la paz porque están ligados a la industria militar y otros que tienen vínculos con la economía vinculada al narcotráfico, es un terreno propicio para desarrollarse mediante la expropiación y la usurpación de tierras de campesinos”, dijo en una entrevista reproducida por Barricada TV. «
Ahorro en glifosato
Otro de los puntos acordados en La Habana y refrendados a principios de año hace referencia a la sustitución de cultivos ilegales en las zonas donde las FARC sentaban sus reales. La Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, junto con la guerrilla de las FARC pactaron el reemplazo de las plantaciones de coca en unas 38 mil hectáreas pertenecientes a 55 mil familias de los departamentos de Putumayo, Meta, Vichada, Caquetá, Norte de Santander y Nariño. El mismo miércoles se extendió este expediente al Guaviare, donde se suman otras 7500 familias que hasta ahora viven del cultivo y cosecha de ese arbusto. El proyecto contempla erradicar y reemplazar paulatinamente alrededor de 100 mil hectáreas por producciones legales.
Para el gobierno, en términos económicos, es negocio resolver una cuestión que pone al país en la lista negra para las autoridades antinarcóticos estadounidenses, aunque por el momento el convenio con los agricultores consiste en un subsidio de unos 340 dólares más un pago por única vez de entre 270 y 3000 dólares para sustituir plantaciones y elaborar proyectos autosustentables. Además, los campesinos recibirán créditos blandos y asistencia técnica del Estado. Es negocio porque el costo de la aspersión de glifosato en las regiones donde hay plantíos es de unos 6800 dólares por hectárea para eliminar solo una de las cuatro cosechas que brinda la coca. Además de lo que representan los cargos por atentar contra el medio ambiente y la salud de la población permanente bombardeada por el tóxico.
Tiempo Argentino
Marzo 5 de 2017
por Alberto López Girondo | Mar 9, 2017 | Sin categoría
Si febrero fue un mes caliente para Mauricio Macri, marzo no mostró un cambio de tendencia. Más bien, el gobierno de Cambiemos aparece intentando corregir un vendaval que por primera vez desde que llegó a la Casa Rosada conmovió el andamiaje que lo sostiene. Para colmo, las calles fueron escenario de grandes manifestaciones populares contra la política del oficialismo en dos temas que calan hondo en la sociedad: los reclamos de los docentes y de los trabajadores en general.
En tal sentido, la marcha que había convocado el triunvirato de la Confederación General del Trabajo fue un buen termómetro para percibir el clima político-sindical. Anunciada como una escalada en un plan de lucha en reclamo de los puestos de trabajo perdidos y por un giro en el enfoque de la economía en general, la nutrida manifestación terminó con incidentes, fruto del repudio contra los dirigentes encaramados en la tarima ubicada en la Diagonal Sur, frente al Ministerio de la Producción. La respuesta de Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmidt al pedido de la multitud fue por lo menos contradictoria: si bien criticaron la falta de soluciones del gobierno y pidieron por políticas industrialistas, amenazaron con un paro pero esquivaron ponerle fecha concreta. Solo atinaron a mencionar un vago «a fin de mes o inicios de abril» mientras eran abucheados por los más enfervorizados, que pedían «paro nacional ya».
En cuanto al gobierno, si la noticia de un arreglo inadecuado sobre la deuda que el Correo Argentino –la empresa de la familia presidencial– mantenía con el Estado perforó la credibilidad en la transparencia prometida, la asignación de rutas aéreas de cabotaje resultó otro escándalo que repercutió en la imagen del mandatario, y también hizo mella en el interior de la «coalición del balotaje», como la llaman algunos analistas.
Así, en un calco del esquema armado a las apuradas en el Correo –volver a fojas cero con el acuerdo hecho entre bambalinas que benefició a su familia–, en el caso de Avianca, que en los papeles es una empresa colombiana que compró una aerolínea que vendió el grupo Macri, el presidente tuvo que dar la orden de suspender la licencia que ya le había otorgado a la compañía. Las denuncias por Avianca resonaron en las redes y luego en los medios masivos cuando se reveló algo que si bien no estaba oculto bajo la alfombra, no había tenido el alcance necesario en la prensa, mayoritariamente amiga de este proceso político.
Los directivos de MacAir, la empresa de Macri que operaba con taxis aéreos, son los mismos que los de la Avianca local, lo que resulta por lo menos sospechoso al punto que el fiscal Jorge Di Lello ordenó investigar e imputó tanto al presidente de la Nación como a su padre Franco y a los funcionarios y empresarios que participaron en la concesión de las rutas. Otra de las ganadoras en este rubro, Fly Bondi, también deberá esperar, ya que aparece en la mira judicial por sus vínculos con el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana. Y surgen preguntas como, ¿qué relación existe entre la renuncia de la expresidenta de Aerolíneas Argentinas (AA), Isela Costantini, y esta brumosa concesión aérea? Es que la ejecutiva se fue poco antes de abrirse la licitación de las rutas y sin explicaciones muy convincentes.
Alejamientos inesperados
Pero no es la única «acusación» que enfrentó la extitular de General Motors Argentina luego de alejarse de la gestión de la línea de bandera, en diciembre pasado. Costantini también había avalado un aumento de salarios para los empleados de AA superior al techo que pretende imponer el gobierno en las paritarias. La misma razón se deslizó respecto al alejamiento también inesperado de Carlos Melconian del Banco Nación. El economista, al que nadie consideraría cercano a cualquier aventura populista, fue aplaudido a manos rojas por sus hasta entonces subordinados el día que se despidió del cargo. Fue uno de los que firmaron la paritaria bancaria que provocó un fuerte cruce del macrismo con la dirigencia de ese gremio y con los jueces que avalaron el acuerdo que el Ministerio de Trabajo se negaba a homologar.
No es ocioso recordar que el eje de la política del gobierno para bajar la inflación es atacar por dos frentes al consumo. Por un lado, sometiendo los salarios a la baja, y por el otro generando las condiciones para un incremento en la tasa de desocupación. Este ariete golpea a las pymes por el ingreso de productos importados que las obliga a reducir salarios para competir con productos extranjeros o convertirse en importadores. Por otro lado, subsiste el argumento del exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, de no tensar las negociaciones salariales a cambio de conservar el empleo. Así, los trabajadores se ven en la disyuntiva de aceptar pérdidas en relación con el costo de vida o sumarse al ejercito de desempleados. Pocas cosas hay que disciplinen tanto a una sociedad como la desocupación.
Ante un panorama bastante sombrío y en un año electoral clave para la continuidad del proyecto macrista, el presidente abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que no tenía mucho que ofrecer hacia adelante y poco que exhibir hacia atrás, salvo la apelación a la herencia recibida. Pero es el segundo ejercicio que inaugura Macri y el recurso de recordar el pasado como una pesada carga se va agotando, mientras las encuestas reflejan la preocupación de grandes capas de la población que fueron clave para ganar el balotaje y ya no ocultan su descontento por un cambio que no es el que votaron el 22 de noviembre de 2015.
La nota saliente de aquel discurso del 1º de marzo fueron las críticas sobre la virulencia con que Macri se refirió no solo al anterior gobierno –deslizó nuevas sospechas por la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otras cosas– sino también al dirigente docente Roberto Baradel, el nuevo enemigo público del oficialismo. Baradel quedó en medio de fuego cruzado tanto del gobierno nacional, el bonaerense y los medios hegemónicos, que al igual que Macri, intentaron minimizar las amenazas que el dirigente y sus hijos habían recibido.
En la Casa Rosada, mientras tanto, se debate sobre cómo escapar a la tormenta sin perder demasiado en el camino. Y si el recurso de culpar a la gestión anterior de todos los males ya no causa el mismo efecto, el de «rebobinar» cada vez que los intereses económicos personales del presidente o de sus funcionarios chocan con los de la sociedad también se agota.
Revista Acción
Marzo 7 de 2017
por Alberto López Girondo | Mar 9, 2017 | Sin categoría
Como cada vez que el gobierno de Cambiemos adelanta medidas difíciles de digerir, en las últimas semanas de febrero comenzaron a circular en los medios afines al oficialismo estadísticas sobre el consumo excesivo de agua en Buenos Aires y el Conurbano. Según estudios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en el área metropolitana, la que cubre AYSA, cada usuario gasta un promedio de 336 litros de agua al día, el doble de Uruguay, Chile y Brasil y el triple de México, Colombia y Perú.
Probablemente el dato sea correcto, no hace falta sino ver, sobre todo por las mañanas, la cantidad que se gasta en la clásica «manguereada» a las veredas de los edificios porteños o los fines de semana, cuando los vecinos limpian generosamente sus autos a puro baldazo.
En distritos del interior es normal que este tipo de acciones estén penalizadas y que para evitar una multa se deba aclarar que para los patios se usa agua de pozo y no del servicio público. Potabilizar es caro y más cuando el agua no abunda.
Lo que en este caso oscurece el mensaje es que de inmediato sale el anuncio de que el gobierno proyecta subir un 22% la tarifa, quitar el subsidio a 1,5 millones de usuarios y poner medidores.
Una de las primeras medidas del gobierno al llegar a la Casa Rosada fue aumentar los servicios públicos. Tuvo tropiezos con la electricidad y el gas, pero el incremento del agua, que fue de un 400%, pasó casi inadvertido. Y hablando en términos crudamente reales, una vida sin electricidad ni gas es técnicamente posible, pero no sin agua.
Otro mal gusto que deja esta campaña es que se produce al mismo tiempo que en El Bolsón hubo otra masiva marcha contra el proyecto turístico de una empresa ligada a un amigo del presidente que pretende lotear las fuentes de las que muchos productores nutren sus campos y muchos otros pobladores obtienen el agua para consumo personal.
Revista Acción
Febrero 15 de 2017
por Alberto López Girondo | Feb 15, 2017 | Sin categoría
La represión a los integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen a mediados de enero generó una tensa situación para el gobernador chubutense Mario Das Neves y puso en foco a nivel nacional el tema de la posesión de las tierras en grandes extensiones de la Patagonia.
Por orden del juez federal Guido Otranto, dos centenares de gendarmes tomaron por asalto la comunidad Pu Lof, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Esquel. Fue a pedido del mandatario provincial, que exigía desalojar la ocupación de un tramo del tren conocido como La Trochita, que va hasta El Maitén, un tramo que, desde hace anos no se utiliza para el recorrido turístico. El operativo dejó un sal- do de al menos tres heridos graves y una decena de detenidos, y repercutió en los medios de todo el país e incluso más allá́ de las fronteras.
En varias entrevistas el gobernador negó́ su responsabilidad en la represión, pero se encargó de defenestrar a los miembros de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) a la que acusa de «no reconocer las leyes ni al Estado argentino». Y acusa directa- mente a Facundo Jones Huala de ser el líder y responsable de múltiples atentados tanto de este lado de la frontera como en Chile.
Jones Huala y el juez Otranto se vieron las caras el año pasado, cuando la Justicia chilena reclamaba la extradición del activista mapuche por una causa penal en ese país. Otranto, en ese caso, denegó́ el pedido y liberó a Jones Huala, con lo que se ganó el enfrentamiento con Das Neves, que le pidió́ el juicio político. El RAM se reivindica como representante de la nación mapuche que, como tal, es preexistente a la creación de los Estados chileno y argentino. Del otro lado de la frontera se los persigue apelando a las leyes antiterroristas de la época de Pinochet. De este lado, el ministro de gobierno de Das Neves pidió aplicar normativas similares en su contra. Cushamen es un territorio que fue recupera- do por esa comunidad a fines de 2015 a la empresa Benetton. El grupo italiano había obtenido como parte de la compra de Tierras del Sur, de capitales británicos, que a su vez las habían conseguido por su apoyo a la Campaña del Desierto de Julio Roca, en el siglo XIX.
La perfección de los títulos
Desde el punto de vista de la organización estatal instaurada por la Generación del 90, Benetton tiene lo que se llama «títulos perfectos» para justificar la propiedad de las enormes extensiones de tierras que tienen en esa región. El problema es que se obtuvieron mediante el despojo de los ocupantes originarios, ya que la Patagonia no era un desierto y esos habitantes tenían una concepción bien diferente de la propiedad de la tierra, a la que consideran un bien que deben cuidar pero no le pertenece a ningún humano.
Unos días antes se había realizado una masiva marcha en El Bolsón, provincia de Río Negro, contra un proyecto turístico en las laderas del cerro Perito Moreno en que tiene supuesta participación el británico Joseph Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri. En este caso, el proyecto pone en riesgo la provisión de agua para regadío, e incluso para beber, para un área importante de tierras, ya que ocupa las nacientes de ríos y arroyos.
Muchos de los que marcharon por la ciudad rionegrina –hubo unos 10.000 manifestantes, la mitad de la población estable– comentaban que Lewis, que también es propietario de todos los campos que rodean a Lago Escondido, no tenia títulos tan perfectos para ocupar esas extensiones. Para colmo, no facilita el acceso al lago como exigen las leyes nacionales.
Unos días más tarde el presidente Macri salió́ en su defensa en la primera conferencia de prensa del año. Dijo que daba trabajo a centenares de personas y que no entendía lo que consideró «ataques permanentes» contra la figura del empresario inglés.
Revista Acción
Febrero 1 de 2017
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