por Alberto López Girondo | Feb 6, 2018 | Sin categoría
¨Manos arriba, esto es un atraco¨, gritaba un nutrido grupo de víctimas de Forum Filatélico y Afinsa, dos empresas intervenidas hace 12 años dejando un tendal de 460.000 familias que perdieron todos sus ahorros en una aventura que prometía ganancias seguras con sellos postales. Recorrían, como hacen regularmente, el frente del edificio del Congreso de los Diputados, en Madrid, donde no se privaban de gritar, también, ¨políticos y banqueros, ladrones y embusteros¨.
Culpan tanto al PSOE – en el gobierno entonces- como al PP, por no haber custodiado la transparencia de una operación que resultó un esquema piramidal del que, como ocurre con este tipo de aventuras, se enteraron cuando ya era demasiado tarde.
Según el portavoz del grupo
Afectados por Forum-Afinsa, Luis Alvero, las autoridades deberían haber
rescatado a las víctimas de las dos instituciones ya que un fallo del Tribunal
Supremo español calificó a las operaciones que realizaban como de carácter
financiero. Si inspeccionan a los bancos y luego los salvaron, es el razonamiento,
por qué no hacerlo en este caso.
Pero tanto José Luis Rodríguez
Zapatero como Mariano Rajoy eligieron la vía de barrer debajo de la alfombra
por razones poco claras.
Insistentes, los manifestantes
prometen que hasta el fin de sus días pedirán que alguien se haga cargo de
devolverles aunque sea parte del dinero que pusieron. Ahora, con los años, los
damnificados superan el millón, porque muchos de los inversores originales
fallecieron y sus herederos continúan con el reclamo.
Por lo pronto, los directivos de
Forum y de Afinsa fueron sentenciados a cárcel y a devolver un total de unos
5000 millones de euros. Pero aseguran que son insolventes y de todos modos,
mediane chicanas vienen esquivando las rejas.
Forum operaba desde 1978 y
Afinsa desde 1980. Daban más intereses que los depósitos bancarios, basados en
las ganancias por el incremento en los valores de las estampillas. Luego se
diversificaron a otros bienes tangibles.
Detrás de la estafa aparece José
Manuel Llorca Rodríguez, uno de los delincuentes más buscados por la policía,
según asegura la información oficial. Pero nadie tiene fotos del hombre que,
todo indica, es un cerebro en blanqueo de capitales y artimañas non sanctas
para hacer dinero a raudales sin demasiado esfuerzo.
Es, dicen las crónicas, el que
ayudó a Iñaki Urdangarín, el esposo de la infanta Cristina de Borbón, a desviar
fondos en el Instituto Noos. Se supone que luego de que estalló el caso de las
estampillas, en mayo de 2006, se cambió la cara en un quirófano y nadie supo
más nada de él.
Quizás porque cuenta con
protección real o de la dirigencia política.
Tiempo Argentino, 6 de Febrero
de 2018
por Alberto López Girondo | Feb 3, 2018 | Sin categoría
Estos últimos
días fueron una muestra de hasta dónde España está inmersa en una crisis de
difícil pronóstico. Por un lado, siguen las disputas en torno a la designación
del presidente de la Generalitat, en vista de que el nombramiento de Carles
Puigdemont cada vez parece más lejano por las chispas que produce no sólo con
Madrid sino ahora entre los soberanistas. Pero al mismo tiempo dos hechos
marcan la situación económica y política que se vive en la península: por
primera vez un monarca asiste a un ámbito donde la dirigencia de los distintos
países acude a seducir inversores, como es el Foro de Davos. Por el otro, los
trabajadores de la automotriz PSA de Zaragoza aprobaron a regañadientes una
reducción de beneficios para que el modelo Opel Corsa se produzca en esa región
y no en cualquier otra de las plantas que la firma francesa tiene en el
exterior, incluida la Argentina.
El Parlament catalán, con
mayoría de diputados independentistas y comandado por Roger Torrent, tenía
previsto investir del cargo más alto en el gobierno a Puigdemont, pero a última
hora decidió posponer la designación por las diferencias entre los socios
soberanistas y ante las amenazas del Tribunal Constitucional y del gobierno de
Mariano Rajoy frente este nuevo desafío. Felipe Borbón, en tanto, estuvo en
Davos para destacar la estabilidad que ofrece su comarca. Habló de Cataluña,
claro, pero resaltó las ventajas de invertir en un país que a pesar de tremenda
crisis económica como la que se esparce por Europa, curiosamente, no tiene
expresiones ligadas al racismo y a la extrema derecha, como ocurre en Francia,
Italia y la misma Alemania.
Rajoy, el habitual representante
español en esas lides, aparece como deslegitimado porque no puede resolver de
modo razonable la cuestión catalana, pero también por los procesos por
corrupción que envuelven al PP.
La controversia con los
independentistas, en tanto, hace olvidar que si el reclamo popular no se enfoca
en la xenofobia, en gran medida es porque hubo una oferta de centroizquierda
como la de Podemos, que resulta peligrosa tanto para los tradicionales PSOE y
PP como para muchos de los dirigentes soberanistas de Cataluña. Por eso la
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, viene sufriendo el bloqueo de los partidos
tradicionales que por segunda vez le quitaron apoyo para aprobar el
presupuesto. También la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, padece el embate
de los partidos del régimen, que no quieren dejar ingresar al sistema a una
agrupación que perciben demasiado cercana a los populismos
latinoamericanos.
Como sea, detrás del fracaso de la investidura de Puigdemont
subyace la dificultad para articular un frente sólido entre Junts per
Catalunya, el partido del ahora exiliado expresidente, la clasista CUP y ERC,
la organización a la que responde Torrent.
Oriol Junqueras, el titular de
ERC y preso tras la declaratoria de independencia de octubre pasado, propuso
que para no continuar el entredicho con el gobierno central, podría aplicarse
una fórmula que implicara un presidente no cuestionado desde Madrid pero con
Puigdemont como el líder real. Algo así como «Fulano al gobierno,
Puigdemont al poder.» El candidato por ahora único, con pedido de captura,
evadió la cárcel porque fue a Bruselas a plantear su caso ante las autoridades
europeas y allá prefirieron lavarse las manos. Si vuelve a España quedaría
preso. Eligió alquilar una residencia en Waterloo, Bélgica, donde Napoleón
disputó la batalla final de su carrera.
Mientras tanto, los trabajadores
de Opel en Figueruelas aprobaron por una módica diferencia el preacuerdo de
convenio colectivo entre PSA y los sindicatos. Votaron 4959 sobre un plantel de
5760, 2897 lo hicieron a favor del nuevo pacto laboral contra 2008 que lo
rechazaron. Casi medio millón del Corsa, que la firma francesa compró con el
paquete de la filial europea de Chevrolet hace seis meses, saldrá de Zaragoza
para felicidad del Borbón. «
Las
víctimas de una estafa piramidal siguen reclamando después de 12 años
Los estafadores se alzaron con
casi 5000 millones de euros. Uno de ellos se cambió el rostro y tiene
conexiones con la familia real española.
«Manos arriba, esto es un
atraco», gritaba un nutrido grupo de víctimas de Forum Filatélico y
Afinsa, dos empresas intervenidas hace 12 años que dejaron un tendal de 460 mil
familias que perdieron todos sus ahorros en una aventura que prometía ganancias
seguras con sellos postales. Recorrían, como hacen regularmente, el frente del
edificio del Congreso de los Diputados, en Madrid, donde no se privaban de
gritar, también, «políticos y banqueros, ladrones y embusteros».
Culpan tanto al PSOE gobierno
en aquel entonces como al PP por no haber custodiado la transparencia de una
operación que resultó un esquema piramidal del que, como ocurre con este tipo
de aventuras, se enteraron cuando ya era demasiado tarde. Según el portavoz del
grupo Afectados por Forum Afinsa, Luis Alvero, las autoridades deberían haber
rescatado a las víctimas de las dos instituciones ya que un fallo del Tribunal
Supremo español calificó a las operaciones que realizaban como de carácter
financiero. Si inspeccionan a los bancos y luego los salvaron, es el
razonamiento, por qué no hacerlo en este caso. Pero tanto José Luis Rodríguez
Zapatero como Mariano Rajoy eligieron la vía de barrer debajo de la alfombra.
Insistentes, los manifestantes
prometen que hasta el fin de sus días pedirán que alguien se haga cargo de
devolverles aunque sea parte del dinero que pusieron. Por lo pronto, los
directivos de Forum y de Afinsa fueron sentenciados a cárcel y a devolver un
total de casi 5000 millones de euros. Pero aseguran que son insolventes y de
todos modos, mediante chicanas vienen esquivando las rejas. Forum operaba desde
1978 y Afinsa desde 1980. Daban más intereses que los depósitos bancarios,
basados en las ganancias por el incremento en los valores de las estampillas.
Luego se diversificaron a otros bienes tangibles. Detrás de la estafa está José
Manuel Llorca Rodríguez, uno de los delincuentes más buscados por la policía,
según la información oficial. Pero nadie tiene fotos del hombre que, todo
indica, es un cerebro en blanqueo de capitales y artimañas non sanctas para
hacer dinero a raudales sin demasiado esfuerzo.
Tiempo Argentino, 3 de Febrero de
2018
por Alberto López Girondo | Feb 1, 2018 | Sin categoría
Nadie puede llamarse a sorpresa con el «mega» DNU 27/2018, que el gobierno publicó en el Boletín Oficial el 11 de enero pasado. Después de todo, entre las primeras medidas trascendentes que tomó el presidente Mauricio Macri no bien asumió el cargo, el 10 de diciembre de 2015, se destacaron dos polémicos DNU. Uno para nombrar a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otro que desarticuló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que luego de años de intensos debates a lo largo de todo el país y múltiples instancias judiciales, quedó en el arcón del olvido, al menos en su articulado anticoncentración.
En el caso de la Corte, el rechazo fue tan contundente, incluso desde las propias filas de Cambiemos, que obligaron a dar marcha atrás y esperar la designación que la Constitución exige. Desde entonces hubo una tensión interna dentro de la alianza gobernante entre un ala dura que aspira a ir a fondo con su programa de reformulación del Estado sin miramientos y otra más acuerdista y con cierto prurito institucional.
Pero la controvertida votación por la reforma previsional en diciembre último fue un golpe que aún no se termina de digerir puertas adentro de Balcarce 50. La violenta represión de las protestas encontró voces de justificación en los medios hegemónicos. Pero nadie se llamó a engaño dentro del oficialismo: entre los que a pesar de esa misma represión salieron a protestar frente al Congreso Nacional y a cacerolear en calles y plazas había muchos opositores pero también votantes de Cambiemos que se sintieron estafados por promesas electorales que en esas tensas jornadas se tiraban por la borda.
Nulidad absoluta
El mega DNU, que bajo la consigna de «desburocratizar y simplificar» al Estado tiene 22 capítulos y 192 artículos que derogan 19 leyes y modifican otras 140, levantó críticas desde todos los sectores de la oposición. Hay varios aspectos que fueron especialmente cuestionados. Uno es el artículo que habilita el embargo de salarios, otro el que autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a realizar operaciones financieras. Además, el DNU redefine las tareas de la Unidad de Información Financiera en relación con casos de evasión, permite crear puertos y aeropuertos privados y facilita la condonación de aportes patronales.
«El DNU es una usurpación de actividades y potestades legislativas, taxativamente prohibidas por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que dice que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta emitir disposiciones legislativas», aseguró el constitucionalista Eduardo Barcesat. «Se trata de un golpe de Estado institucional porque se quebranta la rigurosa regulación que tiene la Carta Magna», no dudó en definir el profesor titular consulto de la Facultad de Derecho de la UBA. Barcesat denunció penalmente a Macri y sus ministros por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato. El caso recayó en el juzgado del magistrado Ariel Lijo.
¿Qué puede pasar con el mega DNU en el Congreso? El Poder Ejecutivo debe girar el dictamen a la Comisión Bicameral Permanente (CBP), la que debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. La CBP está integrada por ocho diputados y ocho senadores y el oficialismo ya se garantizó una mayoría que le podría permitir el bloqueo de cualquier rechazo.
Sin embargo, el presidente del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Agustín Rossi, tras señalar que «el DNU no es una ley y está regulado por la Constitución», confiaba en poder tratarlo durante este mes a pesar de que el gobierno decidió no convocar a sesiones extraordinarias. Para ello se deben reunir 129 diputados, lo cual requiere el acuerdo del FPV, el bloque del PJ, el Frente Renovador, el Movimiento Evita y la izquierda.
Reforma por otra vía
Los viejos popes de la CGT, encabezados por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, pero con la presencia de dirigentes de otros sectores, como el bancario Sergio Palazzo, el canillita Omar Plaini y Omar Maturano, de La Fraternidad, se juntaron en Mar del Plata para lanzar un documento de fuerte tono crítico contra la reforma laboral y previsional, el plan económico, el DNU 27 y el intento del gobierno de planchar las paritarias en un 15%. Desde los medios oficialistas replicaron con denuncias contra esos mismos sindicalistas en una suerte de carpetazo público que incluye en una causa por facturas truchas a Hugo Moyano, Carlos Acuña y Luis Barrionuevo. Simultáneamente se anunciaba el recorte de 1.000 millones de pesos a las obras sociales que recibían de manera automática los gremios para financiar servicios de salud de los trabajadores.
Y con otro decreto, el número 52, Macri eliminó la paritaria nacional docente, medida que será denunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ante organismos internacionales. «El decreto es una clara destrucción de la paritaria nacional. Elimina la posibilidad de discutir el salario básico nacional. Es el ajuste que tenían planeado con la reforma laboral pero aplicado rama por rama», afirmó Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.
En este contexto, el gobierno se vio envuelto en un escándalo por la denuncia de una empleada del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. La difusión de un audio donde el funcionario maltrataba a Sandra Heredia fue apenas la punta del iceberg. Luego se sabría que la mujer había trabajado en negro y que además había sido contratada para trabajar en el SOMU, gremio intervenido por el gobierno.
En este escenario, es entendible que el gobierno no quiera someterse a la puja legislativa. Es que los debates públicos no solo exponen al oficialismo, también dejan al descubierto a sectores de la oposición que suelen acompañar al gobierno en medidas por demás irritativas para los votantes.
Revista Acción, primera quincena de Febrero de 2018
por Alberto López Girondo | Ene 20, 2018 | Sin categoría
El frío recibimiento que tuvo Francisco en Chile tiene dos
motivos que pueden parecer antagónicos: el fastidio de la derecha y del
establishment por su acercamiento a los mapuches y las víctimas de la
dictadura, y la reacción popular ante las endebles acciones del Vaticano frente
a los casos de sacerdotes pedófilos y la cerrada defensa en favor del obispo
Juan Barros.
Puede sonar como una ironía que en la misa que ofició en la
playa de Huanchaco, en la ciudad peruana de Trujillo, Francisco hiciera una
alegoría entre la bravura de los apóstoles y la de los pescadores de esa
región, 500 kilómetros al norte de Lima, que «deben enfrentar el duro
golpe del Niño costero, cuyas consecuencias todavía están presentes en tantas
familias que todavía no pudieron reconstruir sus hogares». Hablaba de la
tormenta que el año pasado causó más de 100 muertos y 300 desaparecidos en una
de las mayores tragedias marítimas que se recuerden en ese país.
Pero horas antes, él mismo había tenido que enfrentar otra
tormenta en Chile, por las protestas de víctimas de abusos infantiles que
denuncian la complicidad del actual obispo de Osorno en el encumbramiento de un
cura pederasta, Fernando Karadima y se quejan de que nunca fueron recibidos
para plantear sus reclamos. El Papa, en todo momento, respaldó a Juan Barros y
hasta se mostró visiblemente ofuscado cuando ante un grupo de periodistas
terminó por exigir que le presenten pruebas en contra del prelado de esa ciudad del sur chileno. Hasta
pareció perder el control al responsabilizar de acusaciones «sin
fundamento», a «los zurdos, que son los que armaron la causa».
Sin dudas esta fue la gira más complicada para Jorge
Bergoglio desde que hace casi cinco años fue ungido Obispo de Roma y Sumo
Pontífice de la Iglesia Católica en reemplazo del renunciante Benedicto XVI. El
Papa venido del continente con más cantidad de católicos tomó el cetro en un
momento histórico iluminado por los gobiernos progresistas. Desde su llegada al
Vaticano, el argentino debió enfrentar la pérdida constante de fieles en
detrimento de distintos tipos de cultos evangélicos. Y en medio de denuncias
constantes de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes en todo el
mundo.
Desde sus primeros símbolos, entre ellos el nombre elegido,
Francisco intentó hablar en un lenguaje más cercano a las capas más humildes de
la población. Y en cada una de sus visitas a la región dio muestras de conocer
y querer rendir homenaje a los religiosos que habían honrado esa posición de la
Iglesia en favor de los pobres y que habían sufrido persecuciones y hasta
fueron martirizados, como es el caso bien conocido del arzobispo de El
Salvador, Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 y beatificado en 2015.
Pero otros vientos soplan ahora en el continente. Y luego del triunfo de Mauricio Macri en
Argentina, el golpe institucional contra Dilma Rousseff en Brasil, el giro
copernicano de Lenin Moreno en Ecuador y la vuelta de Sebastián Piñera en
Chile, la postura de Bergoglio causa irritación en las elites que ostentan el
poder.
Quedó claro de este lado de la cordillera por qué Bergoglio
sigue sin hacer siquiera una escala técnica en territorio nacional. En Chile ya
se sabía que no habría una recepción fervorosa al Papa jesuita.
Las denuncias por abusos infantiles fueron muy graves y el
caso de Karadima fue un golpe muy fuerte a la credibilidad de una Iglesia que
de la mano del cardenal Raúl Silva Henríquez había sabido enfrentar al propio
Augusto Pinochet, denunciando los crímenes de la dictadura en tiempo real.
Karadima tuvo virtudes de educador en la fe, según parece, y
muchos de los miembros de la jerarquía eclesiástica chilena lo reconocen como
su maestro. Entre ellos está Barros, quien fuera obispo castrense hasta que en
2015 fue designado en Osorno. La Justicia chilena declaró en un primer momento
que los delitos por los que se acusaba a Karadima habían prescripto. Pero fue
juzgado en el Vaticano, y tras ser hallado culpable, en 2011 fue suspendido de
por vida.
Los mismos que habían motorizado la denuncia contra el cura
pederasta, insisten en que Barros estaba al tanto de lo que ocurría con
Karadima y había utilizado su influencia dentro de la Iglesia y en el poder
político para encubrir los crímenes. Por
eso llamó la atención que Francisco lo nombrara obispo de Osorno, en enero de
2015, lo que movilizó a la población en contra de esa decisión.
El Papa no ignoraba que iba a tener que enfrentar un clima
adverso en Chile, donde llegó a pocas semanas del cambio de gobierno. Por un lado, durante la gestión de Michelle
Bachelet se aprobó una ley de aborto y la mandataria impulsó el matrimonio
igualitario. Por el otro, todavía están caldeadas las aguas por el caso
Karadima-Barros y un par de días antes de la llegada de Francisco a Santiago la
agencia The Associated Press difundió una carta de hace dos años en respuesta a
una treintena de curas que explicaban las razones para rechazar el
«ascenso» de Barros.
Allí Francisco revela que su intención era que Barros se
tome un año sabático para no tener que nombrarlo en Osorno, a lo que se negó.
En este contexto el Sumo Pontífice deja en evidencia que quedó atrapado en la
interna de la Iglesia chilena, encolumnada para el caso detrás del nuncio Ivo
Scopolo, italiano y ligado a la derecha clerical.
Esto generó un enojo evidente en muchos chilenos, ya
alterados por toda la historia del pederasta y su presunto protector. Se dice
que desde que el caso comenzó a conocerse en Chile las
primeras denuncias son de 2004 pero tomó fuerza a
partir de 2010 el catolicismo comenzó a perder adeptos y pasó de
80% a principios de siglo a 60% hoy día. En todo
caso, la asistencia a las misas que Bergoglio dio en todo el país fueron muchísimo menores de lo que se esperaba.
Ni siquiera pudo torcer ese rumbo su pedido de perdón por
los abusos sexuales cometidos en instituciones religiosas ni bien pisó suelo
chileno. Ese reproche estuvo latente durante su posterior visita a Temuco, donde
dio un fuerte mensaje en torno al
reconocimiento de las culturas ancestrales y se reunió con representantes de
las comunidades mapuche, perseguidas tanto en Chile como en Argentina. Otra
buena razón para que las elites gobernantes y los medios hegemónicos en ambos
lados de la cordillera de los Andes buscaran la forma de socavar el liderazgo
que Francisco intentaba reforzar o al menos alterarle los nervios. Cosa que
parecieron lograr en Iquique.
Entre el «Mari mari» y el «Tinkunakama»
Así como en la Araucanía chilena hizo un claro
reconocimiento de la cultura mapuche ypidió resolver conflictos en forma
pacífica, Francisco destacó en la Amazonía «la sabiduría y el
conocimiento» que expresan los pueblos originarios. Al mismo tiempo,
condenó la devastación que los intereses económicos someten a estas regiones
del globo donde «dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro,
monocultivos industriales».
El medio ambiente es una de las grandes preocupaciones de
Jorge Bergoglio, que en el año 2015 anunció la encíclica Laudato si, para fijar
posición sobre el daño que causa el capitalismo depredador en todo el planeta.
Ya en octubre pasado, el Papa había convocado un Sínodo de
Obispos para la región Panamazónica (son ocho países los que forman parte de la
cuenca del Amazonas, Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela,
Guyana y Surinam) que se desarrollará en octubre de 2019.
«Probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora», dijo en la misa de ayer en Puerto Maldonado, departamento peruano de Madre de Dios, antes de despedirse con un Tinkunakama (hasta que nos volvamos a encontrar, en quechua). En Temuco había llegado con un «Mari mari» (buen día en mapudungun, la lengua mapuche).
Tiempo Argentino, Enero 20 de 2018
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