Donald Trump presionó con rechazar el presupuesto del Congreso si no se incluían 5000 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México. Dijo que no tendría problemas en ir a un cierre del Estado, esto es, a cortar fondos destinados a tareas no esenciales. Luego felicitó a la patrulla que impidió el ingreso de cientos de migrantes que salieron de San Pedro Sula, en Honduras, en octubre pasado. «¿Recuerdas las caravanas? Bueno, no lo lograron y ninguna se está formando o en camino», destacó en su cuenta de Twitter. El jueves obtuvo el sí legislativo al financiamiento que buscaba en la Cámara Baja, pero porque todavía tiene mayoría de republicanos, en lo que sería el último suspiro de una composición cameral que va a cambiar cuando asuman los nuevos representantes. Ahora falta el paso por Senadores, un trámite que no será sencillo de resolver porque los demócratas pueden trabar la aprobación. Recuerdan lo que tuvo que transpirar Barack Obama en sus últimos ejercicios antes de terminar su mandato.
Todas las miradas están centradas, por estas horas, en el sur. El nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se encontró con un problema que apareció durante el período de transición entre el triunfo electoral y su llegada al gobierno. Este jueves se hizo cargo de la situación y aceptó que migrantes de terceros países puedan permanecer o hacer el camino de regreso por territorio mexicano, una medida que en otros gobiernos no era usual.
Se trata por ahora de decisiones que se van armando sobre la marcha. Son miles de personas que fueron rechazadas en la frontera y ya comenzaban a impactar como un problema humanitario a través de los medios.
«Queremos mantener una relación de entendimiento y amistad con el gobierno de Estados Unidos, pero al mismo tiempo defender los principios de la política exterior de México», dijo AMLO en lo que ya es una habitual rueda de prensa matutina. Esa política, dijo, pasa por «ser defensores de los derechos humanos y en todo momento dar protección a los migrantes».
El canciller Marcelo Ebrard, sin embargo, recalcó que México no había firmado ningún acuerdo con EE UU para la creación de un «Tercer Estado Seguro», esto es, para que un solicitante de asilo permanezca en un país intermedio hasta que se acepte su pedido en el país al que quiere ir. Hay al menos 4000 personas en Tijuana a la espera de que los dejen cruzar al norte.
Este martes EE UU y México anunciaron una millonaria inversión para el desarrollo del sur mexicano, Guatemala, El Salvador y Honduras para frenar la emigración dando oportunidades en los lugares de origen. Un Plan Marshall en pequeña escala que habrá que ver si llega a destino o se pierde en recovecos burocráticos.
Donald Trump tiene un fin de año a toda máquina. Golpeado por una elección de medio término que le quitó el control de la Cámara Baja, busca desde entonces recuperar la iniciativa ante el embate de la oposición y en esta semana particularmente, se vio que la pelea política de 2019 será feroz. El martes tuvo que cerrar su fundación tras una demanda de la fiscal general de Nueva York por aprovechar beneficios impositivos para pagar hasta la publicidad electoral; el miércoles anunció que retirará todas las tropas de Siria y parte de las que están en Afganistán; el jueves debió enfrentar la renuncia del jefe del Pentágono y amenazó con cerrar el gobierno si no le aprobaban el presupuesto para construir el muro en la frontera con México, y el viernes se mostró en un video vestido de granjero para anunciar la firma de una ley agrícola. Todo esto en medio de un alboroto mayúsculo cuando avanzan causas por la presunta injerencia de Rusia en la campaña electoral de 2016. Una causa que lo pone contra las cuerdas para el año que se inicia.
La noticia de que los soldados estadounidenses dejarán Siria, como suele hacer el mandatario, la dijo por Twitter. «Hemos derrotado al Estado Islámico en Siria, la única razón para estar allí durante la Presidencia de Trump», escribió el mismo Trump y desató la sorpresa en analistas y sobre todo entre funcionarios de su propio gobierno. Todos recordaron que en abril pasado había hecho un anuncio similar y a los pocos días ordenó un ataque con misiles Tomahawk luego de que informaciones surgidas de fuentes británicas y francesas afirmaran que el gobierno de Bashar al Assad había lanzado armas químicas sobre en un hospital, un dato nunca comprobado como real.
A esto agregó que también volverían militares apostados en Afganistán, un país ocupado desde hace 17 años por efectivos estadounidenses y sumido en un escenario devastador. En Siria, todo indica que la decisión de irse fue acordada con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
El polémico inquilino de la Casa Blanca prosiguió con su fiebre de tuits con uno en el que se justificaba preguntándose si Estados Unidos debe ser el «policía» de Medio Oriente. En otro mensaje consideró que «es tiempo de que otros peleen finalmente» contra los terroristas. A este siguió otro en que señalaba que «Rusia, Irán, Siria y otros muchos países no están contentos con la salida de Estados Unidos (…) porque ahora tendrán que luchar contra EI ellos».
Los primeros en mostrar su descontento fueron los kurdos. EE UU había acordado en 2014 su apoyo en la lucha contra los yihadistas. El plan implicaba que una vez derrotados los extremistas islámicos, podría comenzarse a hablar de construir la nación kurda en los territorios liberados. El punto es que tanto el gobierno sirio como el turco buscan destruir al EI pero no tienen la menor intención de ceder espacio para un estado kurdo. La noticia de que Erdogan y Trump hubieran acordado el retiro de tropas no hizo sino generar alarma en la región.
Esa es una de las razones para le renuncia de Mattis. El general, que mantiene fuerte prestigio dentro de las filas militares, ocupaba el cargo de secretario de Defensa y cuando fue designado tranquilizó a muchos críticos del presidente porque evaluaron que es un hombre racional que no habría de permitir “la locuras de un hombre como Trump”. Ahora, tras el anuncio presidencial, en su renuncia hace hincapié en “la necesidad de tratar a los aliados con respeto”, en referencia a que los kurdos esperaban que no terminaran abandonados por Washington. Pero también a Gran Bretaña y Francia, que en el ataque de abril jugaron su parte y buscan el paraguas estadounidense para irse del todo de esa parte de mundo.
«Usted tiene el derecho de tener un secretario de Defensa cuyos puntos de vista estén mejor alineados con los suyos… creo que lo correcto para mí es renunciar a mi cargo», anotó Mattis en su carta de dimisión. Los más encumbrados dirigentes del Partido Demócrata lamentaron esta decisión. Lo que revela de qué se habla en las esferas del poder en EE UU: Trump anuncia otra vez que se pone en marcha el plan de retiro de tropas de esa región que fue caballito de batalla de la campaña de Barak Obama en 2008. Y Mattis, como dijeron incluso los medios hegemónicos, era el que frenaría las locuras trumpianas.
Otros conocedores de los entresijos del poder en Washington perciben una política no tan pacífica en esta movida de Trump, sino que encarna peligro para los latinoamericanos. De alguna manera el retiro de tropas representa el reconocimiento de una derrota en un territorio en el que durante la gestión Obama, EE UU había intentado asentarse. Una derrota incluso que le deja la zona servida a Rusia, que puso todas las fichas para salvar el gobierno de Al Assad y lo pudo sostener.
Para el francés Tierry Meissan, fundador del portal Voltairenet, Trump en realidad está llevando a cabo una estrategia que surge de su consejero de seguridad John Bolton para meter baza militar en el patio trasero. En la mira de la administración están por supuesto Venezuela y Cuba, para lo cual cuentan con un nuevo aliado de armas llevar desde el 1° de enero, Jair Bolsonaro.
A la lista se fue agregando en los últimos meses Nicaragua. Este jueves, también, dio luz verde a un proyecto que se conoce como la Nica Act, una ley fogoneada por anticastristas fervorosos como Ileana Ros-Lehtinen, Ted Cruz, Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez, que condiciona la aprobación de préstamos internacionales al gobierno de Daniel Ortega a la llamada a elecciones en ese país centroamericano. Ortega fue reelecto con 65% de votos en 2017 y tiene mandato hasta 2022.
Pero todo este zafarrancho fue sazonado, como también suele hacer el presidente, con un toque bizarro. Y en un video, vestido con uno de esos viejos mamelucos de granjero propios de una novela de John Steinbeck, y acompañado por la actriz Megan Mullaly, se lo vio cantando, horquilla en mano, un tema musical de una comedia de los años sesenta, Green Acres. Celebraba así la aprobación de una ley agrícola que otorga ayudas por 867 mil millones de dólares a agricultores afectados por la guerra comercial.
Otra vez la presión militar dejó a Lula da Silva entre rejas. Fue durante un miércoles agitado en el Supremo Tribunal Federal (STF), y luego de que uno de sus magistrados, Marco Aurelio Mello, dictara una cautelar basado un artículo de la Constitución, según el cual una pena de prisión sólo puede comenzar a ejecutarse una vez que se cumpla todo el proceso de apelaciones.
Esa medida podría haber beneficiado a 169.300 personas encarceladas pero con condenas que están en segunda instancia. Sin embargo el único recluso que preocupaba al aparato mediático judicial era el ex presidente, encarcelado en un proceso judicial sospechado de irregularidades, por un juez, Sergio Moro, que como coronación de su accionar a lo largo del caso Lava Jato, será ministro de Justicia del gobierno que asume el 1 de enero.
La cautelar fue prontamente dejada sin efecto por el presidente del STF (la Corte brasileña) Antonio Dias Tóffoli, quien suspendió el fallo hasta el 10 de abril próximo, cuando se volverá a analizar la situación. Poco antes, la jueza Carolina Lebbos se había negado a acatar la decisión y la Procuradora General, Raquel Dodge, había presentado un rechazo en términos similares.
Es la segunda vez desde que Lula entró en su celda de Curitiba, en abril pasado, que su caso genera rispideces dentro del poder judicial.
En mayo la corte tenia que responder a un pedido de la defensa y mantuvo en vilo al país durante varias horas hasta que por mayoría el caso quedó archivado. En julio un juez había aceptado otro reclamo de la defensa del líder metalúrgico para esperar en libertad el fallo definitivo.
Esa vez lo llamativo fue que el propio Moro, que a la sazón estaba de vacaciones en Portugal, desde la distancia ordenara suspender el fallo de su colega Rogério Favreto, algo inusual ya que es un juez de un estamento superior. En esa ocasión también el presidente del TSF, Dias Toffoli -que llegó a la Corte en 2009 gracias al apoyo del Partido de los Trabajadores (PT) ya que había sido militante y abogado de la Central Única de Trabajadores (CUT)- laudó contra Lula.
Pero antes y ahora fue evidente la presión de los militares para sacar de la cancha a Lula, que marchaba primero en las encuestas para presidente. De allí que fuera inhabilitado y finalmente hasta se le prohibió que diera entrevistas o participara en publicidades partidarias. Por esa razón el ex mandatario dijo hace pocos días que Jair Bolsonaro ganó porque él está proscripto.
Bolsonaro, ex militar, contó siempre con el irrestricto apoyo de sus pares y especialmente hubo uno que marcó el ritmo a la Corte en mayo, en julio y volvió a hacerlo este miércoles. Se trata de Paulo Chagas, un general retirado hace 12 años, que mantiene el respeto de los uniformados y es un teórico de una línea ideológica que ahora encuentra cauce en los centros de la derecha antiglobalista del mundo, desde Donald Trump a la Liga del Norte de Italia, Marine Le Pen en Francia o el gobierno de Viktor Orban en Hungría.
La serie de tuit con que «dictó» sentencia son ilustrativos. En mayo le dijo a los ministros del TSF: «Cuidado con la cólera de las multitudes». Entonces su argumento era que los jueces debían decidir si tomaban «partido por Brasil o por el crimen organizado» y señalaba que lo que estaba en juego era la causa Lava Jato.
Ahora retomó la amenaza. Primero «apretó» al juez Mello reclamando un juicio contra él por su «actitud unilateral contraria a una decisión colegiada», lo que representaría «una demostración de indisciplina intelectual y de escarnio al STF y a la sociedad brasileña».
Luego siguió con la presión en una red social en la que tiene 86200 seguidores.»Un ministro que suelta a un criminal condenado no es ministro, es comparsa y demuestra a Brasil y el mundo que tiene connivencia con el crimen», escribió.
Finalmente aplaudió al presidente el tribunal, en un texto revelador de que sus palabras habían tenido influencia en el Poder Judicial y en el que rescató su concepto de mayo para celebrar que «el pueblo brasileño, en una demostración de lo que sería la Cólera de las Multitudes, mostró a Dias Toffoli el camino del deber y la prudencia».
Chagas -sin relación con el científico que descubrió el tripanosoma cruzi, el protozoo que causa la enfermedad que lleva su nombre- nació en Río de Janeiro hace 69 años y pertenece alarma de Caballería. Ocupó distintos puestos en el arma y fue agregado militar en las embajadas brasileñas de Paris y Londres. Como experto jinete, participó en campeonatos mundiales militares de Equitación en Buenos Aires en 2005 y Porto Alegre en 2006 y el los V Juegos Mundiales de Rio de Janeiro en 2011. Fue candidato a gobernador de Brasilia, pero no llegó a cosechar 200 mil votos.
En su página web dice que «Brasil puede ser un ejemplo para el mundo». Y detalla que hace algunas décadas los países europeos podían ser el espejo donde los brasileños podían mirarse, pero que ahora esa imagen se desdibujó.
«Vemos una Europa contaminada por todas las propuestas del pensamiento globalista, siendo destruida y destituida de todos los valores y ejemplos que hicieron de ella un ideal de cultura occidental».
Y anota como un camino errado, que «la Unión Europea, al revés de la historia y las tradiciones de los pueblos, basada en discutibles ventajas económicas, implementó estratégicamente la apertura de las fronteras internas y externas del continente al multiculturalismo y la ideología de género «. No se priva de enumerar valores según él perdidos en el viejo continente como la competividad, el sentimiento de patria, las costumbres y tradiciones, el orgullo nacional.
El primer ministro canadiense se presenta como defensor de los derechos humanos y de los valores occidentales, en consonancia con las mejores tradiciones de ese país. Por eso anunció que estaba buscando los medios para anular un contrato para la venta de armas a Arabia Saudita alegando las atrocidades del régimen y sobre todo en razón de la responsabilidad del príncipe Mohamed bin Salman en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado en Estambul. Pero la respuesta de la empresa fabricante, General Dynamics Land Systems Canada, le probó una vez más el oscuro trasfondo de las intrincadas relaciones que estableció la monarquía con los “países democráticos”.
Tras la confirmación de que Khashoggi había sido ahorcado en el edificio saudita y que su cuerpo fue diluido en una solución ácida, el presidente estadounidense, Donald Trump, había deslizado que romper con Riad habría de implicar la pérdida de 100 mil millones de dólares en contratos para armamentos fabricados en EEUU. Poco importaba que todas las evidencias tanto de los servicios turcos como de la CIA apuntaban a MbS, como se conoce al heredero de la corona saudita. “Puede haber sido él como puede no haber sido”, fue el insólito argumento de Trump.
Arabia Saudita está involucrada en la guerra civil de Yemen apoyando fuertemente al gobierno central, que enfrenta una rebelión que cuenta con apoyo iraní. Pero aún antes de esta contienda, ya Riad era un fuerte comprador de armas al punto de que ostenta el tercer presupuesto mundial en gasto militar y es el segundo mayor importador, según estudios de la ONG sueca SIPRI (siglas en inglés para Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo), que se dedica a analizar las inversiones en artefactos militares de todo el mundo.
Los datos de la organización muestran que esa nación aumentó un 74% sus gastos militares entre 2008 y 2015, aunque debido a la baja en el precio del petróleo, en 2016 la cifra cayó considerablemente. El valor fluctúa con el precio del barril del crudo y en 2017 hubo compras en el exterior por 69,4 mil millones de dólares, un 10% del PBI. SIPRI (https://www.sipri.org), de todas maneras, destaca que esos números se basan en estimaciones, ya que los documentos públicos contienen información mínima de ese rubro y no hay un desglose de lo que utilizan las fuerzas paramilitares que dependen del Ministerio del Interior.
En el caso canadiense, se trata de contratos de 2015 para la venta de 928 vehículos de combate livianos Terradyne por un total de 15 mil millones de dólares. «El asesinato de un periodista es absolutamente inaceptable, y es por eso que Canadá desde el principio había estado demandando respuestas y soluciones- dijo Trudeau a la prensa- heredamos un contrato firmado por (el ex premier) Stephen Harper para exportar blindados ligeros a Arabia Saudita, (pero) estamos comprometidos con los permisos de exportación para tratar de ver si hay manera de anular esa exportación”.
La firma fabricante, subsidiaria de American General Dynamics, dijo sin embargo que romper unilateralmente ese contrato implicaría multas por unos 750 millones de dólares. «La finalización del contrato tendría un impacto negativo significativo en nuestros empleados altamente calificados, nuestra cadena de suministro en todo Canadá y el sector de defensa canadiense en general», señaló la compañía a modo de amenaza al periódico Globe and Mail.
El contrato era secreto, pero comenzó a ser discutido públicamente por Trudeau ni bien llegó al gobierno, ya que circularon imágenes de que los carros habían sido utilizados para reprimir a manifestantes chiitas en la ciudad de Qatif y en la guerra de Yemen, donde los sauditas son acusados de cometer brutales violaciones a los derechos humanos contra población civil.
Pero el mensaje que sale de Otawa resulta contradictorio, considera la ONG Canadienses por Justicia y Paz en Medio Oriente (CJPME, por sus siglas en inglés), ya que mientras el gobierno se monta en lo políticamente correcto acerca de la venta al régimen saudita, por otro lado la semana pasada aprobó la ley C-47 “que en la práctica no cumple la letra y el espíritu del Tratado de Comercio de Armas”. El TCA busca establecer estándares internacionales para regular el comercio internacional de armas convencionales. El negocio de las armas es la cuarta industria más grande del planeta, detrás de las drogas, la prostitución y la banca.
La indignación contra el régimen saudita llevó a que la canciller alemana Angela Merkel anunciara en octubre que su país no permitiría la venta de armas a Riad. Sin embargo hace unos días el presidente de la ONG Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), Karl Jüsten, dijo que ese comercio proseguía desarrollándose normalmente.
La situación de los derechos humanos en Arabia Saudita es grave y en un informe del año pasado de Departamento de Estado se especificaban “asesinatos ilegales; tortura; arrestos y detenciones arbitrarias incluso de abogados, activistas de derechos humanos y opositores; prisioneros políticos; restricciones a la libertad de expresión, a las libertades de reunión pacífica, asociación, movimiento y religión; falta de elecciones libres y justas; trata de personas; violencia y discriminación oficial contra las mujeres; y criminalización de la actividad sexual entre personas del mismo sexo”.
En Yemen, mientras tanto, el panorama no es diferente, con el agregado de que como se trata de una guerra, hay menos prurito aún para profanar todo código de civilización. Allí MbS está embarcado en lo que parece un desafío particular para mostrarse como ejecutivo y ganar las internas dentro de la monarquía. Pero sus tropas están empantanadas en un conflicto entre el régimen sostenido por los sauditas y los rebeldes hutíes, que cuentan con apoyo de Irán.
Luego de los primeros escandalizados cuestionamientos, cuando a principios de octubre se conoció el caso Khashoggi, ahora Riad recuperó iniciativa y como a su paso por Buenos Aires para el G-20 el príncipe vio que ninguno de los líderes mundiales sacó el caso a relucir, ahora se permitió criticar a los legisladores estadounidenses que resolvieron poner fin al apoyo de EEUU en Yemen.
El 13 de diciembre se firmó en Suecia un cese el fuego entre el régimen prosaudita y los hutíes. La tregua que entró en vigor este martes en Hodeida, el principal frente en la guerra. Pero Riad denunció que los rebeldes no respetan las condiciones del acuerdo. «Si la ONU continua demorándose y tarda a entrar en escena, perderán la oportunidad (…) y el acuerdo estará destinado al fracaso», amenaza.
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