Un nuevo apagón masivo sumió a Venezuela en la oscuridad en la noche del 25 de marzo. el gobierno difundió fotografías de un ataque en la principal central hidroeléctrica del país y acusó a un grupo no identificado de «criminales que generaron un incendio en el patio de 765 kva de Guri con la intención aviesa de dañar de modo definitivo la generación y transmisión de la carga», denunció el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez en su red social.
Luego, y también por Twitter, mostró el operativo para restituir el fluido eléctrico.
Es el segundo gran ataque que denuncia el gobierno bolivariano, que el 7 de marzo debió enfrentar otro corte de varios días hasta que pudo restaurar las conexiones. Desde la ofensiva contra la presidencia de Nicolás Maduro, que se intensificó desde que enero el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino, un grupo de naciones con el libreto dictado desde Washington tratan de derrocar al mandatario chavista y provocar un cambio de régimen.
En ese marco, el apagón de principios de mes es visto como parta de la estrategia diseñada por el enviado de Donald Trump, Elliot Abrams, para socavar la base de apoyo a Maduro, que es una parte sustancial de la sociedad y las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
De allí que Guaidó se apurara a declarar en la mañana del martes que «¿Cómo pretenden seguir repitiendo las excusas de la «guerra eléctrica» y el sabotaje? Son mentirosos y corruptos». Estuvo muy activo en la red el hombre que desde el 23 de enero espera la posibilidad e ingresar al Palacio de Miraflores con una banda presidencial.
Es el segundo gran ataque que denuncia el gobierno bolivariano, que el 7 de marzo debió enfrentar otro corte de varios días hasta que pudo restaurar las conexiones. Desde la ofensiva contra la presidencia de Nicolás Maduro, que se intensificó desde que enero el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino, un grupo de naciones con el libreto dictado desde Washington tratan de derrocar al mandatario chavista y provocar un cambio de régimen.
En ese marco, el apagón de principios de mes es visto como parta de la estrategia diseñada por el enviado de Donald Trump, Elliot Abrams, para socavar la base de apoyo a Maduro, que es una parte sustancial de la sociedad y las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
De allí que Guaidó se apurara a declarar en la mañana del martes que «¿Cómo pretenden seguir repitiendo las excusas de la «guerra eléctrica» y el sabotaje? Son mentirosos y corruptos». Estuvo muy activo en la red el hombre que desde el 23 de enero espera la posibilidad e ingresar al Palacio de Miraflores con una banda presidencial.
La situación venezolana, que tensa los nervios de quienes apostaban a una pronta resolución en favor de los intereses estadounidenses, entre ellos los gobiernos de derecha sudamericanos -el de Mauricio Macri en primer lugar- amenaza con extenderse habida cuenta de que en favor de Maduro se manifestaron reiteradamente sus pares de Rusia y China.
«Los intentos de Washington de organizar un golpe de Estado en Venezuela están violando la Carta de la ONU», insistió el canciller de Vladimir Putin, Sergei Lavrov. Fue tras un encuentro con el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo. El hombre de Donald Trump, a su turno, enfatizó que no se quedarán «de brazos cruzados mientras Rusia exacerba las tensiones en Venezuela».
El otro halcón del gabinete de Trump, el consejero en Seguridad Nacional John Bolton había dicho que «Estados Unidos no tolerará la injerencia de potencias militares extranjeras hostiles en los objetivos compartidos del hemisferio occidental». Hablaba en relación con dos aviones de Rusia que llegaron el sábado al país caribeño. Pero es bueno recordar que por hemisferio occidental la Casa Blanca entiende al continente americano.
Por esa razón, el otro de los grandes jugadores internacionales, China plantó bandera en el debate. «América Latina no es propiedad de ningún país ni tampoco es el patio trasero de ningún Estado», dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Geng Shuang en una conferencia de prensa en Beijing.
Yuri Lutsenko descolló en lo que se conoció como la Revolución Naranja, aquella revuelta de fines de 2004, antecedente del Euromaidán, que diez años después terminó por convertir a Ucrania en un polvorín. El actual procurador general de esa Nación fue, junto con Yulia Timoshenko, uno de los líderes de las luchas contra la dirigencia ligada la época soviética. Ahora desde Kiev le tiende una mano a Donald Trump en la causa por injerencia extranjera en las elecciones de 2016, mediante una investigación que sin embargo complica a la Embajada de Estados Unidos en una maniobra de ocultamiento de pruebas. Todo esto cuando falta una semana para unas elecciones presidenciales atravesadas por un conflicto irresuelto con Rusia en las regiones de Donbass y Lugansk y el reclamo por la soberanía sobre Crimea.
Lutsenko, de 54 años, enfrentó al pro ruso Viktor Yanukovich, el presidente depuesto en 2014, y pasó tres años preso entre 2010 y 2013 en una causa por malversación de fondos públicos y abuso de poder cuando fue ministro del Interior, en 2005. Timoshenko también estuvo entre rejas por ese entonces en lo que se catalogó como una persecución política.
Desde mayo de 2016, bajo la presidencia de Petró Poroshenko, Lutsenko es fiscal general de Ucrania. Por esa época, el estadounidense Paul Manafort participaba en el equipo de campaña de Trump. Pero el consultor y experto en marketing político tuvo que renunciar cuando salió a la luz que había sido lobbista de Yanukovich en los países occidentales. Si bien había estado contratado por algunos personajes poco recomendables como el filipino Ferdinando Marcos o el congolés Mobutu Sesé Seko, el caso del ucraniano pegaba de lleno en el entorno de Trump, porque Hillary Clinton elevó las sospechas sobre presuntos espías rusos en el hackeo de los servidores donde tenían mails e información privada.
Ni bien asumió su cargo, Trump debió enfrentar una investigación del FBI por esa cuestión y todavía está contra las cuerdas. Manafort, en tanto, fue acusado por el FBI de conspiración contra EEUU, fraude fiscal y lavado de dinero. Hizo un arreglo con el fiscal y se declaró culpable de dos cargos criminales y purga una condena de siete años.
En explosivas declaraciones a The Hill, un medio muy influyente en Washington que dirige el periodista Bob Cusack, Lutsenko reveló que investiga filtraciones de los agentes ucranianos a la Embajada de EE UU de la gestión de Barack Obama sobre registros financieros de Manafort. Fueron claves para la renuncia del especialista y también para esta temporada en las sombras.
Esta pesquisa habla de injerencia exterior en las elecciones estadounidenses de 2016, pero en favor de Hillary.
Todo se inició a partir de una grabación de un parlamentario ucraniano,,, donde quedaría claro que la filtración fue parte de una suerte de «acto de campaña» para favorecer los intereses de la candidata demócrata. Conviene aclarar que en realidad Hillary Rodham Clinton obtuvo casi 3 millones de votos más que Trump en las urnas pero perdió en el colegio electoral.
Lo que causó más escándalo es que según Lutsenko, la embajadora designada por Trump, Marie Yovanovitch, le entregó una lista de personas que no deberá investigar.
El ataque terrorista de Brenton Tarrant en Christchuch, Nueva Zelanda (50 muertos, 50 heridos), es el golpe xenófobo más grande en el mundo desde que el noruego Anders Breivik mató a 77 personas e hirió a 300 en Oslo en 2011. Dos expresiones brutales de un fenómeno que crece y amenaza a una civilización que creyó que el nazismo había sido eliminado y el futuro sería de convivencia y tolerancia.
Tarrant dijo que con el atentado aspiraba a difundir su ideario, y señaló que la nueva era que espera alumbrar con su sacrificio personal podría comenzar desde «Polonia, Austria, Francia, Argentina, Canadá o incluso Venezuela”.
No olvidó postear en su cuenta de Twitter antes de su raid infernal que sigue los postulados de Breivik y se inscribe en una idea que atraviesa los movimientos supremacistas blancos, muchos de ellos surgidos desde Estados Unidos y de países que padecieron el nazismo: que la raza blanca está en decadencia y que otras comunidades, con mayores índices de natalidad, la van a suplantar si no se hace nada para evitarlo.
«La gran sustitución: hacia una nueva sociedad», tituló al documento de 74 páginas. Alude a un libro del francés Renaud Camus (El gran reemplazo) que alerta sobre el impacto de la inmigración de árabes, negros y asiáticos contra la pureza racial de los blancos caucásicos. No sólo por la cantidad que llegan a Europa desde hace décadas sino porque la mujer blanca tiende a tener menor tasa de natalidad.
La preocupación es grande en EE UU a partir del auge de grupos racistas amparados en el aval que dan las medidas contra los inmigrantes del gobierno de Donald Trump y más al sur en la tendencia que se trasluce en la línea del nuevo presidente brasileño Jair Bolsonaro y sus hijos, notablemente xenófobos, machistas y proarmamentistas.
Este contexto coincide, y no por casualidad, con iniciativas para agravar las leyes que penalizan el aborto. Controlar el cuerpo de las mujeres parece el primer paso hacia la repoblación blanca, es la tesis subyacente.
Según el Southern Poverty Law Center, hay en EE UU unos 1020 grupos que define como «de odio». Seguramente el más famoso es el Ku Klux Klan, fundado en 1865 en Tennessee y protagonista de horrorosos crímenes contra negros en la década del ’60, hace tan sólo 60 años, y revitalizado al calor de nuevas olas racistas y xenófobas en todo el mundo.
Particularmente activo, American Identity Movement cubrió estos días los postes de luz del barrio South Side, en Chicago con mensajes del estilo de «abrace su identidad» o «nacionalismo, no globalismo», en stickers con un águila en un círculo blanco sobre un fondo rojo. De lejos, se confundía con una bandera nazi.
Como un desprendimiento de Identity Evropa (así, con la «uve» latina), una comunidad ultraderechista que propugna la «nazificación» de Estados Unidos y saltó a la fama en agosto de 2017 cuando atacó a manifestantes en Choarlottesville, Virginia, AIM es una de las tantas tribus neonazis que pululan en esa nación y que tiene ramificaciones en todo el planeta.
Según el SLPC, los grupos de odio habían disminuido durante el gobierno de Barack Obama, pero crecen desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Paralelamente se incrementó el número de muertes vinculadas a la derecha radical. «Los supremacistas blancos de Canadá y Estados Unidos mataron al menos a 40 personas, frente a 17 en 2017», concluye el informe.
El mensaje que viene ahora de Washington no es precisamente integracionista, con el proyecto de levantar el muro en la frontera con México para evitar el ingreso de hispanos, a los que el presidente califica como de la peor escoria.
Mientras tomaba su fusil, el neozelandés recomendó en Facebook Live que sus seguidores se suscribieran a Pew Die Pie. Revela el experto Emilio Doménech que se trata del youtuber más famoso del mundo, convertido en un ícono de un planeta virtual cada día más colonizado por las corporaciones informáticas. Pero a través de su canal se fueron introduciendo contenidos ultraderechistas. Muchos jóvenes, comenta Doménech en un hilo de tuits, se fueron sumando sin saber dónde se metían.
Un grupo creado en 2015 para hurgar en historias de brutalidad policial, derechos de poblaciones originarias y queer, Unicorn Riot (UR), se sorprendió al recibir desde año y medio a esta parte filtraciones de grupos nacionalistas blancos, una fuente incomparable para detectar el componente neonazi en algunos estamentos. Vieron así la forma en que están infiltrando al partido republicano. Datos aportados por UR sirvieron para presentar cargos contra integrantes de Identity Evropa, el Movimiento Nacional Socialista y la Liga del Sur.
Del otro lado del Atlántico, la irrupción de Vox en España no presagia nada bueno. Amanecer Dorado, en Grecia, y NSBoys, surgido de barrabravas de Chemenitz FC de Alemania, hacen sentir el intolerancia en las calles del continente donde se vivió el holocausto hace apenas 75 años.
Si creyó que el golpe de timón hacia el neoliberalismo que puso en marcha tras la destitución de Dilma Rousseff alcanzaba para evitar la prisión, evidentemente Michel Temer hizo un mal cálculo. En la mañana de este jueves, un grupo de tareas de la policía federal irrumpió en su vivienda paulista y se lo llevó detenido por orden del juez Marcelo Bretas, bautizado por los medios como el «Sergio Moro carioca».
«Es una barbaridad», le dijo a un periodista cercano, Kennedy Alencar, cuando se lo llevaban detenido. Pero en el entorno del hombre que reemplazó a Rousseff mediante el golpe institucional de agosto de 2016 susurraron que desde hace semanas se la veía venir.
Junto con el ex presidente de facto fueron apresados también su ex ministro de Minas y Energía, Wellington Moreira Franco, y el ex jefe de la Casa Civil (Jefatura de Gabinete) Eliseu Padilha. Los tres aparecen administrando un sistema de obtención de fondos no demasiado limpios y quedaron inmersos en una serie de acusaciones en el marco de la Operación Lava Jato, que ya dejó entre rejas a otro expresidente, Lula da Silva, y elevó condenas contra cerca de 130 dirigentes y empresarios por un total de unos 1900 años de prisión.
El PMDB, (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) acompañó al PT de Lula y Dilma en una alianza desde 2002 hasta que decidió traicionar los acuerdos. Acaba de emitir un comunicado en que dijo que «lamenta la postura de la Justicia en contra de la marcha de una investigación en la que se ha demostrado que no hay irregularidad por parte del ex presidente de la República, Michel Temer y del ex ministro Moreira Franco. El MDB espera que la justicia restablezca las libertades individuales, la presunción de inocencia, el derecho al contradictorio y el derecho de defensa «.
No es la misma interpretación de los derechos civiles que sostuvo ante la detención del ex dirigente metalúrgico, preso en Curitiba desde hace casi un año sin sentencia firme, una maniobra pergeñada por el juez Moro que impidió la postulación a la presidencia y abrió las puertas del Planalto al ultraderechista Jair Bolsonaro. Moro, en premio a esta operación, fue invitado a ocupar el cargo Ministro de Justicia. Y no lo rechazó. El PMDB hizo silencio porque creyó que con Lula fuera de la cancha habría lugar para ellos.
Temer enfrenta diez diferentes acusaciones en la Justicia, que ya estaban sobre el tapete en el plazo que estuvo al frente del Poder Ejecutivo, entre el 31 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, pero las fue esquivando porque su destitución hubiera implicado un caos aún mayor en la política brasileña. Pero en su caso, hay pruebas contundentes de su participación en delitos, delaciones de implicados y hasta filmaciones.
Según detalla el portal de OGlobo -el mismo medio que fogoneó la destitución de Dilma y la detención de Lula- una de las imputaciones es por una coima de un millón de reales que dice haber pagado la constructora Engevix al ex ministro Moreira y a un amigo de Temer.
Hay un caso de lavado de dinero que se habría registrado con la reforma de un inmueble de la hija del golpista, Maristela, en San Pablo, costeada por la empresa Argeplan. Junto a este incidente figura la investigación por sobreprecios en contratos con esa firma en una obra junto a Concremat. Argeplan también aparece en otras investigaciones ligadas a Temer en obras públicas.
Otro «arrepentido» lo involucra en un contrato ficticio en el puerto de Santos con la empresa Përola. Un directivo de Odebrecht involucra al trío ahora detenido en una coima de 10 millones de reales y dio pruebas sobre la negociación. En esa misma línea tenía una causa abierta por el otorgamiento de los puertos a empresas privadas durante su gestión de forma presuntamente irregular.
Las más documentadas públicamente son, sin dudas, la valija con medio millón de reales que le encontraron a su ex asesor Rodrigo Rocha Loures, debidamente filmado cuando recibía el «aporte» de un ejecutivo del holding J&F en una pizzería.
Temer en persona apareció en una cámara oculta que le hizo el dueño del frigorífico JBS donde reconoce que tuvieron que pagar por el silencio de Eduardo Cunha, que fuera titular de la Cámara baja y que abrió el juicio político contra Dilma Rousseff, pero terminó tras los barrotes porque le encontraron más de un millón y medio de dólares ocultos en una cuenta en Suiza. Recibió una sentencia de 15 años y 4 meses.
El juez Bretas, en tanto, es de fe evangélica, como gran parte del gabinete de Bolsonaro y de integrantes del Congreso brasileño. Asegura que sus creencias religiosas no interfieren para nada con su tarea profesional. Tiene 49 años, es esposo de una jueza federal y permaneció dos años en Washington, según su currículum, estudiando el sistema judicial estadounidense.
Entre sus casos más mediáticos, condenó a 30 años de prisión a Elke Batista, que fuera el empresario más rico de Brasil y uno de los 10 más acaudalados del mundo, por corrupción activa y levado de dinero.
También impuso una pena de 22 años y 8 meses a Sergio Cabral, gobernador de Río de Janeiro por el mismo partido que Temer, a la esposa y a funcionarios de su gobierno, por coimas.Ahora, tomó una delación premiada del empresario Lucio Funaro, homologada el setiembre de 2017 por el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal. Funaro esstá preso desde 2016 y reconoció haber sido el operador financiero del PMDB en el parlamento Ahora, tomó una delación premiada del empresario Lucio Funaro, homologada el setiembre de 2017 por el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal. Funaro esstá preso desde 2016 y reconoció haber sido el operador financiero del PMDB en el parlamento.
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