La situación en Libia mantiene en vilo a los países europeos, que a ocho años de haber abierto la lámpara a los peores demonios en el país norafricano, no para de sufrir las consecuencias, en una suerte de justicia poética.
Es que luego del drama de los cientos de miles de refugiados que cruzaron el Mediterráneo para huir de la miseria y la guerra civil en que se sumió esa rica nación petrolera tras el asesinato de Muammar Khadafi, ahora la Unión Europea tiene dudas sobre a qué lado apoyar ante este avance de las tropas del mariscal Jalifa Haftar, hacia Trípoli, donde tiene su sede el gobierno reconocido por los organismos internacionales.
Como un molde del proceso que en Venezuela intenta el gobierno de Donald Trump para destituir a Nicolás Maduro, en febrero de 2011 comenzó una serie de levantamientos que se conocieron entonces como la “Primavera Árabe”. Fue una oleada que se llevó a los regímenes de Túnez, Egipto. La intentona en Libia comenzó con el desconocimiento del gobierno de Khadafi y la asignación de legitimidad al Consejo Nacional de Transición, cuya cabeza visible era Mustafa Mohammed Abdul Jalil.
Haftar fue el elegido para llevar adelante la ofensiva militar. Había sido un hombre muy cercano a Khadafi cuando derrocaron al rey Idris, en 1969. Pero cayó en desgracia durante el conflicto con Chad, en 1986. Derrotado en la batalla de Maaten al Sarra, huyó a Estados Unidos, donde vivió por 20 años y desde allí participó en varios intentos por derrocar a su ex compañero de armas, con financiación de la CIA.
Si bien el gobierno francés, entonces en manos de Nicolás Sarkozy, fue el más efusivo en la estocada final contra el líder libio y el primero en enviar tropas, esta fue “la guerra de Hillary Clinton”, según se encargó de documentar el informático JulianAssange, detenido la semana pasada en la embajada ecuatoriana en Londres.
“Eso está registrado en sus correos. Involucró en ello a su agente favorito, SidneyBlumenthal. Hay más de 1700 correos electrónicos de Hillary, de los 33 mil que publicamos, que tratan solo sobre Libia”, declaró Assange desde su reclusión en la sede diplomática al periodista australiano John Pilgery en 2016. Y agregó que un dossier interno llamado «El tictac de Libia» “es una descripción cronológica de cómo Hillary desempeñó el papel central en la destrucción del Estado libio».
Muerto Khadafi por una turba de fanáticos, en octubre de 2011, efectivamente el país se convirtió en un caos que sin embargo, no dejó de ser un enorme negocio para las empresas petroleras, que ahora veían fluir el líquido sin tener que rendir cuentas.
Luego de al menos 50 mil muertos y la destrucción de gran parte del patrimonio libio, la nación quedó dividida en dos facciones: el este, bajo el dominio del mariscal Haftar con capital en Tobruk; y el oeste, formalmente ahora a cargo de Fayez al Sarraj, un arquitecto reconocido como mandatario por las Naciones Unidas.
España se encamina a las urnas en un clima de tensiones políticas derivadas de la cuestión no resuelta del independentismo catalán, del crecimiento de la ultraderecha y de una crisis económica que una medida de Donald Trump relativa a Cuba no haría sino empeorar. En este marco, la buena noticia para Pedro Sánchez es que podría legitimar su gobierno, al que ingresó como por la ventana el 2 de junio de año pasado, enancado en el apoyo de Unidos-Podemos y los partidos nacionalistas regionales.
La cadena de casos de corrupción que envolvió al Partido Popular (PP) generó las condiciones para que –confiando en que ganaba «con la camiseta»– Mariano Rajoy pidiera un voto de confianza al Congreso. Hacía dos años había sido reelecto y con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sumido en una crisis casi terminal que nada parecía preocupar.
La sorpresa fue que la centroizquierda, conformada dentro de Podemos por grupos que masivamente habían abandonado el PSOE, disgustados por las políticas de corte neoliberal aplacadas por José Luis Rodríguez Zapatero, convencieron a Sánchez, que ni siquiera era diputado, de que daban los números para sacar a los conservadores del Palacio de La Moncloa. Y efectivamente, aliados con el Partido Nacionalista Vasco y los catalanes, forzaron la renuncia de Rajoy. Sánchez asumió con una debilidad de base que ahora espera remediar.
No es que el presidente del gobierno haya decidido lanzar una votación anticipada porque se sentía fortalecido, simplemente fue que no logró que le aprobaran un presupuesto considerado por los sectores progresistas del país como más beneficioso para las clases populares que los que se vienen manejando desde 2008 en adelante.
Las últimas encuestas sostienen que el PSOE lograría una mayoría que de todas maneras no le daría para gobernar en soledad. Necesitarán otra vez de los votos parlamentarios de Unidas-Podemos (la alianza entre el partido de Pablo Iglesias, Izquierda Unida y Equo, la versión española del Partido Verde, que al calor de los tiempos que corren, cambió de género) y quizás hasta de los nacionalistas.
Aquí es donde la cosa se puede complicar, porque a estas horas también avanza el juicio contra los líderes independentistas catalanes, calificados por amplios sectores sociales como presos políticos. Qué hacer con este entuerto es un tema de debate nacional que atraviesa los comicios.
En este escenario también vino desgajándose la centroderecha, que desde la vuelta de la democracia, en 1975, está mayoritariamente representada por el PP. El partido Ciudadanos (Cs) se formó con descontentos con la corrupción en 2006. VOX, corrido todo lo que puede a la derecha, nació en 2013 ante el crecimiento de la inmigración y el avance del independentismo regional, y viene creciendo con un discurso xenófobo y ultramachista.
El pentágono
A la elección del 28 se presentan cinco candidatos a la primera magistratura: Sánchez por el PSOE, Pablo Iglesias por Unidas-Podemos, Pablo Casado por el PP, Albert Rivera por Cs y Santiago Abascal por VOX. Todo indica que habrá algo más de votos de derecha que de izquierda (casi 46% a 44%), pero la dispersión no le permitirá ampliar su base de escaños en el Parlamento, algo que conseguiría más fácilmente el PSOE, aunque tampoco es que le sobre tanto.
Que el clima se pone denso cuando falta una semana para las urnas lo prueba la disputa por el debate de los candidatos. Hay bastante acuerdo en que no se haga presente el representante de VOX, con la excusa de que no tiene representación parlamentaria. Curiosamente –o no– eso hace crecer la imagen de Abascal, a través de las redes sociales, en las que sus partidarios son muy activos, habla de censura.
El encuentro de a cuatro iba a ser este lunes por la Televisión Española (RTVE), mientras que el canal privado Atresmedia iba a hacer lo propio el martes. A último momento el canal público cambió la fecha al 23, superponiendo el desafío. Sánchez dijo que iría a RTVE, Iglesias pidió alguna negociación para evitar un papelón y los «trifachos», como los caratularon en un programa humorístico ironizando sobre la plataforma de búsqueda de hoteles Trivago, dicen que estarán en Atresmedia, que ahora desinvitó a Abascal.
Desde el 1 de mayo, en tanto, habrá un duro golpe a los capitales españoles en Cuba ya que ese día la Casa Blanca anunció que levantará la suspensión de la ley Helms-Burton.
Se trata de una normativa aprobada en 1996 y en suspenso desde entonces que endurece las sanciones contra el gobierno de la isla y penaliza el comercio y las inversiones externas. Desde hace décadas España es el principal inversor en la mayor de las Antillas, con fuertes intereses en el sector hotelero y de servicios. Tres días después de las elecciones, empresas españolas podrían ser demandadas en Estados Unidos por sus vinculaciones comerciales con el gobierno de la Revolución.
Mientras tanto, la deuda pública española se mantiene en alza y en febrero trepó a 1.1 88.919 billones de euros, el 98,2% del PBI o 1,2 puntos más que un año antes.
La relación de los radicales con el macrismo nunca fue un lecho de rosas. Como un matrimonio por conveniencia, la alianza sellada en marzo de 2015 en Gualeguaychú que dio origen a Cambiemos tuvo un objetivo primordial, que fue derrotar al Frente para la Victoria, pero al precio de una legión de detractores dentro del partido centenario. Fieles a su tradición, todos respetaron el acuerdo aprobado en mayoría de ir a una PASO para dirimir con el PRO quién sería el candidato a presidente por ese espacio, que también integraba la Coalición Cívica, de Elisa Carrió. Pero como alguna vez dijo Mauricio Macri, desde entonces «pasaron cosas». Ahora, cuando se avecina el fin del mandato presidencial, esas cosas que pasaron son un lastre del que muchos dentro de la UCR quieren desprenderse. Como muestra de las diferencias internas, ese tema debería dirimirse en una Convención Nacional que a esta altura está lejos de ser convocada. Toda una señal de las dificultades para encontrar un camino común. La Convención Nacional es el órgano deliberativo de la Unión Cívica Radical y se reúne para establecer candidaturas y lineamientos políticos. El Comité Nacional, en tanto, es la máxima autoridad política y tiene funciones ejecutivas. Si bien había diferencias desde el primer día de la gestión macrista, podría decirse que cuando el Gobierno decidió volver al Fondo Monetario Internacional las voces de rechazo se extendieron por todo el universo radical. La crisis económica y la inflación galopante no fueron sino acicates para aquellos que votaron al exalcalde porteño con un broche en la nariz. Y en los últimos meses esas disidencias saltaron a la luz con toda su furia. El choque en Córdoba entre Ramón Mestre y Mario Negri fue apenas un botón de muestra. Ese distrito le dio el triunfo a Macri en 2015, con más de 900.000 votos de diferencia y casi el 72% del electorado. Pero ahora está entre los más decepcionados con la política aplicada desde entonces. Negri tenía el aval de la Casa Rosada y Mestre, el de Enrique Coti Nosiglia, el eterno operador en las sombras de la UCR, que capitalizó las críticas de dentro del partido. No hubo acuerdo para lograr una fórmula común ni para elecciones internas por desconfianzas mutuas y eso le despeja el camino a Rubén Schiaretti, el gobernador peronista no K. A todo esto, el kirchnerismo local, otrora bastante castigado en la urnas, esta vez prefirió no designar candidato para avanzar hacia una suerte de unidad con el oficialismo cordobés.
Planteos políticos Pero el clima denso venía de antes. Las quejas por el desprecio con que los radicales son tratados dentro de Cambiemos crecía entre los correligionarios y comenzó a hacerse más visible a medida que la crisis económica fue elevando el malhumor social. Tanto Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y presidente del Comité Nacional, como Gerardo Morales, mandatario jujeño, lo expresaron en planteos acerca del brutal aumento en las tarifas de servicios públicos. Al mismo tiempo, otro sector, con menos presencia territorial, como el de Ricardo Alfonsín, el hijo del expresidente; Federico Storani, vicepresidente del Comité; y Jorge Sappia, titular de la Convención Nacional, se quejaron de que nunca habían sido consultados para las decisiones más conflictivas. «El acuerdo con el FMI se anunció un martes y ese lunes Cornejo estuvo en la Casa Rosada y salió hablando de cualquier tema; si le dijeron lo del Fondo y lo ocultó, es más grave todavía; pero creo que ni se enteró», recalcó Sappia, que fue ministro de Trabajo provincial durante el gobierno de Eduardo Angeloz. El tema del empleo, precisamente, preo-cupa a Ricardo Alfonsín. «¿Han visto los términos del proyecto de reforma laboral? Es imposible que la UCR acompañe muchos de sus artículos», protestó desde su cuenta de Facebook. «La UCR debe aclarar que no participó y nada tuvo que ver en la elaboración del mismo. No puede pasar ni un día más sin que la sociedad lo sepa. Además, por lealtad con los aliados, debemos sugerirles que lo revean», continuó. Como para calmar las aguas, desde Balcarce 50 salieron versiones de que el Gobierno estaba analizando con los caciques radicales la posibilidad de que en octubre haya una fórmula compartida: Macri presidente y un radical como vice. Pero lejos de apaciguar los ánimos, la presunta oferta elevó el fastidio y fue el mismo Alfonsín quien ironizó que ese no es el tema central para debatir. «Espero que los radicales le hagan saber al PRO que la responsabilidad de los problemas de los argentinos no es de (la vicepresidenta Gabriela) Michetti, sino de las políticas aplicadas o de las ideologías que las inspiraron».
La vicepresidencia Los voceros del oficialismo tampoco son demasiado partícipes de una jugada como esa. Marcos Peña, el jefe de Gabinete, considera que sería esencial una fórmula con una mujer como vice. Y los radicales no tienen a ninguna con suficiente peso específico entre sus filas. Pero quizás lo que prime sea el consejo del asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien en una entrevista con el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, recordó que «(José María) Velasco Ibarra fue elegido cinco veces presidente de Ecuador y derribado cuatro veces por el vicepresidente. Definía al vicepresidente como “un conspirador resuelto”. Por eso, no es aconsejable que quien esté en la vicepresidencia no sea de la confianza del presidente». Más allá de esta controversia, la UCR se muestra como una federación de partidos provinciales y actúa en consecuencia. Los gobernadores –Morales, Cornejo y Gustavo Valdés, de Corrientes– retacean el apoyo a Macri porque lo perciben a esta altura como un salvavidas de plomo, por eso desdoblaron las elecciones en sus distritos. Pero no rompen por necesidad política, ya que precisan del Gobierno para cerrar las cuentas. Daniel Salvador, el vice bonaerense, mantiene una relación óptima con María Eugenia Vidal, de modo que ni sueña con sacar los pies de plato. Los que quieren romper creen que la Convención no será citada. «No hay tiempo para hacerlo antes de junio, en que se definen las candidaturas. Tenemos elecciones en 127 municipios cordobeses el 14 de abril y a gobernador el 12 de mayo; antes las PASO en Santa Fe el 28 de abril. Dicen que convocarían para el 25 de mayo. ¿Cómo?, ¿para qué?», se pregunta Sappia. Alfonsín quiere unas PASO más amplias, con el Partido Socialista santafesino y el sector de Margarita Stolbizer adentro. Storani vería con buenos ojos a un candidato como Martín Loustau. En todo caso, cree que de quedarse en Cambiemos, será «necesario reformular reglas de juego, entre ellas, que exista una mesa realmente institucionalizada permanente, que tenga la oportunidad de discutir las políticas públicas porque si no, para muchos de nosotros es absurdo estar responsabilizándonos de políticas que ni siquiera podemos discutir previamente».
Tras retirarle el asilo y haber liberado el ingreso de la policía británica para que detuvieran a Julian Assange en su sede diplomática en Londres, el gobierno de Lenín Moreno se lanzó a una caza de brujas informática en su propio país, con el objetivo ya nada oculto de evitar nuevas filtraciones que comprometen a la familia presidencial en casos de corrupción. Así lo reflejó la ministra de Interior, María Paula Romo Rodríguez, quien en una rueda de prensa informó que hay dos hackers rusos y «una persona vinculada» a WikiLeaks en territorio ecuatoriano y culpó a funcionarios del gobierno de Rafael Correa de haber permitido que actuaran libremente. Fue así que detuvieron a Ola Bini, un ciudadano sueco que trabaja desde hace años en seguridad y privacidad digital.
La acusación más grave es que «en las últimas semanas hay intromisiones de Assange y su organización aliada en asuntos de política interna del Ecuador». La referencia no podía ser más clara: desde principios de año comenzaron a difundirse en las redes documentos secretos sobre negocios del hermano, la esposa y el mismo Moreno que lo involucran en lavado de dinero en cuentas offshore. Conocidos como los INA Papers, por una firma, INA Investments, de la que el mandatario formó parte hasta que asumió la presidencia en mayo de 2017. El caso había puesto en alerta a Moreno y desde ese momento parecía obvio que la suerte del activista australiano estaba echada, como adelantó TiempoArgentino el domingo pasado.
Asilado desde 2012 en la embajada de Ecuador en la capital británica, Assange tenía una causa por supuesta violencia sexual contra dos mujeres en Suecia, que fue dejada de lado en 2017. Pero Scotland Yard lo acusa de incumplir los requisitos de su libertad bajo fianza cuando buscó protección en el gobierno de Correa.
Jennifer Robinson, abogada de Assange, dijo en un tuit que el fundador de WikiLeaks «fue arrestado no sólo por el incumplimiento de las condiciones de la fianza sino también en relación con una solicitud de extradición de los Estados Unidos. que se emitió en diciembre de 2017 y es por conspiración con Chelsea Manning».
Chelsea Manning, analista de las Fuerzas Armadas de EE UU en Irak, desató esta tormenta en 2010 cuando filtró miles de documentos que probaban las atrocidades cometidas por tropas de ese país desde la invasión. Fue ese el momento en que el portal alcanzó notoriedad, mediante acuerdos con los medios más importantes del mundo hasta entonces, Le Monde de Francia; New York Times de EEUU; Der Spiegel de Alemania; The Guardian de Gran Bretaña y el español El País.
Pronto se desataron también las consecuencias. El gobierno de Barack Obama condenó la filtración y advirtió sobre el peligro de difundir información que atentara contra la seguridad de las fuentes. Manning cambió de sexo cuando estaba en prisión y en 2013 fue condenada a 35 años de prisión, aunque terminó indultada en 2017. Hace un mes volvió a la prisión por negarse a declarar en una causa contra WikiLeaks. Dijo que se amparaba en garantías constitucionales. Quedó en aislamiento hasta que cambiara de idea.
«No podemos permitir que Ecuador se convierta en un centro de piratería y espionaje; hay que dar por terminado ese período… llegamos a normalizar a tal punto el espionaje, el espionaje político, la intromisión en la vida de las personas, que en el gobierno pasado canales públicos se daban el lujo de transmitir chats de conversaciones privadas de personas», dijo la ministra luego de afirmar que Bini, al que no nombró directamente, «ha estado colaborando con intentos de desestabilización en contra del gobierno y que ha viajado a otros países junto a Ricardo Patiño, quien, como ustedes recordarán, era el canciller de la República cuando se otorgó este asilo».
Fuentes cercanas a Correa interpretaron ante una consulta de este diario que «el gobierno de Lenín Moreno está intentando instalar que el equipo de WikiLeaks filtró información para desestabilizar, están creando una puesta en escena para desviar la atención».
En su blog, Bini se define como un desarrollador de software preocupado por la privacidad y que implementó tecnologías de encriptación y programación de uso público. Quienes lo conocen, como Rafael Bonifaz, quien hizo un máster en Seguridad Informática de la Universidad de Buenos Aires, dicen que Bini había quedado muy impactado con las revelaciones de Edward Snowden sobre la forma en que la agencia estadounidense NSA espiaba a los usuarios de Internet a través de todas las plataformas disponibles.
«Ola lideró un equipo de desarrolladores, en su mayoría de Ecuador y Brasil, para mejorar proyectos de software libre orientados a la privacidad y así mejorar la seguridad de nuestras comunicaciones», agrega Bonifaz.
Snowden pidió asilo en Rusia para no ser juzgado en su país por traición a la patria. Quizás esa sea la suerte que le espera a Assange.
Mientras tanto, WikiLeaks liberó millones de archivos con información clasificada de todo el mundo. Al cierre de esta edición, estaba disponible en esta dirección.
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