por Alberto López Girondo | Dic 8, 2019 | Sin categoría
Pocos gobiernos llegaron a la Casa Rosada con un escenario internacional tan desfavorable. El de 1973, sin dudas, fue uno. Entre el triunfo de Héctor Cámpora en marzo y el de Juan Domingo Perón en septiembre se produjeron los golpes en Uruguay y Chile, cerrando el círculo de dictaduras militares alrededor del país. Raúl Alfonsín debió lidiar con los mismos protagonistas diez años más tarde y puede decirse que contribuyó para la recuperación democrática de la región.
Alberto Fernández llega a la Casa Rosada 29 días después del golpe contra Evo Morales, tres meses antes de que la derecha vuelva a la presidencia uruguaya y con dos mandatarios, en Paraguay y Brasil, surgidos de procesos democráticos amañados luego de sendos golpes institucionales contra presidentes constitucionales. Chile se debate contra el último vestigio pinochetista: la constitución de 1990.
A. F. perdió en pocos días dos aliados para su proyecto progresista y quedó rodeado de experiencias protofascistas como las de Jair Bolsonaro y Jeanine Áñez. El Mercosur, golpeado en los últimos años, sufre la suspensión de Venezuela, a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder en Argentina y de Michel Temer tras la expulsión de Dilma Rousseff.
Pero la integración fundamentalmente padece la amenaza de este Brasil neoliberal de dejar el organismo o forzar una baja de aranceles externos, en un mundo que cierra sus fronteras comerciales.
Donald Trump declaró la guerra a China por los mercados y la tecnología del futuro. Desde la administración Obama para acá, América Latina vuelve a ser el «patio trasero», con lo que el principal campo de batalla de esa contienda es la región.
A. F. recibe un país al borde de la asfixia por la deuda y los planes del FMI. Igual le pasó a Alfonsín y luego a Carlos Menem y a Néstor Kirchner. Como entonces, la deuda es un condicionante político para el inquilino de la quinta de Olivos.
La experiencia argentina demuestra que la cancha siempre viene inclinada cuando asume un gobierno elegido por el pueblo. El viento, la tribuna y el árbitro están en contra, y en este juego los otros no son de respetar códigos. Pero siempre hay posibilidad de pelearla.
En este contexto, las dificultades que pueda tener el nuevo canciller, Felipe Solá, con el idioma inglés serán el menor de sus problemas. «
La enorme obsesión por Venezuela
Venezuela es la gran obsesión para las derechas de todo el mundo. Siempre les viene muy bien denostar al gobierno del país caribeño para ocultar las propias miserias. Por supuesto, en la lista de enemigos de los Estados Unidos, también están Cuba y Nicaragua. Pero el empecinamiento que denota la Casa Blanca contra el gobierno chavista resulta llamativo.
Los jefes militares del Comando Sur invitan a los militares venezolanos a desplazar al presidente Nicolás Maduro y halagan a los uniformados de todos los países para “defender los valores de la democracia”.
Por lo tanto, por propia preservación, el primer gran desafió para el gobierno de Alberto Fernández será de qué manera buscar una salida pacífica para Venezuela sin caer en el intento.
Raúl Alfonsín lo había hecho con la revolución sandinista en los 80 ante la ofensiva de Ronald Reagan. No es casual que algunos de aquellos protagonistas hayan salido de los museos para sumarse a los deseos de Donald Trump.
Tiempo Argentino, 8 de Diciembre de 2019
por Alberto López Girondo | Dic 8, 2019 | Sin categoría
Los demócratas apuran la redacción del texto del impeachment contra Donald Trump como para dejárselo de regalo navideño. El presidente, lejos de mostrarse agobiado por la presión que le llega desde la Cámara de Representantes, les pide celeridad porque, los torea, quiere empezar la campaña para la reelección en las elecciones de 2020. Y por supuesto, está convencido de que tendrá cuatro años más en la Casa Blanca. Si es por las cifras de la economía, descendió el nivel de desocupados, y los ingresos de los trabajadores comunes, creció en torno del 8 por ciento.
«Tristemente, pero con confianza y humildad, con lealtad a nuestros fundadores y un corazón lleno de amor por Estados Unidos, le pido al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, que proceda con la redacción de los artículos de juicio político», dijo Nancy Pelosi, la speaker (presidenta) de la Cámara Baja y líder de la bancada demócrata.
El caso contra Trump se comenzó a armar hace dos meses, cuando se difundió una conversación telefónica con el nuevo presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la que el estadounidense aparece sugiriendo que podría liberar un crédito de 400 millones de dólares para comprar armamento si impulsaba una investigación por corrupción contra al hijo del precandidato opositor Joe Biden.
Lo escandaloso para los demócratas –Biden fue vice de Barack Obama y es el que está mejor posicionado para ganar la interna de cara a los comicios de noviembre del 2020– sería, según Pelosi, que Trump «ha incurrido en abuso de poder, ha socavado nuestra seguridad nacional y ha puesto en peligro la integridad de nuestras elecciones. Si permitimos que un presidente esté por encima de la ley, seguramente lo haremos a riesgo de nuestra república».
El tema de fondo es que Hunter Biden fue uno de los más directos beneficiarios de la destitución de Viktor Yanukovich, el presidente prorruso de Ucrania, en 2014. A tal punto que integró desde entonces y hasta principios de este año el directorio de una empresa energético y cobraba un salario de 50 mil dólares mensuales.
No está acusado de ningún delito, las acusaciones se basan en principios éticos. Pero si hubo un inicio de investigación de un fiscal ucraniano que luego fue presionado para renunciar, antes de que Zelenski llegara al gobernó en Kiev. Al mismo tiempo, la extorsión de la que se acusa a Trump se parece mucho a las que todo gobierno estadounidense realiza en cualquier lugar del planeta para lograr sus objetivos.
Pero en el caso de Biden, la investigación desnudaría una maniobra muy usual en la política de EE UU que es aprovecharse de influencias políticas para beneficios privados. Para colmo, que involucra a un alto dirigente partidario que aspira a una candidatura.
Trump confía en que la acusación de los representantes, la cámara acusatoria, dominada por la oposición, chocará en el Senado con la mayoría republicana (53 a 47). Más aun, está convencido de que todo el proceso terminará por convertirse en una campaña publicitaria a su favor. Los únicos dos juicios políticos en la historia de EE UU, contra Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, terminaron en absoluciones.
Pero el impeachment pone nerviosos a varios, empezando por el propio presidente, que tuvo una semana agitada en la cumbre de la OTAN en el Reino Unido, de la que se retiró cuando se filtró un video en el que los jefes de Estado de Francia, Gran Bretaña, Holanda y Canadá se burlaban de él.
Biden también acusa recibo de lo que implica este juicio. En un mitin en New Hampton, un agricultor de 83 años le recriminó haber enviado a su hijo a trabajar a Ucrania. «Eres un fucking mentiroso», le espetó, con los ojos encendidos de ira.
Tiempo Argentino, 8 de Diciembre de 2019
por Alberto López Girondo | Dic 3, 2019 | Sin categoría
El secretario de Estado, Mike Pompeo, encendió motores de cara a la reunión de cancilleres de países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); que se desarrollará en Bogotá. En un discurso en la Universidad de Louisville, en Kentucky, el ex jefe de la CIA del gobierno de Donald Trump prometió ayuda a la represión de las protestas populares que se desarrollan en países aliados de EEUU y acusó presuntos agentes cubanos y venezolanos por las manifestaciones que pueblan las calles de Chile y Colombia.
“Vamos a ayudar a los gobiernos legítimos de América Latina. Sabemos que Cuba y Venezuela han tratado de secuestrar las protestas legítimas en países de la región para sus propios fines ideológicos, algo que esas naciones no han tolerado», fueron las palabras que utilizó el secretario de Estado.
Este martes, representantes de países latinoamericanos se reúnen en la capital colombiana en lo que seguramente culminará en un compromiso de ir hasta las últimas consecuencias contra el gobierno de Nicolás Maduro, sin olvidar al que encabeza en La Habana Miguel Díaz Canel.
En su discurso de Louisville, Pompeo acusó a Cuba de mantener «miles de agentes de inteligencia cubanos» que, según insistió, «son el soporte vital de régimen de Maduro”. Ahí aprovechó para fijar posición sobre la marcha atrás en descongelamiento de relaciones con La Habana que había iniciado Barack Obama en diciembre de 2014.
«Hemos echado atrás algunos de los acercamientos con Cuba aplicando nuevas sanciones. Reconocemos que el acercamiento no mejoró el historial de derechos humanos del régimen cubano ni impidió que interfiriera ilegalmente en Venezuela», afirmó. El recrudecimiento de las sanciones y el bloqueo comenzó ni bien Trump asumió el gobierno, en enero de 2016, apenas un año y unos días más tarde.
El TIAR, un instrumento militar creado en 1947 en Río de Janeiro en el marco de la Guerra Fría entre EEUU y la Unión Soviética para que los ejércitos de los países de la región se sometieran a los designios del Pentágono. En la práctica, esa alianza militar resultó adversa para Argentina en la única vez en que se intentó poner en acción, que fue durante la guerra de Malvinas. La dictadura militar pidió la aplicación de sus pactos de defensa contra una agresión extranjera ante el ataque de la flota británica. El gobierno de Ronald Reagan se opuso.
El diputado de la Asamblea nacional de Venezuela (antichavista) Williams Davila dijo a la Voz de las Américas (VOA, el servicio del gobierno de radio y televisión de EEUU) La que en ese encuentro se organizará » una red de inteligencia de todos los organismos de seguridad y policial de los países signatarios del TIAR a los fines de actuar contra las personas que resulten sancionadas que resulten comprometidas en violaciones en derechos humanos».
En consonancia con Pompeo, Davila dijo que será la forma de combatir a los “elementos violentos que subvierten el orden público en alguno de estos países que tienen motivos legítimos para protestar, pero que son explotadas y aprovechadas por elementos del régimen de Maduro”.
Tiempo Argentino, 3 de Diciembre de 2019
por Alberto López Girondo | Dic 1, 2019 | Sin categoría
La salida de prisión de Lula da Silva saca a relucir los peores fantasmas de la dictadura brasileña. Y la amenaza del gobierno de Jair Bolsonaro de reimplantar un bando militar de 1968 debería leerse en el contexto de que las políticas neoliberales no son compatibles con la democracia. Así lo entiende el líder del PT y dirigentes de todos los sectores que salieron a cuestionar en fila declaraciones en Washington del ministro de Economía, Paulo Guedes, acerca de que para combatir posibles manifestaciones populares «alguien podría pedir el AI-5», el Acta Institucional que suspendió garantías constitucionales y dio una vuelta de tuerca para la persecución y tortura de opositores al golpe de 1964.
Lula, liberado el 8 de noviembre pasado tras 580 días en una celda en Curitiba, se puso sobre los hombros la lucha contra el modelo que busca implantar el excapitán del Ejército brasileño. Pero paralelamente la región sigue convulsionada por protestas contra la desigualdad en Chile, Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia se consolida un gobierno de facto. La respuesta de Guedes fue a una pregunta sobre si no creía que ese clima levantisco se trasladara a las calles brasileñas.
Desde que asumió, el gobierno de Bolsonaro inició una política de ajustes y privatizaciones al estilo de la Escuela de Chicago, de la que Guedes es discípulo dilecto. El resultado es que la economía no da señales de vida y todo indica que el crecimiento será del 0,9% en 2019. Menos que el de Brasil en los dos años previos pero incluso se trata de un decrecimiento si se tiene en cuenta que el índice de natalidad supera el 1,4% anual.
Bolsonaro ya logró que le aprobaran una reforma laboral y previsional que generaría una reducción presupuestaria («ahorro», lo llaman) de 217.500 millones de dólares al cabo de una década. Aun así, el déficit de este período no bajará del 6,3%. De allí que enviara al Congreso un proyecto de reforma constitucional para descentralizar los recursos federales. El Plan Más Brasil dejaría áreas clave como educación, salud y seguridad en manos de los municipios y los estados.
«En el primer año de gobierno, el pueblo tiene la expectativa de que ocurrirán cosas buenas –dijo Lula en un reportaje al diario español El País– pero ahora se agrava el desempleo, el ingreso disminuye y hay dificultades para comprar alimentos».
El temor al contagio regional ya había sido la excusa de Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, para lanzar la idea de reflotar el AI-5 el 31 de octubre pasado. «Si la izquierda se radicaliza hasta ese punto, tendremos que dar una respuesta. Esa respuesta puede ser un nuevo AI-5, puede ser una legislación aprobada por plebiscito», dijo esa vez el diputado.
Aquel decreto del 13 de diciembre de 1968 fue considerado un golpe dentro del golpe brasileño. La dictadura había sido implantada el 31 de marzo de 1964 y si bien había limitado derechos ciudadanos, había mantenido algunas prerrogativas constitucionales y como una máscara legalista, el Congreso seguía funcionando.
A cuatro años de la instauración del régimen, los movimientos estudiantiles y sindicales poblaban las calles de reclamos. También crecían organizaciones políticas. Algunas de ellas armadas, que veían a la Revolución Cubana como un ejemplo a seguir. En junio de 1968, artistas e intelectuales organizaron una caminata en Río de Janeiro que concentró a cientos de miles de ciudadanos.
Mediante el AI-5, alrededor de 500 personas perdieron sus derechos políticos, cinco jueces, 95 diputados, cuatro senadores y 66 profesores universitarios fueron expulsados de sus cargos. Dilma Rousseff fue detenida y torturada en 1970 tras ese decreto. Caetano Veloso, entre tantos artistas, se había exiliado en Londres un año antes.
«No sé por qué Bolsonaro tiene miedo al pueblo en la calle», protesta Lula. «La democracia no es un pacto de silencio. Salir a la calle es una demostración de que la sociedad está viva y no va a permitir que desmantele el país», abunda.
A raíz de la amenaza de «golpe dentro del proceso democrático» como podrían definirse a las palabras de Bolsonaro Jr y el titular de Economía, el exdirigente metalúrgico fue muy activo en Twitter. «No sé si Bolsonaro o Guedes van a leer esto, pero quería decir una cosa. Existen dos palabras para tener una economía sólida: credibilidad y previsibilidad. Este gobierno no tiene ninguna de las dos. ¿Qué inversor extranjero va a querer invertir en Brasil de hoy?», escribió.
En esto coincidió con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas, quien criticó ese regreso al pasado. “Son frases que generan inseguridad, retracción en las decisiones de inversión», deslizó desde un atril en un encuentro con empresarios en San Pablo.
«Creo que es deplorable que la gente pueda hablar del AI-5 como si fuera algo trivial. Logramos restaurar la democracia en Brasil y tenemos que luchar por preservarla», se sumó el expresidente Fernando Henrique Cardoso ante la BBC. El presidente de la Corte de Justicia, José Antonio Dias Toffoli, agregó que «el decreto AI-5 es incompatible con la democracia».
Lula en medio de una pugna judicial
Apenas habían pasado 20 días de la liberación de Lula da Silva cuando el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre apuró un proceso en segunda instancia sobre la reforma de una propiedad rural en la localidad paulista de Atibaia que los magistrados insisten en que pertenece al expresidente, aunque nunca pudieron probarlo legalmente en esas instancias.
De tal modo que no sólo consideraron en esta segunda instancia que las obras de refacción en la vivienda realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS habían sido un pago por contratos concedidos en Petrobras, sino que incrementaron la sentencia de primera instancia, de 12 años y 11 meses a 17 años y un mes.
Para la fiscalía, es bastante prueba en contra de Lula que aunque los documentos de propiedad están a nombre de otra persona, el exmandatario era el principal usuario y por lo tanto las reformas eran para su beneficio y en pago de servicios irregulares desde la presidencia del país.
El fallo aparece como un desafío del TRF4 al Supremo Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal. Sucede que el STF emitió un dictamen que favoreció la libertad de Lula al reafirmar que un condenado sin sentencia firme –esto es, de la Corte Suprema– puede esperar la resolución definitiva fuera de la cárcel.
Según una columna en el diario Folha de São Paulo –no alineado con el bolsonarismo– la decisión del TRF4 tiene un tinte político no aceptable en ámbitos leguleyos. Y algo de eso hay, ya que todo el proceso del Lava Jato, por el cual Lula pasó 580 días en prisión, quedó al descubierto como una colosal maniobra que permitió el triunfo electoral de Bolsonaro.
Desde las publicaciones del portal The Intercept, se desató una pugna interna en el sistema judicial en torno del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que fue el juez de primera instancia que condenó a Lula.
El tribunal de alzada sobre el fallo inicial de Moro es el TRF4, que con su fallo le mojó la oreja al máximo estrado judicial de ese país. Se especula que el STF podría dar una señal de su disgusto en relación con reclamos de la defensa del líder «trabalhista», mediante algún fallo favorable a Lula da Silva.
Lula en medio de una pugna judicial
Apenas habían pasado 20 días de la liberación de Lula da Silva cuando el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre apuró un proceso en segunda instancia sobre la reforma de una propiedad rural en la localidad paulista de Atibaia que los magistrados insisten en que pertenece al expresidente, aunque nunca pudieron probarlo legalmente en esas instancias.
De tal modo que no sólo consideraron en esta segunda instancia que las obras de refacción en la vivienda realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS habían sido un pago por contratos concedidos en Petrobras, sino que incrementaron la sentencia de primera instancia, de 12 años y 11 meses a 17 años y un mes.
Para la fiscalía, es bastante prueba en contra de Lula que aunque los documentos de propiedad están a nombre de otra persona, el exmandatario era el principal usuario y por lo tanto las reformas eran para su beneficio y en pago de servicios irregulares desde la presidencia del país.
El fallo aparece como un desafío del TRF4 al Supremo Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal. Sucede que el STF emitió un dictamen que favoreció la libertad de Lula al reafirmar que un condenado sin sentencia firme –esto es, de la Corte Suprema– puede esperar la resolución definitiva fuera de la cárcel.
Según una columna en el diario Folha de São Paulo –no alineado con el bolsonarismo– la decisión del TRF4 tiene un tinte político no aceptable en ámbitos leguleyos. Y algo de eso hay, ya que todo el proceso del Lava Jato, por el cual Lula pasó 580 días en prisión, quedó al descubierto como una colosal maniobra que permitió el triunfo electoral de Bolsonaro.
Desde las publicaciones del portal The Intercept, se desató una pugna interna en el sistema judicial en torno del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que fue el juez de primera instancia que condenó a Lula.
El tribunal de alzada sobre el fallo inicial de Moro es el TRF4, que con su fallo le mojó la oreja al máximo estrado judicial de ese país. Se especula que el STF podría dar una señal de su disgusto en relación con reclamos de la defensa del líder «trabalhista», mediante algún fallo favorable a Lula da Silva.
Tiempo Argentino, 1 de Diciembre de 2019
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