En una nueva embestida contra el gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos sancionó a la empresa petrolera rusa Rosneft por comercializar crudo venezolano. La respuesta no tardó en llegar y el canciller Jorge Arreaza afirmó que consignará ante la Corte Penal Internacional (CPI) esas medidas que profundizan el cerco en torno del país bolivariano en el intento de lograr un cambio de régimen a como dé lugar.
Maduro declaró una «emergencia energética» en la estatal PDVSA «a fines de adoptar las medidas urgentes y necesarias» para protegerla de una «agresión imperialista», dijo Maduro desde la sede de la petrolera estatal, en Caracas.
El mandatario anunció la creación de una comisión de «carácter plenipotenciario» para la «defensa» y «reestructuración» de la industria petrolera; el principal sostén de la economía venezolana. Esa comisión tiene entre sus integrantes al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, jefe de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos penaliza a Rosneft Trading SA por manejar las exportaciones de petróleo de Venezuela y la acusa de ser una suerte de paraguas para eludir las sanciones que Washington aplica a la nación caribeña. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio 90 días de plazo para que las compañías suspendan los negocios que están realizando con esta firma rusa.
PDVSA rechazó los castigos. «La política de sanciones unilaterales de los EE UU ha sido dirigida hacia empresas que compiten en el mercado global, como lo es Rosneft, para tratar de influir en el sistema de precios, controlar o eliminar los principales actores y, en consecuencia, así ejercer un control hegemónico del mercado petrolero mundial», indicó en un comunicado. La discriminación económica y el odio, como instrumentos políticos, promovidos por el gobierno de EE UU hacia la principal empresa petrolera del país, PDVSA, tiene como objetivo la destrucción de la economía nacional y, por ende, afectar el presupuesto de protección socio-económica del Pueblo Venezolano», agrega el texto.
El Kremlin, en tanto, puntualizó que las nuevas sanciones estadounidenses no dañarán las relaciones entre Rusia y Venezuela. «Por el contrario, se están desarrollando y se seguirán desarrollando», dijo a los reporteros el portavoz del gobierno de Vladimir Putin, Dmitry Peskov.
Estados Unidos incluyó en una lista negra a Rosneft Trading SA, subsidiaria suiza de Rosneft, y al presidente de su consejo, Didier Casimiro, acusando a la compañía de suministrar petróleo venezolano a los mercados mundiales, algo que para la guerra contra el chavismo resulta inadmisible.
Las causas abiertas por el pago de coimas de la multinacional brasileña Odebrecht se está por cobrar otra presa de alto nivel. Esta vez el que está en problemas por presuntamente haber recibido sobornos es el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Su nombre aparece en la lista negra, según el diario The Wall Street Journal, luego de la detención en España de Emilio Loyola, exdirector de Pemex. Loyola estuvo al frente de la petrolera de bandera mexicana entre 2012 y 2016, fue director de la campaña electoral de Peña Nieto, quien gobernó entre el 12 y el 18, y es un amigo de toda la vida del anterior mandatario del país azteca. Si bien el antecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, también había sido implicado en la nómina de “abonados” de Odebrecht, si el caso avanza sería el primer expresidente en ser procesado en la historia de esa nación.
Pero no es primero que desde el año 2014 resulta implicado en una megacausa regional contra maniobras de la empresa brasileña, hasta no hace tanto una multinacional con espaldas como para competir con los mayores conglomerados industriales del mundo y con fuerte presencia en todos los países de Latinoamérica.Y en primer lugar se debe depositar la mirada sobre la propia casa, incluyendo al expresidente Lula de Silva, comprometido por el exjuez Sergio Moro en la causa Lava Jato. Donde se cargó más víctimas fue en Perú, que ostenta el récord de tener a tres expresidentes procesados y uno, Alan García, que se suicidó en abril pasado cuando lo iban a detener.
En esa nación, -en la que fue detenida como receptora de aportes ilegales la excandidata derechista Keiko Fujimori- el viernes pasado el actual jefe de Estado, Marín Vizcarra, tuvo que nombrar cuatro nuevos ministros porque los anteriores titulares de las carteras de Transportes, Energía, Educación y Justica están salpicados por la investigación sobre Odebrecht.
La firma -nacida en San Salvador de Bahía en 1944- vio a su CEO y nieto del fundador, Marcelo Odebrecht entre rejas como organizador de una suerte de asociación ilícita y a mediados de diciembre decidió desprenderse del lastre que significaba su nombre. En un comunicado breve, expicó que «la desvinculación del funcionario de su plantilla atiende a una recomendación hecha por veedores externos independientes del Ministerio Público Federal y del Departamento de Justicia de Estados Unidos que actúan en la empresa hace dos años y medio».Sin embargo el despido del heredero de la dinastía, de 51 años, que recibió una condena a 10 años de prisión y fue derivado a prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, no fue bien recibido por el involucrado y en un comunicado dijo que era «otro acto de abuso de poder» del actual presidente del grupo, Ruy Sampaio, en un intento de «paralizar las investigaciones» sobre denuncias hechas en su contra por el propio Marcelo, según destacó entonces un cable de la agencia AFP.
Es que la imagen de la empresa había quedado fuertemente dañada y de lo que se trataba peurtas adentro era de ver quién pagaría los platos rotos de la cercanía con algunos gobiernos y el reslapdo indudable que le dio al salto regional el proceso popular que abrió Lula en 2003 y que no casualmente se cerró con la destitución de Dilma en 2016. Cuando el escándalo estalló en todos los países de la región, el primer intento de parar el vandaval fue que los directivos reconocieron ante las cortes estadounidenses haber pagado sobornos y fue condenada a pagar multas por 2600 millones de dòlares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Curiosamente, tambien reconocieron haber pagado 35 millones de dólares en Argentina para obtener la adjudicación de 8 proyectos entre 2007 y 2014, en los que obtuvieron, afirmaron, beneficios por 278 millones.Las causas contra Odebrecht se cargaron a presidentes y ex en Perú, pusieron sobre las cuerdas a funcionarios en Panamá, Guatemala, enlodaron al exmandatario colombiano Juan Manuel Santos y ahora a dirigentes mexicanos, y las sospechas sobre acciones similares en Argentina fueron confirmadas por representantes de la empresa ante la justicia. Sin embargo es muy poco lo que se avanzó en este lado de al frontera. Por trabas en la justicia y palos en la rueda de la dirigencia local.
Entre los involucrados, junto con exfuncionarios ya procesados por otras causas como el exministro Julio de Vido, hay empresarios de la construcción y fundamentalmente de las empresas de la familia del expresidente, Mauricio Macri. Hay 19 procesados por presuntas coimas en un contrato de AYSA, entre ellos el ex presidente de la proveedora de agua y servicios sanitarios estatal, Carlos Ben; Raúl Oscar Biancuzzo, ex director de Infraestructura de Aysa; Aldo Roggio (socio de Odebrecht), Carlos Wagner (socio de otra firma brasileña, Camargo Correa) y Tito Biagini (ex presidente de José Cartellone e Hijos SA).
En otro caso resonante, el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, junto a Odebrecht están en la mira la empresa de los Macri, Iecsa, que dirigía el primo del expresidente, Angelo Calcaterra. Iecsa figura como vendida al grupo de Marcelo Mindlin en marzo de 2017.
Podés ver antecedentes acá: Calcaterra intentó despegarse… Y también acá: Pedido de embargo a Calcaterra…En el caso de Peña Nieto, un cable de la agencia Sputnik indica que el exdirector de Pemex es investigado por presuntamente negociar 10,5 millones de dólares en sobornos con Odebrecht a cambio de contratos de la petrolera estatal y con la comptra de una planta de fertilizantes.
«La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel», declaró un funcionario judicial mexicano a periódico neoyorkino.
Hablar de la misoginia de Jair Bolsonaro es casi un lugar común. No hay momento en su carrera política, desde cuando se postuló para ser concejal carioca, allá por 1988, en que no haya tenido algún comentario irritativo para la moral media de la población. Y sus hijos no dejan la oportunidad de demostrar de qué madera son astilla.
Tres de sus vástagos descuellan en la política brasileña-concejal Carlos, diputado Eduardo, senador Flavio- y se encargan de recodar que la dinastía mantiene una coincidencia ideológica difícil de empardar. No hay uno que no sea machista, racista, amante de las armas de fuego y que utilice las redes sociales, ayudado por miles de trolls, para denostar a quienes no comparten su visión del mundo. Sin embargo, con esos valores y recursos cada uno de ellos fueron votados para el cargo que ocupan y el ex capitán del Ejército de Brasil se puso la banda presidencial en enero del año pasado.
Pero a medida que su gobierno se fue desplegando, esas mismas características están llevando al país hacia un camino peligroso para los sectores de la población que apuestan a la convivencia democrática. Algo de eso padece en carne propia la periodista Patricia Campos Mello, del diario Folha de Sao Paulo por estas semanas.
La mujer, investigadora de raza y corresponsal en conflictos bélicos de todo el mundo, allí donde el olor a pólvora asusta al más osado, antes de las elecciones de 2018 publicó un trabajo en el que develó que una agencia que trabajaba para la campaña de Bolsonaro había disparado mensajes falsos en masa a través de números de whatsapp ficticios a través de miles de chips telefónicos comprados a nombre de personas jubiladas o fallecidas.En aquel momento, Campos Mello sufrió de bullying y el medio para el que trabaja, que no puede ser calificado de izquierda -ni siquiera de cercano al PT- fue blanco del odio de Bolsonaro, que incluso desde la presidencia amenazó con hacerlo cerrar. En octubre de 2018, esa campaña de acoso mediático generó riesgo para la periodista y su familia (ver acá)
Ahora, hubo un deja vu todavía más violento y más feroz. La semana pasada la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) para las Fake News, llamó a declarar sobre el caso a Hans River do Rio Nascimento, un exempleado de Yacows, la agencia que había hecho aquella operación de disparos masivos.El hombre debía confirmar o negar la información que Campos Mello había publicado, ya que habia sido una de las fuentes para el trabajo de investigación que publicó. En el artículo quedó claro que el testimonio había sido grabado y que se respetaban los dichos del empleado. También se sabía que al inicio de la investigación, Rio Nascimento estaba haciendo un juicio laboral a Yacows. Pero en el medio hubo un arreglo extrajudicial por lo que decidió bajarse del caso.
La respuesta de Rio Nascimento ahora, ante los legisladores, fue brutal: “Yo me negué a dar más testimonio, le dije que eso ya no tenía interés para mi y ella me propuso intercambiar sexo por información”.
Eduardo Bolsonaro, presente en la audiencia, apoyó totalmente las palabras del exempleado. “No dudo de que la señora puede haberse insinuado sexualmente, como dice el señor Hans, para intentar perjudicar la campaña del presidente Jair Bolsonaro”.
Este martes, el propio mandatario volvió sobre el asunto en un tono no menos bestial. Según lo refleja la cobertura del portal UOL, Bolsonaro utiliza una frase de doble sentido para hablar del caso. Primero dice que la periodista «quería um furo”, o sea, buscba una primicia. Luego añade “Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim”, que se puede traducir como que quería “entregar el agujero a cualquier precio contra mi”, ante la risa cómplice de un grupo de ¿periodistas?
Estas palabras despertaron las críticas más ácidas de dirigentes y medios del país y los respaldos más clamorosos de quienes conocen a la periodista. “Cubrió guerras y la peste del Ébola. Eligieron atacar a la mejor entre las mayores”, le escribó Daniela Lima, presentadora de la cadena CNN Brasil, para luego recordar el Premio que Campos Melo rcibió por su tarea del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York.
“No hay en la historia de Brasil un presidente que haya sido tan repulsivo con una periodista como Bolsonaro”, agregó Carla Jimenez, corresponsal del diario español El País.
El diputado socialista Guilherme Boulos, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), fue tamibén fuerte contra el presidente, al que llamó cobarde por usar su posición de poder para ofender y humillar a una mujer.
El que fuera candidato a la presidencia por el PT y contra Bolsonaro en 2018, Fernando Haddad, cuestiona desde un twitter el insulto de Bolsonaro, a quien califica de «ser abjecto».
A su turno, el uruguayo Edison Lanza, el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteó posición desde su red social.
A pesar de las amenazas del poder judicial, que declaró ilegal a la huelga de trabajadores de Petrobras, que ya lleva 18 días, el sindicato que los nuclea, la Federación Única de Petroleros de Brasil (FUP), dobló la apuesta y además de ratificar la medida de fuerza por tiempo indefinido, hará una gran marcha a la sede de la empresa semi estatal en Río de Janeiro.
Unos 21.000 trabajadores de 121 plantas de Petrobras podrían ser despedidos con causa luego de que el Tribunal Supremo del Trabajo (TST) considerara que el paro tiene “motivaciones políticas y no respeta la ley del derecho de huelga y las órdenes judiciales”.
La respuesta del gremio, a través del director de la FUP, Deyvid Bacelar, fue que el dictamen comunicado por el ministro del TST Ives Gandra “es inconstitucional y lo vamos a cuestionar”. Mientras tanto, al rechazo de la política neoliberal del gobierno en relación con la petrolera de bandera se sumaron los camioneros afiliados a Asociación Nacional de Transportes de Brasil (ANTB) y de la Asociación Brasileña de Conductores de Vehículos Automotores (Abrava), que este miércoles cesarán y plantean un bloqueo de rutas contra la política de precios de combustibles.
La huelga petrolera se inició tras los despidos en masa por el cierre de la planta de fertilizantes Fafen de Araucaria, en el estado de Paraná. Para los trabajadores se trata de una nueva escalada en el proceso de privatización de Petrobras que se inició con la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno. (Ver acá).
Por un lado, rechazan el plan ultraneoliberal del ministro de Economía, Paulo Guedes, por lo que implica para la soberanía energética del país. Pero además, porque el gobierno fue equiparando el precio que se paga por los combustibles y el gas a los valores internacionales, siendo que los costos de producción interna son mucho menores.
Es así que paralelamente al cese de actividades en las plantas más importantes del país, abrieron un servicio de venta de garrafas a precios subsidiados por el sindicato con el argumento de que la población de menores recursos no tiene por qué pagar esos precios exorbitantes.
Los trabajadores aclaran que entre los derivados del petróleo hay unos 300 subproductos entre los cuales están los que se elaboran en la planta de Fafen. “Con el cierre de esa fábrica -señala Gerson Castellano, uno de los directores del gremio y funcionario en Fafen- los ganaderos tendrán que importar urea, lo que encarecerá la carne para el mercado brasileiro o. lo más probable, pasarán a usar urea agrícola, que contiene formol. Eso tendrá consecuencias funestas para a salud del pueblo brasileño y para la exportación. ¿Quién querrá consumir carne con formol?”.
La huelga, una verdadera parada contra la política del gobierno de Bolsonaro -que a decir verdad no es sino una continuación aunque más brutal- de la que inició Michel Temer tras la destitución de Dilma Rousseff, es también contra el desguace de Petrobrás, la empresa de bandera que había crecido a su máximo exponente cuando descubrió el yacimiento del Presal, bajo la superficie del mar, con reservas por 273 mil millones de barriles. La principal joya de la abuela brasileña está siendo despedazada de tal modo que según la FUP trabaja al 70% de su capacidad y el país volvió a importar combustible.
Para los camioneros, la política de Bolsonaro también es perjudicial porque están pagando el combustible a precios internacionales. Con el agregado de que el real, la moneda brasileña, se viene devaluando con relación al dólar a un ritmo que preocupa. De 3,68 reales por dólar cuando asumió Bolsonaro, ya esta en 4,34.
No es la primera huelga de camioneros y ya Temer tuvo que negociar con la soga al cuello para sofrenar una medida de fuerza que paralizó al país por 11 días en mayo de 2018. Esa vez creó una tabla de precios mínimos del flete para aquietar las aguas.
Los camioneros brasileños tienen varias entidades que los representan, según se trate de grandes empresas de transporte o pequeños propietarios de una unidad. El presidente de la ANTB, Jose Roberto Stringasci, declaró que el reclamo pasa por acordar una política de precios para el combustible. “Nosotros tenemos el petróleo y a Petrobras, no es posible más aceptar esos valores inadecuados en el surtidor». puntualizó.
Los transportistas exigen el fin del Precio de Paridad de Importación (PPI), que las refinerías pusieron en marcha desde 2016 y que equipara los importes de los combustibles en el mercado interno al valor en los mercados exteriores.
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