por Alberto López Girondo | Jul 3, 2021 | Sin categoría
El presidente Jair Bolsonaro tiene el raro atributo de haber logrado unir a gran parte de la dirigencia política brasileña en su contra. Y, además, de haber convertido la pandemia en una batalla negacionista que finalmente, y cuando había aceptado que la solución pasaba por vacunar a la población, quedar contra las cuerdas por sobrefacturación y pedidos de coimas. Para colmo de males, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Corte Suprema abrir una investigación por el contrato con el laboratorio indio que produce la vacuna Covaxin.
Esta semana se presentó en la Cámara Baja un “superpedido” de impeachment en contra del presidente que unifica 120 pedidos y 20 acusaciones contra el excapitán del Ejército brasileño. A la movida se sumaron el Partido de los Trabajadores, el Psol, el PSB, el PDT y el Partido Comunista do Brasil, además de los movimientos sociales CMP, Frente Brasil Popular y la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD). La frutilla del postre es que también firmaron el petitorio dos diputados exaliados de Bolsonaro, como el actor porno Alexandre Frota, del PSDB paulista, y la periodista Joice Hasselmann, del Partido Social Liberal, que fue la estructura política con la que el actual mandatario se presentó a la elección de 2018 y que después dejó de lado.
El caso que más ruido provoca aparece en el marco de una investigación previa que había comenzado el senado en torno a la actuación del gobierno para enfrentar la pandemia de Covid-19. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) abrió una verdadera caja de Pandora y de ese oscuro recipiente surgió no solo la negación del daño que provocó el coronavirus.
Es así que también apareció la denuncia del representante de la firma Davati Medical Supply al diario Folha de São Paulo. Luiz Paulo Dominguetti afirmó que había recibido un pedido de coima de un dólar por cada dosis de vacunas AstraZeneca ingresadas a través del Ministerio de Salud. Los senadores convocaron de inmediato a corroborar ese dato al representante de la empresa, Cristiano Alberto Carvalho.
Según la denuncia, el director de Logística de esa cartera, Roberto Ferreira Dias, guiñó el ojo para que la proveedora anotara una “propina”, como se dice en portugués, que para 400 millones dosis dejaría una millonada equivalente en moneda estadounidense a repartir. El hombre fue exonerado del cargo de inmediato, pero no queda claro quiénes estaban en esa “vaquita”, y todos apuntan a la estructura ligada al presidente.
En cuanto a Covaxin, desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biontech, la Policía Federal investiga un acuerdo por 1,6 mil millones de reales para la compra de 20 millones de dosis. Firmado en febrero pasado, el documento –según el diputado bolsonarista Luis Miranda– mostraba una sobrefacturación del 1000 por ciento. Miranda es hermano de Ricardo, el funcionario a cargo de la compra dentro del ministerio, y dijo en la CPI que en marzo le avisó a Bolsonaro del sobreprecio, pero que nada hizo para ordenar una investigación.
Dos días después de que Bolsonaro, según Miranda, se enterara del escandalete, el entonces ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, debió dejar el cargo aunque obtuvo como premio consuelo la Secretaría de la Presidencia de Brasil. El contrato con Covaxin se cayó recién esta semana, y cuando el caso ocupaba la atención de los medios locales.
El Ministerio Público Federal, a regañadientes, aceptó que el caso le correspondía. El procurador Paulo José Rocha Junior determinó que la PF –un órgano judicial federal a la manera del FBI– abriera una investigación.
En principio, debe pedir colaboración internacional de la Justicia de India para poder indagar a representantes de Bharat Biontech y contrastar los precios internacionales de su vacuna con los que rigen para el resto de los países del mundo.
El clima contra Bolsonaro va creciendo en la opinión pública, al ritmo que se engrandece la figura del expresidente Lula da Silva. El exdirigente metalúrgico viene convocando a viejos enemigos a su cruzada contra el neofascismo de Bolsonaro y la cúpula militar. A esta épica ya sumó al expresidente Fernando Henrique Cardoso, que comandó los destinos de Brasil durante dos mandatos antes de entregarle la banda presidencial a Lula el primer día del año 2003.
Cardoso, del PMBD, con su esquive en 2018, fue clave para que Bolsonaro llegara al poder y Lula estuviera entre rejas. Ahora la historia parece darse vuelta, aunque para la elección aún falta más de un año. Y nada hace prever que los militares dejen caer a Bolsonaro.
La Campaña Nacional Fora Bolsonaro llevó a cabo casi 180 manifestaciones en todo Brasil y algunas ciudades del mundo, la más masiva de las expresiones contra el presidente brasileño desde que llegó al poder, el 1 de enero de 2019. Las consignas y pancartas portaban lemas como “No se saque los barbijos (como plantea el mandatario) saque al presidente”, o “Negó la vacuna y recetó cloroquina / y mató más que la bomba de Hiroshima”.
3J con 180 marchas
En Belo Horizonte, los cánticos alentaban: “Se o povo se unir, Bolsonaro vai cair” (Si el pueblo se une, Bolsonaro caerá).
Hubo también marchas en Berlín, Friburgo, Amsterdam, Dublín, Viena, Ginebra, Porto y Lisboa. Es esas ciudades el reclamo era por la apertura de un proceso judicial en la Corte de La Haya por crímenes de lesa humanidad en el marco del negacionismo sanitario.
La más grande de las concentraciones se registraba en la avenida Paulista, de San Pablo, donde desde temprano ciudadanos de todas las edades se movilizaban con un clima de reclamo pero a la vez festivo. En Recife, desde la mañana multitudes de jóvenes y militantes sociales y sindicales pedían el juicio político, profundizar los planes de vacunación y un auxilio de emergencia de 600 reales hasta el fin de la pandemia. En esa ciudad el acto terminó también temprano y la desconcentración se produjo con total normalidad.
Lula Vuelve
En 2018, el juez Sergio Moro era el héroe que tuvo el coraje de meter entre rejas a cientos de dirigentes políticos y hasta a un expresidente de Brasil en varias causas por corrupción.
Luiz Ignacio Lula da Silva, impedido de participar en las elecciones de ese año, era el centro de las acusaciones y parecía un cadáver político ante el avance arrollador de Jair Bolsonaro, que llegó al poder con el apoyo de los militares.
Lula, condenado a casi 26 años de cárcel, pasó 580 días tras las rejas. Su liberación, en noviembre de 2019, se produjo cuando se reveló la manipulación judicial de Moro y los fiscales en su contra.
A medida que la política criminal de Bolsonaro con la pandemia le iba quitando sustento político al gobierno, el Poder Judicial tomó nota y fue cambiando el eje de las investigaciones realizadas contra el exmandatario.
A mediados de este año, se habían caído once procesos penales amañados por los Moro Boys. El exjuez y exministro de Bolsonaro, huyó a Estados Unidos.
Hace diez días, un juez de la Corte Suprema anuló dos causas armadas por Moro y le terminó de despejar el camino hacia la elección del año próximo. Quedan tres expedientes que tienen también destino de cierre.
Los últimos sondeos muestran una intención de voto del 49% para Lula da Silva contra un 23% del actual presidente.
Las elecciones son en octubre de 2022.
Tiempo Argentino, 3 de Julio de 2021
por Alberto López Girondo | Jul 1, 2021 | Sin categoría
La pandemia desnudó las enormes inequidades sociales en el mundo. Y, por obvias razones, donde más se reflejaron fue en los sistemas de salud. La imagen del primer ministro británico Boris Johnson agradeciendo al personal que lo atendió cuando se contagió de COVID-19 fue un símbolo. Meses antes, durante la campaña electoral, el laborismo había mostrado a un niño atendido en el suelo de un hospital de Leeds por falta de camas como ejemplo de las políticas conservadoras que Johnson encarnaba, tras décadas de recortes al servicio de salud pública del Reino Unido. Desde marzo de 2020 esas mismas escenas se vivieron en otros países por la explosión del coronavirus. Si en Argentina no ocurrió algo parecido fue porque el flamante Gobierno tuvo tiempo de poner barbas en remojo y reforzar un sector maltrecho por políticas de ajuste impuestas desde el menemismo.
El debate sobre la cobertura médica atraviesa el mundo en distintos grados. Aquí, la vicepresidenta Cristina Fernández removió las aguas con una frase que desencajó a quienes preferirían no hacer olas en temas semejantes. Propuso diseñar un sistema integrado de salud sobre la base de la experiencia de este año y medio con el modelo actual: público, sindical y privado. «¿El sistema no está integrado acaso a las patadas y a la fuerza porque lo impuso la realidad?», dijo.
De inmediato surgieron quejas opositoras y mediáticas enardecidas en contra de lo que se mostró como un intento de estatizar el sistema de salud y trayendo a la memoria que, siendo presidenta, Fernández había terminado con el sistema de las AFJP. La palabra al uso en estos casos resulta ser «caja». Para esos sectores, el objetivo del kirchnerismo sería apropiarse de fondos de algo más del 9% del PIB nacional, ahora diseminado en distintos efluentes.
Sin embargo, aparecieron voces que, inesperadamente, saltaron la grieta y salieron en apoyo de la propuesta. Entre ellos el exsecretario de Salud de la Nación de la gestión Macri, Adolfo Rubinstein, y del ministro de esa misma cartera en la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. «Me parece que la reforma sanitaria es uno de los temas que forman parte de las asignaturas pendientes en nuestro país junto con otras reformas. El sistema de salud argentino necesita de profundas reformas», tuiteó Rubinstein, que no suele ser condescendiente con el oficialismo.
«La complejidad del sistema de salud en la Argentina es de tal magnitud que merece diálogo y un camino en común sobre cómo se construye un sistema sanitario más potente y de más calidad, más orientado a resolver los problemas modernos», abundó Quirós.
Según datos de la Federación de Mutuales de Salud, la Fundación Isalud y el Banco Mundial, citados por el semanario Tiempo Argentino, el 48,6% de la población se atiende en obras sociales, ya sea nacionales o provinciales; el 26,7% en el sector público; el 10,3% son afiliados de PAMI y el 3,9% en mutuales y cooperativas. El sistema público es gratuito, el resto se financia con aportes de trabajadores y de las empresas en el caso de los registrados.
En el mundo de la salud hay prestadores y financiadores y, además, servicios nacionales, provinciales y municipales «y muchas obras sociales que no se regulan por la Superintendencia de Salud», puntualiza el oficialista Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud de la Cámara Baja.
Por otro lado, obras sociales como la de los jubilados contratan a instituciones privadas, que en muchos casos tienen al PAMI como su principal fuente de ingresos. Las distintas reformas al sistema, incluso en el posmenemismo, habilitaron alianzas que acercaron los aportantes de mayores ingresos –«la crema del negocio» se los llama– a las prepagas, quitando recursos a obras sociales más chicas o dejando servicios de menor calidad a los de bajos ingresos. Les sucede a los monotributistas, que a pesar de su aporte mensual suelen penar con las peores coberturas.
Entre los críticos de una reforma figuran las empresas de medicina prepaga, que tienen en Claudio Belocopit a un vocero muy efusivo, convincente y con mucho poder de fuego desde su canal América TV y el resto de los medios. El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), dueño de Swiss Medical, viene reclamando que el Gobierno autorice aumentos en las cuotas y encabezó la presentación de una cautelar para que la Justicia permita un incremento del 9,7%. Para la cámara que comanda, el Gobierno está asfixiando al sistema de prepagas como paso previo a la estatización. Diplomático, Belocopit adhiere «plenamente al sistema estatal», pero agregó que «eso no significa que el privado no existe. Siempre pueden coexistir».
Una propuesta
En concreto, está sobre la mesa un trabajo del Instituto Patria junto con la Fundación Soberanía Sanitaria y el Frente Ciudadano por la Salud. Propone la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA), donde converjan municipios, provincias y privados, bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación y la supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud. Oscar Trotta, uno de los sanitaristas que participa del proyecto, ejemplificó de qué modo la integración haría más eficiente un gasto que está al nivel de los países más desarrollados. «A una persona que tiene obra social le hacen una radiografía en algún efector. No conforme con esa prestación, hace una segunda consulta en el sistema público de salud. En un sistema integrado, en esa segunda consulta le dirían: usted ya se hizo una imagen en tal sanatorio, y con esa imagen nos vamos a manejar».
Un gran problema es el costo de las nuevas tecnologías y aparatología médica, pero también el de los medicamentos. «Utilizar el poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas», ambiciona el proyecto en estudio, que así suma a la industria farmacéutica a las filas del rechazo.
Durante la pandemia se destacó el modelo de salud de la provincia de Santa Fe. Si bien en la segunda ola estuvo a las puertas del colapso, no se encuentran cuestionamientos a las gestiones socialistas que potenciaron el servicio público. Una de las aristas destacadas es la producción pública de medicamentos a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico, creado en 1947, convertido en Sociedad del Estado en 1999 y proveedor de Nación desde 2008. Otro aspecto esencial –un tema que Johnson no se cansó de elogiar tras su internación en el Hospital Saint Thomas– es el de los recursos humanos. Olvidados ya de los aplausos a las 9 de la noche de los primeros días, la noticia de renuncias crecientes en intensivistas preocupa a las autoridades.
El presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley para jerarquizar a los enfermeros, una demanda frustrada por el Gobierno porteño. Una protesta en el Puente Pueyrredón de trabajadores de hospitales públicos del área metropolitana fue reprimida por fuerzas policiales. Reclamaban contra la precarización laboral, por salarios dignos y el reconocimiento profesional.
Revista Acción, 1 de Julio de 2021
por Alberto López Girondo | Jun 30, 2021 | Sin categoría
Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa durante las gestiones de George W Bush y Gerald Ford y uno de los creadores de la doctrina que llevó no solo a las invasiones de Afganistán e Irak a principios de siglo sino a la destrucción de gran parte del Medio Oriente. A los 88 años, el belicoso estratega derechista falleció plácidamente en su finca de Taos, Nuevo México, informó su familia en un escueto comunicado que alaba su rol como “estadista estadounidense y devoto padre, esposo y bisabuelo”.
Como parte de un grupo ultraconservador que comenzó a desplegar su influencia en la administración pública estadounidense a través del Partido Republicano desde los años 70, Rumsfeld ocupó la cartera de Defensa entre 1975 y 1977, cuando Ford culminó el mandado de Richard Nixon tras su estrepitosa renuncia.
Siempre en pos de la construcción de un imperio todopoderoso, Rumsfeld fue también jefe de Gabinete del mandatario al que sus detractores decían que era incapaz de manejar una carretilla y silbar al mismo tiempo. Y que llegó al cargo luego del escándalo Watergate.
Rumsfeld volvió al candelero en 2001 con Bush hijo y, desde ese lugar, impulsó la invasión a Afganistán luego de los ataques a las Torres Gemelas, hace 20 años, en búsqueda del presunto organizador, Osama bin Laden, que comandaba y financiaba al grupo Al Qaeda. Ya que estaba, elaboró el discurso (que demostró ser falso) de que el líder irakí Saddam Hussein había logrado construir un arsenal de armas de destrucción masiva.
En el contexto del estupor mundial por el atentado del 11S de 2001, la administración Bush -mediante esa excusa- consiguió el apoyo de las potencias más importantes -salvo Francia- para invadir Irak, en 2003.
Con fuertes intereses en la industria farmacéutica, de construcciones y básicamente militar, Rumsfeld logró financiación para varios proyectos destinados al Pentágono, como el Future Combat System, el avión F-35, el buque de guerra clase Zumwalt.
A nivel internacional, fue promotor de la ley Patriot, también de 2001, que restringió derechos y garantías de ciudadanos de su propio país y extendió un sistema de vigilancia global al resto del mundo en aras del llamado combate al terrorismo.
En ese marco, también propició una estrategia para mantener y expandir el poderío estadounidense a todos los rincones de la tierra. La llamada Doctrina Rumsfeld-Cebrowski aparece como un plan de rediseño del llamado Medio Oriente ampliado que tomó como horizonte el Estado Mayor Conjunto de EEUU en ese mismo año.
En vista de lo difícil que resulta ganar una guerra en el campo de batalla para someter a los enemigos reales o ficticios del imperio -como mostró la derrota en Vietnam- para mantener el poder se hace imprescindible crear y administrar el caso en esas regiones.
El plan surgió del trabajo de la Oficina de Transformación de la Fuerza (Office of Force Transformation) que dirigió el almirante Arthur Cebrowski. Como señaló en su momento el especialista francés Thierry Meyssan, para seguir siendo la primera potencia mundial, Estados Unidos tendría que adaptarse al capitalismo financiero. “La mejor manera de hacerlo sería garantizar a los países desarrollados que podrán explotar los recursos naturales de los países pobres sin obstáculos políticos”.
El mundo que establecieron Rumsfeld-Cebrowski se dividía en dos: Por un lado EEUU, la Unión Europea, China y Rusia. Del otro lado, el resto del planeta, rico en recursos pero con el inconveniente de que para aprovecharlos debían tener algún tipo de relaciones con los estados nacionales.
El ejemplo de Libia es uno de los más claros para entender un esquema que dio sus frutos a un costo altísimo en vidas humanas. Derrocado Mohammar Khadafi en 2013, el país quedó devastado en tribus que se disputan territorios ricos en petróleo. Las multinacionales aprovechan este caos para extraer el fluido sin ningún tipo de controles estatales.
El mismo método se intentó aplicar en Venezuela, con el resultado que se conoce por la resistencia del chavismo. El intento de hacer lo mismo chocó en Siria con la obstinación del presidente Bachar al Assad, pero fundamentalmente con el rechazo de Rusia, que apoyó al líder sirio y forzó una derrota de las tropas alimentadas por la coalición occidental.
Allí, la ofensiva se desarrolló a través de grupos yihadistas apoyados por EEUU y la UE y que fueron claves en la destrucción de amplias estructuras locales. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en 2016, cortó el suministro de recursos a Estado Islámico y de pronto -milagrosamente- desaparecieron del escenario.
Fue el primer reconocimiento de que la estrategia Rumsfeld-Cebrowski ya no era posible. Había cumplido su objetivo pero resultaba peligrosa esa “Guerra sin fin” en el mismo escenario donde en los 80 se había estrellado la Unión Soviética -Afganistán- y comprometía al futuro de EEUU como potencia. O ponía a Washington al borde de un enfrentamiento total con Rusia y llegado el caso, China, algo que sabe imposible de sostener a esta altura.
El retiro de tropas de esas regiones, un anuncio de Barack Obama que intentó sin éxito llevar a cabo Trump, es el objetivo declarado de Joe Biden. Ya Alemania retiró su contingente esta semana, falta el último toque de la Casa Blanca, algo que el mandatario demócrata prometió para antes del 11S.
No se supo mucho de lo que hablaron Biden y Vladimir Putin en Ginebra la semana pasada. Los trascendidos indican que el estadounidense reconoció que tenía que irse lo más dignamente posible y que EEUU enterraba oficialmente la Doctrina Rumsfeld-Cebrowski.
La muerte de su creador -Cebrowski se había ido en noviembre de 2005- luego de los millones de muertos que provocó esa estrategia, es en este momento una señal piadosa de los nuevos tiempos. Aunque quienes no quieren tan bien el ex secretario de Estado como su familia lamentan que no haya pagado por esos crímenes.
Tiempo Argentino, 30 de Junio de 2021
por Alberto López Girondo | Jun 26, 2021 | Sin categoría
Le duró poco al gobierno de Jair Bolsonaro su acercamiento a los pueblos originarios. Apenas lo que daba para asociarse a Mauricio Macri en su crítica a la desafortunada frase del presidente argentino sobre los antecesores de los brasileños. Este martes la policía reprimió una manifestación en Brasilia de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que protestaban contra el avance de ese proyecto de ley, que altera las reglas de delimitación de sus tierras ancestrales. Fueron gases lacrimógenos contra arcos y flechas.
“Hoy es un día bastante preocupante en lo que respecta a las manifestaciones, pero también a la democracia”, declaró en una rueda de prensa posterior Joenia Wapichana, la primera diputada indígena de Brasil. La iniciativa transfiere del Ejecutivo al Legislativo el proceso de demarcación de esos territorios y los indígenas temen que los cambios permitan la explotación comercial de las reservas naturales.
No habían pasado 24 horas cuando el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, presentó su renuncia a raíz de una investigación por su presunta participación en la exportación ilegal de madera de la Amazonía a Estados Unidos y Europa.
Salles, de 46 años, fue desde el primer día muy cuestionado por indígenas, académicos y ambientalistas por no haber impedido la deforestación de ese pulmón del planeta y haber facilitado los negocios de explotación ganadera o venta de madera.
Curiosamente, también recibía críticas de los del agronegocio, porque consideraban que su política ambiental daña la imagen internacional de Brasil, una potencia agropexportadora, y hasta le puede cerrar puertas en el exterior.
Tiempo Argentino, 26 de Junio de 2021
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