por Alberto López Girondo | Jul 8, 2018 | Sin categoría
A la 0 hora de este viernes se inició formalmente la guerra comercial que Donald Trump había anunciado contra los productos chinos. En el primer minuto del 6 de julio –hora de Washington– se puso en marcha un sistema de aranceles de hasta 25% por un total de 34 mil millones de dólares en mercadería. El gobierno de Xi Jinping informó que se sentía «obligado» a responder con medidas similares sobre productos importados de EE UU, como soja, trigo, cerdo, pistachos, automóviles y hasta botellas de Jack Daniel’s, y denunció la ofensiva estadounidense ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Rusia también se sumó al combate con tarifas suplementarias de entre 25 y 40% a productos estadounidenses, en represalia a los aranceles al acero y aluminio que adoptó la administración Trump.
La guerra tiene como fachada el impresionante déficit comercial en favor del gigante asiático (unos 373 mil millones de dólares en 2017) pero hay temas más de fondo. Entre ellos, la pelea por las nuevas tecnologías y algo más tradicional como el control de los mercados, que para EE UU están en riesgo en la medida en que China avanza en la reconstrucción de la Ruta de la Seda.
Es así que Trump le pidió expresamente a Robert Lighthizer, jefe de la Oficina del Representante de Comercio de EE UU (USTR por sus siglas en inglés, la agencia encargada de elaborar políticas de comercio internacional) que presente un listado de otros bienes importados de China para sumarles otro 10% de aranceles en el futuro cercano. El objetivo final es identificar el robo de propiedad intelectual y la copia de desarrollo tecnológico.
De hecho, en la última semana, forzó el bloqueo al ingreso de la principal proveedora de telefonía celular, China Mobile, con más de 900 millones de abonados, que venía pidiendo pista desde 2011. Semanas antes había multado a otro gigante, ZTE, fabricante de aparatos de telefonía, y al mismo tiempo prohibió que empresas de EE UU le vendieran insumos básicos, poniendo a la firma a las puertas de la quiebra. En este caso la excusa fue que ZTE vendía equipos en Corea del Norte e Irán, dos naciones sancionadas de la lista de enemigos de Estados Unidos, aunque luego hubo un acercamiento entre Trump y el líder norcoreano que cambiaría las reglas de juego.
De todas maneras, estos son los primeros escarceos en una política que pretende recomponer el comercio internacional en beneficio de Estados Unidos con la estrategia de patear el tablero. De aquí en más habrá que seguir día a día las incidencias de una situación que, mal que le pese al gobierno nacional, también habrá de incumbir a la Argentina.
Tiempo Argentino, 8 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 4, 2018 | Sin categoría
Toda una señal de las nuevas eras: Wikipedia, la megaenciclopedia virtual, inició una huelga de 36 horas para protestar contra un proyecto de la Unión Europea que pretende regular los derechos de autor en la web.
De esa medida se enteraron los usuarios más inquietos, cuando intentaron buscar algún término o una referencia de los miles de millones que se guardan en ese sitio donde el patrimonio cultural de la humanidad está a disposición de cualquier ciudadano del mundo desde enero de 2001.
La portada de la enciclopedia aparecía con una faja negra sobre la que dice Defendamos una Red abierta. Y señala que este jueves el Europarlamento votará la iniciativa que, afirma, «en lugar de actualizar las leyes de derechos de autor en Europa y promover la participación de toda la ciudadanía en la sociedad de la información, (…) amenazaría la libertad en línea e impondría nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la Web».
A continuación detalla que si la propuesta se aprobara tal como figura en la propuesta actual, «acciones como el compartir una noticia en las redes sociales o el acceder a ella a través de un motor de búsqueda se harían más complicadas en Internet; la misma Wikipedia estaría en riesgo»
Lo que pide esa verdadera suma del conocimiento humano actual, es que se eliminen los artículos 11 y 13 del proyecto. En el primer caso, de aprobarse la normativa, cuando se quiera vincular o referenciar el artículo de prensa como fuente de un apartado en Wikipedia, la plataforma debería pedir permiso a cada uno de los editores, lo que terminaría por dificultar o impedir su publicación. El artículo 13, en tanto, obliga a instalar herramientas de filtrado automático para detectar violaciones al derecho de autor.
Para Ana Bizberge, Magíster en Industrias Culturales por la UNQ, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA y especialista en política de medios y convergencia tecnológica, el proyecto en danza en Estrasburgo, la sede del Parlamento Europeo, forma parte de la estrategia del Mercado Único Digital.
Se trata de una propuesta impulsada por el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker que busca establecer para el mundo digital que replique la libre circulación de bienes y servicios en el mundo físico de la UE.
El plan, que se comenzó a poner en marcha en 2015, apunta a liberalizar la circulación de datos en cada estado y al mismo tiempo unificar el pago de impuestos regionales. En simples palabras, que así como un ciudadano de la Unión puede viajar sin mostrar pasaporte entre los países miembro, al llegar a su destino también pueda ver su serie favorita en las plataformas web sin tener que estar asociado a otro proveedor. O que un ciudadano de una nación pueda acceder a contenido que por ahora es exclusivo de otro territorio dentro de la misma comunidad.
“El Mercado Común Digital es una reforma gigantesca que afecta desde la telecomunicaciones al comercio por internet, ya que implica políticas tributarias por las ventas realizadas a través de la web”, sostiene Bizberge. Los primeros en quejarse fueron los proveedores locales, que armaron su esquema de negocios en función de limitar contenidos para cada distrito.
Entre las cuestiones que regulará la norma estará también el delicado tema de los derechos de autor. En tal sentido es que los dos artículos cuestionados por Wikipedia también de alguna manera se relacionan con todas las plataformas digitales, como Google, Facebook, Twitter y Yahoo. ¿De qué modo?
El antes mencionado artículo 11, aclara Bizberge, implica establecer un pago por el uso de información producida por algún medio de comunicación, por ejemplo. Es así que “se lo conoce como el impuesto al link”, dice la también docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Es un punto que obviamente defienden los productores de contenidos, como los grandes medios internacionales, que sienten que hacen el gasto de producción pero no reciben los beneficios que se llevan las plataformas solo por poner la información en esas inmensas vidrieras. El punto es que el eventual pago no iría a los bolsillos de los periodistas que “pusieron los pies en el barro” sino para las empresas que le dieron el espacio o los tienen de empleados.
El artículo 13, en cambio, “deposita la responsabilidad de policía sobre lo que circula en las plataformas, ya que exige herramientas de filtrado de datos para detectar posibles infracciones a las leyes de copyright”.
Los primeros rechazos a la propuesta que trata el Parlamento europeo se hicieron sentir desde el creador de la World Wide Web (www), Tim Berners-Lee y uno de los precursores de Internet, Vinton Cerf.Alegan que con esta regulación se atenta contra la libertad de expresión y circulación de la información.
Y que avanza hacia una sociedad en la que se ejerza algún tipo de censura, ya sea económica o política.
Tiempo Argentino, 4 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 3, 2018 | Sin categoría
El gobierno Donald Trump intensifica la guerra comercial con China y recomendó impedir el desembarco en ese mercado de la mayor proveedora del mundo de telefonía celular bajo el argumento de que puede atentar contra la seguridad nacional. No se sabe aún cuál será la respuesta de las autoridades asiáticas, que ante las primeras amenazas de imponer aranceles a los productos chinos respondieron con una proporción similar de impuesto a los importados de Estados Unidos. Pero de palabra alertaron sobre lo que consideran «un retorno a los argumentos de la Guerra Fría».
China Mobile tiene nada menos que 900 millones de usuarios, en su mayoría dentro del territorio chino, pero cuenta con filiales en Pakistán y Myanmar. Es un desprendimiento de China Telecom, que era la telefónica más grande de ese país. Fue en los años 90, en plena explosión tecnológica, que el gobierno decidió subirse el tren y abrió el juego para tres compañías que encabezarían el despegue chino en el área de comunicaciones: la celular sería China Mobile, la satelital China Satcom. La telefonía fija sigue como China Telecom.
El 70 % del mercado chino está en manos de CMCC (China Mobile Communiations Corporation), donde tiene casi medio millón de empleados y un valor bursátil que supera los 230 mil millones de dólares.
El crecimiento de CMCC fue vertiginoso desde que comenzó a rodar, en 1999, en gran medida porque apostó a cubrir el área rural, que no contaba con otros servicios telefónicos y no tardó casi nada en incorporarse a la comunicación como un emblema de progreso. Lo mismo ocurrió en el resto del planeta, pero China tiene 1300 millones de habitantes, algo más de la mitad de ellos viviendo en el campo.
El lanzamiento de la empresa le dio cauce para aprovechar ese nicho como no lo pudo hacer ninguna otra compañía. Por otro lado, recién en 2005 hubo una apertura a proveedoras de otros países, aunque siempre con la condición que estipula la ley de inversiones extranjeras de esa nación, de que deban asociarse con firmar locales.
El paquete accionario de CMCC pertenece mayoritariamente al gobierno chino aunque un porcentaje cercano al 20% está en manos de accionistas particulares. El gigante de las comunicaciones cotiza en la bolsa de Hong Kong y el pedido de autorización para ingresar al mercado estadounidense fue presentado en 2011. Desde entonces estuvo a la espera de una resolución.
Con la llegada de Trump al gobierno, fue creciendo el enfrentamiento comercial con China. Y al anuncio de aranceles a productos elaborados en el gigante asiático -con el argumento de equilibrar la balanza comercial- se sumó la denegación de permisos vender insumos esenciales a empresas ubicadas del otro lado del Pacífico por razones políticas.
Hace un mes, Washington multó a ZTE, otro enorme conglomerado industrial chino, por haber dado falsas declaraciones para ocultar ventas ilegales a Irán y Corea del Norte. El castigo consistió en una fuerte multa de 1200 millones de dólares y la prohibición de que empresas estadounidenses puedan vender piezas claves y componentes de software por 7 años. ZTE reconoció su falta y aceptó pagar la multa, pero todavía su caso está en estudio.
La última batalla de esta confrontación, que a decir verdad había dado comienzo en la era Barack Obama al demorar el permiso, es este bloqueo que con mucho gusto presidencial se acaba de dar a conocer.
David Redl, titular de Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) de la Secretaría de Comercio de EEUU, dice que hubo reuniones con directivos de CMCC para tratar de “las preocupaciones sobre riesgos mayores a los intereses del orden público y de seguridad nacional de Estados Unidos”, que no se pudieron resolver.
El paso posterior de Redl fue recomendar que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), dominada por los republicanos, deniegue la solicitud para ofrecer sus servicios en Estados Unidos.
Según la NTIA, el rechazo se basa en un profundo análisis de las actividades comerciales de la operadora telefónica y «en gran parte en el historial de actividades de inteligencia y espionaje económico de China contra Estados Unidos, así como el tamaño y los recursos técnicos y financieros de China Mobile».
El dato llamativo es que luego de siete años de estudio, llegan a la conclusión de que la empresa está «sujeta a explotación, influencia y control por el Gobierno chino», algo que podrían haber averiguado en la presentación de la firma a las bolsas. En todo caso, ese descubrimiento sirve para hablar de los»riesgos sustanciales e inaceptables a la seguridad nacional y al imperio de la ley en el ámbito actual».
Ahora resta esperar la respuesta de la FCC.
Tiempo Argentino, 3 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 1, 2018 | Sin categoría
El fin del primer semestre del año mostró las secuelas del torbellino en que se sumió el país tras las corridas cambiarias de abril y mayo: un paro contundente, el tercero en la era Macri, los chisporroteos por el tratamiento de la ley de despenalización del aborto en el Senado y el rechazo generalizado al acuerdo con el FMI. Es así que uno de los nuevos integrantes del Gabinete salió a sincerar lo que al inicio de la gestión Cambiemos sirvió de slogan para atenuar el efecto nocivo de los primeros ajustes: ya no se habla de esperar al segundo semestre para disfrutar de «los brotes verdes». Como esbozó Dante Sica, el flamante titular de la cartera de Producción, todo irá peor hasta que en el cuarto trimestre haya un punto de inflexión y comience a percibirse una recuperación.
La huelga general del 25 de junio no fue una decisión espontánea del triunvirato que comanda la CGT, sino una imposición de las bases sindicales, sobre todo de las del interior del país, donde la crisis económica se hace sentir con mayor rigor. Y fue evidente que los más activos no forman parte de esa mesa directiva, como el camionero Hugo Moyano, el bancario Sergio Palazzo y los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli. La izquierda, por su parte, mantuvo su propuesta de ir al paro con movilización, con lo que fueron los únicos que en algunos distritos poblaban las calles, vacías por el cese de actividades. Además, se sumaron pymes y pequeños comercios, agobiados por la baja actividad y la suba de las tarifas, con un «persianazo».
Fue el paro general más fuerte contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri, que a medida que viene avanzando en su gestión, acumula más razones para el rechazo de las capas sociales más bajas, tanto sea asalariados como subocupados y desocupados. Fue también el que desnudó la carencia de respuestas a la protesta social. Uno de los funcionarios que quedó mal parado fue Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda y Finanzas y negociador con el FMI. Apelando a la tradicional estrategia de todos los gobiernos ante un paro, el funcionario computó en un tuit que ese día, por la huelga, el país había perdido casi 29.000 millones de pesos y agregó que «la única manera de sacar adelante nuestro país es trabajando». El triunviro Juan Carlos Schmid, de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y hombre cercano a Moyano y a la Iglesia, respondió de inmediato: «En el último mes se han perdido 11.000 millones de dólares sin ningún paro general en la República Argentina, ¿de quién es la responsabilidad de eso?». En tanto, la filósofa y ex legisladora porteña, Diana Maffía, fue más ácida en la misma red social: «¿Vos decís @NicoDujovne que trabajemos duro hasta que ustedes confíen tanto, pero tanto, que traigan su plata del exterior y la inviertan en algo productivo en el país cuya economía dirigís?».
En una constante del actual oficialismo, los funcionarios que están al frente de las principales oficinas del Poder Ejecutivo recomiendan acciones que ellos mismos no pueden mostrar como ejemplo. La devaluación del peso perjudica a millones de argentinos, pero los funcionarios –entre los cuales se destaca el nuevo titular del Banco Central, Luis Caputo, o familiares del presidente Macri– ganan millones con cada suba del dólar porque tienen su dinero en el exterior y en moneda fuerte. El máximo exponente de esta ambigüedad, por ponerle un calificativo piadoso, es el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien había dicho en un programa radial que no repatriaba su fortuna porque no había confianza en el país.
Con todo, el gobierno ratifica cotidianamente el modelo económico, siempre asegurando que mantiene las puertas abiertas para el diálogo. En el caso del paro, es cierto que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no tiene problemas en juntarse con dirigentes cegetistas, pero de ahí a modificar el rumbo hay un trecho que nunca se cubrió hasta ahora y nadie cree que vaya a cambiar en el futuro.
Sobre tablas
El mayoritario rechazo al acuerdo con el FMI, reflejado tanto en la masiva manifestación del pasado 25 de mayo como en diversas encuestas de opinión, no pudo reflejarse en el Congreso Nacional. Allí el gobierno se anotó un triunfo al evitar una sesión donde los diputados del Frente para la Victoria y la izquierda intentaban forzar el debate sobre el stand by del Fondo. La maniobra fue sencilla: los legisladores de la diáspora peronista no kirchnerista no dieron quórum, con lo cual dejaron las manos libres al gobierno y le evitaron el costo político de tener que defender un plan antipopular. El mismo costo que tuvo que asumir con el veto a la ley que disponía una reducción a los aumentos de las tarifas de los servicios públicos.
El Senado es también la caja de resonancia del proyecto de despenalización del aborto. Allí, el envío a debate en cuatro comisiones que decidió la vicepresidenta Gabriela Michetti generó una disputa interna en Cambiemos y la airada protesta de los que impulsan la normativa, que la consideraron una chicana para demorar la aprobación, que cuenta con el apoyo del FPV y del senador peronista Miguel Ángel Pichetto.
También en el Senado se acerca un debate que se las trae. El de la aprobación del pliego de Luis Caputo como presidente del Banco Central. Los antecedentes del hombre que para el jefe de Gabinete, Marcos Peña, «es una persona que tuvo mucho más para perder que ganar por meterse en la función pública», no lo harían candidato en ningún país del mundo para manejar un área tan sensible para la economía de cualquier nación, como lo es la administración de la moneda. El nuevo presidente del Banco Central será el encargado de disponer de las remesas que el FMI aprobó enviar –el mismo día en que se recordaba la muerte de Manuel Belgrano– ad referéndum de que se cumplan con las metas acordadas con su antecesor, Federico Sturzenegger.
Revista Acción, primera quincena de Julio de 2018
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