Que el presidente viaje al Festival de Doma y Folklore de Jesús María luego de haber denostado en campaña y en sus primeros meses de gestión ese tipo de manifestaciones populares porque cuentan con aportes estatales puede ser apenas una contradicción más, solo para la estadística. Pero que vaya a la ciudad cordobesa con ánimo celebratorio cuando para fijar posición sobre los incendios forestales en la Patagonia se limitó a postear una imagen hecha con Inteligencia Artificial en la que saluda a un brigadista, es toda una declaración de principios. Y en el fondo se entiende: en la provincia mediterránea no debe rendir cuentas sobre la responsabilidad en ese drama que se repite a esta altura del año y que el Estado nacional esquiva, algo que en el sur argentino resultaría inevitable enfrentar.
Después de su gira provincial, Javier Milei viajó a Paraguay para la firma del acuerdo Unasur-UE y de allí al Foro Económico de Davos, en Suiza. Todo lo que transcurre en esos ámbitos tan distantes tiñe un fin de semana en el que el equipo político del Gobierno negocia a todo vapor con gobernadores y legisladores de «palos amigos» para conseguir los votos que le permitan su ansiada reforma laboral. Esa sería también otra contradicción: la realidad le demostró al oficialismo que sin «rosca» no hay paraíso, y que esa bienaventuranza solo se consigue haciendo política, y con la hasta no hace tanto denigrada «casta».
Mal que le pese al mandatario libertario, el camino de estas jornadas dramáticas para gran parte del país comienza en Chubut, donde los incendios arrasaron con unas 20.000 hectáreas desde el 5 de enero y solo aminoraron tras arduas jornadas de trabajo denodado de brigadistas y la llegada de intensas lluvias. La ahora jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, recurrió a un viejo ardid de su paso por el Ministerio de Seguridad en el período Macri: culpar a los pueblos originarios, a los que además, intenta degradar con un peligroso toque racista. «Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas».
Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas.
La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas. pic.twitter.com/EyIzuPuQJR
Escenario Dentro de este sencillo esquema, el Estado no tiene nada que ver con haber subejecutado el presupuesto para manejo del fuego en 2025 y haber reducido el del año en curso un 75%. En ambos casos, la cartera a cargo de esa área es la que hasta el 9 de diciembre dirigía Bullrich. Es en este escenario que la foto de Milei creada artificialmente resultaba chocante, cuando al mismo tiempo, los brigadistas reclamaban por los salarios de miseria que reciben en una tarea en la que ponen en riesgo su vida a cada instante.
La investigación judicial determinó que algunos focos de los incendios fueron intencionales, pero la fiscalía fue clara: nadie de las comunidades mapuches está en la mira. Y si se abre un poco la perspectiva, detrás de esos incidentes bien pudiera haber negocios inmobiliarios no ligados a pueblos que tienen otra visión cultural del medio ambiente. ¿Cuánto tendría que ver esa intencionalidad con la iniciativa del Consejo de Mayo –un órgano colegiado consultivo creado en 2024 para consolidar a largo plazo las políticas del Gobierno– de modificar la Ley de Manejo del Fuego, que facilitaría la realización de proyectos agropecuarios en tierras incendiadas?
Al mismo tiempo, se conocieron datos de un trabajo de Matías Oberlin y Julieta Caggiano, becarios del Conicet y miembros del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que demuestra que 13 millones de hectáreas de Argentina están en manos extranjeras, un 5% de la superficie del país. La Ley de Tierras sancionada en 2011 establece topes para la adquisición y prohíbe la posesión en zonas estratégicas o de frontera. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, repitió varias veces que esa ley «del diputado Máximo Kirchner, atenta contra la producción».
Seguidismo y algo más A todo esto, la denominación de «terrorista» para una agrupación mapuche inexistente es una operación mediático-política que se integra a estrategias muy afines a las que vienen del norte. Es así que el Gobierno incorporó al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) a la Hermandad Musulmana, una organización fundada en Egipto en 1928 y que había sido declarada como grupo terrorista unos días antes por la Casa Blanca. Más allá de posibles debates sobre la peligrosidad en Argentina de esa agrupación que está por cumplir un siglo de existencia, sería una demostración más de que ser funcionario del mileísmo es sencillo. Basta con hacer copy paste (copiar y pegar) a lo que se decida en Washington y ya. Y si no, es cuestión de ver la resolución de Federico Sturzenegger de «dejar de pedir visas a los ciudadanos chinos, indios y dominicanos que tengan green card americana». Acotación al margen: se está haciendo costumbre llamar «americanos» a los estadounidenses, y no solo en sectores conservadores o ultraderechistas, sino también algunos que se autoproclaman peronistas.
Una manera de desarrollar el turismo y los negocios en Argentina es facilitando la llegada de los mismos sin que la planificación del viaje en sí ya sea una valla infranqueable. Por eso @Migraciones_AR va a dejar de pedir visas a los ciudadanos chinos, indios y dominicanos que…
En cuanto a «los viajes de Milei», habrá de decirse que a último momento el presidente brasileño le devolvió sucesivos desaires de su par argentino: el último fue tras el secuestro de Nicolás Maduro, cuando publicó un video de diciembre pasado en el que adhería con fervor a las presiones de Donald Trump sobre Venezuela. El video termina con una foto de Lula da Silva saludando al mandatario venezolano.
No pasó mucho para que la cancillería brasileña anunciara el fin de la representación argentina en Venezuela. Desde la ruptura de relaciones con el Gobierno bolivariano, Brasil estaba a cargo de las relaciones entre Buenos Aires y Caracas. Otro gesto del presidente brasileño fue anunciar que no iría a Asunción para la firma del documento con la Unión Europea, lo que le dejaba a Milei todos los focos de la atención, pero limitaría su rol ante el previsible choque entre ambos jefes de Estado. La última jugada fue reunirse con la titular de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen en Río de Janeiro, antes del encuentro en Asunción. «Arma una cumbre paralela un día antes. Es una falta de respeto a sus socios», confió una fuente del Gobierno al diario La Nación. Para colmo, en la capital paraguaya, el presidente local Santiago Peña destacó el rol de su par brasileño como «uno de los impulsores fundamentales de este proceso». La actitud de Milei de no aplaudir tras la mención a Da Silva no hizo más que dejarlo expuesto como un líder sin capacidad diplomática y lejos del rol de un estadista. Lula, desde Brasil, podría recordar aquella frase de Bullrich: «El que las hace las paga».
El presidente Javier Milei celebró la incursión militar ordenada por Donald Trump contra Venezuela y el secuestro del líder bolivariano, Nicolás Maduro, con el slogan que le sirvió para bautizar su movimiento anarcocapitalista: «La libertad avanza. Viva la libertad carajo». No es de extrañar esta adhesión automática a las decisiones que vienen de la actual administración estadounidense, que incluso son previas al salvataje de la Casa Blanca en la campaña electoral de octubre. Lo destacable es que la peligrosa operación militar, una verdadera amenaza contra la soberanía de las naciones latinoamericanas y contra el derecho internacional, se produce en el marco de las nuevas medidas dictadas por el Gobierno, tan amenazadoras para la democracia como la que viene del norte.
El 31 de diciembre el Boletín Oficial publicó el decreto 941/2025 que modifica, sin pasar por el congreso, la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y determina que de ahora en más «todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional». Por otro lado, el polémico DNU puntualiza que «el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las Fuerzas Policiales y de Seguridad competentes» y que se convocará a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de inteligencia interior.
Se trata, en realidad, de la creación de una policía secreta. Así la definieron dirigentes políticos opositores al Gobierno. Uno de los primeros en advertir el significado de esta nueva reforma a los servicios de espionaje nacionales fue el diputado socialista Esteban Paulón, que en un hilo de tuits hizo un prolijo detalle de las implicancias de semejante decisión.
CINCO IDEAS ACERCA DEL DNU 941/25, UN DURO GOLPE PARA NUESTRA DEMOCRACIA
🚨En medio del receso parlamentario el Gobierno de @JMilei acaba de modificar 40 artículos de la ley de Inteligencia Nacional (25529). Qué implica? Abro 🧵👇
Entre las amenazas latentes, Paulón señala que el DNU «define como riesgos a activistas, opositores y periodistas», que «habilita la “preservación de métodos y fuentes” sin ningún límite claro» y que, además, el Centro Nacional de Ciberseguridad que se crea bajo la jefatura de Gabinete «es el Gran Hermano que faltaba. Una herramienta de control social que recolecta información de todos nosotros para el Sistema de Inteligencia Nacional».
Se trata de una nueva reformulación de los organismos de espionaje –ya se había hecho una en julio de 2024, cuando la agencia volvió a denominarse SIDE, como en los años oscuros de la dictadura–, ahora con un perfil más secreto, con una nueva cúpula que asumió el 3 de diciembre y un presupuesto ampliado para la misma fecha en casi 27.000 millones de pesos, un 32% más. Lo que da cuenta de los temores que avizora la administración de LLA. Y no es para menos: desde este mes el Gobierno autorizó incrementos en los servicios de electricidad, gas, agua y transporte público. En el caso de la luz, el aumento será del 2,5%, del agua un 4%, una proporción similar a los pasajes de colectivo y subte. También habrá un aumento en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que impacta en el precio de las naftas y el gasoil. Todo este corrimiento será seguido por la telefonía móvil, las conexiones de cable e internet y las prepagas de salud.
Milei nos regala –para que los argentinos empecemos el 2026 mas felices –una mayor destruccion de nuestros ingresos con aumentos en luz, gas, agua, telefonia, combustibles, transportes, prepagas e internet y cable. Pero tranquilos, no nos vamos a dar cuenta que la inflacion se…
Esta tormenta se despliega mientras empieza a regir el nuevo sistema de flotación cambiaria. La otra pata del modelo económico que exigen el FMI y el Tesoro de EE.UU., los amigos más fieles y estrictos de Milei. Corresponde decir que en ese aspecto predomina también un secretismo que no le envidiarían los servicios de vigilancia, de acuerdo a los datos que resalta el economista Christian Buteler sobre la utilización del swap que le salvó la ropa al Gobierno en las elecciones del 26 de octubre.
No se entiende por qué el BCRA no es más transparente en sus operaciones, cuál es el motivo por el que debemos confirmar lo que sucede con el swap mirando los registros del Tesoro de Estados Unidos? https://t.co/iuNxFcZHQp
Con ese secretismo se computa también un cargamento de oro por valor estimado en 5.000 millones de dólares que desde el Banco Central salió con rumbo incierto en camiones blindados hacia Ezeiza entre junio y julio de 2024. La negativa de las autoridades a informar sobre un tema delicado del que si no fuera por las denuncias del gremio bancario no habría el menor dato, motivó finalmente un reclamo de los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. La respuesta oficial fue que no hay registro de ningún contrato para esa operación. Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, ensaya variantes no menos discretas para el pago del vencimiento de unos 4.200 millones de dólares en los próximos días. Y así.
Fenómeno barrial Javier Milei, a todo esto, parece circular por un mundo ajeno a estas «nimiedades» y celebró en sus redes sociales que según un ranking elaborado por el diario británico The Telegraphaparece en el segundo lugar de ese exclusivo club, debajo de la italiana Georgia Meloni y sobre sus admirados Donald Trump, Volodímir Zelenski y Benjamin Netanyahu. El medio, de perfil conservador, convocó a especialistas de su redacción a elegir a cinco jefes de Estado que se clasificaron en base a su criterio sobre el impacto a nivel internacional de cada uno de ellos. Previamente unos 10.000 lectores habían votado en una lista de más de 20 personalidades. De Milei, destaca el diario, los expertos elogiaron sus avances «para revertir la situación de la economía argentina mediante la reducción de la inflación», aunque dice que «persisten dudas sobre su capacidad para transformar la economía a largo plazo».
El presidente se subió a ese podio para proponerse como el constructor de un bloque regional, una internacional ultraderechista, que sea la contracara del Grupo de Puebla. «Estoy trabajando activamente por eso», dijo en una entrevista con el comunicador Andrés Oppenheimer que la cadena CNN emitirá el 11 de enero. «Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando. Estamos intentando hacer un bloque, en el que nuestra propuesta sea abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas», dijo en un tramo del reportaje. Desde este sábado se entiende mejor qué rol espera cumplir Milei como encargado de ese bloque de apoyo incondicional al Corolario Trump de la Doctrina Monroe.
En el proyecto de ley de reforma laboral que el Gobierno acaba de enviar al Senado de la nación se juegan varias partidas al mismo tiempo, pero es apenas el prólogo de una catarata de iniciativas que la Casa Rosada espera aprobar, durante las sesiones extraordinarias, para tapizar un 2026 que muchos catalogan, sin más, como de consolidación del «cambo de régimen».
Para comenzar: el hecho de que una normativa como la que presenta el Ejecutivo proponga cambios impositivos implicaría, según el reglamento, que debe hacer su camino legislativo primero por la Cámara Baja, como indicó el diputado Esteban Paulón en una carta documento dirigida al jefe de Gabinete.
El legislador socialista supone que la maniobra del oficialismo obedece «al capricho de Patricia Bullrich de “capitalizar” su posible aprobación». Razones no le faltan. Bullrich integró el Gobierno de la Alianza que en mayo de 2000 había logrado la aprobación de la Ley 25.250 promulgada por el entonces presidente Fernando de la Rúa a fin de ese mes. Se trató, básicamente, del mismo planteo actual, pero con otro bozal. Ella, en esa ocasión, era secretaria de Política Criminal y Asuntos Carcelarios y en octubre pasaría al Ministerio de Trabajo en reemplazo de Alberto Flamarique, a esa altura inmerso en el escándalo de lo que se llamó Ley Banelco, por el pago de coimas para que los congresistas aprobaran el proyecto.
Otro que volvió para cumplir un viejo sueño es Federico Sturzenegger, que en marzo de 2001 asumió como secretario de Política Económica de esa gestión, elaboró el plan del Megacanje y renunció en noviembre, dos días antes de que el ministro Domingo Cavallo decretara el corralito. Eso no le evitó haber sido procesado por ese negociado con los bonos soberanos, cargo del que fue sobreseído en 2015. Bullrich y Sturzenegger volvieron a las grandes ligas inmaculados, primero durante el Gobierno de Mauricio Macri y ahora con Javier Milei. Habrá que decir que no abominaron de su vocación de manejar la represión una y las finanzas el otro. En el caso del «Coloso», como lo llama Milei a Sturzenegger, con un empecinamiento por mostrarse un adalid de la libertad irrestricta de mercados, sin importar sus consecuencias.
En cuanto a la reforma laboral, el ministro de Desregulación publicó un extenso texto en su cuenta de la red X donde explica las «maravillas» de la ley que se pretende aprobar en tratamiento exprés. Dos cosas sobre eso: la primera es que ese proyecto ya era viejo cuando el Gobierno de Carlos Menem intentó uno similar, como analizaba en 1993 el genial Tato Bores, un sagaz observador de la realidad que no pierde vigencia.
Trabajo registrado La otra cuestión es que, si la zanahoria es que así se creará trabajo, habrá que decir que cada uno de esos momentos de la historia argentina desmiente rotundamente ese aserto. De hecho, la ley Banelco fue derogada en 2004 y con reglas «obsoletas» fueron creados más de 3 millones de puestos trabajo hasta 2015. Por otro lado, en una entrevista de Radio Con Vos, uno de los que diseñaron ese proyecto, el abogado Julián de Diego, se sinceró ante la periodista Noelia Barral Grigera: «No creo que modificando la legislación laboral vaya a haber creación de puestos de trabajo registrado», dijo.
El abogado Julián de Diego defendió los cambios en la normativa pero dijo que no habrá más empleo sin "una etapa de crecimiento económico sustentable". https://t.co/1Y9jtZh7rvpic.twitter.com/bu0lY6d0R4
El economista neoliberal Fausto Spotorno, del estudio de Orlando Ferreres, también admitió que la ley no va a crear empleo genuino. «Lo que genera trabajo es el crecimiento económico», dijo ante Romina Manguel. Una respuesta clásica de analistas de otro palo, curiosamente. Cierto que luego dijo que una ley podría ser incentivo para inversiones, las que en última instancia son las que podrían desarrollar el mercado laboral. ¿Entonces?
Quien quiera leer el proyecto completo, lo puede encontrar acá.
Un buen «despiece» se puede hallar en este hilo de tuits de Luis Campos. El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma señala en primer lugar que no se trata de una simple reforma, sino que son tres, «una que transfiere recursos multimillonarios del trabajo al capital; otra que debilita la acción colectiva; y otra que fortalece la disciplina laboral en los lugares de trabajo».
1. ¿En qué consiste la reforma laboral? En realidad, son tres reformas. Una que transfiere recursos multimillonarios del trabajo al capital; otra que debilita la acción colectiva; y otra que fortalece la disciplina laboral en los lugares de trabajo. Vamos con un hilo largo
Reglas de juego Dos argumentos, incluso complementarios, podrían explicar por qué en cada Gobierno conservador –elegido democráticamente o no– se intenta flexibilizar, modernizar, reformar o como pinte en cada etapa llamar al cambio de reglas de juego. Reglas que remiten al primer peronismo, consolidadas en la Ley de Contrato de Trabajo que data del tercer Gobierno de Perón, sancionada en septiembre de 1974, unos meses después de su muerte y modificada a poco de instaurarse la dictadura cívico-militar.
Una explicación viene del historiador Juan Carlos Torre y habla del «impulso igualitario» que se adentra en las raíces de la nacionalidad, según el destacado del columnista Marcelo Falak. «Esa actitud que tienen los argentinos de ser y sentirse iguales. Quienes detentan un estatus social superior no encuentran en los de más abajo la mirada huidiza y obsequiosa, tan característica de las sociedades jerárquicas, sino la mirada franca y dirigida a los ojos».
Élite Otra interpretación del ansia por modificar la ley que empoderó a los trabajadores y a los sindicatos y que va en línea con lo anterior apareció en una entrevista para el diario La Nación al director del capítulo argentino del Índice de Calidad de Élites (EQx), que elabora la Universidad de St. Gallen, Suiza. Tras definir a «élite» como a esos grupos coordinados de personas con algún grado de influencia en la sociedad, desde empresarios y políticos a deportistas, periodistas y profesionales destacados, Pablo San Martín –el entrevistado– certifica: «La élite argentina es profundamente depredadora. Su principal característica es que pone el foco en el flujo de efectivo inmediato y no en el valor patrimonial de sus activos a largo plazo». Y agrega: «Hoy somos el peor país de América Latina, cuando de chico me tocó vivir la Argentina de los premios Nobel. Sería razonable pensar cómo se lograba eso y cómo volvemos a hacer de la Argentina un lugar transitable».
Estas cuestiones, si se quiere histórico-culturales, definen no solo las relaciones laborales en Argentina, sino que eslabonan en el ADN de una sociedad que añora el progreso colectivo y que fue ejemplo en cuanto a niveles de educación y salud pública, otros ámbitos de la puntillosa destrucción mileísta. Una sociedad que conoció tiempos mejores y ve ejemplos de otros países con un dejo de nostalgia. Sin ir más lejos, el Gobierno de la mexicana Claudia Sheinbaum aprobó a principios de mes una reforma laboral que contempla el aumento del salario mínimo, que trepa un 154%, y la disminución progresiva de la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales para 2030. Todo consensuado con el empresariado.
Dos buenas noticias para el pueblo de México: el aumento al salario mínimo para 2026, que significa 154 por ciento de incremento al poder adquisitivo; alcanzará para dos canastas básicas.
También informamos la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas durante el… pic.twitter.com/XQwtguKXd4
Así como las marchas en defensa de la universidad pública fueron masivas, es de esperar que la que la CGT organiza para el 18 de diciembre, y a la que se van sumando las dos CTA y otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, también lo sea. El apuro en tratar el tema en extraordinarias tiene mucho de necesidad de aprovechar el relajo normal del verano para que la sociedad trague los licores más amargos. Vieja estrategia también de los Gobiernos conservadores desde el retorno de la democracia.
Javier Milei y su experimento anarcocapitalista llega a los dos años en el poder con la sensación de que ganó un campeonato en el que sus detractores no lo creían capaz de pasar siquiera la primera ronda. Cualquiera que haga un corte del espacio-tiempo del pasado miércoles podría decir que como por arte de magia el partido violeta es la primera minoría en la Cámara de Diputados, capeó el temporal económico que se le desató en la previa a las elecciones del 26 de octubre y parece tener el camino despejado para cumplir con su programa de liberalismo extremo de «ejemplo mundial».
Habrá que recordar, sin embargo, que estos «éxitos» se basan en préstamos de corto alcance y condicionalidades quizás irreparables. Verbigratia: la cantidad de legisladores que pegaron el salto repentino a La Libertad Avanza luego de haber ganado la banca con otros colores –predominantemente amarillo, el complementario en la escala cromático-política– tranquilamente pueden pegar otro salto en cuanto los vientos cambien. El salvataje de la administración Trump ante los desaguisados del ministro de Economía argentino plantean el riesgo de embarcar al país en los disparates más peligrosos de la Casa Blanca, sobre todo a nivel regional. Pero quién se pondría a pensar en esas nimiedades cuando todo parece un suave camino a la gloria y aparece el viejo anhelo de los presidentes en circunstancias como esta de la reelección.
Para entender la película desde el 10 de diciembre de 2023 sería bueno reparar en dos fotos. La de la asunción de Milei, con un escenario a espaldas al Congreso con invitados del talante de Jair Bolsonaro, Volodimir Zelenski y Viktor Orban, a la sazón, expresidente de Brasil, actual jefe de Estado ucraniano con mandato cumplido y primer ministro de Hungría. El primero terminó preso con una sentencia de 27 años por intento de golpe contra Lula da Silva, el segundo presionado para firmar un acuerdo lastimoso con Rusia. El único que sigue incólume es el húngaro, gran amigo del ruso Vladimir Putin.
Dos fotos El miércoles 3 de diciembre, un Milei sosegado y bastante diplomático asistió al Parlamento nacional para la jura de los nuevos diputados. Dejó atrás 24 meses de insultos de baja estofa contra enemigos «culturales» como podrían ser los sectores más cercanos al kirchnerismo y hasta de ese grupo de gobernadores y legisladores ávidos de transfundir gobernabilidad. Todo ese clima se fue tensando a lo largo de este año y se calmó luego de los comicios de medio término, con un resultado que dejó ganador al oficialismo con algo más del 40% de los sufragios contra alrededor del 35% de los peronismos. O sea, una diferencia que si no fuera por el discurso mediático –un gran logro, también prestado– sería considerada como ajustada.
En el medio de estas dos fotos, la película fue de ajustes perpetuos contra los menos favorecidos en la escala social, apenas dibujados por estadísticas «creativas» que disimulan el impacto real de una inflación que no cesa, pero sirvió para alimentar la esperanza de que ese flagelo que castigó a la población con fuerza en el último tramo de la gestión de Alberto Fernández acabe. Y la consecutiva represión contra los jubilados que cada miércoles se repite con mayor ferocidad.
Este panorama da cuenta de otro ámbito al que el mileísmo pretende llevar la disputa ideológica. El de su «batalla cultural», que no es sino el regreso a épocas arcaicas tanto en las relaciones laborales, la justicia social y hasta los roles y las identidades sexuales. Cierto que el cambio de época se da en el occidente mayoritario. La verborrea de Milei tiene su cuño en Donald Trump, como en Bolsonaro y la ultraderecha española de Vox. El patrón de desprecio por el otro y el ensalzamiento de la brutalidad no tienen correlato en la historia moderna desde la entreguerra europea. Tanto que una reivindicación del nazismo hasta generaría atención mediática. Basta ver la cobertura de los ataques tanto verbales como físicos a los discapacitados.
Palazos Un ejemplo de esta degradación se pudo ver este jueves en la represión a las protestas de trabajadores del INTI contra la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC). Un agente acusó a un manifestante de ñoqui. El hombre le recordó que ellos verificaban la seguridad de los chalecos antibalas. El policía se retiró con una sonrisa nerviosa.
Los efectivos que dispararon contra el fotógrafo Pablo Grillo, o los que gasearon a una nena de 10 años o los que tiraron al piso a una señora de 87 años también actúan imbuidos de ese espíritu de tropas de ocupación que les viene de arriba. Un problema social a largo plazo, porque la pérdida de derechos que ellos defienden a los palazos los va a afectar cuando les toque la jubilación, o un despido, o la baja de salarios les resulte incompatible con la vida digna.
Más allá de estas elucubraciones, tranquilamente se podría afirmar, como ya alertaba desde el año pasado el sutil analista Marcelo Falak en el portal Letra P, el plan de Milei encaja en un proyecto encarnado con fuerzas de ocupación para cambiar irreversiblemente el rumbo del país en el futuro. Un proyecto para el que la destrucción del Estado nacional es indispensable, siempre que otro Estado exterior saque las papas del fuego.
En esa ocasión se refería a la política exterior, que le costó el cargo a su primera canciller, Diana Mondino, por haber aprobado una votación en la ONU que mantenía la tradición democrática argentina de oponerse el bloqueo a Cuba. Fue el inicio. Luego se profundizaría la sumisión a las políticas de Estados Unidos e Israel, al punto de que en no pocas ocasiones son los únicos tres países en sostener alguna votación específica, como ocurrió con una resolución contra la tortura. Otra tradición argentina se tiró por la borda cuando la ofensiva militar en el Caribe comenzó a poner en riesgo a Venezuela y a Colombia en una política de presunto combate al narcotráfico de Trump. Da la casualidad de que la Doctrina Drago, que enorgullece a la historia diplomática argentina, fue la respuesta de nuestra cancillería –a cargo entonces de Luis María Drago– ante amenazas de potencias coloniales para cobrar manu militari deudas del Gobierno venezolano de Cipriano Castro en 1902. La adhesión automática a los deseos estadounidenses puede llevar, temerariamente, a colaborar en una posible intervención armada contra el país caribeño, un territorio que se autoproclamó «zona de paz» en 2014.
Escena repetida. La acción violenta contra manifestantes y trabajadores de prensa que cubren las protestas fue una constante en los últimos dos años.
Foto: Getty Images
La caída de Mondino, alguien del «palo» neoliberal desde los albores del mileísmo, fue uno más en una catarata de expulsiones y deserciones de estos dos años. Algunos, marcados por disidencias que en aras de mantener la «infalibilidad neopapal» del presidente, resultarían inadmisibles. Otros, por serias desavenencias con sus políticas. El segundo canciller, Gerardo Werthein, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se fueron en este contexto de manoseos fruto de internas entre el monotributista Santiago Caputo y Karina Milei.
La hermana presidencial apareció en el centro de una investigación por presuntas coimas en la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad). Un hecho que sumado al escándalo por la criptomoneda $Libra, en otro Gobierno hubiese dejado un olor a cala muy perceptible y, sin embargo, luego del 26 de octubre, quedó prolijamente acomodado debajo de la alfombra. Los mismos comunicadores que sostuvieron al Gobierno hasta poco antes de esa crucial elección, aparentaron correrse estratégicamente a un costado y, con el resultado puesto, acudieron prestos en ayuda del ganador. Lo mismo ensayaron gobernadores que ya habían apoyado al Gobierno desde el 2023. El Decreto 70/23 quedó vigente por falta mayoritaria de ganas para rechazarlo, lo mismo ocurrió con la llamada Ley Bases. Dos amplias reformas de la Constitución sin mayor debate electoral. Esa misma falta de discusión, gracias a una suerte de aletargamiento social, producto de una oposición que no alcanza a fijarse un horizonte de discusión política por sus propias contradicciones, avizora un 2026 con el camino despejado para la nueva etapa de reformas, el viejo sueño húmedo de las élites económicas de sellar el futuro del país de manera definitiva. Y sin justicia social ni derechos humanos a la vista.
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