por Alberto López Girondo | Feb 1, 2018 | Sin categoría
Nadie puede llamarse a sorpresa con el «mega» DNU 27/2018, que el gobierno publicó en el Boletín Oficial el 11 de enero pasado. Después de todo, entre las primeras medidas trascendentes que tomó el presidente Mauricio Macri no bien asumió el cargo, el 10 de diciembre de 2015, se destacaron dos polémicos DNU. Uno para nombrar a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otro que desarticuló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que luego de años de intensos debates a lo largo de todo el país y múltiples instancias judiciales, quedó en el arcón del olvido, al menos en su articulado anticoncentración.
En el caso de la Corte, el rechazo fue tan contundente, incluso desde las propias filas de Cambiemos, que obligaron a dar marcha atrás y esperar la designación que la Constitución exige. Desde entonces hubo una tensión interna dentro de la alianza gobernante entre un ala dura que aspira a ir a fondo con su programa de reformulación del Estado sin miramientos y otra más acuerdista y con cierto prurito institucional.
Pero la controvertida votación por la reforma previsional en diciembre último fue un golpe que aún no se termina de digerir puertas adentro de Balcarce 50. La violenta represión de las protestas encontró voces de justificación en los medios hegemónicos. Pero nadie se llamó a engaño dentro del oficialismo: entre los que a pesar de esa misma represión salieron a protestar frente al Congreso Nacional y a cacerolear en calles y plazas había muchos opositores pero también votantes de Cambiemos que se sintieron estafados por promesas electorales que en esas tensas jornadas se tiraban por la borda.
Nulidad absoluta
El mega DNU, que bajo la consigna de «desburocratizar y simplificar» al Estado tiene 22 capítulos y 192 artículos que derogan 19 leyes y modifican otras 140, levantó críticas desde todos los sectores de la oposición. Hay varios aspectos que fueron especialmente cuestionados. Uno es el artículo que habilita el embargo de salarios, otro el que autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a realizar operaciones financieras. Además, el DNU redefine las tareas de la Unidad de Información Financiera en relación con casos de evasión, permite crear puertos y aeropuertos privados y facilita la condonación de aportes patronales.
«El DNU es una usurpación de actividades y potestades legislativas, taxativamente prohibidas por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que dice que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta emitir disposiciones legislativas», aseguró el constitucionalista Eduardo Barcesat. «Se trata de un golpe de Estado institucional porque se quebranta la rigurosa regulación que tiene la Carta Magna», no dudó en definir el profesor titular consulto de la Facultad de Derecho de la UBA. Barcesat denunció penalmente a Macri y sus ministros por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato. El caso recayó en el juzgado del magistrado Ariel Lijo.
¿Qué puede pasar con el mega DNU en el Congreso? El Poder Ejecutivo debe girar el dictamen a la Comisión Bicameral Permanente (CBP), la que debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. La CBP está integrada por ocho diputados y ocho senadores y el oficialismo ya se garantizó una mayoría que le podría permitir el bloqueo de cualquier rechazo.
Sin embargo, el presidente del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Agustín Rossi, tras señalar que «el DNU no es una ley y está regulado por la Constitución», confiaba en poder tratarlo durante este mes a pesar de que el gobierno decidió no convocar a sesiones extraordinarias. Para ello se deben reunir 129 diputados, lo cual requiere el acuerdo del FPV, el bloque del PJ, el Frente Renovador, el Movimiento Evita y la izquierda.
Reforma por otra vía
Los viejos popes de la CGT, encabezados por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, pero con la presencia de dirigentes de otros sectores, como el bancario Sergio Palazzo, el canillita Omar Plaini y Omar Maturano, de La Fraternidad, se juntaron en Mar del Plata para lanzar un documento de fuerte tono crítico contra la reforma laboral y previsional, el plan económico, el DNU 27 y el intento del gobierno de planchar las paritarias en un 15%. Desde los medios oficialistas replicaron con denuncias contra esos mismos sindicalistas en una suerte de carpetazo público que incluye en una causa por facturas truchas a Hugo Moyano, Carlos Acuña y Luis Barrionuevo. Simultáneamente se anunciaba el recorte de 1.000 millones de pesos a las obras sociales que recibían de manera automática los gremios para financiar servicios de salud de los trabajadores.
Y con otro decreto, el número 52, Macri eliminó la paritaria nacional docente, medida que será denunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ante organismos internacionales. «El decreto es una clara destrucción de la paritaria nacional. Elimina la posibilidad de discutir el salario básico nacional. Es el ajuste que tenían planeado con la reforma laboral pero aplicado rama por rama», afirmó Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.
En este contexto, el gobierno se vio envuelto en un escándalo por la denuncia de una empleada del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. La difusión de un audio donde el funcionario maltrataba a Sandra Heredia fue apenas la punta del iceberg. Luego se sabría que la mujer había trabajado en negro y que además había sido contratada para trabajar en el SOMU, gremio intervenido por el gobierno.
En este escenario, es entendible que el gobierno no quiera someterse a la puja legislativa. Es que los debates públicos no solo exponen al oficialismo, también dejan al descubierto a sectores de la oposición que suelen acompañar al gobierno en medidas por demás irritativas para los votantes.
Revista Acción, primera quincena de Febrero de 2018
por Alberto López Girondo | Dic 16, 2017 | Sin categoría
Luego del escándalo internacional generado por la decisión de prohibir el ingreso al país a integrantes de ONG que habían sido autorizadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), el presidente Mauricio Macri abrió, con un discurso de fuerte tono librecambista, la XI Conferencia Ministerial (MC11), un adelanto del encuentro entre los líderes de los países del G20 de 2018 y una ocasión para dar las últimas puntadas al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Macri defendió la libertad de comercio, fustigó el proteccionismo y dijo que celebraba la realización en estas costas de una cumbre que «nos permite renovar nuestro firme compromiso con el fortalecimiento del sistema multilateral del comercio, que nos llevará a mejorar la vida de nuestra gente».
El presidente argentino agradeció la presencia de los mandatarios de Brasil, Michel Temer, de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Paraguay, Horacio Cartes. Con ellos y los representantes de Colombia, Chile, Guyana, México, Perú y Surinam firmaron la Declaración de Buenos Aires, en la que se comprometen a promover un «comercio abierto, con reglas, transparente, inclusivo, no discriminatorio y no discriminativo» que esté dotado «de las herramientas que le permitan afrontar los desafíos del siglo XXI».
El brasileño confió a medios de su país que esperaba acelerar los últimos detalles para la firma del Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea (UE), algo que podría ocurrir en Brasilia antes de fin de año. El acuerdo con la UE se tramita desde hace 22 años. Los gobiernos de Lula da Silva y Néstor y Cristina Kirchner lo fueron demorando porque consideraban que ponía en riesgo a la industria local sin ofrecer demasiadas ventajas para los productores primarios.
Seguridad bajo críticas
La nota de este encuentro global la dio el gobierno nacional al prohibir la entrada de unos 60 miembros de ONG, medios alternativos y activistas que ya tenían autorización de la OMC para intervenir en el MC11. La chispa saltó cuando el noruego Petter Titland, titular de Attac Norge, fue retenido en Ezeiza y deportado a Brasil. Lo mismo se hizo con la periodista británica Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de Información. El gobierno noruego y el ecuatoriano presentarons las quejas de rigor y el escándalo fue creciendo hasta que debieron levantar la prohibición.
La excusa del área de Seguridad fue que habían revisado antecedentes y publicaciones en las redes sociales y los consideraban violentos. El grupo Attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana) propugna la aplicación de una tasa a los capitales financieros que circulan por el mundo de acuerdo con las tesis del Premio Nobel de Economía de 1971, James Tobin, un liberal que proponía usar esos tributos en planes sociales, reducción de la pobreza y el cuidado del medio ambiente.
La excanciller Susana Malcorra, presidenta de la MC11, debió dar la cara por el incidente. «No es mi responsabilidad manejar ese tema. Lo único que puedo decir es que están autorizadas 600 personas, y es cierto que hay un número, de alrededor de 60, que no fueron autorizadas. Cuando se viene a la Argentina se tiene que venir con una visa».
El endurecimiento de los controles y de las medidas represivas del gobierno nacional son evidentes desde que, al asumir, creó un nuevo protocolo de seguridad. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron dos casos emblemáticos. Pero vale recordar que a poco de haber jurado su cargo, la ministra Patricia Bullrich quedó en el ojo de la tormenta por la violenta represión con balas de goma contra los trabajadores del frigorífico Cresta Roja.
El Poder Judicial también hizo su aporte con las detenciones de exmiembros del anterior gobierno, en algún caso, por causas que ya tenían más de cinco años.
El apresamiento del exvicepresidente Amado Boudou impactó porque fue filmado en plena madrugada, esposado y descalzo en su residencia mientras le leían sus derechos. La detención de Lázaro Báez, mostrado con chaleco antibalas y casco, había adelantado que la exhibición de los procesados y de la parafernalia policial marcarían este «cambio de época».
La detención del excandidato a vicepresidente y exsecretario legal y técnico, Carlos Zanini, fue también otra muestra de «marketing político», cuestionaron desde rincones opositores no solo alineados con el kirchnerismo. También detuvieron a Luis DʼElía, Fernando Esteche y Jorge Khalil mientras que al exministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, se le concedió la prisión domiciliaria por su estado de salud. El juez Claudio Bonadio pidió el desafuero y la detención de Cristina Fernández de Kirchner.
Es una vuelta de tuerca a la denuncia del fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Desestimada por el juez Daniel Rafecas, luego por la Cámara y por Casación Penal, volvió a Tribunales con una nueva figura, traición a la patria.
Doctrina Irurzun
El juez que le encontró un resquicio al artículo 119 de la Constitución Nacional para sentar en el banquillo a Cristina Fernández, un proceso criticado por juristas de todos los sectores, es el que más denuncias acumula en su contra en el Consejo de la Magistratura y que en 2005 fue separado de la instrucción del atentado a la AMIA por «falta de imparcialidad» y por tener un doble rol de magistrado y sospechoso.
Esta arremetida desatapó un huracán que afecta tanto al gobierno como a la oposición y despertó las mayores conjeturas sobre las reales motivaciones de Bonadio. Para Cristina Fernández, «Macri es el director de orquesta y Bonadio el ejecutor» de una operación destinada a quitar del debate mediático iniciativas que afectarán derechos del grueso de la población, a votarse en extraordinarias.
Los analistas sugieren una coordinación entre Bonadio y el camarista Martín Irurzun, creador de la llamada «doctrina Irurzun», por la cual una persona puede ser detenida aun sin condena si el juez entiende que hay riesgo de fuga o puede interferir en la investigación. Lo que se cuestiona en los casos de Boudou y del exministro Julio De Vido, por ejemplo, es que mientras estuvieron en el poder nunca habían sido apresados por las mismas causas. «¿Ahora son más peligrosos que antes?», ironizan.
Esto despierta alarmas también en el gobierno. No son pocos los que ven a los juzgados de Comodoro Py en estado de anarquía y temen un futuro búmeran. La misma doctrina podría ser aplicada más temprano que tarde contra los integrantes de este gabinete y el propio Macri, que por ahora logran sobreseimientos en cada una de las denuncias en su contra. Varias de esas causas tienen vinculación con fondos y cuentas en paraísos fiscales. Uno de los objetivos de Attac es el combate de esos artilugios para la evasión impositiva. ¿Será ese el motivo del celo aplicado a los controles migratorios para sus integrantes?
Revista Acción, segunda quincena de Diciembre de 2017.
por Alberto López Girondo | Sep 12, 2017 | Sin categoría
Si logra los resultados que espera en la elección del 22 de octubre, el gobierno se dispone a impulsar varias reformas sustanciales. En algunos casos, las conversaciones se desarrollan, al menos en parte, a plena luz del día, como ocurre con la reforma tributaria. En otros, los actores se mueven en silencio. En esta situación está la modificación del rol de las Fuerzas Armadas, un proyecto que no es nuevo, pero que se reactivó con el cambio de ministro de Defensa, en julio pasado. Si bien avanzan los preparativos, por ahora no cuenta con la luz verde definitiva en el gobierno de Mauricio Macri.
Fuentes ministeriales y legislativas certificaron la existencia de este plan, que calzaría justo con la apelación a combatir el narcotráfico que el oficialismo desplegó en campaña. Hay quienes temen que –con el antecedente de otras experiencias desde diciembre de 2015–en Balcarce 50 busquen evitar un ríspido debate en el Congreso para reformar la Ley de Defensa y en cambio podrían apelar a un decreto que reinterprete la normativa vigente para que otra vez los militares puedan intervenir en vigilancia y control interior.
Es ocioso recordar que las FF.AA. quedaron profundamente salpicadas por el tenebroso papel que jugaron en los años 70. Más tarde, recuperada la democracia, las intentonas de los carapintada en la Pascua de 1987 y los levantamientos de 1988 y 1990 pusieron de manifiesto el carácter antidemocrático que primaba en las fuerzas.
En tanto, recién en abril de 1988 se aprobó la Ley de Defensa Nacional número 23.554, donde se establece que las FF.AA. deben «enfrentar las agresiones de origen externo» y que debe diferenciarse su intervención de la seguridad interior. Esta última se rige por otra ley, de 1992, que asigna esas tareas a las fuerzas policiales, Gendarmería y Prefectura Naval.
Hubo que esperar hasta 2006, cuando mediante el decreto 727 se reglamentó la ley 23.554. Ese «descuido» permitió interpretaciones de lo más contrapuestas entre autoridades de turno y los lobistas del momento. El decreto puntualiza que «las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s», según los términos definidos por las Naciones Unidas. Como agregado, detalla que las FF.AA. no podrán intervenir en «producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior».
Operación cuestionada
Expertos en el tema acusan al exjefe del Ejército, César Milani –ahora detenido por una causa de lesa humanidad–, de sentar un nefasto antecedente al impulsar en 2011 el Operativo Escudo Norte (OEN), un plan para el control fronterizo y la vigilancia del espacio terrestre en doce provincias del norte del país con el objetivo de combatir el «tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes». El OEN, si bien ponía en el campo a efectivos de fuerzas de seguridad, otorgaba cobertura logística y estratégica de Ejército y Fuerza Aérea. El plan sigue vigente, ya que fue prorrogado anualmente hasta 2017.
Desde el cambio de gobierno, con renovadas expectativas, tanto para los estrategas de las FF.AA. como para los especialistas de los distintos partidos políticos, volvió a resonar una pregunta inquietante: ¿qué hacemos con los militares? El argumento economicista que prima en muchos miembros de la alianza Cambiemos, fundamentalmente en los originarios del PRO, apunta a preguntarse para qué mantener un gasto en personal e insumos si la única razón de su existencia es un hipotético conflicto externo a todas luces improbable en estos días. Por eso, ni bien asumió el primer titular de Defensa, el radical Julio Martínez, comenzaron los recortes presupuestarios. Ahora, con la llegada de Oscar Aguad al edificio Libertador, los que aspiran a una mayor preponderancia de las FF.AA. tienen nuevas expectativas. Aguad, apodado «El milico» por su buena relación con militares y su cercanía con represores como Luciano Benjamín Menéndez, viene de desguazar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde la cartera de Comunicaciones, que se disolvió tras su paso a Defensa. Se especula que su objetivo apunta a fusionar este organismo con Seguridad, si es que logra reformular el rol de los uniformados.
Hipótesis peligrosa
En el Ministerio explican estos pasos destacando que luego de la derogación de la Ley de Servicio Militar en 1994, a raíz del asesinato del soldado Omar Carrasco, se fue reduciendo a niveles mínimos el personal de las FF.AA. «Si pensamos en una pirámide en la que la base son los soldados y la cima son los jefes –dijo una fuente a este medio–, ya pasamos la época en que era un rectángulo y ahora es una pirámide invertida. En términos de la calle, hay más caciques que indios y no porque no se necesiten los indios».
Pasada la hora de sumarse a las tropas internacionales de Cascos Azules en los Balcanes o en Haití, no son muchas las oportunidades para quienes se alistan. Además de que se achataron los sueldos en detrimento de las fuerzas de seguridad, con lo cual es fácil ver a suboficiales y oficiales de baja graduación haciendo tareas de vigilancia como un extra hasta no hace tanto impensable en un militar.
El combate del narcotráfico y del terrorismo forma parte del discurso de sectores de la derecha tradicional que encuentran eco en el gobierno y que tienen anuencia de otras líneas políticas como el massismo, que también lo agitó en campaña. Desde el ministerio juran que un nuevo rol para las FF.AA. en la lucha contra ambos flagelos no implicará que se les permitirá actuar en vigilancia y control interno. Pero los límites en realidad son difusos.
A esto se suma que para la gestión macrista la lucha contra el narcotráfico es un objetivo declarado, lo que crea el escenario adecuado para una vuelta de página en favor de las FF.AA. argentinas. Una vuelta de página que por otro lado implicaría también un grado de reivindicación de lo actuado hace cuatro décadas.
Los detractores de estos planes de reinserción militar tienen como ejemplo para poner sobre la mesa la experiencia mexicana. Recuerdan que desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó a los militares a la guerra contra el narcotráfico, se han registrado no menos de 150.000 muertos en el país azteca. Y alertan sobre el riesgo de repetir otra guerra contra el terrorismo y el narcotráfico de consecuencias impredecibles.
Revista Acción
Agosto 30 de 2017
por Alberto López Girondo | Jun 24, 2017 | Sin categoría
El oficialismo celebró de buena gana que el candidato de la alianza ECO-Cambiemos, Eduardo Tassano, destronara al intendente correntino Fabián Ríos, del Partido Justicialista (PJ), por casi 4 puntos de diferencia: 50,17% contra 46,47%. El jefe comunal electo superó la mitad de los votantes en un distrito que Ríos gobernó en los últimos cuatro años, pero que dirigió el radicalismo desde 2001, luego de la debacle del clan Romero Feris, que llevó a las intervenciones federales de Ramón Mestre y Oscar Aguad. El peronismo siempre tuvo dificultades para hacer pie en la provincia, hasta que en 2009 el regatista olímpico Carlos Mauricio Espínola dio el batacazo y ganó la intendencia de la capital, justo cuando el Frente para la Victoria (FpV) sufría un revés en las parlamentarias de medio término de la primera gestión de Cristina Fernández, con el recuerdo fresco del conflicto con el campo. Ríos sucedió a Espínola en otro momento crítico para el kirchnerismo, en 2013.
Este cambio de tendencia encuentra a la alianza de gobierno en plena deliberación sobre el modo de construir consensos internos para las legislativas de octubre, con amplios sectores del radicalismo molestos por el modo en que el presidente Mauricio Macri maneja la relación con el partido que en 2015 le aportó estructura para poder presentarse en todos los distritos. El triunfo de Tassano, un médico cardiólogo radical de reconocida trayectoria, que fue concejal y diputado provincial, alegró al oficialismo nacional y le dio un respiro cuando varias encuestas mostraban a un electorado esquivo a las políticas del gobierno central.
El peronismo, en tanto, pudo mostrar dos triunfos en el primer domingo del año electoral que le dan aire en momentos en que también dirime su interna, bastante áspera en más de una provincia. En Chaco, que realizó las PASO para renovar la mitad de la Cámara Baja, el Frente Chaco Merece Más, que gobierna la provincia con Domingo Peppo y la capital con Jorge Capitanich, obtuvo 50,12% de los sufragios, contra el 33,5% de las tres listas sumadas que apoyan a Cambiemos.
En La Rioja también se renueva la mitad de la Cámara Baja y allí Cambiemos apenas superó el 18% de los votos. El justicialismo fue dividido, y en su versión más exitosa, que llevaba el logo oficial del PJ, logró cerca del 25% de los votos, mientras que Encuentro por La Rioja, otro afluente peronista, quedó en segundo lugar, con escasa diferencia sobre Cambiemos. El triunfo permitió que el presidente del PJ a nivel nacional, el sanjuanino José Luis Gioja, apelara a la unidad federal para las parlamentarias.
Al mismo tiempo que celebraba Tassano, en el gobierno nacional cundía el temor por las consecuencias que pueden tener las revelaciones de directivos de Odebrecht, un escándalo que puede generar en este lado de la frontera un cataclismo político similar al que produjo en Brasil, donde quedaron salpicados dirigentes de todos los partidos.
La preocupación llevó al ministro de Justicia, Germán Garavano, a viajar a Estados Unidos para hablar con el jefe de los fiscales, Jeff Sessions, para liberar información que ejecutivos de la multinacional brasileña entregaron a la Justicia estadounidense sobre sobornos pagados en el país en los últimos años y que la empresa estimó en 35 millones de dólares.
El caso Odebrecht desnuda un modus operandi que, si bien es escandaloso, no por eso deja de sorprender, ya que tiene décadas de funcionamiento más o menos aceitado. La propia empresa, que tiene a su presidente, Marcelo Odebrecht, preso y condenado en Brasil, reconoció que lleva pagados más de 3.000 millones de dólares en coimas en casi todos los países de América Latina. Los ejecutivos de la constructora aceptaron «prender el ventilador» con tal de reducir la condena que les esperaría en su nación de origen, y en ese camino dejaron mal parados al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, y al actual mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos. Aquí las autoincriminaciones de Odebrecht podrían repercutir tanto contra funcionarios del gobierno anterior, como a los actuales y a miembros de gobiernos provinciales o municipales.
Jueces en la mira
El caso Odebrecht desnudó otro momento crítico para la institucionalidad. Porque voceros del oficialismo volvieron a arremeter contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, a la que no quieren cerca y aún no hallaron el modo de expulsar. Ahora dijeron que busca direccionar esa investigación en contra del gobierno.
Las palabras del presidente Macri en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en una entrevista pública fueron indicativas del rumbo que pretenden en la Casa Rosada. «Los miembros de la Justicia Federal tienen que saber que cuidado (sic), porque los argentinos queremos saber la verdad, entonces más vale que ellos nos representen. Si no, vamos a buscar otros jueces que nos representen».
Otro acusado de afinidad con el anterior gobierno, el juez Eduardo Freiler, seguía en la picota. Las presiones para que renuncie no encontraron la respuesta esperada y los intentos de someterlo a juicio político tampoco, por la falta de un voto clave en el Consejo de la Magistratura, el del representante de los académicos, Jorge Daniel Candis, convertido entonces en un obstáculo para el nuevo diseño al que en el área de Justicia aspira Cambiemos. Un diseño que choca con la resistencia de jueces no necesariamente filokirchneristas o incluso notoriamente opuestos. Así nació la Asociación de Jueces Federales, cuyo presidente, Jorge Morán, de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, confió en que «pueda contar algún día con las herramientas y los hombres para poder tener una Justicia que permita llegar a una República con la que soñamos».
La sorpresiva renuncia de Susana Malcorra, en tanto, despertó suspicacias de las que no fue ajeno el escándalo Odebrecht. Pero otros temas la podrían haber malquistado con el oficialismo, como haber apostado a pleno a la candidatura de Hillary Clinton en las elecciones estadounidenses, sin dejar margen a un triunfo de Donald Trump, lo que complicó al presidente con un viejo conocido. Además, su renuncia por razones personales explicando que debía estar cerca de su familia en Madrid contradice su deseo –en el que embarcó a la cancillería en pleno– de estar al frente de la ONU, un organismo con sede en Nueva York.
Revista Acción
Junio 15 de 2017
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